A través de un comunicado en su cuenta de X, la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que las renuncias del fiscal general de la República, Tarek William Saab y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, abren un momento determinante para la institucionalidad venezolana.
“No se trata solo de sustituir nombres, sino de garantizar que el proceso de designación fortalezca la justicia, la protección de derechos humanos y el Estado de derecho”, expuso la ONG en redes sociales.
Durante una sesión en la Asamblea Nacional, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que había recibido sendas misivas con la renuncia de ambos funcionarios, ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años.
Saab, ahora exfiscal, asumirá como defensor de manera interina por un mes, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar en ese puesto.
La ONG sentenció que ambos cargos forman parte del Poder Ciudadano, creado para ejercer control sobre el poder público y proteger a la ciudadanía frente a atropellos.
“El único camino legítimo es el apego estricto a la Constitución. No deben haber atajos cuando se trata de justicia y derechos humanos”, puntualizó el comunicado.
La organización indicó que la renuncia de ambos funcionarios es un paso para la transparencia y que los requisitos para ocupar los cargos existen. “Pero hoy el país exige algo más que cumplir requisitos mínimos”.
De acuerdo a la ONG, el procedimiento señala activar el Comité de Evaluación de Postulaciones, recibir candidaturas, verificar requisitos, evaluar credenciales y presentar una lista de elegibles antes de cualquier decisión política.
“En un contexto donde la ciudadanía demanda verdad, justicia y protección real, respetar el procedimiento constitucional es la primera medida concreta para reconstruir la institucionalidad”.
Según la organización se requieren autoridades capaces de investigar graves violaciones a los derechos humanos, garantizar acceso a la justicia de las víctimas, combatir la impunidad y proteger a quienes denuncian abusos.
“También se espera que atiendan a personas detenidas arbitrariamente, supervisen a cuerpos de seguridad, garanticen el debido proceso y eviten nuevas vulneraciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, presentó su renuncia este miércoles, 25 de febrero, ante la Asamblea Nacional, junto al fiscal general de la República, Tarek William Saab. ¿La razón? En su carta de dimisión aludió razones personales y de salud.
Saab tomará la Defensoría de forma interina por un período de 30 días, mientras el Comité de Postulaciones del Parlamento decide a quién nombrar en tales sillas.
Ruiz Angulo fue designado en el cargo de forma interina desde el 1 de agosto de 2017 por la entonces recién elegida Asamblea Nacional Constituyente. El 17 de agosto del mismo mes, el cuerpo Legislativo lo ratificó en esa posición.
En 2014, Ruiz Angulo -quien es licenciado en Educación, mención Filosofía, con posgrados sobre investigación educativa y Derechos Humanos – había asumido la dirección ejecutiva de la Defensoría del Pueblo. En ese momento, el Defensor del Pueblo era su amigo Saab, a quien conoció mientras se desempeñaba como activista en derechos humanos vinculado a temas educativos y organizaciones religiosas.
En esos años también fue miembro fundador de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual se convirtió en una de las más cercanas al gobierno de Hugo Chávez.
Durante su permanencia en la Defensoría del Pueblo, Ruiz Angulo nunca se pronunció sobre los reclamos de los familiares de los presos políticos, las detenciones arbitrarias, las torturas y mantuvo silencio cuando mataron a manifestantes durante las protestas de 2019. Justo ese año fue sancionado por el gobierno canadiense por estar directamente implicado “en actividades que socavan las instituciones democráticas”.
Pero su despacho sí apoyó públicamente la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que dictaminó la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024, a pesar de las graves denuncias de fraude y de que nunca se presentaron las pruebas de ese triunfo. En cambio, volvió a enmudecer ante el recrudecimiento de la represión poselectoral que dejó 25 muertes y más de 2.000 detenidos.
La inacción de la Defensoría del Pueblo durante los últimos años ha llamado la atención de organismos internacionales, los cuales la consideran como parte del aparato represivo del gobierno venezolano.
El año 1936 marca un hito en la historia moderna de nuestro país. Además de significar, como dijera Mariano Picón Salas, la entrada de Venezuela al siglo XX tras 27 años de cruenta dictadura gomecista, fue escenario —en el lapso político de transición gobernado por el general Eleazar López Contreras— para el surgimiento de los partidos políticos y, al mismo tiempo, para la irrupción del sindicato como actor social representante de los trabajadores.
Su conformación, desde sus inicios, tuvo un olor y un color petrolero: tanto en los antecedentes de la primera huelga petrolera de 1925, como en las sociedades mutuales obreras remitidas a la clandestinidad por el dictador Juan Vicente Gómez. Este, en contubernio con las transnacionales petroleras, perseguía y hacía desaparecer a quien osara mencionar la mala palabra “sindicato”.
