La ONG Provea exigió este viernes, 8 de mayo, una investigación contra el exfiscal general Tarek William Saab, el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el exdefensor del Pueblo Alfredo Ruiz y las autoridades de El Rodeo I por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
Quero Navas, de 51 años, fue detenido a principios de enero de 2025 por presuntos funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, “sin orden judicial”. Desde ese momento, las autoridades lo sometieron a una desaparición forzada.
Su madre, Carmen Teresa Navas, buscó a su hijo durante 16 meses en cárceles, tribunales y fiscalías. Durante este proceso, Navas denunció haber recibido “solo silencio o información falsa” y haber sido hostigada para que cesara su reclamo.
Según el comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Su cuerpo fue enterrado el 30 de julio de 2025 de forma clandestina y sin avisar a sus allegados. La lápida de Quero Navas ni siquiera corresponde con la fecha de fallecimiento que reportó el Ministerio, pues está escrito que murió el 27 de julio.
A pesar de que ya había muerto, el 24 de octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo aseguró falsamente que Quero se encontraba recluido en El Rodeo I. La cadena de irregularidades continúa hasta el año siguiente; el 18 de abril de 2026, la CIDH otorga medidas cautelares a favor de Quero Navas cuando este ya “llevaba nueve meses muerto”.
Finalmente, el 5 de mayo de 2026, un tribunal le niega la amnistía por desconocer su deceso, y no es sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando la familia logra confirmar que Víctor Hugo murió bajo responsabilidad del Estado, terminando con “casi 10 meses de silencio”.
Provea señaló que Víctor Hugo Quero Navas es el “preso político número 27 que muere bajo custodia del Estado venezolano desde 2014”, citando datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Ante esto, la organización exige al fiscal general, Larry Devoe, iniciar una investigación de oficio regida por el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016).
“Carmen Navas y su familia merecen verdad, justicia y reparación. La convivencia y la paz solo son posibles si se garantiza la justicia y la no repetición”, sentenció la ONG.
El 1/1/2025 presuntos funcionarios encapuchados DGCIM detuvieron a Víctor Hugo Quero Navas en Caracas, sin orden judicial.
Desde entonces estuvo desaparecido.
El 7/5/2026 su familia supo de él: había muerto en julio 2025 bajo custodia del Estado. Casi 10 meses de silencio.… pic.twitter.com/wZtMrCJpgq
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de 16 meses en desaparición forzada, y ante la insistencia de su madre Carmen Teresa Navas, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, había fallecido el 24 de julio de 2025 por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria.
Abogados y organizaciones de derechos humanos señalan una “cadena de complicidad” entre el sistema judicial penal y los cuerpos de seguridad que ratifican, una vez más, las denuncias hechas desde hace años sobre crímenes de lesa humanidad en el país.
“Esto es la consecuencia de detener a las personas arbitrariamente, desaparecerlas y negarles sus derechos, imponer una defensa pública para que nadie pueda saber qué pasa con la integridad física de estas personas, y en este caso la vida. Pareciera desde lejos que hay desastre, descoordinación, pero es una complicidad para atentar contra los derechos humanos de las personas, contra las libertades de los venezolanos”, afirma Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
En el caso de Víctor Hugo Quero Navas hay una serie de hechos comprobables: fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 1 de enero de 2025, fue señalado por delitos vinculados a hechos políticos y su madre no dejó de buscarlo o solicitar formalmente información en centros de reclusión, tribunales, Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Pero todo lo que rodea al proceso judicial y su reclusión dentro del Internado Judicial El Rodeo I es, por decir lo menos, opaco.
