El Foro Penal publicó este jueves 30 de abril un balance sobre el estatus de los presos políticos en Venezuela. De acuerdo con la organización, 454 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos y se desconoce el paradero de dos de ellas. Desde 2014 hasta la fecha, el Foro Penal ha registrado 19 088 detenciones en el país. Además, recientemente se reportó un nuevo preso político.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 27/04/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 454* Desde la semana pasada
Las violaciones de derechos humanos no distinguen perfiles
Entre los detenidos se encuentran 410 hombres y 44 mujeres; 268 civiles y 186 militares; 453 adultos y un adolescente. De ellos, 164 han sido condenados y 290 permanecen sin sentencia. Asimismo, 41 personas extranjeras se encuentran privadas de libertad.
El Foro Penal señaló que más de 14 000 personas asistidas por la organización han sido excarceladas. Según su registro, más de 11 000 personas han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos desde el año 2014.
El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, aseguró el pasado 22 de abril en su cuenta en Instagram que se otorgó libertad plena a 8616 personas. Asimismo, en una publicación de la Asamblea Nacional el 24 de abril se afirmó que 9000 personas han sido beneficiadas por la ley. Sin embargo, el Foro Penal registró un nuevo preso político en su informe de este jueves.
El Parlamento Europeo insta a no levantar sanciones en Venezuela
El Parlamento Europeo insistió este jueves 30 de abril al Consejo de la Unión Europea en no levantar ninguna sanción contra Venezuela hasta que el país adopte “medidas significativas hacia una transición pacífica a la democracia”, entre ellas, la liberación de los presos políticos.
La resolución fue aprobada con 507 votos a favor, 31 en contra y 35 abstenciones. Para la Eurocámara, es indispensable garantizar la liberación incondicional de todos los presos políticos, la anulación de los cargos por motivos políticos contra la oposición y el establecimiento de una hoja de ruta clara para la celebración de elecciones libres y justas.
Por otro lado, los eurodiputados advirtieron que la Ley de Amnistía no debe aplicarse, en ningún caso, para proteger a responsables de violaciones de derechos humanos, quienes deben rendir cuentas plenamente. Los diputados que votaron a favor de esta resolución aseguraron haberlo hecho porque incluye un “llamamiento firme al respeto del derecho internacional” y “mejoras importantes” respecto a la propuesta original.
La diputada Dolors Montserrat criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por invitar a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid, mientras el Parlamento Europeo insta a no levantar las sanciones contra el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un procedimiento que mezcló el rastreo de movimientos migratorios y el cumplimiento de una orden de búsqueda internacional, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la oficina de Interpol ejecutaron la detención de Erika María Herrera este lunes 27 de abril.
La captura tuvo lugar en las residencias Parque Alegre de la urbanización El Cigarral, municipio El Hatillo, estado Miranda, donde la sospechosa permanecía en un apartamento alquilado mediante una plataforma digital, informó el periodista Román Camacho.
Herrera es señalada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como la probable responsable del feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, ocurrido el pasado 15 de abril y quien era su nuera.
El hecho violento quedó grabado en un video de la residencia en la que ocurrió y se difundió en redes sociales.
Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT
Según los plazos establecidos por la ley, la investigación en México obtuvo una orden de arresto el 17 de abril, apenas 48 horas después del suceso. Ante la salida de la sospechosa del país, la fiscalía de ese país gestionó el 21 de abril una Notificación Roja de Interpol, una alerta que activó la vigilancia en Venezuela y permitió localizar el paradero de Herrera de manera precisa tras su ingreso a Caracas.
Los últimos minutos de la escena del crimen
El caso se apoya, entre otros elementos, en el registro de cámaras de seguridad del inmueble donde vivía la víctima, en la zona de Miguel Hidalgo en México. El material audiovisual permite observar el movimiento de Carolina Flores hacia otra habitación de la vivienda poco antes de que se escucharan detonaciones de un arma de fuego. En el vídeo también quedó registrado el ingreso del esposo de la víctima, quien es el hijo de la sospechosa, que tras ver el cuerpo cuestionó los actos de su madre.
“Me hizo enojar… Tu familia es mía, tú eres mío y ella no”, le respondió Herrera a su hijo.
Un punto importante a destacar es el retraso de 24 horas en la presentación de la denuncia formal por parte del esposo de Flores, periodo durante el cual se presume que la acusada inició su viaje fuera de México.
Del resguardo en Caracas a juicio en México
La detención de Erika María Herrera en el municipio El Hatillo dio inicio a una fase de custodia administrativa mientras cumplen los protocolos diplomáticos. La acusada se encuentra bajo resguardo de las autoridades venezolanas, a la espera de que el gobierno mexicano formalice la solicitud de extradición por los canales institucionales adecuados.
Este proceso implica la revisión del expediente por parte de las cancillerías y los tribunales de ambos países, para así asegurarse de que se cumplan todos los trámites legales necesarios para su traslado a Ciudad de México.
