«Si en el año 2016 se creó el el decreto del Arco Minero del Orinoco y nosotros estábamos peleando porque nos fuimos consultados, esta reforma [de la Ley Orgánica de Minas de 2026] fue peor», afirmó Ana Figueroa, capitana territorial del pueblo pemón y docente. «Cuando nuestros representantes indígenas locales fueron a enviar las propuestas para la reforma, nuestros representantes en la Asamblea Nacional les dijeron: “No pierdan el tiempo haciendo la propuesta porque ya los artículos de la reforma están aprobadas”».
Su denuncia ocurrió este 11 de noviembre durante el el foro «Las voces indígenas, el ambiente y el cambio climático en el proceso de la transición venezolana», organizado por las ONG Provea, Clima 21 y Wayamoutheri. El auditorio de la Asociacion de Profesores de la Universidad Central de Venezuela congregó a líderes indígenas y miembros de la academia para denunciar la violencia, la minería y la vulnerabilidad climática de las comunidades de la Amazonía venezolana.
Tras los asesinatos de los líderes indígenas Alberto González, Julio Rodríguez y Alberto Tovar en menos de tres meses, las comunidades de la Amazonía venezolana reclaman que el Estado no ha brindado celeridad para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas frente a los grupos armados paraestatales y a la minería estatal y paraestatal.
En Runrun.es te resuminos el foro en 4 claves:
Desplazamientos forzados y silenciados
Han pasado 10 años de la creación del Arco Minero del Orinoco, un proyecto del Gobierno venezolano que buscaba extraer oro, coltán, bauxita y otros minerales considerados «tierras raras» dentro de la Amazonía venezolana y el Escudo Guayanés —zonas protegidas por su alta relevancia ecológica y cultural para los pueblos indígenas—. Para las comunidades indígenas en Venezuela, la última década se ha traducido en el deterioro de sus culturas por el extractivismo en sus territorios ancestrales.
«Los arawakos, los que formamos parte del troco lingüístico arawako, somos esa pequeña muestra de lo que es el despojo territorial», denunció Jersy Delgado, líder de la comunidad warekena, comunicadora social y miembro directivo de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA). «Nuestros abuelos se tuvieron que movilizar por la era del del caucho. Hoy no es la fiebre del caucho, hoy es la fiebre de la extracción de minerales lo que obliga a desplazar a nuestras comunidades».
Si bien no hay un dato que reuna la dimensión del desplazamiento forzado por la violencia en las comunidades indígenas venezolanas, Delgado aseguró que la frecuencia de casos, de familias que deciden desplazarse de sus territorios ancestrales, han aumentado desde junio de 2026.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano no ha actualizado su censo nacional desde el año 2011. La representante de Orpia afirmó que el municipio Cedeño, territorio habitado en su mayoría por pueblos uwottüja y jivi, concentra los casos registrados. Hasta ahora, las familias despalzadas se dirigen a las comunidades del estado Amazonas.
Ese municipio también es el territorio donde encontraron los cuerpos de González y Rodríguez. De acuerdo con las investiagciones periodísticas de Amazon Underworld e InSight Crime, toda esa zona está invadida por el Ejérctiro de Liberación Nacional (ELN) y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Violencia más intensa e impune
Pero estos grupos para estatales «ya no nos están invadiendo, ahora nos están matando. Están matando a nuestros dirigentes», agregó Figueroa.
La capitana territorial del pueblo pemón que el Estado venezolano no ha ivestigado los asesinatos de pueblos y líderes indígenas en la Amazonía venezolana. Uno de los casos más relevantes fue la muerte violenta del capitán territorial Virgilio Trujillo en 2022. Otros casos documentados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU son la Masacre de Kumarakapay (2019) y la masacre de Pariba B (2022).
Delgado también alertó sobre el aumento de casos de muertes autoinflingidas en la juventud indígena. Desde ORPIA estiman que estos casos están relacionados al cyberbulling, pero exhortan a las autoridades venezolanas a investigar la causa de estos decesos.
«Consideramos que esto es por el acceso a la tecnología, que llegó a las comunidades a raíz de la incursión del extractivismo en nuestros territorios. Tenemos que hacer mucho» para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas, advirtió Delgado.
Nueva Ley de Minas reforma la impunidad
La representante de ORPIA también denunció que la Corporación Venezolana de Minas está encuestando a los indígenas del estado Amazonas para hacer censos de mineros artesanales, pese a que la reforma de la Ley de Minas, en su artículo 89, prohíbe el extractivismo en esa región.