“Vemos que aquí hay responsabilidad del cuerpo de seguridad que cometió la aprehensión, el fiscal del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el defensor público, la responsabilidades del juez, el Ministerio de Servicio Penitenciario, el propio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…) Esto es la instrumentalización de todo el sistema de justicia para cometer, por acción o por omisión, violaciones de derechos humanos porque alguien pudo haber detenido esto”, puntualiza Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Para la investigación de muertes potencialmente ilícitas o sospecha de desaparición forzada, como en este caso, Naciones Unidas ha elaborado el Protocolo de Minnesota donde se señala el derecho de los familiares de las víctimas a un “acceso equitativo y efectivo a la justicia; una reparación adecuada, efectiva y rápida; el reconocimiento de su situación ante la ley; y el acceso a información sobre las violaciones y los mecanismos de rendición de cuentas pertinentes”.
“Cuando en el marco de una investigación se descubran pruebas de que la muerte fue causada ilícitamente, el Estado debe velar por que se enjuicie a los autores identificados y, en su caso, sean castigados mediante un proceso judicial. La impunidad que sea resultado, por ejemplo, de unos plazos de prescripción injustificadamente cortos o de una amnistía general (impunidad de jure), o incluso de la inacción de la Fiscalía o la injerencia política (impunidad de facto), es incompatible con esa obligación. Todo incumplimiento de la obligación de investigar es una vulneración del derecho a la vida”, establece el Protocolo.
Entonces, una investigación independiente debe aclarar –entre varios puntos– si la detención de Víctor Quero Navas fue arbitraria o contaba con orden de un tribunal. En un primer escenario, esto acarrearía penas para los funcionarios que practicaron su aprehensión. También deben ser investigados:
El fiscal 67 nacional, a quien se le asignó el caso y en cuyo despacho reposa el expediente MP-151328-2023.
El juez Carlos Liendo, a cargo del Tribunal Segundo de Control con competencia en casos de Terrorismo, quien llevó la etapa preliminar.
El defensor o defensora pública asignado, pues Quero Navas no tuvo posibilidad de juramentar abogado privado.
Funcionarios del servicio de medicina forense que hicieron la primera revisión sobre Quero Navas tras su detención.
Funcionarios del Cicpc que se abocaron al caso.
El personal médico del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo que atendió a Quero Navas una vez trasladado desde El Rodeo I.
Funcionarios del servicio de medicina forense que realizaron el acta de defunción en julio de 2025.
Los custodios y el director de El Rodeo I, Carlos Enrique Rincones Serven.
El ministro de servicio penitenciario, Julio García Zerpa.
La defensora Dionita Coronado, quien conoció del caso.
El exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz.
El exfiscal general Tarek William Saab.
Este caso también pone en evidencia un sistema carcelario fallido. En julio del año pasado, mes en que las autoridades ubican la muerte de Quero Navas, se realizaron al menos dos denuncias sobre brotes de dengue, tuberculosis y las condiciones “inhumanas” del Rodeo I. Ninguna de ellas fue atendida o investigada por las autoridades.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos recuerda que entre julio de 2024 y abril de 2026 han entregado 13 denuncias formales al Ministerio Público sobre la situación de las personas detenidas en El Rodeo I, entre ellas, la negativa de asistencia médica y una alimentación escasa, que entran en la categoría de tratos crueles e inhumanos según la legislación venezolana.
Andreina Baduel, activista del Comité, resalta además el impacto psicológico sobre los detenidos. Recuerda que el pasado 9 de abril, por medio de gritos, varios presos políticos del Rodeo I expresaron que “no queremos más muertes como le pasó a Víctor Quero Navas”.
Víctor Quero Navas: desaparecido
Según consta en el resumen de hechos que estableció el Tribunal Segundo de Control para negar la amnistía a Víctor Quero Navas –en una acción judicial posterior a su fallecimiento–, al comerciante se le detuvo por su “presunta colaboración con la CIA, la DEA, el Centro Nacional de Inteligencia español y con Iván Simonovis”, explica el abogado Moisés Gutiérrez, quien introdujo la solicitud.
“Por todos estos delitos de asociación, terrorismo, traición a la patria y financiamiento dice el tribunal que no encuadraban dentro de la amnistía”, expresó Gutiérrez.