Todo este procedimiento concluye con la espera de la formalización del traslado de Herrera para que se presente frente al juez que emitió la orden original.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda, opera la Estación Productora de Agua Limpia (EPAL), una planta de tratamiento construida por el Grupo Leti que transforma millones de litros de aguas industriales al año, en un recurso seguro para reutilizar.
Bajo el inclemente sol de la localidad, cada día se repite un ciclo fascinante en el que el agua desechada por la industria farmacéutica del Grupo Leti vuelve para ser tratada y luego reutilizada, un esfuerzo que combina ciencia, tecnología y una apuesta sostenida con el cuidado ambiental.
Al llegar a la estación EPAL, lo primero que se impone a la vista son dos tanques profundos de concreto que están al aire libre y expuestos al sol y la lluvia, acompañados por una red de tuberías interconectadas. Desde una estrecha pasarela metálica es posible observar cómo el agua industrial inicia su recorrido de saneamiento.
En ambos tanques conviven millones de microorganismos (buenos y malos) que, aunque cumplen funciones distintas dentro del sistema, son los verdaderos protagonistas del proceso. Al tomar una muestra de agua de los tanques, a simple vista parece un líquido con un lodo marrón claro que se deposita en el fondo. Visto en el microscopio es una mezcla de bacterias, protozoarios, rotíferos y otros microorganismos que se encargan de “devorar” la carga contaminante de las aguas residuales.
“Funcional igual que una pecera”, explicó el ingeniero ambiental Raynold Mata, quien detalló que en el fondo del reactor biológico —los tanques— los difusores de aire mantienen en constante movimiento a los microorganismos y así cada gota de agua contaminada entra en contacto con la comunidad microbiana que la depura.
El equipo realiza pruebas al agua dos veces al día en el laboratorio. La muestra se deja reposar 30 minutos y en un análisis cualitativo y cuantitativo se determina el volumen sedimentado, el color y el tamaño de los nódulos del lodo y estos, a su vez, indican si los microorganismos están jóvenes, maduros o ya envejecidos.
Según Mata, si el lodo se oscurece demasiado, si se sedimenta muy lento o muy rápido, o si las partículas se vuelven demasiado finas son señales que ameritan atención.
El ingeniero Mata detalló que el sistema no elimina todo el lodo, al final solo elimina entre el 15% y el 20% cada cierto tiempo, esto con la finalidad de que los microorganismos jóvenes reemplacen a los viejos. Las etapas fundamentales en el proceso de EPAL son: tanque de igualación, reactor biológico, clarificador, cámara de yodo, tanquilla de visión, recuperación. El sistema, según explicó el experto, neutraliza el ph y utiliza un sistema de sedimentación por gravedad que luego de que el agua es recuperada se convierte en desechos en forma de grava.
El agua procesada por la EPAL no es apta para el consumo humano. Su uso es exclusivo para el riego de áreas verdes de las instalaciones y otros procesos industriales internos. Gracias al saneamiento de 46 millones de litros de aguas industriales al año, la planta ahorra en la utilización de más de 16 millones de litros de agua potable.
La Estación Productora de Agua Limpia es relativamente nueva, tiene apenas un año desde su creación, aunque se tardó aproximadamente cinco años en materializar el proyecto.
Raynold Mata explicó que Epal opera bajo un “período de gracia” de dos años otorgado por el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Señaló que la normativa venezolana en materia de aguas residuales data de los años 70 y no ha sido actualizada desde entonces, mientras que países como México, Colombia y Perú han modernizado sus estándares en la reutilización de aguas industrializadas.
Compromiso con el país
El compromiso del Grupo Leti con el ambiente se evidencia en los cuatro proyectos de sostenibilidad que se integran al modelo operativo de la empresa. Además de EPAL, el grupo impulsa el Proyecto NOVA, que sustituyó el uso de diésel en tres calderas industriales por gas directo. Con esto se disminuyó el consumo a cero de gasoil desde octubre y se evitó la emisión 570 toneladas de CO2 al año, el equivalente a que dejaran de funcionar 120 vehículos al año y un ahorro diario de 2.300 litros de combustible.
Otra iniciativa del Grupo Leti es la digitalización de los prospectos mediante un código QR. Al reducir la emisión del papel, se evitaron utilizar 439 toneladas de papel al año o el equivalente a la tala de más de 7.400 árboles.
La optimización de calderas con el sistema de generación de vapor ha dado como resultado 16.3 millones de litros de agua ahorrados, 55% de reducción en consumo de químicos desde julio de 2025 y una tonelada menos de sal empleada en los procesos de regeneración.
Por estos avances, Leti se convirtió en el primer laboratorio farmacéutico en Venezuela y Latinoamérica en recibir la distinción R3 que otorga la organización Ecolab, la cual reconoce proyectos de reducción, reutilización y reciclaje y que solo el 5% de sus clientes globales lo reciben.
Rosibel González, coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), declaró en una entrevista concedida a Fe y Alegría Media en YouTube, este martes 28 de abril, que durante el primer trimestre de 2026 se registraron alrededor de 986 accidentes de tránsito en Venezuela, en los que fallecieron 360 personas. El estado Falcón encabeza la lista con el mayor número de siniestros.