Figueroa, por su parte, recalcó que el Gobierno interino —avalado por Estados Unidos— no ha includo a las comunidades indígenas en las normativas que afectan directa e indirectamente a sus comunidades desde hace más de 10 años. Denunció que los propios diputados indígenas —que representan al Partido Socialista Unido de Venezuela— no atienden las necesidades de sus comunidades.
Linda Bustillos —politóloga, abogada y miemmbro directivo del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (GTAI – ULA)— advirtió que el Estado venezolano no ha reconocido un territorio ancestral demarcado por las comunidades indígenas desde el 2014.
Para el GTAI – ULA, entre los nuevos riesgos socioambientales que permite la reforma de la Ley de Minas están:
- El concepto de «Brigadas mineras» busca incluir a los mineros artesanales como sociedades mercantiles para aumentar el tamaño de los proyectos extractivistas;
- Las consesociones aumentaron a 50 años máximo (30 años de conseciones más 20 de prórroga);
- La reforma incluyó el arbitraje de instituciones internacionales en conflictos que surjan en las actividades extractivas;
- Si bien la reforma incluye el levantamiento de datos geocientíficos, no establece la transparencia del uso de esos datos para el conocimiento del público y de las comunidades indígenas afectadas;
- «La nueva Ley también permite que los mineros artesanales puedan sacar hasta 30 gramos de minerales y poseerlos sin ningún permiso de guías comerciales. Esto permite regularizar prácticas del cambio de moneda por minerales que ya está pasando en varios sectores», denunció Bustillos.
Vulneración a del territorio ancestral a gran escala
La representante del GTAI – ULA aseveró que el Arco Minero del Orinoco ya está vulnerando a más de seis pueblos indígenas (los yanomami, uwottüja, pemón, ye’kwana, jöti y jivi). Ahora, con la nueva Ley de Hidrocarburos y el acuerdo petrolero entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración estadounidense de Donald Trump, los 18 campos petroleros asignados a Estados Unidos intervendrán en territorio ancestral del pueblo Kariña (al norte del estado Bolívar) y toda la zona sur de la cuenca del río Orinoco.
«Los derechos indígenas no están contemplados en la [nueva] Ley Orgánica de Minas», destacó Bustillos, complementando la denuncia de Figueroa y Delgado sobre la negativa de la consulta indígena.
«La demarcación de territorios no aparecen en ningún sitio de la ley. Además, se subordina a todo el territorio nacional donde haya interés aurífero como o de tierras raras como “zonas de seguridad”, independientemente si es [un territorio] indígena o no», agregó.
Con una intervención minera por 50 años de manera continua, Alejandro Álvarez, director de la ONG Clima21, destacó que los territorios indígenas ya están afectados por el cambio climático. Sufren de desertificación y la alteración de los periodos de lluvias y sequías.
La institución calculó que al menos 200 000 habitantes de la Amazonía venezolana ya están siendo gravemente afectadas por estos fenómenos socioambientales, cerca del 28 % de la población indígena venezolana.
«Y no hay una política respecto al cambio climático y la protección de la ciudadanía», dijo Álvarez.
Necesidad de salir de la tradición extractivista
El director de Clima21 denunció que solo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez —avalado por Estados Unidos— es la única representación venezolana ante la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Turquía. Hasta ahora, ha disciminado a las comunidades indígenas o la presencia de otras instituciones para hacer auditoría del gabinete de Rodríguez.
«Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo: la inacción climática es una violación a los derechos humanos», agregó Álvarez.
Para Erick Camargo, representante del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), consideró que estos problemas se resumen en la tradición política del Estado venezolano en ser un ente extractivista.
«Ahora que estamos en un tiempo donde se están dando transiciones políticas […], la idea es incluir la transición energénica y económica», destacó Camargo. «Hasta ahora, ningún representante político se ha planteado estas discusiones».
Los expositores del foro recalcaron que las comunidades indígenas ya se están organizando: crean brigadas de protección, mapas de demarcación de territorios ancestrales y formándose en la defensa de sus derechos fundamentales. Le piden, al Gobierno venezolano, que apoyen y escuchen a estas comunidades vulnerables. Denunciarion que «con operativos “de seguridad”, que son opacos, no se resuelve este problema nacional».
