Once diputados integran la comisión especial para la reforma parcial de la Ley contra el Odio, entre quienes destacan los chavistas Nicolás Maduro Guerra, Jorge Arreaza y Pedro Infante.
Tanto Maduro Guerra como Arreaza sostuvieron que la ley fue pertinente en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017 y que pese a una “aplicación errática” y abusos de cuerpos de seguridad, habría contribuido a reducir la violencia.
Como el grueso de los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), tanto Maduro, como Arreaza y Guerra avalaron la ley cuando fue promulgada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora reconocen que hubo una “aplicación errática” y abusos de cuerpos de seguridad.
Infante dijo que han establecido una ruta para reformar la ley, que algunas ONG consideran que debería ser derogada.
“¿Qué hemos definido? Una ruta que por supuesto traerá consigo el encuentro, el debate, la revisión con distintas instancias de la sociedad venezolana. Seguro nos encontraremos con víctimas y afectados del odio, la violencia, y también que fueron de alguna manera afectados por la implementación inadecuada de la ley”, dijo Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, en declaraciones a la prensa el pasado 5 de octubre.
Infante alertó que se trabajará en la despenalización de la ley y también en algunas definiciones necesarias para asegurar su “correcta aplicación”.
El diputado sentenció que la ley será remitida al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este le dé el visto bueno antes de ser aprobada en plenaria en el Parlamento.
Según datos difundidos por la ONG Foro Penal, al menos 927 personas fueron acusadas de incitación al odio desde la aprobación de la norma en 2017.
Y de acuerdo con Cecodap, un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 por supuestos delitos previstos en el instrumento legal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La vigilancia internacional sobre los derechos humanos en Venezuela continuará durante al menos dos años más. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este 6 de octubre la renovación de los mandatos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).Con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, se renovó hasta 2028 el mandato delaMisiónde Determinación de los Hechos que documenta los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, liderados por países que patrocinaron la iniciativa, entre los que destacan Chile, Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, junto con el respaldo de potencias y aliados de Europa Occidental, América Latina y Asia comprometidos con los derechos humanos, tales como Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia, Alemania, Bulgaria, Suiza, Japón, Costa de Marfil, Chipre, República Checa, Islas Marshall, Reino de los Países Bajos, Macedonia del Norte, Corea, Malaui y Eslovenia
Entretanto, los cinco votos en contra fueron de las delegaciones de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi. Los 17 países que optaron estar “en el medio” y se abstuvieron fueron Brasil, México, Angola, Benin, Bolivia, Etiopía, Ghana, India, Irak, Indonesa, Kenia, Kuwait, México, Pakistán, Catar, Suráfrica y Tailandia.
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y actualmente compuesta por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en las próximas sesiones del consejo que se celebrarán en otoño de 2027 y 2028.
La renovación ocurre mientras Venezuela atraviesa cambios políticos y después de una serie de medidas anunciadas por las autoridades que incluyen excarcelaciones y modificaciones en el sistema de justicia. La propia Misión ha advertido, sin embargo, que los cambios observados desde enero no significan por sí mismos que hayan desaparecido las estructuras que hicieron posibles graves violaciones de derechos humanos.
🔴 #ENVIVO | El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el proyecto de resolución L.18 sobre #Venezuela con 25 votos a favor, 17 abstenciones y 5 en contra.
La votación registrada fue solicitada por la delegación de #China. Tras conocerse los resultados, la Presidencia del Consejo confirmó: “El proyecto de resolución L.18 ha quedado aprobado”.
📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019. Su mandato original incluía investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014.
Desde entonces, el Consejo ha extendido su mandato en varias oportunidades. La renovación de 2024, por ejemplo, amplió su trabajo para investigar las violaciones ocurridas antes, durante y después de las elecciones presidenciales de ese año, así como la violencia atribuida a los llamados colectivos.
La continuidad aprobada ahora mantiene abierta esa vía de investigación y documentación. Para Amnistía Internacional, esa permanencia tiene un valor particular porque permite que los casos de las víctimas continúen bajo escrutinio internacional mientras persisten interrogantes sobre justicia y rendición de cuentas.
“Celebramos esta decisión de continuar el escrutinio sobre la persistente crisis de derechos humanos en Venezuela”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de la organización, en un comunicado emitido al conocerse el anuncio.