De acuerdo con las cifras del OSV, en las carreteras venezolanas se evidencia una “epidemia” de accidentes viales, que ha dejado aproximadamente 1210 heridos en este primer trimestre del año. Cerca del 50 % de estos hechos involucra a motorizados.
Aunque los motorizados figuran con frecuencia en los accidentes, no siempre son responsables. “He visto transportistas que presionan a los motorizados que van delante para que aumenten la velocidad; en un cambio de vía, esto puede provocar un derrape y, lamentablemente, causar lesiones o la muerte”, señaló González.
Solo en el mes de marzo fallecieron 145 personas en medio de un hecho vial, y al menos 69 eran motorizados, lo cual representó el 49% de los casos recabados por el OSV. Los tripulantes o “parrilleros” fueron el segundo grupo que registró más fallecimientos el mes pasado, con 22 víctimas, seguido de los conductores de vehículos.
Los datos también refieren que el rango de edad comprendido entre los 20 y 24 años registra el pico más alto de decesos con 16 casos, seguido de cerca por el intervalo de 25 a 29 años, con 14 fallecimientos. Al ampliar el espectro, se encuentra que el grupo entre los 15 y 34 años suma un total de 54 víctimas, lo cual representa casi la mitad del registro total de edades identificadas.
Otra conclusión del reporte de marzo es que por cada automóvil involucrado en un hecho vial, se registran al menos dos motocicletas siniestradas: “Esta disparidad confirma que el parque automotor de dos ruedas es el eje central de la crisis de seguridad vial en el país”, afirma el OSV.
Los factores que conducen a la tragedia
Según el informe del OSV, la principal causa de los accidentes es el factor humano: El exceso de velocidad es la causa más común y ocasiona el 57,40% de los siniestros. La impericia —que comprende la falta de habilidad o experiencia al conducir— ocupa el segundo lugar con 73 registros (22,05%).
Otros detonantes de accidentes que tienen que ver con responsabilidad humana son el consumo de alcohol (3,32%), el uso del teléfono celular, el cansancio o la realización de maniobras peligrosas (motopiruetas). A esto se suman fallas mecánicas, condiciones del vehículo y factores climáticos.
González insistió en la responsabilidad individual de los actores viales y en la necesidad de tomar previsiones ante riesgos conocidos, como baches, huecos o falta de iluminación.
“Si usted transita regularmente por una vía y sabe que presenta daños en el pavimento, no debe conducir a exceso de velocidad, porque ya conoce las consecuencias”, advirtió.
González explicó que el observatorio recopila estos datos a partir de reportes publicados en medios de comunicación, redes sociales y grupos de auxilio vial. La coordinadora del OSV señaló que en estados como Amazonas resulta difícil llevar un registro preciso debido a la escasez de medios que reporten accidentes. Asimismo, indicó que las variaciones en las cifras pueden estar influenciadas por sesgos en la cobertura mediática.
Los peatones tienen su cuota de responsabilidad
Los estados con mayor incidencia de accidentes son Falcón, seguido de Anzoátegui, Bolívar, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. González expresó especial preocupación por la alta cantidad de arrollamientos en Aragua, muchos de ellos con adultos mayores como víctimas.
A su juicio, el peatón se ha convertido en un actor vial imprudente, al desconocer o desatender normas básicas como el uso del semáforo y el paso de cebra.
Los jóvenes entre 20 y 26 años encabezan las estadísticas de siniestralidad. En este contexto, González advirtió que, aunque la consecuencia más grave es la muerte, el número de lesionados con secuelas permanentes triplica al de fallecidos. Estas lesiones no solo afectan a las víctimas directas, sino también a sus familias, que en muchos casos no cuentan con recursos para costear exámenes o tratamientos. “Lamentablemente, muchos no tienen un seguro privado que cubra, al menos, parte de los gastos”, explicó.
Un nuevo sistema de monitoreo
González informó que, a partir de abril, los informes del OSV estarán disponibles mediante un sistema de geolocalización abierto al público, que permitirá monitorear los accidentes por estado.
Aunque destacó la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas de seguridad vial, subrayó que la prevención también depende del comportamiento de cada ciudadano en la vía. Asimismo, enfatizó que las campañas de educación vial deben ser permanentes y no limitarse a la temporada vacacional, “porque la accidentalidad diaria no se va de vacaciones, lamentablemente”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 7 de febrero de 2025, a las ocho de la mañana, los hermanos colombianos Pantaleón y José Luis de La Asunción Aragón se comunicaron con su madre vía telefónica para informarle que ya se encontraban en el Puente Simón Bolívar, paso fronterizo que conecta a Cúcuta con la ciudad de San Antonio del Táchira, en Venezuela. “Mami ya estamos en el puente esperando a que vengan por nosotros”, le dijeron antes de desaparecer.
Pantaleón y José Luis —26 y 22 años respectivamente— son inseparables. Ambos migraron juntos a Aruba en el 2023 en busca de mejores oportunidades laborales. En la isla trabajaron en la limpieza de hoteles y lograron ahorrar dinero para mantener a sus familiares en Venezuela. El regreso de los hermanos no estaba previsto, pero uno de los hijos de Pantaleón enfermó de gravedad. Por eso, deciden emprender el viaje Aruba–Barranquilla, Barranquilla–Cúcuta y de allí cruzar hacia Venezuela para encontrarse con un tío que los llevaría en una gandola hasta Las Claritas, en el estado Bolívar, donde vivían los hijos de Pantaleón.
