Lunes, tres de la tarde, sol inclemente. Fuerte cola en la carretera Petare-Santa Lucía por la reparación de una tubería de agua matriz en un tramo de la vía. Casi una hora estacionada en el mismo lugar, el aire acondicionado del carro no se daba a basto, bajar los vidrios no era una opción viable por la tierra de la obra, la conducta anárquica de los motorizados y el sonido estridente de las bocinas empeoraban el agobiante momento.
Cuando por fin se liberó el tránsito, faltando cerca de un kilómetro para llegar a casa, cinco funcionarios policiales sin conos y sin la señalización reglamentaria, mantenían una “alcabala” en donde estaban parando a todos los motorizados que transitaban por la vía de Filas de Mariches.
A mi carro, que tiene los vidrios obscuros por seguridad, siempre es común que lo detengan en cualquier comando policial o alcabala. Sin embargo, esta vez, no escuché la voz de alto y tampoco vi la mano alzada. 500 metros después de la alcabala, veo por mi retrovisor que dos funcionarios vienen detrás de mí. Bajo la velocidad e inmediatamente se atraviesan apuntándome con una pistola negra, obligándome a detenerme por completo. Bajo el vidrio, los veo y me pongo nerviosa.
—¿Tú no escuchas que te dimos la voz de alto?— me dijo uno de los funcionarios.
—No, no los escuché— respondí.
—¡Bájate!— ordenó una oficial, levantando la voz.
Apagué el carro, guardé el celular en la cartera —mi mayor temor era que me lo pidieran— y me bajé. La oficial me miró de arriba a abajo; sentí cómo su mirada se fijaba en mi cara y en mis manos.
—Dame tus papeles— exigió.
Me incliné dentro del carro, saqué el monedero, verifiqué que el celular estuviera bien guardado. Le entregué todo: licencia vigente, certificado médico, cédula, responsabilidad civil y los trimestres recién pagados.
—¿Dónde vives?
—¿A qué te dedicas?
—¿Tú no conoces la Ley de Tránsito?
—¿Por qué andas tan duro en esta vía?
—¿No sabes el problema en el que te puedes meter si no acatas una señal de alto?
Las preguntas caían una detrás de otra, con tono autoritario. El sudor me corría por la cara; me amarré el cabello para disipar un poco el calor que sentía.
—De verdad que no los vi— pude responder finalmente.
La respuesta no le gustó a la oficial.
—Tú no puedes andar manejando sin ver— me reprochó, mientras revisaba mis documentos y los escaneaba.
—¿Esta licencia dónde la sacaste?
—En el INTT— respondí.
—¿Estás segura?
—Sí.
Frunció el ceño. Yo le sostuve la mirada. Ya intuía que buscaban otra cosa… lo que en criollo llamamos “matraquear”. Sabía que por documentos no tenían cómo multarme ni cómo quitarme dinero.
Pasaron 15 minutos. Finalmente, la oficial me devolvió los papeles con un gesto grosero.
—Toma. Y para la próxima, está más pendiente.
Encendieron la moto y se fueron.
El relato de Camila Rodríguez es un hecho que se repite con frecuencia en alcabalas y puntos de control en todo el país. Un informe de la ONG Transparencia Venezuela señala que la extorsión en Venezuela no es un hecho criminal aislado, sino “una economía ilícita que se ha normalizado desde el mismo Estado”.
El estudio apunta a que la probabilidad de extorsión en alcabalas se ubicaba en 25%, pues “de cada cuatro alcabalas que una persona encuentra en la vía, al menos en una hacen cobros ilegales”.
Transparencia Venezuela también sostiene que, aunque no es un fenómeno nuevo, la extorsión se ha ampliado en los últimos años, al punto de que en 2024 se registraron denuncias no solo en la Gran Caracas, sino en varios estados del país.
Es tanta la “normalización” de la matraca que hasta voceros gubernamentales no lo pueden ocultar. El pasado 10 de febrero, Diosdado Cabello aseguró en un acto de los cuadrantes de paz desde Trujillo que las instituciones policiales “no puede tener lugar un funcionario matraquero”.
“Quien quiera ser policía, debe llevar el uniforme con dignidad y con valor”, expresó Cabello.
Matraca nuestra de cada día
En redes sociales abundan las denuncias de este tipo. Recientemente, un ciudadano grabó a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) —sin competencia de tránsito— quien se lo quería llevar detenido. El policía alegaba que el denunciante estaba abusando por grabarlo.
El pasado mes de marzo, el profesor y sociólogo Tulio Ramírez denunció a través de su cuenta en X que la matraca policial parece estar institucionalizada. Hizo un llamado al gobierno a que aconseje a los ciudadanos a “llevar aparte sus 20 dólares para la coima”.
El estudio realizado por Transparencia Venezuela y citado antes afirma que para los ciudadanos se ha vuelto común convivir con distintas formas de extorsión. Cifras del Observatorio Venezolano de Violencia estiman que 7 de cada 10 personas no confía en los cuerpos de seguridad del país.
En cada alcabala policial donde los funcionarios policiales recurren a la extorsión o “matraca” se vulneran varios derechos como la libertad personal, el derecho a ser informado de la causa de la detención y el derecho a un procedimiento transparente y verificable.
Además, la intimidación y el miedo que infunden los funcionarios policiales para lograr el objetivo, son formas tipificadas de violencia psicológica.
La matraca policial no es un abuso menor y, por tal motivo, debe ser denunciado. Según la ONG, la extorsión policial es una violación múltiple de derechos y un mecanismo de control amparado en el abuso de poder.
¿Cómo cuidarnos de la matraca?
Lilian Romero, experta en seguridad vial y fundadora de Asotransito, ofrece a través de su cuenta en Instagram información sobre la Ley de Tránsito y consejos de seguridad vial.
En varios videos compartidos en dicha red social, Romero explica que para evitar cualquier inconveniente en un alcabala policial, es necesario contar con toda la documentación en regla.
En caso de que algún documento no esté en regla, se debe evitar dar dinero a los funcionarios. Es preferible pagar la multa en los entes oficiales y no contribuir con la corrupción.
La directora de Asotransito aconseja mantener la calma y conocer la Ley de Tránsito, sobre todo el artículo 181, que expone las causales para la retención de un vehículo.
Cabe recordar que en caso de que retengan a una persona por más de 30 minutos sin una causa justificada, podría considerarse una detención arbitraria.
En otro audiovisual, Romero asegura que el usuario está en todo su derecho de grabar el procedimiento con su celular y expone que cualquier irregularidad se debe denunciar ante el Ministerio Público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