Piquer sostuvo que extender el trabajo de la Misión “refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en el país, incluidos crímenes de lesa humanidad”.
Amnistía también reclamó que cualquier proceso de cambio mantenga en primer plano los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Oscar Murillo, coordinador de Provea, calificó como “muy reconfortante” la continuidad de los mandatos de la Misión y de la OACNUDH. Consideró que la renovación constituye una noticia relevante precisamente porque Venezuela atraviesa un momento político distinto al que existía cuando se aprobaron las anteriores extensiones.
“La continuidad de estos mecanismos es fundamental para el seguimiento y monitoreo de la situación de derechos humanos en el país”, afirmó.
A su juicio, el escrutinio internacional puede contribuir a que una eventual transición política no se limite a cambios de autoridades o decisiones coyunturales, sino que incorpore justicia y reconstrucción institucional.
El planteamiento coincide con lo señalado por Laboratorio de Paz: mantener mecanismos internacionales independientes permite seguir documentando violaciones, acompañar a las víctimas, preservar evidencia y comprobar si los cambios anunciados por las autoridades se traducen realmente en garantías. La organización recordó que la propia Misión ha reconocido modificaciones observables desde enero, entre ellas una disminución de determinadas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero también ha advertido sobre la permanencia de estructuras y condiciones que hicieron posibles graves violaciones.
El desafío: que los cambios puedan comprobarse
Laboratorio de Paz planteó que la renovación no debe interpretarse como una calificación automática sobre el rumbo político del país. El hecho de que continúe la supervisión internacional, señaló, refleja precisamente la necesidad de verificar cambios estructurales en áreas como la justicia, la rendición de cuentas, las libertades fundamentales y las garantías de no repetición.
Una transición democrática, según la organización, no puede medirse solamente por excarcelaciones, cambios de autoridades o nuevas normas. También requiere investigar responsabilidades, garantizar una justicia independiente, reparar a las víctimas y desmontar las condiciones institucionales que permitieron las violaciones.
La organización resumió el desafío de los próximos dos años en una imagen sencilla: que Venezuela llegue al final de ese período necesitando menos vigilancia internacional porque haya construido más garantías dentro del país.
“No midamos la transición solamente por los anuncios. Midámosla por los derechos que podemos ejercer”, insistieron.
El Rodrigato pidió “cerrar la misión”
La decisión del Consejo ocurrió pese al rechazo del gobierno venezolano al mecanismo. Durante el debate, la delegación venezolana afirmó que “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
La representación pidió sustituir ese mecanismo por un esquema basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado.
En la sesión del Consejo, Venezuela sostuvo que la Misión ha operado sin su consentimiento y cuestionó la objetividad y metodología de sus informes. La delegación planteó que había llegado el momento de avanzar hacia el cierre del mecanismo y privilegiar la cooperación técnica y mecanismos universales.
🔴 #ENVIVO | Representación del régimen sobre la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU: “Venezuela no acompaña la renovación de la denominada Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
La delegación pidió avanzar hacia un mecanismo basado en “el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica” con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
La Misión, por su parte, defendió ante el Consejo la necesidad de mantener su mandato y señaló que los cambios sobre el terreno hacen todavía más importante su monitoreo independiente para garantizar rendición de cuentas.
Gobiernos históricamente aliados del chavismo, como China, también se opusieron a la renovación. Su delegación argumentó que el mecanismo impuesto por el Consejo no resolvería el problema venezolano, sino que podría complicarlo. Además, rechazaron lo que califican como presión externa e injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
🔴 #ENVIVO | Representación de China ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que votará en contra de la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
🗣️“El Consejo ha impuesto este mecanismo, y esto no va a resolver el problema, sino que lo va a complicar”, sostuvo.
La delegación china manifestó además su rechazo a “la presión externa y la injerencia en los asuntos internos” y respaldó la cooperación de Venezuela con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
Brasil, en cambio, optó por la abstención. Su delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”. Argumentaron que una esolución que consideraban “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuiría a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo.
🔴 #ENVIVO | Representación de Brasil ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció que se abstendrá en la votación sobre la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre #Venezuela.
La delegación reconoció “avances recientes en la situación de los derechos humanos en Venezuela”, pero cuestionó el proyecto por considerarlo “parcial y desequilibrado”.