Panta y José, como les llama su madre, Yiraluz Aragón, no llegaron a encontrarse con su tío. A pesar de que permaneció varias horas en el paso fronterizo y los buscó por todos lados, incluso en Cúcuta, no los halló. “El teléfono de ambos estaba apagado, lo único que quedó fue un inmenso silencio”, dijo Aragón.
Toda la familia paterna de los hermanos La Asunción vive en el estado Zulia, y un tío que recorre el país en una gandola se ofreció a llevarlos hasta Las Claritas para que el trayecto — de casi 26 horas— fuese más cómodo y seguro para ellos y también para que pudieran ahorrarse el costo del viaje.
90 días sin rastros
Los familiares de Pantaleón y José Luis estuvieron más de 90 días sin saber nada de ellos. Yiraluz Aragón llamó a conocidos, buscó abogados, pagó a personas por información, pero no encontró información certera sobre el paradero de sus hijos.
“Mi corazón me decía que ellos estaban vivos”, aseguró Yiraluz. En la mañana del 15 de mayo repicó su teléfono. Era un número venezolano. Su pálpito no la engañó: sabía que eran noticias de sus hijos.
“Mami, estamos en el Rodeo I, nos cogieron injustamente nos están acusando de terrorismo. Mami, no le pague plata a abogados, ni a nadie, esto es el gobierno, pide ayuda a la cancillería, pide ayuda, que nos saquen de aquí, mami, esto es horrible. Mami, hay un poco de colombianos presos aquí también por lo mismo”, le dijo José Luis a su madre en esa sorpresiva y breve llamada, que duró apenas cinco minutos.
Pantaleón, por su parte, alcanzó a decirle pocas cosas a su madre, las suficientes para retratar su angustia: “Cuida a mi hijito, mami, no me desampares a mi hijito. No dejes que mi hijito se me muera. No, esto ha sido horrible, mami, esto ha sido muy horrible”.
Después de esa llamada Yiraluz Aragón se armó de valor y decidió que iba a viajar a Venezuela para ver a sus hijos. Sin embargo, las autoridades colombianas a las que ya había pedido ayuda para conocer el paradero de ambos le advirtieron que no era seguro viajar. “Me dijeron que podía terminar presa también y mi familia me insistió en que no viajara, porque con tres presos iba a ser peor”, dijo.
Familiares de Pantaleón y José Luis que se encuentran en Venezuela han intentado en reiteradas ocasiones llevarles artículos de aseo personal y alimentos al Centro Penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, pero nunca se los aceptaron ni les permitieron la visita. Incluso, les han negado que los hermanos estén detenidos ahí.
“Es un secuestro”
Yiraluz Aragón no duda en calificar lo que viven sus dos hijos como un “secuestro”. Comentó que de los 14 meses que llevan detenidos solamente han hablado por teléfono en tres ocasiones, contactos que apenas se extienden durante cinco minutos. Con la voz entrecortada, pudo decir que habían sido torturados y golpeados.
La madre de Pantaleón y José Luis detalló que sus hijos lograron cruzar el puente cuando fueron apresados de manera violenta y sin mediar palabras por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Aseguró que ambos tenían sus documentos al día y no tenían antecedentes penales.
“Mis hijos trabajaban en Aruba y se esforzaron enormemente para comprar sus cosas. Iban a Venezuela con la intención de visitar al niño, que estaba muy grave. Cada uno llevaba consigo una cadena y un anillo de oro y el dinero para el tratamiento y todo eso se lo robaron”, dijo Aragón.
Según cifras del último balance de la ONG Foro Penal, organización que defiende los derechos de los presos políticos, en Venezuela hay 473 presos políticos, 43 de ellos son extranjeros.
Aragón ha visitado el Congreso y la Cancillería colombiana para que intercedan en la liberación de sus hijos. En octubre de 2025, la Cancillería informó a través de un comunicado que activó gestiones para atender la crisis humanitaria de los 40 colombianos privados de la libertad en territorio venezolano. Días después se conoció que 17 colombianos habían sido liberados, pero en ese grupo, a pesar de estar en la lista de excarcelación, los hermanos no fueron liberados.
El infierno en la tierra
El pasado 9 de abril el Comité por la Liberación de los presos políticos (Clippve) informó que los extranjeros detenidos en el Rodeo I iniciaron una protesta en el patio del centro penitenciario y, “en represalia, los custodios les retiraron las pocas pertenencias que poseían, las cuales habían sido proporcionadas por los presos políticos venezolanos”.
La situación derivó en requisas acciones violentas contra los reclusos, como la detonación de bombas lacrimógenas, que llevó a varios de ellos a gritar desde el penal para ser asistidos.
En el Rodeo I estuvo detenido el gendarme argentino Nahuel Gallo, quien describió ese recinto como un “lugar de tortura psicológica”.