El Tribunal Segundo con competencia en casos de terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo, hizo el pase a juicio por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo aunque no hay precisión sobre la fecha de la audiencia preliminar.
La Fiscalía 67 nacional llevaba el caso. El expediente estaba identificado bajo las siglas MP-151328-2023. En dos ocasiones durante el mes de abril, abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia se dirigieron al Palacio de Justicia para consultar, en dependencias sobre terrorismo y violencia, el estatus del caso. Les informaron que ese expediente no estaba registrado.
La abogada Stefanía Migliorini trató de juramentarse como defensa privada hace tres semanas. El Tribunal le negó la solicitud al argumentar que ya no tenía responsabilidad del expediente al decretar el pase a juicio. También le negaron la recepción en dos oportunidades de un habeas corpus, medida que permitiría al juez conocer la situación del detenido.
Ambos abogados puntualizan que, en todo caso, no existe una precisión sobre la fecha de la audiencia preliminar. “Es bastante contradictoria la situación, porque el defensor, el Ministerio Público, los tribunales, todos debieron tener información, sabían o les negaban la información si para ese momento estaba vivo o muerto. ¿Dónde estaba Víctor Hugo cuándo le hicieron la audiencia?”, dice Migliorini.
Moisés Gutiérrez destaca otra contradicción: si bien la solicitud de amnistía fue respondida por el Tribunal Segundo de Control, ese mismo 5 de mayo –cuando se entregó formalmente la decisión– la Defensoría del Pueblo les dijo que el caso de Víctor Quero estaba a cargo del Tribunal Tercero de Juicio.
“Esto ha sido un periplo bastante complejo para tratar de aterrizar su situación. Pero hubo presión mediática bajo este contexto de pronunciamientos públicos de su madre, hubo presión del Programa de Convivencia de Mujeres donde está la Defensora del Pueblo y la ministra Ana María Sanjuán… esto coadyuvó a que decidieran decir la verdad a casi diez meses”, dice Gutiérrez.
El peregrinar por respuestas
Al menos 12 veces visitó Carmen Teresa Navas el Internado Judicial El Rodeo I. Otras tantas los tribunales, el MP y la Defensoría. La abogada Martha Tineo resalta que “ella sola” visitó todos estos lugares durante los primeros nueve meses de 2025, aunque de estas diligencias “no quedaba registro, no le daban ningún tipo de soporte”.
Finalmente, el 24 de octubre pasado recibió una “acta de comparecencia” donde se expresa que Víctor Quero Navas, según datos proporcionados por el Ministerio Público, se encontraba detenido en ese recinto carcelario. “Que estos haya sido así solamente es posible porque la señora Carmen había ido al Ministerio Público, al Rodeo, a la Defensoría, ya había una investigación en curso después de requerir información”, dice la abogada.
También argumenta que, además de la evidencia de que Navas tenía meses buscando a su hijo a diferencia de lo que expresa el Ministerio de Servicio Penitenciario, otros organismos (MP, Defensoría) solo replicaron la información sobre el paradero del comerciante sin corroborar efectivamente que estaba ahí, pese a tener funciones legales para ello.
Asimismo, critica que la Defensora del Pueblo “no se haya tomado la molestia” de informarse sobre las actuaciones del organismo antes de recibir a Carmen Teresa en su despacho el pasado 3 de mayo. “Eso es una burla”.
El abogado Moisés Gutiérrez asevera que este caso “muestra una de las caras más terroríficas del Estado venezolano”, debido a todo el contexto antes de lograr una respuesta de un organismo oficial.
“Tuvo que salir la madre en medios de comunicación de forma reiterada, tuvimos que solicitar la amnistía, tuvimos que hacer denuncias, hubo que buscarlo en todos los centros de detención para que ellos por fin, y gracias a la presión social, reconocieran que habían cometido un crimen, y no solo que lo habían cometido, sino que además lo habían ocultado”, sostiene.