Del Zulia, el primer sindicado de Venezuela
Los vestigios de aquellas sociedades de mutuo socorro se pueden visualizar en las fachadas de algunas casas cercanas al antiguo mercado de Cabimas y a un costado del Teatro Baralt en Maracaibo, identificadas como Sociedad de Obreros del Bien. Estas organizaciones incipientes fueron el germen de la primera generación de sindicalistas que, de occidente a oriente, fundó los primeros sindicatos en nuestro país.
De ellos destaca el Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros de Cabimas (SOEP). Fundado el 27 de febrero de 1936, en el cine Variedades de Cabimas (Zulia), se reconoce como el primer sindicato de Venezuela. Surgió tras la muerte de Gómez, liderado por figuras como Manuel Taborda, Jorge Hernández y Valmore Rodríguez, bajo el lema “Luchar siempre, luchar”. Hoy está próximo a cumplir su 90 aniversario.
Consecutivamente, la Costa Oriental del Lago conoció un hervidero de iniciativas gremiales. El 4 de marzo de 1936 se fundó el Sindicato Petrolero de Lagunillas (STPL), y ocurrió uno de los episodios más trágicos de aquella época: el 14 de junio de ese año, en Mene Grande, fueron acribillados cinco trabajadores por exigir mejoras para la clase obrera.
Durante una huelga general declarada por dirigentes nacionales en protesta por el proyecto de ley para garantizar el orden público, los trabajadores del Zulia desacataron la orden de volver al trabajo dada por el Gobierno nacional. Hoy, en el cementerio de Mene Grande, todavía se venera a estos valientes trabajadores que trazaron la lucha por lograr un contrato de trabajo justo.
En ese contexto, los sindicatos petroleros se extendieron hacia Maracaibo con la fundación del STP, en La Concepción y en el oriente del país.
2026, un año para el debate
En el transcurso del año habrá espacio para desglosar el recorrido de esta lucha épica de los trabajadores, quienes antecedieron incluso a la formación de los partidos políticos. Estos últimos conocieron —con la excepción del PCV, fundado en 1931— en la década de los 40 su escenario propicio para constituirse bajo las siglas de AD y COPEI.
El desarrollo sindical de 1936 no se circunscribió al ámbito petrolero. Nuestro país conoció una primavera en el florecimiento de sindicatos textiles y agrícolas, junto con gremios de artesanos, zapateros y orfebres, quienes fueron la urdimbre de la conformación de la primera central sindical, la CVT, en diciembre de 1936; la cual pasó a denominarse CTV en su segundo congreso de 1947, en el marco del desarrollo de la primera huelga petrolera del 14 de diciembre de ese 1936.
Como podemos ver, este año 2026 es oportuno para el debate en torno a los 90 años de historia del sindicalismo venezolano. En él se debe auscultar el destino del movimiento ante la ofensiva de diferentes sectores empresariales y del Estado, quienes promueven una constituyente sindical para atar el movimiento sindical al Estado, justificando al mismo tiempo la sustitución del salario por ingreso, la suspensión indefinida de los contratos colectivos y el cercenamiento de la libertad sindical.
El significado del sindicato y su participación en la vida política, social y económica giran en torno a lograr una mayor participación de sus afiliados en la distribución de la riqueza nacional, representada en el logro del bienestar para la mayoría de la población. Al cernirse sobre el sindicalismo estas amenazas, se confronta la civilidad alcanzada desde el siglo pasado en torno al diálogo social y a la autonomía sindical frente al Estado.
Hoy, cuando presenciamos el retorno de las transnacionales petroleras, se presenta un reto para el sindicalismo petrolero en cuanto a su rol en este nuevo escenario. El que protagonizó la generación de sindicalistas de 1936 significó que el sindicato fuera reconocido como un actor primordial y, por otro lado, estableció la pauta de la negociación colectiva como mecanismo de relación entre trabajadores, empresarios nacionales y foráneos, y Estado. Estas lecciones, que costaron sangre, sudor y lágrimas, no deben olvidarse.
En momentos en que vivimos un periodo de cambios inusual en nuestra historia —que no reconocemos cabalmente como una transición, sino como la prolongación tragicómica de una dictadura— la voz de los sindicatos debe hacerse sentir, ya que ningún otro actor puede suplantarnos ni asumir nuestra representación.
Este jueves, un grupo de venezolanos solicitará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de la Unión Europea recuperar y confiscar bienes vinculados a la corrupción y al crimen organizado en Venezuela.
Los solicitantes de origen venezolano exigirán a la UE destinar los recursos para reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La petición comprende a 69 personas vinculadas al régimen chavista sancionados por la Unión Europea, cuyos activos se encuentran congelados.