El ciudadano francés y profesor de Yoga, Camilo Pierre Castro —liberado el pasado mes de febrero mediante el proceso de amnistía— describió su paso de 15 meses por el centro penitenciario como una experiencia de deshumanización sistemática, calificando el lugar como “el infierno en la tierra”.
Julien Février, también de nacionalidad francesa, estuvo detenido durante 15 meses en El Rodeo I tras ser arrestado en enero de 2025 bajo acusaciones de espionaje. Février no ha emitido declaraciones públicas sobre su experiencia, pero testimonios de su familia al diario local Libération afirmaron que el cautiverio lo dejó “muy afectado psicológicamente”.
Pantaleón y José Luis llevan más de 14 meses detenidos sin juicio, sin sentencia y sin acceso pleno a la defensa. Permanecen en condiciones de hacinamiento, con deficiencias sanitarias y sin atención médica adecuada, aislados y víctimas de tratos crueles e inhumanos, a pesar de que en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Estado venezolano que adoptara las medidas provisionales que fueran necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II.
Yiraluz Aragón reclamó la libertad de sus hijos porque “son inocentes y no cometieron ningún delito”. La madre de Panta y José se aferra a la esperanza de que la próxima llamada no sea de cinco minutos y para escuchar un relato del horror que viven, sino una en la que se confirme la liberación plena de ambos para que puedan volver a reunirse en Barranquilla.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
María Fernanda Maldonado notó que había más adultos mayores que jóvenes en Venezuela cuando tuvo que cuidar a su bisabuela. Tenía 17 años, era el 2021 y las Naciones Unidas ya llevaban 6 años advirtiendo que la juventud Venezolana migraba del país por las vulneraciones a sus derechos humanos. No había enfermeras para atenderla ni suficiente dinero para pagar un servicio de cuidados constante.
En su comunidad, La Mucuy Baja —en el estado Mérida—, ella empezó a notar menos puestos comerciales y más adultos mayores de 50 años en la calle, trabajando. Aunque el Estado venezolano no publica datos demográficos desde hace 15 años (y contando), ella notó que a su alrededor había cada vez menos gente entre 15 y 29 años.
Hasta que su bisabuela falleció, en 2024, María la cuidó: monitoreaba sus actividades, la ayudaba a ejercitarse y la aseaba.
«Esa experiencia me hizo entender que debo aprender a ser una cuidadora profesional. Sé que mis abuelos, mis padres y mis vecinos llegarán a una situación similar y quería cuidarlos bien», dijo María, ahora con 21 años.
Tomó el voluntariado en Cáritas Mérida, una confederación de la iglesia católica para la atención social, para atender y acompañar a los adultos mayores. Fue allí donde un compañero le comentó de un curso de profesionalización para cuidadores. María Fernanda vio una oportunidad para profesionalizarse.
Ese mismo 2024, pero en la ciudad de Valencia, Yenifer Ramos buscaba un trabajo. Tenía 27 años, 2 hijos y menos de 1,5 dólares mensuales —el salario mínimo en Venezuela— como cajera de un supermercado. Apenas se enteró que la Casa Hogar San José de Mañongo buscaba personal se aventuró a conseguir el puesto.
Al entrar, vio que la institución estaba llena de adultos mayores y pocas enfermeras. Yenifer vio de primera mano el déficit que denuncia el Colegio Nacional de Enfermería desde hace cuatro años: en el país existe 1 enfermera por cada 1062 habitantes, cuando el mínimo sugerido por la Organización Mundial de la Salud es de 1 enfermera por cada 250 habitantes.
La Casa Hogar le iba a dar el empleo a Yenifer como cuidadora, pero con una condición: si cursaba un programa de profesionalización antes de entrar.
En agosto de 2024, María Fernanda tuvo su primera entrevista para entrar al curso. Su historia resumía una advertencia que el Banco Mundial lleva diciendo por años para todos los países: cada vez hay menos personas en edades productivas —entre 15 y 64 años— para mantener el ritmo de la economía tal y como se conoce.
Diana Hernández, directora de desarrollo institucional de Trabajo y Persona, recordó que las personas con perfiles como los de María y Yenifer motivaron a crear el programa Cuidadores360. En una economía atravesada por la hiperinflación más alta de Latinoamérica, los jóvenes que se quedaban en el país perdían espacios para conseguir empleo por la autoprotección de las empresas, que no generaban nuevos contratos.
«Pero también vimos que los jóvenes que migraron llamaban para solicitar servicios de cuidadores a domicilio, para atender a los adultos mayores que quedaban desamparados o cuidando a la niñez porque la generación del medio buscaba apoyarlos con remesas en otras latitudes», agregó Hernández.
La ONG buscaba generar un proyecto que integrara la demanda de un país que perdió su bono demográfico rápidamente con su objetivo institucional: la formación para el trabajo y la promoción de la cultura laboral.
Su respuesta se encontraba en «la economía plateada», aquellos trabajos que cubren las necesidades de las personas mayores de 50 años.
