Este martes, 26 de marzo, la Ley de Amnistía (LA) cumple un mes de ser aprobada. Su aprobación permitió la liberación de cientos de personas detenidas por delitos de “incitación al odio”, una figura utilizada durante años para criminalizar la crítica y la disidencia. Dos meses atrás, un mecanismo de este tipo parecía improbable en el escenario político nacional.
Vale recordar que las leyes de amnistía son, en muchos contextos, herramientas para ayudar a impulsar transiciones pacíficas, promover la búsqueda de la verdad y evitar la repetición de abusos.
No obstante, en Venezuela comenzó con mal pie. Una vez promulgada, las dudas se apoderaron de los familiares de las víctimas.
Una nota publicada en la web de la ONG Espacio Público reseñó que las colas de solicitudes y las irregularidades para la solicitud de la amnistía no tardaron en llegar.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) denunció el 5 de marzo, que “muchas de las personas que acudieron a tribunales en los últimos días para solicitar la aplicación de la amnistía para ellos o sus familiares han sido extorsionadas por personal del sistema judicial, que les pide resmas de papel e incluso dinero para gestionar el trámite”.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) también denunció que los juzgados se negaron a aceptar las peticiones alegando estar en “comisión” o “sin despacho”, y remitían a los solicitantes a la Defensa Pública y al Ministerio Público.
Una ley discrecional
Según datos oficiales de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía para la convivencia democrática, al 24 de marzo, se recibieron 11.432 solicitudes válidas.
De esas beneficiaron a 302 personas que se encontraban presas y 7.782 que estaban excarceladas con medidas cautelares, para un total de 8.082 personas con libertades plenas. Este balance no ha podido ser corroborado por ninguna organización de derechos humanos.
Con respecto a las liberaciones que facilitó la Ley de Amnistía, la Misión señaló que la ley fue aprobada sin un proceso de consulta pública inclusivo y carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación.
Un reciente informe de las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón (EJP) y Alerta Venezuela, titulado Balance de la arbitrariedad (2014-2026). La amnistía como espejismo y la revelación de la verdad silenciada de los presos políticos en Venezuela, señala que la LA al ser un instrumento redactado bajo la urgencia del colapso institucional y no producto de un debate técnico transparente, nació con profundas ambigüedades que han dificultado su implementación efectiva.
Periodistas en espera
Transcurrido un mes desde la promulgación de la Ley de Amnistía, la realidad verificable en los centros de reclusión desmiente de forma contundente la narrativa estatal, advierte Espacio Público. El registro de Justicia, Encuentro y Perdón arroja una cifra que preocupa: para marzo de 2026, 689 ciudadanos permanecen bajo cautiverio político.
“Este número, lejos de ser proporcional a las cifras oficiales, se ha visto bombardeado por la notificación y pedidos de auxilio por casos que el terror absoluto y la aplicación del patrón sippenhaft mantuvieron en la sombra”.
A la fecha, 13 trabajadores de la prensa permanecen a la espera de la respuesta a sus solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía, otros casos los consideran improcedentes y mantienen a periodistas excarcelados bajo medidas cautelares y con procedimientos abiertos en procesos injustos.
En el documento mencionaron el caso de comunicador Jonathan Carrillo, quien estuvo con más tiempo de injusta encarcelación: tres años, siete meses y seis días, está a la espera de ese beneficio. También el periodista Carlos Julio Rojas, quien informó este 16 de marzo que acudió a los tribunales de Caracas a presentarse y no obtuvo una respuesta positiva.
El 24 de este mes, el periodista Román Camacho, a través de la cuenta X del SNTP, denunció que cumplía 30 días esperando una decisión judicial sobre su solicitud de sobreseimiento.
Rory Branker, Ramón Centeno, Víctor Ugas, Gabriel González, Roland Carreño, Julio Balza, Luis López, Carlos Julio Rojas, Ana Belén Tovar, Ángel Godoy, Carmela Longo y Yorbin García son otros nombres que siguen judicializados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