La Comisión Europea mantiene a Venezuela en la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Aunado a esto existen investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional de España por presunto lavado de dinero relacionado con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), tramas de desvío de fondos públicos canalizados hacia inmuebles, sociedades pantalla y estructuras offshore en territorio europeo.
Segun lo analizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay una posibilidad de confiscar bienes formalmente lícitos pero materialmente vinculados a actividades ilícitas.
De acuerdo al estudio, los bienes las casi 70 personas suelen terminar en jurisdicciones europeas a nombre de familiares, empresas pantalla o testaferros.
“La activación de este marco jurídico enviaría un mensaje claro en la lucha contra la impunidad sobre la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y el blanqueo de capitales”, reza un documento introducido por los solicitantes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Varias ONG, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), así como Foro Penal Venezolano denunciaron irregularidades en la aplicación de la Ley de Amnistía, recién aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
De acuerdo a JEP han habido 101 excarcelaciones desde la entrada en vigencia del documento legal, sin embargo la organización denunció que estas no se produjeron por aplicación directa de la ley, sino como resultado de revisiones de medidas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
“Esto significa que las causas no están siendo sobreseídas y que los procesos continúan abiertos, generando incertidumbre jurídica”, expuso la ONG en su cuenta de X.
La organización agregó que persisten obstáculos como la negativa a permitir la designación de abogados de confianza.
La ONG expuso que la no aplicación plena de la ley tiene implicaciones relevantes.
“Sin el cierre definitivo de las causas no se garantiza seguridad jurídica ni el restablecimiento integral de derechos. La verdadera implementación de la ley debe traducirse en el cierre definitivo de estas causas y en garantías efectivas para quienes han sido afectados”.
Por su parte, el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que en cuanto a la negativa de algunos tribunales de recibir las solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, ninguna instancia legal puede negarse a recibir escrito alguno.
“Si el escrito consignado es extemporáneo, ineficaz o ha sido presentado de manera irregular, el tribunal aún así debe recibirlo y, en todo caso, pronunciarse de manera expresa y fundamentada sobre su inadmisibilidad”.
Himiob escribió en X que al solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía, los solicitantes deben ser atendidos y según el artículo 121 del COPP, la víctima no es sólo la persona directamente afectada por un hecho, también sus familiares.
“Ha llegado la hora de desterrar de la administración de justicia esa práctica ilegal e inconstitucional de negarse a recibir escritos o solicitudes. Mucho más cuando se trata de buscar que se apliquen normas dirigidas a promover la paz y la reconciliación”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“En el público está Alejandra. Su tío fue liberado. Su tío denunció la derrota de Maduro en las elecciones públicamente y lo metieron preso. Párate Alejandra”, dijo el presidente de los Estados Unidos este martes 24 de febrero en el discurso del Estado de la Unión refiriéndose a Enrique Márquez y causando la sorpresa de cientos de venezolanos que veían la transmisión en vivo.
“Lo trajimos aquí esta noche para que celebre su libertad. Enrique, por favor, pasala bien. Me alegro de que hayas vuelto, Enrique”, afirmó el mandatario republicano, quien se refirió al ex rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) como alguien que denunció las irregularidades en las pasadas elecciones presidenciales de 2024 y fue encarcelado por el régimen chavista.
Márquez entró por una puerta del balcón del Capitolio donde Trump pronunció su discurso anual como si se tratase de un show ensayado y abrazó a su sobrina, a quien supuestamente no había visto desde hacía tiempo.
“Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique”, aseveró Trump.
Hoy estuvimos en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión dirigido por el Presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Agradezco al Presidente Trump por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia.… pic.twitter.com/bhiKWJ6heZ
Márquez fue detenido el pasado 7 de enero de 2025, tras acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e intercambiar unas palabras con el hoy detenido en una cárcel estadounidense Nicolas Maduro, luego de su proclamación como “presidente electo”.
El político oriundo del estado Zulia, quien estaba recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, fue excarcelado cinco días después de la operación de las fuerzas estadounidenses del pasado 3 de enero que culminó con la captura de Maduro.
Márquez salió de El Helicoide junto al también político Biagio Pilieri y fue dejado en Altamira, donde se encontró con sus familiares. Fue uno de los primeros políticos excarcelados.
Trump aprovechó el momento para alabar el operativo donde detuvieron a Maduro.
“Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (El Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos”, apuntó el mandatario.
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El 24 de febrero de 2016 marcó un punto de quiebre para la institucionalidad ambiental en Venezuela. En ese año, el gobierno de Nicolás Maduro promulgó el Decreto 2.248 que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), un megaproyecto extractivo que abarca 111.843 km² del sur del país.