«Y de esa necesidad se afianzó nuestra metodología de enseñanza: las alianzas. Ya sea con las comunidades, el sector privado, las instituciones educativas y las organizaciones de desarrollo social», señaló Hernández.
El equipo de Trabajo y Persona reunió a enfermeras, docentes, fisiatras, nutricionistas y otras asociaciones civiles que ya habían trabajado la formación de cuidadores —como la Fundación Alzheimer Venezuela y la Asociación Civil Convite— para crear un pensum de estudio intensivo, de tres meses, avalado por la Universidad Central de Venezuela.
Aprender para emprender
En sus primeras clases, a María Fernanda le explicaron que el programa formativo constaba de tres componentes: la teoría y la práctica del cuidado, los aspectos psicosociales para el autocuidado y el impacto social de la vejez y del cuidador como trabajadores.
«Una de las primeras lecciones que me dieron, y una de las que más recuerdo, era integrar la empatía en todo lo que hiciera», recordó María Fernanda. «Es importante porque permite escuchar y ayudar a los adultos mayores que cuidaría y a generar conexiones, alianzas, entre colegas y pacientes».
Con la escasez de profesionales de enfermería, también disminuyeron los espacios de formación. Organizaciones no gubernamentales como Aula Abierta estiman que en las universidades existe una deserción estudiantil y docente entre el 40 y el 70 % —dependiendo de la institución— en todas las carreras que ofrecen. Entre las razones de la merma, según su informe publicado en abril de 2026, está la alta corrupción estatal, que desvía fondos y da una fracción menor al 10 % del presupuesto que piden las academias.
«En ese contexto hemos visto que la participación juvenil en Cuidadores360 es pequeña comparada a los otros estudiantes más adultos [ellos representan el 11 % del total de estudiantes], pero cada año ha aumentado más y todos culminan con algún grado de ocupación o empleo formal. Ellos entran por una vocación sensibilizada y descubren que dentro y fuera de Venezuela el cuidado tiene cabida laboral», dijo Diana.
Esa vocación fue la que empujó a Dilgimar López, de 24 años, a tomar el programa. Desde el 2020 llevaba una iniciativa para cuidar y reunir a los adultos mayores en su comunidad en Mérida llamado «Abuelitas Lindas».
«La pandemia del covid-19 y su cuarentena hicieron más evidente el impacto diferenciado que tiene la falta de servicios y la migración en los adultos mayores: ellos se quedan aislados», recordó López. «Entre varios amigos creamos esa iniciativa para reunir a las abuelas para que interactúen y tengan un espacio de recreación».
Dilgimar quería formalizar su emprendimiento social mientras seguía estudiando Farmacia en la universidad. Se enteró de Cuidadores360 por una campaña que compartían líderes comunitarios entre sí.
«Una parte importante de estos talleres fue conocer las experiencias de otros estudiantes, mayores que uno, que ya están dentro del campo laboral del cuidado. Te permite saber cómo es el trabajo en el área del cuidado dentro de Venezuela», comentó López.
Emprender para cuidar
Para la ONG Trabajo y Persona, en Venezuela cada vez más se ve la tendencia de la juventud venezolana en integrarse a la economía plateada. Diana hace énfasis en la sustentabilidad del proyecto a través de las actividades con las comunidades.
«Los jóvenes, durante su formación, tienen un componente donde practican el servicio comunitario supervisado por nuestros docentes», agregó Hernández. «Eso tiene tres funciones principales: integrar a los jóvenes a la comunidad y a sus necesidades, que tengan sus primeras prácticas en un espacio seguro y que la propia comunidad sea el primer estadio que solicite sus servicios».
Esta metodología de enseñanza, que involucra a las comunidades cercanas de los estudiantes, permite que los vecinos sean los primeros empleadores potenciales de los jóvenes una vez que se gradúan del programa. Este acercamiento también permite a los jóvenes a adaptarse a sus necesidades de tener un trabajo formal, de autoemplearse o de agregar una actividad a su pluriempleo o a su voluntariado.
Por eso no fue sorpresa para María Fernanda cuando la llamaron para solicitar sus servicios como cuidadora pocos meses después de haberse graduado. Una familia en Mérida iba a viajar un par de semanas y necesitaban cuidar a su abuela de más de 80 años.
«Ahí, en octubre de 2025, vi la posibilidad de ser una cuidadora a destajo, freelance», recuerda María Fernanda. «Esa familia se me acercó porque ya estaba familiarizada con mi trabajo de voluntariado en donde vivo, y también habría recibido referencias de mis amigos del programa y del voluntariado en la iglesia».
Cuidar(se) para seguir aprendiendo
Mientras María trabaja en su marca personal para aumentar su clientela, Yenifer debe cuidar en la casa hogar a 31 adultos mayores en su jornada laboral y Dilgimar es responsable de 14 personas mayores de 70 años y mantiene dos empleos: uno como miembro de recursos humanos en una empresa de seguridad y un emprendimiento propio de repostería.
La sobrecarga de trabajo que advierte el Colegio de Enfermería en Venezuela se mantiene: la demanda de cuidadores ha aumentado, según los datos internos de la ONG Trabajo y Persona. Pese a tener tres sedes principales para Cuidadores360 —Caracas, Mérida y Valencia—, los estudiantes provienen de 19 estados de los 24 que tiene Venezuela.