#Brasil sostuvo que una resolución “excesivamente condenatoria y prescriptiva” no contribuirá a mejorar las condiciones en el país ni a promover el diálogo, y pidió que futuras versiones incorporen estas observaciones.
📲 Conéctate: https://t.co/iq9tH1Lwcd
Estas posiciones no impidieron la renovación. El resultado deja vigente por otros dos años el trabajo de los mecanismos internacionales de seguimiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La defensa de Nicolás Maduro se consiguió con una piedra de tranca en su intento por frenar el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía federal de Nueva York, el Gobierno venezolano nunca solicitó formalmente que el ex gobernante ni Cilia Flores sean considerados inmunes ante la justicia estadounidense.
El planteamiento fue presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein y cuestiona uno de los principales argumentos de la defensa de Maduro, quien busca que el tribunal reconozca su condición de jefe de Estado y aplique la denominada inmunidad soberana para impedir que el proceso avance.
Los abogados de Maduro argumentaron que el exgobernante venezolano debería recibir un tratamiento similar al de Delcy Rodríguez, a quien la administración de Donald Trump reconoce actualmente como jefa de Estado de Venezuela.
Venezuela sí pidió inmunidad para Delcy
La Fiscalía estadounidense puso el foco en una diferencia entre ambos casos.
Según el documento presentado por los fiscales, Venezuela sí solicitó formalmente que Estados Unidos reconociera la inmunidad de Rodríguez en otro procedimiento judicial.
El 14 de mayo, la Cancillería venezolana envió una nota diplomática a Washington para reclamar protección para Rodríguez ante una demanda civil presentada en Florida.
Dos meses después, el gobierno estadounidense informó al tribunal que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y que gozaba de inmunidad frente a esa demanda.
Para la Fiscalía, este antecedente resulta relevante porque demuestra que Venezuela conocía el mecanismo para solicitar protección ante los tribunales estadounidenses y lo utilizó en el caso de Rodríguez. En cambio, de acuerdo con los fiscales, no existe una petición equivalente para Maduro o Flores.
La pregunta planteada por la Fiscalía es por qué Venezuela habría solicitado protección para Rodríguez y no habría hecho lo mismo con Maduro si considera que el ex gobernante mantiene inmunidad como presidente.
Maduro no es presidente para Washington
Otro de los argumentos de la Fiscalía está relacionado con la posición de Washington sobre Maduro.
Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente venezolano en enero de 2019, después de las elecciones que Washington y otros países consideraron fraudulentas.
La Fiscalía sostiene que esta situación impide equiparar automáticamente la posición jurídica de Maduro con la de Rodríguez, a quien la administración Trump reconoce actualmente como jefa de Estado de Venezuela.
Maduro intenta que el juez reconozca una inmunidad derivada de su antigua condición, mientras los fiscales sostienen que ni Estados Unidos ni el Gobierno venezolano han planteado formalmente que esa protección deba aplicarse.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La señora Delcy Rodríguez habló en la ONU de renacimiento. Asumimos que no se refirió a un renacimiento similar al del siglo XV que permitió a Europa salir del oscurantismo de la Edad Media, aunque hoy algunos estudiosos dicen que ese oscurantismo no fue tal. Lo que no admite duda es que en Venezuela hay más horas de oscuridad que en los polos durante los meses de invierno, por lo que debemos asumir que se refirió a su propio renacimiento. Pasó de ser perseguida por quien llamaba “el imperio satánico”, a ser la consentida del mismo.
¿Quién es realmente Delcy Rodríguez?
Los demócratas la calificamos de usurpadora y violadora de los derechos humanos. Los chavistas le dicen la traidora. Para los damnificados de La Guaira es la desentendida. Para el presidente Trump es la cómplice necesaria. Para la admirada Anne Applebaum, ella y Trump están al frente de dos cleptocracias que colaboran para beneficiar a personas cercanas a ambos gobiernos.
No falta quienes la llaman la resentida, por considerar que tiene un trauma por la muerte de su padre, torturado hace cincuenta años mientras estaba preso para sacarle información sobre el secuestro del industrial estadounidense Niehous. Sin duda que este repudiable asesinato traumatiza a cualquier hijo. Ella misma reconoció que lo que hacía “era nuestra venganza”. Su hermano, el siquiatra Jorge, no pudo tratarla porque también devino en paciente.