Los abogados coinciden en que la “apertura” tras las operaciones militares estadounidenses del 3 de enero, donde se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, permitieron una mayor denuncia de familiares de presos políticos y una pequeña rendija para que medios de comunicación y sociedad civil visibilizaran estos casos.
Sin embargo, aseguran, esto no necesariamente se traduce en una mejora en la situación de libertades civiles o la propia violación de derechos humanos por motivos de persecución política.
“Ellos tenían la firme intención de llevar a esa señora a la tumba con el desconocimiento de la muerte de su hijo (…) No podemos permitir que vendan la tesis de que tienen la intención de esclarecer los hechos, de llegar con la verdad, buscar un responsable. Pueden librar una orden de captura contra Tarek William Saab, que era fiscal en ese momento y seguro sabía que este señor estaba muerto, pero eso no representa que tengan la intención de hacer justicia”, sentencia Gutiérrez.
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La líder política de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció este viernes, 8 de mayo, por el fallecimiento en custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
A través de un video difundido en su cuenta en X, Machado denunció que “el régimen venezolano inflige horrores indecibles a millones de familias” y pidió que liberen a todos los presos políticos antes de mueran más.
The Venezuelan regime inflicts unspeakable horror on millions of families.
This is the tragic story of Carmen and Víctor Hugo Quero. They must get justice.
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 8, 2026
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 calificó de “trágica” la historia de Carmen y Víctor Quero, y señaló que debe hacerse justicia.
“La crueldad no tiene límites. A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron”, afirmó.
Machado detalló que durante 16 meses la señora Carmen estuvo visitando distintos centros penitenciarios buscando a su hijo y la respuesta fue la burla y el silencio, hasta que, casi un año después es que le informan que su hijo murió y yace en una tumba.
María Corina Machado señaló al régimen venezolano y a Delcy Rodríguez de ser los responsables del asesinato de Víctor Quero e hizo un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse por el caso.
“Le pido a los gobiernos democráticos, a los oficiales públicos, a las organizaciones internacionales y a cada persona con consciencia que exijan la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en Venezuela y la desmantelación de los centros de tortura del régimen antes de que una sola y más inocente venezolana muera bajo la cárcel”, finalizó.
Caso Víctor Quero
La señora Carmen Teresa Navas pasó más de un año buscando a su hijo. Lo buscó en tribunales, en centros de reclusión, preguntó por él y denunció públicamente su desaparición mientras se aferraba a la esperanza de encontrarlo con vida. Este 7 de mayo, el Estado venezolano rompió su prolongado silencio y confirmó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, murió bajo custodia estatal el 24 julio de 2025.
Casi 10 meses después de la muerte de Quero Navas bajo custodia, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que había sido detenido el 3 de enero de 2025 y estaba recluido en el Internado Judicial Rodeo I. En el comunicado, el organismo se excusó en que, durante su tiempo de reclusión, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.
Bajo un fuerte despliegue de seguridad, las autoridades venezolanas ejecutaron este viernes 8 de mayo la exhumación de los restos de Víctor Hugo Quero Navas en el Cementerio Jardín de la Puerta.
A las 5:20 p.m. de este viernes, 8 de mayo, se conoció que el proceso de exhumación había concluido. Un reporte de la periodista Maryorín Méndez en Instagram indicó que tras un proceso largo y extenuante se ejecutó la autopsia y que están a la espera de los resultados.
La periodista informó que Carmen Teresa Navas trasladó los restos de su hijo al Cementerio del Este y junto a dos sacerdotes dio cristiana sepultura a Víctor Quero.
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Desde hace más de 30 años, el Estado Venezolano se mantiene operando bajo una tradición de impunidad que ignora el debido proceso de investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gobiernos de distintas tendencias han ignorado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros organismos manteniendo un patrón que mantiene a la justicia en pausa.
La primera sentencia que emitió la Corte IDH sobre Venezuela fue el 18 de enero de 1995, desde entonces, el Estado ha sido condenado por violaciones de derechos humanos en más de 20 casos, de los cuales, en ninguno, se han cumplido las sentencias ni las reparaciones a cabalidad.
