La ONG venezolana Fundaredes denunció este 9 de noviembre el asesinato del líder indígena Alberto González, miembro del pueblo uwottüja (tambien conocido como piaroa) en las cercanías de su comunidad: Rimu Aje, ubicada en el Alto Suapure, municipio Cedeño, estado Bolívar, en la Amazonía venezolana.
Según la información recopilada por la ONG, González fue hallado en una fosa, enterrado, cerca de su comunidad. Atribuyen el delito a los grupos armados que habitan en la zona. De acuerdo con las investigaciones periodísticas Amazon Underworld e InSight Crime, el municipio Cedeño está invadido por el Ejérctiro de Liberación Nacional (ELN) y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Desde FundaRedes hemos documentado y denunciado la expansión de estos grupos en Venezuela. Exigimos al Estado proteger a estas comunidades, investigar los crímenes y garantizar sus derechos humanos», advirtió la ONG.
El pasado 30 de octubre, la red de escuelas de Fe y Alegría denunció la toma de una de sus sedes en el municipio Cedeño por parte de grupos armados. Tampoco es el primer homicidio de un líder indígena en el año denunciado por la sociedad civil. El 11 de agosto de 2026 encontraron el cuerpo de Julio Rodríguez, máxima autoridad del pueblo jivi ekunay de la comunidad de Mapoyo —en Cedeño— tras ocho días desaparecido por los grupos paraestatales armados de la zona.
La sociedad civil venezolana exhorto al Gobierno venezolano a investigar estos casos y sancionar a las personas que cometieron estos delitos. Sin embargo, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha denunciado en varias ocasiones desde el año 2020 que el Gobierno venezolano —presidido actualmente por el Partido Socialista Unido de Venezuela bajo el aval de Estados Unidos— no ofrece garantías judiciales a las comunidades indígenas venezolanas.