«Por eso una de las clases que también considero importante es el autocuidado. Cómo marcar límites y enfrentar el duelo de los abuelitos cuando fallecen, cómo acompañar a las familias durante ese duelo», recalcó Dilgimar. «Entre el pluriempleo y la sobrecarga de trabajo, recuerdo siempre esas herramientas para evitar caer en el burnout».
Existen otras iniciativas que nutren el inicio de la economía plateada dirigida por la juventud venezolana: Yeyito App —una aplicación móvil que reúne en Caracas a adultos mayores y jóvenes con vocación de cuidado creada por dos jóvenes venezolanas, Isabel Huerta Oliveira y Génesis Recine—, la ONG Aprendo y Emprendo —que reúne a jóvenes con adultos mayores para generar startups y proyectos sociales— la Fundación Alzheimer de Venezuela —con programas formativos especializados para la adultez con enfermedades neurodegenerativas— y la aplicación Mijo —creada por estudiantes de la Universidad Metropolitana para enviar cuidadores profesionales (o personas con vocación del cuidado pero sin titulación) a quiénes lo necesitan en Caracas— son algunos de los proyectos consolidados y emergentes que involucran a distintas generaciones para cubrir su bienestar.
«La necesidad de cuidar a los adultos mayores seguirá y continuará. Todos llegaremos a la vejez en algún punto. Por eso considero que el cuidado es un nicho laboral que no se agotará esté donde esté. Quiero ser parte de un mundo que aporte a una vejez digna y a una juventud con oportunidades», reflexionó María Fernanda.
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Este reportaje se realizó con una Beca de Producción Periodística de Futuro en Construcción, una iniciativa conjunta de Factual y el Banco Mundial para identificar y narrar historias sobre empleo juvenil e inclusión laboral en América Latina y el Caribe desde una perspectiva de periodismo constructivo.
El economista e historiador, Daniel Lahoud, participó este miércoles 29 de abril en el programa Agenda de Éxitos para analizar el escenario complejo de las subastas de divisas en la banca nacional. Durante la entrevista, el profesor universitario explicó que el método actual, lejos de ser una solución, funciona como un sistema de puja que disminuye aún más el valor del bolívar y genera una incertidumbre innecesaria a los involucrados.
Al mencionar las nuevas subastas administradas por el Banco Central de Venezuela (BCV), Lahoud coincidió en que este nuevo panorama carece de un precio fijo y esto obliga a los postores a elevar sus ofertas para asegurar los dólares. De la misma forma, el entrevistado enfatizó que, mientras el Estado intente reprimir el mercado con ofertas limitada, la brecha cambiaria seguirá siendo un obstáculo para la productividad del país.
“La solución aquí es quitar el control de cambio y por tanto quitar la subasta también, que el tipo de cambio esté libre y que los que quieran comprar, compren y los que no quieran comprar no compren”, declaró Lahoud.
¿Más estabilidad o falsa seguridad?
Daniel Lahoud advierte que el intentar frenar la inflación restringiendo los dólares es una completa contradicción que terminará trayendo más problemas que soluciones. Desde su opinión, los controles son apenas un alivio temporal para el pequeño grupo que logra entrar a las subastas bancarias, mientras que el resto del país queda flotando frente a los saltos que toma el mercado paralelo.
Haciendo referencia a los antecedentes de 1989, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y a 1996, en el segundo gobierno de Rafael Caldera, el especialista dijo que cuando se elimina la represión financiera, el tipo de cambio no se dispara, sino que tiende a estabilizarse. Según su opinión, lo ideal sería liberar el cambio o dolarizar al país.
El entrevistado sostiene que eliminar el control detendría los problemas innecesarios que vienen de la baja producción petrolera, ya que al liberar el mercado, el Estado dejaría de sacrificar recursos escasos y permitiría así que sean la oferta y la demanda las que solventen las dificultades económicas de los ciudadanos de forma real y duradera.
Un sistema lleno de incertidumbre
Uno de los puntos focales de la entrevista fue las deficiencias de las páginas de subastas, pues los usuarios deben esperar hasta el día siguiente para solo saber si su solicitud fue aprobada y recibir “dólares digitales” que no se pueden movilizar ni retirar de ninguna manera. Lahoud sugirió transitar a un camino de completa transparencia donde la oferta y la demanda determinen el precio real.
El experto propuso dejar de ver al mercado libre como una amenaza ya que esto podría llevar a las instituciones a ser más eficientes y evitaría las especulaciones. “Cuando el tipo de cambio está libre, no tiende a subir, más bien al contrario. Y cuando está reprimido, tiende a subir”, comentó el economista, dando a entender que la confianza del venezolano no regresará hasta que existan formas más factibles de adquirir divisas.
Adiós al control cambiario
Finalmente, recomendó que Venezuela siga el ejemplo de economías que han logrado superar la hiperinflación con la circulación de monedas más fuertes para que los procesos de ahorro y crédito puedan volver a ser viables en las vidas de los ciudadanos.