El récord de reparaciones en Venezuela no es alentador y Carlos Lusverti, abogado y director encargado del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), lo calificó como “potencialmente malo”.
El abogado precisó que del 98% de los casos condenados por la corte en ninguno, salvo dos excepciones, se ha cumplido el dictamen. Esto, según Lusverti, revela la persistencia de un “patrón histórico de incumplimiento”.
Tradición de impunidad
El abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels afirmó que históricamente el Estado venezolano “no tiene la costumbre de reparar” algún daño causado o generado por él.
Precisó que son contadas las situaciones y los juicios donde los tribunales han reconocido la obligación del Estado de pagar algún tipo de indemnización y siempre los pocos casos se han generado luego de años de litigio.
“Es una triste tradición jurídica del Estado venezolano de, por un lado querer asumir todas las competencias posibles, querer abarcar todos los ámbitos posibles, pero cuando se equivoca haciéndolo, no reconoce sus obligaciones respecto a los afectados, explicó Daniels.
Lusverti coincidió con Daniels en que “el gran problema histórico” en Venezuela en términos de sentencias o decisiones internacionales “es la impunidad”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Ucab señaló que en todos los casos analizados por la corte se distingue un patrón de impunidad que se caracteriza por la ausencia de una investigación oportuna, la determinación de responsabilidades, el reconocimiento de los hechos y las sanciones a los responsables.
Venezuela es uno de los países que presenta las cifras más altas de incumplimiento de sentencias emitidas, según cifras de la Corte IHD.
Un informe de la ONG Defiende Venezuela precisó que entre 1995-2019 se dictaron 20 fallos relacionados con la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos. De ellos, 12 se encuentran pendientes de cumplimiento, siete han sido parcialmente cumplidos y uno se encuentra dentro del período de un año que se le concede al Estado para cumplir las recomendaciones.
Reparaciones incumplidas
Venezuela acumula un historial de reparaciones que se han quedado congeladas en el tiempo y sin ninguna variación, salvo por los recordatorios que realizan algunas ONG defensoras de derechos humanos cuando se cumple un aniversario del hecho.
Un ejemplo de reparación incumplida por parte del Estado fue la Masacre de El Amparo en 1988 en el estado Apure, fronterizo con Colombia, en donde 14 hombres fueron asesinados por funcionarios policiales quienes hicieron creer que las víctimas eran supuestos guerrilleros. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el hecho fue una ejecución extrajudicial.
Un año después, entre febrero y marzo de 1989, hubo un alzamiento civil denominado como El Caracazo como medida de protesta por las reformas económicas anunciadas por Carlos Andrés Pérez que incluían el aumento en el costo de la gasolina y el transporte público. El balance, según cifras extraoficiales, dan cuenta que fallecieron entre 2000 a 3000 personas.
Tanto a las víctimas de la Masacre de El Amparo como a las del Caracazo se les indemnizó
En el 2001, un caso estremeció a la sociedad venezolana. Linda Loaiza, una joven estudiante de 18 años fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente durante casi cuatro meses. Este hecho sigue impune. En 2018, la Corte IDH tomó cartas en el asunto en vista de la inacción del Estado venezolano y ordenó que se investigara el hecho, se sancionara al responsable y se generaran garantías de no repetición, pero ninguna se ha cumplido de manera integral.
El 18 de noviembre de 2004, el asesinato del fiscal Danilo Anderson con un artefacto explosivo puesto en su vehículo, conmocionó al país. Por el caso, los hermanos Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara fueron detenidos en el 2006 y condenados a 30 años de prisión, sin pruebas sólidas que los incriminen, según pruebas recabadas por su defensa.
Un fallo de la CIDH sobre el caso determinó que el caso de los hermanos Guevara constituye una de las condenas más contundentes cometidas durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, y reafirmó la “existencia de crímenes de Estado” en el país.