Con la aprobación del decreto, se abrió la puerta a la violación de los derechos de los pueblos indígenas, la devastación del medioambiente y la militarización de territorios con la presencia de grupos armados ilegales que ha generado desplazamientos, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas.
Un informe realizado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) explicó cómo el AMO se convirtió en el eje de un modelo económico basado en la extracción intensiva de minerales, la opacidad institucional y la expansión de economías criminales que operan con la participación de actores estatales.
La principal amenaza
El Arco Minero del Orinoco (AMO) constituye el primer caso de minería metalífera a gran escala impulsado por el Estado venezolano.
Su implementación ha generado impactos sociales y ambientales de múltiples dimensiones que no han sido debidamente evaluados ni ponderados.
El AMO ha generado:
Aumento de asesinatos de defensores indígenas quienes han sido custodios de sus hábitats ancestrales y tradicionales, de la naturaleza y del territorio nacional, y serias amenazas a los derechos a la vida e integridad personal de las personas que habitan estos territorios, derivadas del aumento exponencial de la violencia debido al auge minero.
Graves afectaciones a los derechos a la salud de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana.
Un severo impacto en el medio ambiente en regiones especialmente frágiles y refugio de una amplia biodiversidad.
Fragmentación de los territorios con la falta de titulación y reconocimiento respectivo.
Desintegración comunitaria y organizativa, debido a la creación de organizaciones paralelas inducidas por el gobierno nacional o local y por instancias paraestatales.
Cambios en los modos de vida propios resultado de los patrones extractivos que han emergido a raíz de la minería legal e ilegal, derivados de la ejecución de la “Zona de Desarrollo Estratégica Nacional Arco Minero del Orinoco”.
Precarización estatal
A las amenazas se suma la ausencia de políticas públicas integrantes que se traducen en una ausencia de garantías para derechos esenciales de los pueblos indígenas afectados por el AMO, como el derecho a la salud.
Provea destaca la precaria infraestructura, la falta de personal, de insumos y medicamentos prevalente en la región.
La atención médico-sanitaria sigue siendo precaria, quedando como única opción la medicina tradicional. Como resultado, la esperanza de vida al nacer puede ser hasta de 40 años, inferior a la del promedio nacional.
La población indígena tiene mayor probabilidad de morir por enfermedades altamente evitables de ser atendidas a tiempo.
Más extracción, menos derechos
Tras el lanzamiento del Plan Oro y Expansión Minera 2026, anunciado por la presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, Provea recordó que desde 2016 el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, extendió la frontera extractiva en el sur del país, afectando severamente al medio ambiente y a los pueblos y comunidades indígenas que habitan estas regiones.
Recientemente, Rodríguez aseguró que la producción nacional de oro alcanzó un total de 9.5 toneladas en 2025. Sin embargo, la ONG asegura que la cifra no se ha traducido en bienestar para los pueblos indígenas, pues enfermedades como la malaria y la tuberculosis siguen siendo la principal causa de muerte entre indígenas.
Una década después, el Arco Minero del Orinoco ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades y ha acelerado el deterioro de uno más importantes de los ecosistemas del planeta.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La noche de este martes, 24 de febrero, se cumplieron 47 días desde que se inició la vigilia permanente por la libertad de los presos políticos en las cercanías de la cárcel El Rodeo I.
Madres, esposas, hermanas, abuelas y demás familiares de presos políticos se concentraron a las afueras del recinto penitenciario en solidaridad con todos los detenidos que se encuentran en huelga de hambre, una situación extrema gravedad y riesgo.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que a pesar del desgaste físico y emocional acumulado tras semanas de lucha, “el cansancio no logra doblegar la fe ni la esperanza de quienes aguardan el retorno de sus seres queridos”.
Una vigilia más frente al Rodeo uno: pareciera que el sufrimiento alimenta la cotidianidad de lo que ya se llama “el Rodrigato” !!! pic.twitter.com/nWVCPGauS7
En la vigilia, los familiares expresaron mensajes de aliento que fueron correspondidos desde el interior; los detenidos clamaron por la libertad de todos los presos políticos y exhortaron a sus familias a resistir con fuerza, pidiéndoles que bajo ninguna circunstancia abandonen la lucha por la justicia.
Una mujer, familiar de un preso político imploró al gobierno que ponga fin al sufrimiento de todas las familias de quienes permanecen secuestrados.
Noche de vigilia 47 en el Rodeo I
Familiar de preso político implora que el narcorégimen ponga fin al sufrimiento de todas las familias de quienes permanecen secuestrados pic.twitter.com/jpmy9RCDi9
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