Solo a título de ejemplo, podemos citar que su caso no es similar al de Bernabé Gutiérrez, quien brincó la talanquera hacia el lado del régimen para que le asignaran la tarjeta de Acción Democrática. Tampoco el del engominado egocéntrico Hermann Escarrá, quien brincó la talanquera porque no podía descollar entre excelentes constitucionalistas demócratas como Brewer-Carías, Gustavo Tarre y Gerardo Blyde y, en cambio, es una estrella dentro del mediocre grupo de abogados del régimen. Delcy no se vendió como Enrique Ochoa Antich y Timoteo Zambrano, quienes cambiaron de bando para disfrutar de la embajada en Suiza y en España, respectivamente.
Los motivos de Delcy
Con su cara de yo no fui, quiere aparentar ser más una víctima que una victimaria. No es tonta. Está consciente de que en una elección libre no gana ni compitiendo sola. Abjuró de su prédica antiimperialista. Ahora sonríe a Trump, al jefe del Comando Sur que capturó a Maduro y a los directores del FBI y de la DEA. No solo se pasó con armas y bagajes al equipo que siempre consideró su enemigo, sino que generosamente le regaló parte de nuestro petróleo y del oro. Repudió a Diaz Canel, a Ortega y a los ayatolás. También, al menos de palabra, marca distancia con la guerrilla colombiana y el narcotráfico.
Algunos dicen que acepta que Trump la humille con la esperanza de que en noviembre pierda la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, y así disminuya la presión sobre su régimen de facto. Sin embargo, esa no pareciera ser su opción favorita. Trump y ella se sienten confortables haciendo negocios, pero cabe preguntar para qué quiere más dinero. Mientras permanece en Miraflores pierde aceleradamente el poco apoyo que le queda de los suyos y no podrá resolver los principales problemas que afectan a la población. Políticamente está chamuscada.
Quizá su tozudez en no dejar el poder sea por temor a que Trump se la lleve como a Maduro por impedirle seguir con los negocios de ambos. También que su entorno corrupto y violador de derechos humanos la amenace si intenta abandonarlos. Es decir, si escapa de la sartén, cae en la olla.
Conclusión
Delcy no se apropió de la presidencia por ceder un sencillo plato de lentejas, sino por entregar nuestra soberanía, parte de nuestro petróleo y del oro. Con el debido respeto por la Biblia, Jacob se apropió indebidamente de la primogenitura y la ejerció durante su vida. Delcy se adueñó temporalmente de la primera magistratura y siempre tendrá el estigma de haber entregado lo que le pertenece a la nación venezolana.
Como (había) en botica
La distinguida abogada Rocío San Miguel permaneció casi dos años detenida por el señalamiento, realizado por el entonces fiscal general Tarek William Saab, de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir. El juez Carlos Liendo llevó el caso y ordenó su privación de libertad a principios del 2024. Ahora, la jueza Alejandra Romero la absolvió. Este es uno de los cientos de atropellos perpetrados por fiscales y jueces, siguiendo órdenes de Chávez, Maduro y de Delcy Rodríguez. Según el Foro Penal venezolano, todavía hay 324 presos políticos.
Por cierto, este mes de octubre se inicia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, la audiencia por la masacre del 11 de abril del 2002, responsabilidad de Hugo Chávez. Freddy Bernal y los generales de la Guardia Nacional Belisario Landis y Eugenio Gutiérrez deben ser investigados.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 5 de octubre, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó que la Ley Contra el Odio fue una «necesidad» para controlar a la disidencia del chavismo.
«Sirvió para frenar muchos desvaríos», afirmó Cabello.
El pasado 29 de septiembre, la presidenta encargada de Venezuela bajo el aval del Gobierno de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional a reformar parcialmente la Ley Contra el Odio. Sin embargo, la sociedad civil venezolana denuncia que la normativa debe ser drogada.
ONG como Foro Penal han reclamado que la Ley Contra el Odio ha sido una herramienta de persecución política contra más de 900 personas en los últimos nueve años.