Lahoud hizo énfasis en que no se trata de mejorar la subasta del BCV, sino de entender que el control de cambio es el problema que impide la recuperación económica del país. El objetivo final para solventar la situación financiera del país debe ser facilitar la vida de los venezolanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En una nueva edición de Espacio Runrunes, Luis Ernesto Blanco conversó con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, sobre el balance de la libertad de expresión en Venezuela durante el año 2025 y el primer cuatrimestre de 2026. A pesar de una disminución en el volumen total de incidentes, el análisis revela un ecosistema de medios debilitado y un aumento en la agresividad de los patrones represivos.
Mayor violencia estatal
Durante el año 2025, la organización documentó123 casos y 238 denuncias relacionadas con violaciones a la libertad de expresión. No obstante, Correa advirtió que la lectura superficial de una “mejoría” es engañosa. “Hay una reducción en los casos totales, pero hay un aumento importante en detenciones”, explicó el activista, tras registrar 44 arrestos de personas por ejercer su derecho a expresarse.
La intimidación se posicionó como el tipo de agresión más frecuente con 79 casos (33,19 %). Esta tendencia refleja una política de Estado orientada a inhibir el flujo de información mediante el miedo. Le sigue de cerca la censura con 63 casos (26,47 %), lo que evidencia el cierre sistemático de espacios para el debate público. Otras modalidades como el hostigamiento judicial (14,71 %) y las restricciones administrativas (13,03 %) demuestran el uso de la institucionalidad y la ley como herramientas punitivas para silenciar la crítica y el escrutinio ciudadano.
Para el director de Espacio Público, estas detenciones representan el ejercicio de la “violencia estatal” coordinada entre el Ministerio Público y los órganos policiales. Además, subrayó que el músculo del periodismo independiente se ha achicado, lo que influye directamente en la baja de las cifras:
“Hay menos medios y menos periodistas en las calles”.
El patrón de persecución ha mutado. Según el informe, ya no se limita a profesionales de la comunicación, sino que alcanza a cualquier ciudadano con un teléfono inteligente. “Ya sabemos que se han documentado detenciones por publicaciones en estados de WhatsApp o contenidos en ámbitos digitales y el Estado utiliza leyes “vagas y precisas” como la Ley contra el Odio para castigar la disidencia política”.
Correa llamó la atención sobre el sinsentido que significa que en el país se castiga más la expresión de odio en redes que actos de violencia física como los delitos de género.
La opacidad como política de Estado
La falta de acceso a la información pública sigue siendo una de las mayores barreras. Correa recordó que desde el año 2014 o 2016 no es posible consultar memorias y cuentas de los ministros, lo que impide una contraloría social efectiva.
“El periodismo ayuda a la gestión pública, ayuda a prevenir la corrupción y a que haya alertas tempranas”, señaló, lamentando que el gobierno vea al periodista como un enemigo y no como un actor necesario para el debate democrático.
Correa recordó que ese es el papel del periodismo en toda sociedad democrática que persiste y es necesario que haya garantías para el trabajo. Reconoce que buenos trabajos periodísticos y malos trabajos periodísticos, pero es necesario que ese ecosistema esté allí y el que está en la gestión gubernamental, debe decidir cuál es de esa información que puede ayudarle a corregir el problema. “El silencio no nos ayuda”, sentenció.
Correa insistió en que el Estado debe avanzar de las simples “excarcelaciones” a la libertad plena: muchos periodistas y ciudadanos liberados tras el uso de la Ley de Amnistía siguen sometidos a regímenes de presentación y procesos judiciales abiertos, lo que funciona como un mecanismo de control y censura indirecta. Para el director de Espacio Público, es vital que se detenga el “daño” y el dolor que generan estos procesos judiciales, los cuales carecen de sustento técnico y se basan en expedientes frágiles.
El camino a la restitución
Adicionalmente, Espacio Público exigió desarmar la extorsión legal y eliminar normativas que Correa califica como “anticonstitucionales” y “vagas”. “La Ley contra el Odio es el principal blanco, porque además “no ha servido para promover la paz, sino para la venganza y la extorsión a nivel local”. Mencionó que otras normas, como la Ley de Responsabilidad Social (Resorte), han sido desviadas de sus fines educativos para aplicar multas millonarias por coberturas informativas, como ocurrió históricamente con la antigua Globovisión.
Por último, Correa calificó como “absurdo” el mantenimiento de bloqueos digitales en el contexto tecnológico actual. Recordó que existen 62 portales informativos bloqueados, además de sitios web de organizaciones de derechos humanos, sin que medie ningún procedimiento administrativo formal. Explicó que estos bloqueos son inútiles porque la gente busca la información por otras vías (redes sociales, mensajería), pero representan una barrera arbitraria que el Estado puede levantar con la misma facilidad con la que la impuso.
Correa concluyó que estas acciones dependen exclusivamente de la “voluntad política” y de una “baja de línea” clara desde las altas esferas del poder, instruyendo a los funcionarios a no hostigar a quienes ejercen su derecho a informar y opinar.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