Para el abogado Carlos Lusverti, en estos cuatro casos se evidencia un elemento en común: la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, la cual impide que se desarrolle un proceso adecuado y apegado a estándares internacionales.
El abogado apuntó que en el caso del Caracazo hace falta una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables y la adecuación de los planes operativos de control del orden público. Sobre lo ocurrido en El Amparo, además de la investigación y sanción de los responsables, también se debe reformar del Código de Justicia Militar en términos de lo que fueron las afectaciones al debido proceso durante la investigación de los hechos.
Problema de fondo
Lusverti señaló que la tradición de impunidad viene dada por un problema de fondo que viene desde la base y es que en Venezuela no se realizan procesos de investigación “serios, imparciales e independientes”.
“En la medida en que ocurre una grave violación de derechos humanos y hasta que la misma no es sancionada, ese efecto de demostración da un mal ejemplo a otros funcionarios y los enavalentona a cometer más delitos”, aseguró el abogado.
A juicio de Lusverti, si los sucesos del Caracazo hubiesen sido investigados y sancionados apropiadamente, “probablemente no hubiesen víctimas que lamentar por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones de 2014, 2017 y 2024”.
Todo cambió a partir del 98
El sociólogo y defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui, aseguró que a partir de 1998 la impunidad para los funcionarios del Estado fue “total” y comenzó a manejarse en aras de la lealtad política.
Uzcategui recordó que con la llegada del chavismo al poder se eliminaron todos los contrapesos nacionales e internacionales que obligaban al Estado a asumir su responsabilidad en materia de reparación. Aseguró que desde entonces, persiste la falta de voluntad política y la ausencia de un sistema de justicia independiente que trabaje en función de las víctimas.
Uzcátegui explicó que si bien antes de 1998 las sentencias de la Corte IDH se cumplían de manera parcial, con la llegada de Hugo Chávez al poder hubo un cambio radical en la relación del Estado con el Sistema Interamericano. Después de varios años de críicas, señalamientos y desacatos, en el 2012 Chávez denunció al organismo y decidió retirar a Venezuela —de manera inconstitucional— de la jurisdicción de la Corte IDH.
En 2013, Venezuela, por orden de Nicolás Maduro, también se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, aunque formalmente sigue siendo miembro, opera fuera de los mecanismos de protección interamericanos.
Según Carlos Lusverti, la situación de Venezuela respecto a la Corte IDH es “compleja” debido al retiro formal del país del organismo. Sin embargo, como medida provisional, la Corte IDH sigue emitiendo medidas de protección para los venezolanos a pesar del desconocimiento del Estado.
Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, aseguró que Venezuela está “muy lejos” de los estándares internacionales de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Expresó que el país arrastra una historia muy lamentable de impunidad que marca el presente. De cara a una futura transición queda la incógnita abierta de cómo materializar la justicia y reparación para miles de víctimas de más de una década de conflictividad política y violaciones a los derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El senador republicano estadounidense Rick Scott dijo este viernes 8 de mayo que Washington debe restituir “de inmediato” las sanciones contra la presidenta encargada bajo la tutela de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez, debido a la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
Scott escribió en su cuenta de X, que Quero Navas fue “secuestrado, torturado, aislado y asesinado” por agentes vinculados al gobierno, a cargo de la exvicepresidenta del actualmente encarcelado en Nueva York, Nicolás Maduro.
Scott expuso que Carmen, madre del fallecido, lo buscó durante 16 meses en distintos centros de detención, mientras el régimen venezolano ocultaba que su hijo había sido asesinado y enterrado meses antes.
“Fue secuestrado, torturado, aislado y asesinado por los malvados esbirros de Maduro”, dijo el exgobernador de Florida.
“La brutalidad de la dictadura de Maduro, ahora dirigida por Delcy Rodríguez, no tiene límites. Rodríguez debe dar respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela y al mundo”, indicó Scott.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) igualmente condenó la muerte de Quero.