Además, Cecodap documentó al menos 118 entre 2024 y 2025 donde el Gobierno detuvo arbitrariamente a adolescentes y les imputaron delitos adscrito en la Ley Contra el Odio. Hasta ahora, ninguno tiene libertad plena.
«Ojalá no hubiese la necesidad de tener una ley contra el odio. Ojalá. Pero uno ve hoy que [el odio] aupó a varios», comentó Cabello.
El ministro se refirió a la violencia política que ocurrió entre las protestas antigubernamentales entre los años 2014 y 2019 como actos punibles dentro de la Ley Contra el Odio.
«La Ley [Contra el Odio], en un momento dado, fue una necesidad. [Fue una necesidad que va] más allá, como dijo nuestra presidenta [encargada bajo el aval de Estados Unidos] del uso que se le dio a la Ley en una circunstancia», dijo el Ministro.
Tanto la Asamblea Nacional del 2025, liderada por el PSUV, como la Asamblea Nacional del 2015, liderada por la oposición avalada por Estados Unidos, inició esta semana el plazo de postular iones de magistrados para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Judicial tendría la capacidad de auditar la Ley Contra el Odio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La crisis del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se ha agravado de forma severa en los últimos meses y la tendencia apunta a un mayor deterioro en el corto y mediano plazo.
“Lejos de tratarse de un problema coyuntural de fácil resolución, en Ecoanalítica estimamos que las deficiencias del sistema y los episodios de racionamiento persistirán de manera recurrente durante los próximos cinco años, convirtiéndose en una restricción estructural para el país”, expresó Alejandro Grisanti, director y socio fundador de Ecoanalítica, en un boletín compartido por la firma.
Con una oferta estancada que difícilmente supera los 13.000 MW en sus picos de máxima disponibilidad frente a una demanda nacional que en sus momentos de mayor consumo ya ha superado los 15.000 MW, el déficit de generación se consolida como el principal cuello de botella para cualquier intento de reactivación económica en Venezuela .
A medida que la actividad comercial e industrial intenta dinamizarse, aumenta la presión sobre un sistema cuyo parque termoeléctrico opera por debajo del 15% de su potencial tras años de desinversión, trasladando todo el peso a la generación hidroeléctrica de Guri, un complejo sobre exigido que ya funciona a solo un 60% de su capacidad instalada y mantiene 7 de sus 20 turbinas fuera de servicio.
La fragilidad del parque hidroeléctrico quedó en evidencia tras la parada de emergencia en la Unidad 17 de Casa de Máquinas 2 el pasado 29 de agosto por fallas en el rodete. Esta salida, que al parecer mantendrá inoperativa la turbina de 770 MW por al menos dos años, genera una pérdida combinada de 1200 MW en el Bajo Caroní al limitar el flujo de agua hacia las centrales de Caruachi y Macagua, sumándose a los problemas preexistentes de la Unidad 15.
Crisis nacional
Con este panorama, la crisis antes concentrada en el occidente se ha nacionalizado: según diferentes reportes, en Zulia y Los Andes las interrupciones afectan a más del 98% de los hogares y comercios con cortes diarios de 6 a 8 horas, mientras que en Caracas, hasta hace poco exenta del problema, las fallas ya alcanzan al 82%.
“Los datos de la última Encuesta de Coyuntura Empresarial que realizamos en Ecoanalítica en julio confirman el impacto: 70% de las empresas evalúa negativamente el servicio , además, en regiones como Zulia, 98% de los comerciantes reporta un empeoramiento, con un 54% de los locales sin sistemas alternativos de respaldo”, dice Gristanti.
Según el CEO de Ecoanalítica, frente a la contingencia, la postura oficial oscila entre la opacidad, la firma de alianzas internacionales (como el acuerdo con General Electric Vernova) y el traslado de la carga hacia el sector privado. La respuesta operativa inmediata del Ejecutivo ha sido exigir un plan de racionamiento a los grandes consumidores (industria, centros comerciales, hoteles y supermercados), solicitando la reducción del uso de aires acondicionados, ascensores y escaleras mecánicas para liberar megavatios hacia la red pública.
Aunque gremios como Conindustria señalan que el 69% del parque industrial cuenta con infraestructura para autogestionar su demanda, la escasez e irregularidad en el suministro de combustible limitan el alcance real de estos equipos en cortes prolongados.
