En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ denunció una “situación de desprotección estructural” derivada del incumplimiento estatal y la falta de voluntad política para garantizar derechos fundamentales.
El 31 de marzo marca una fecha de reivindicación global, pero en Venezuela funciona como un recordatorio de las promesas incumplidas. Tras casi dos décadas de vigencia de la Ley Orgánica de Registro Civil, la población trans en el país sigue enfrentando un escenario de exclusión agravado por lo que el Observatorio califica como “omisiones del Estado en materia de derechos humanos”.
El laberinto administrativo del Artículo 146
La base de esta vulneración se encuentra en una normativa que nació con la promesa de progreso, pero que quedó estancada en la burocracia. El artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil de 2009 establece la posibilidad de rectificar actas por identidad de género; sin embargo, el comunicado denuncia que, 16 años después, esta disposición “jamás ha sido implementada”.
La organización señala que el Estado venezolano “nunca desarrolló el reglamento necesario para hacer operativo este artículo”, una omisión que ha dejado a las personas trans en un “limbo jurídico”. El impacto de esta falta de reconocimiento legal es inmediato: obliga a la ciudadanía a portar documentos que no coinciden con su identidad, lo cual deriva en “consecuencias de discriminación, exclusión y violencia”.
Un patrón de negligencia sistemática
La denuncia subraya que la ausencia de documentos de identidad no es un hecho aislado, sino que forma parte de un “patrón de negligencia estatal”. El análisis del Observatorio identifica ejes críticos donde el Estado ha fallado en sus obligaciones:
- Vacío legislativo: A pesar de los principios constitucionales, no existe una ley que sancione específicamente los crímenes de odio, lo que profundiza la “impunidad ante crímenes de odio”.
- Exclusión del sistema de salud: En el sistema público “no existen protocolos de atención integral” para tratamientos de afirmación de género, una situación agravada por la crisis humanitaria.
- Invisibilización estadística: La ausencia de datos oficiales sobre la población trans impide la creación de políticas públicas efectivas, “perpetuando su invisibilización” en la agenda del Estado.
El costo humano de la desatención internacional
Venezuela ha ignorado sistemáticamente las recomendaciones de organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el Observatorio, estas instancias han instado al país a reconocer la identidad de género, pero tales peticiones han sido “sistemáticamente desatendidas”.
El texto enfatiza que la falta de reconocimiento legal tiene un “costo humano” devastador. La exclusión laboral, la deserción escolar forzada y la imposibilidad de realizar trámites básicos, como abrir una cuenta bancaria o acceder a una vivienda, son las consecuencias directas de esta desidia institucional.
En este Día de la Visibilidad Trans, la exigencia del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ es categórica: el Estado debe cumplir con sus “obligaciones constitucionales e internacionales” para garantizar que el derecho a la identidad deje de ser una deuda pendiente y se convierta en una realidad tangible.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