“A pesar de que sin lugar a dudas la responsabilidad de provisión del servicio eléctrico no debería recaer sobre las empresas, la realidad operativa del país exige pragmatismo. La recomendación estratégica para nuestros clientes, en especial para aquellos con plantas, fábricas u operaciones de gran escala, es estructurar de inmediato un plan integral de autoabastecimiento energético. La prioridad inmediata debe enfocar esfuerzos en el mantenimiento preventivo y reparación de plantas eléctricas existentes, así como en garantizar esquemas confiables de suministro y almacenamiento de diésel”, señaló.
Entendiendo que la recuperación del SEN tomará cierto tiempo y que su brecha operativa continuará afectando al país en los años venideros, la continuidad del negocio dependerá casi exclusivamente de la capacidad de autogestión que logre consolidar cada empresa.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 6 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
A Karelis Bárcenas, esposa del teniente retirado Víctor Daniel Parra, le pusieron electricidad en los senos y tuvo un aborto producto de las torturas. Para reducirlo psicológicamente, a su pareja presa en la cárcel del Rodeo I, le dijeron que la pérdida estuvo relacionada con una violación. Relató que en el marco de una audiencia en un tribunal contempló la idea de quitarse la vida, a la par que denunció que Parra aparece como muerto en un expediente del TSJ.
“¿Quién sabe por dónde anda Tarek william saab? Un tipo que hizo tanto daño a los venezolanos. Pero detrás de eso hay toda una infraestructura de poder que se ha encargado de perseguir, apresar y, sobre todo, causar un daño irreparable a sus familiares”, Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea nacional
Lo que rompe en redes
"Vinotinto" es tendencia porque la selección está recibiendo críticas por celebrar el segundo lugar en el CONMEBOL Sub-20 de Futbol Sala.
Venezuela cayó en la final 1-3 ante Brasil. https://t.co/4VfI1uyfMn
El cantautor argentino Fito Páez detuvo un concierto en su país al percatarse que agentes de seguridad estaban agrediendo a personas en el público. “La represión que se la metan en el orto. No quiero volver a vivir los 70 en mi país”, dijo el intérprete de “11 y 6”.
La agrupación Amigos Invisibles fue la encargada de cerrar la carrera Caracas Rock el pasado domingo 4 de octubre en la plaza Alfredo Sadel de Caracas.
Antes de entrar en los casos, quiero explicar algo que la propia Misión reconoce sobre este tema en particular, porque cambia la forma de leer todo lo que sigue. De todas las violaciones documentadas en este informe, la violencia sexual es probablemente la más subregistrada. La que menos casos reales logra capturar en comparación con los que realmente ocurrieron. No es porque sea menos frecuente sino porque el trauma, el miedo a represalias contra la propia víctima o su familia, y el estigma social asociado a hablar de esto en público, funcionan como un muro adicional.
En Venezuela se han cometido estos crímenes contra presos políticos de todas las edades y géneros, aunque se siguen necesitando más recursos y mecanismos para seguir documentando. Aún no es seguro publicar todo con detalles. El informe señala algo que suele pasarse por alto: estas barreras de silencio son “especialmente significativas para hombres y personas LGBTIQ+”, precisamente el grupo de víctimas del que menos se suele hablar cuando pensamos en violencia sexual en contextos de detención. Así que cada caso que la Misión logró documentar representa, con toda probabilidad, muchos más que nunca llegarán a contarse.
El caso de la concejala de Zulia
Hay una historia en este informe que aparece fragmentada en dos secciones distintas del documento, una sobre negación de atención médica y otra sobre violencia sexual, pero que es, en realidad, la historia de una sola mujer. Es concejala municipal del estado Zulia, vinculada a un partido de oposición, y la Misión la identifica solo por su cargo, no por su nombre, esta es una decisión editorial habitual para proteger a las víctimas de violencia sexual, y que nosotros también vamos a respetar. En el informe se menciona como entrevista ACIV003 y es mencionada en distintos párrafos y secciones.
Fue detenida por tercera vez en su vida el 31 de mayo de 2025 y permaneció privada de libertad hasta su excarcelación, el 12 de enero de 2026. Durante su reclusión en el DIP de Maracaibo, las autoridades la privaron de alimentos durante los primeros tres días pese a que tenía una afección gástrica conocida, hasta que se desmayó en el sótano del tribunal. La atención médica que recibió después fue, según el informe, tardía e insuficiente.
Aquí aparece el nombre que hay que presentar correctamente esta vez. El director del centro de detención, identificado como Mickael Pérez, le negó reiteradamente el acceso médico, y llegó a destruir órdenes judiciales que autorizaban su traslado al hospital. Su salud se deterioró hasta un punto extremo: sufrió desnutrición grave, vómitos con sangre, pérdida parcial de la visión, septicemia y acumulación de líquido en el corazón y las piernas. Solo la llevaron a un hospital cuando ya estaba en estado crítico. Pasó cuatro días en cuidados intensivos y doce hospitalizada. Luego la devolvieron a prisión sin haber terminado el tratamiento médico.
Ese mismo director, Mickael Pérez, vuelve a aparecer más adelante en el informe, esta vez en la sección dedicada a violencia sexual, vinculado junto a otro funcionario identificado solo por su apellido, Galicia, a actos de violencia sexual y de género contra esta misma concejala durante su detención en una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana en San Francisco, estado Zulia.
Izq., sede de la PNB de San Francisco, estado Zulia; allí su director, Mickael Pérez, sometió a una concejala de oposición a torturas y violencia sexual, en complicidad con otro funcionario. Der., detalle del informe de la Misión ONU sobre el caso.
Leídos juntos, estos dos fragmentos del informe cuentan algo que por separado no se entiende del todo: una misma persona, bajo la responsabilidad de un mismo funcionario, sufrió negación deliberada de atención médica que casi le cuesta la vida, y también violencia sexual, como parte de una misma experiencia de detención prolongada por su actividad política de oposición. Como en otros casos, acá tampoco fueron hechos aislados el uno del otro. Fueron parte de un mismo patrón de castigo sostenido en el tiempo contra la misma mujer.
Cuando la víctima es un hombre
Este informe 2026 también documenta un caso que ayuda a romper una idea equivocada, la de que la violencia sexual en detención solo afecta a mujeres. Un periodista, detenido en el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias-Caracas, relató que fue sometido a desnudez forzada, exposición al agua fría, restricciones alimentarias y falta de atención médica. Según su testimonio, el responsable del centro se bajó los pantalones frente a él y lo amenazó explícitamente con violarlo. El mismo periodista dijo haber presenciado, además, cómo mujeres detenidas en ese lugar eran desnudadas y golpeadas con palos delante de otras personas. (párrafo 462 del informe)
Izq., sede del Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias-Caracas, donde el periodista sufrió agresiones sexuales y torturas; der., extractos del informe de la Misión, donde se registra el caso (párrafo 462).
Durante esos hechos, la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana la ejercía el mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, en el cargo desde julio de 2023 hasta marzo de 2026.
Lo dice la Misión sin rodeos
En sus conclusiones generales, la Misión resume el patrón completo con una lista que es preferible no suavizar, porque la claridad es parte de lo que hace valioso este informe: amenazas de violación, tocamientos sexuales, descargas eléctricas en los genitales, desnudez forzada y registros corporales invasivos, incluidos exámenes de las partes íntimas. Además, aclara algo jurídicamente relevante: según las circunstancias de cada caso, estos actos constituyeron tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es la misma calificación legal que vimos en el artículo anterior sobre las celdas de castigo.
Esto no empezó el 3 de enero
Por último, hay que dar un dato que conecta este artículo con el primero de la serie, el de la continuidad del aparato represivo. La Misión ya había concluido, en un informe de diciembre de 2025 dedicado específicamente al papel de la Guardia Nacional Bolivariana, que este componente militar hizo una “contribución institucional y operativa” a graves violaciones de derechos humanos desde 2014 (once años antes del ataque estadounidense y la caída de Maduro), incluyendo tortura, malos tratos y violencia sexual y de género cometidos por sus funcionarios. Es decir, lo que acabamos de mostrar en este extracto no es el comportamiento nuevo de instituciones nuevas. Es la continuación, documentada año tras año por la misma Misión de la ONU, de una práctica institucional con más de una década de antigüedad que además se ha ido reforzando por la impunidad.
Artículos anteriores de la serie Textos sobre la Misión-ONU.