La coalición dijo que el Estado venezolano le negó la amnistía a Quero Navas por supuestamente no calificar como beneficiario, cuando el preso ya estaba muerto.
La PUD recordó que el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que el Estado debe velar por la seguridad de todos los privados de libertad.
“Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia”, escribió en su cuenta de X, la ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Por su parte, el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia señaló que el caso de Quero revela un patrón de desaparición forzada, seguida de ejecución administrativa del olvido.
“No hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos”, escribió el diplomático en X.
Los venezolanos hemos sufrido muchas situaciones terribles en los últimos años. Sin embargo, el caso de Victor Hugo Quero Navas y su madre, Carmen Navas, ha generado una oleada de indignación colectiva como pocas en tiempos recientes.
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La ONG Cedice Libertad reportó que la inflación de abril de 2026 fue de 18,04% en bolívares y 13,61% en dólares, impulsada principalmente por el aumento de los precios de alimentos, servicios, transporte y artículos de cuidado personal.
De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público (OGP) de la organización, la Cesta Cedice —compuesta por 61 bienes y servicios para una familia de tres personas— alcanzó un costo de 783.419,66 bolívares, equivalentes a 1.616,14 dólares. Este nivel de gasto evidencia la presión que enfrentan las familias para cubrir necesidades esenciales como alimentación, higiene, transporte y servicios básicos.
Valencia entre las ciudades más costosas
Cedice estimó que una familia requiere más de una docena de salarios integrales mensuales para poder cubrir el valor de la cesta básica, lo que refleja una brecha significativa entre ingresos y costo de vida. El salario integral incluye el sueldo base y las bonificaciones otorgadas por el Ejecutivo.
En el análisis por ciudades, Valencia se ubicó como la más costosa del país, seguida por Maracaibo y Caracas, todas por encima de los 1500 dólares mensuales, lo que evidencia diferencias regionales en el nivel de vida.
Cuidado personal y alimentos lideran los aumentos
Los mayores incrementos de precios se registraron en los productos de perfumería y cuidado personal, cuyos costos subieron 27,28% en bolívares y 22,47% en dólares.
También destacaron los aumentos en alimentos, con alzas de 20,83% en bolívares y 16,3% en dólares; y en transporte, con incrementos de 17,42% en bolívares y 13% en dólares.
Asimismo, los servicios aumentaron 16,74% en bolívares y 12,37% en dólares, mientras que recreación y esparcimiento registró variaciones de 16,7% y 12,31%, respectivamente. El sector restaurantes presentó el menor incremento entre los rubros analizados: 11,13% en bolívares y 7% en dólares.
La inflación anual superó el 1.300% en bolívares
En cuanto a la inflación anualizada —correspondiente al período entre abril de 2025 y abril de 2026—, Cedice informó que los precios acumularon un aumento de 1.362,69% en bolívares y de 176,41% en dólares, lo que evidencia la persistencia de un entorno de alta inflación.
Pese al reciente ajuste del ingreso mínimo integral anunciado por el Ejecutivo el 30 de abril, equivalente a 240 dólares más 50 dólares en bonificaciones, el monto continúa siendo insuficiente para cubrir el costo mensual de la cesta básica de una familia de tres personas.
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Bajo un fuerte despliegue de seguridad, las autoridades venezolanas ejecutaron este viernes 8 de mayo la exhumación de los restos de Víctor Hugo Quero Navas en el Cementerio Jardín de la Puerta. El procedimiento se dio a puerta cerrada apenas un día después de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario admitiera que Quero Navas, de 51 años, falleció el 24 de julio de 2025 bajo custodia estatal, un hecho que mantuvo oculto a pesar de las constantes peticiones de información de su madre Carmen Teresa Navas.
Desde tempranas horas, el cementerio fue cerrado al público. Una trabajadora de un comercio de flores a las afueras del camposanto declaró a Runrun.es que, aproximadamente a las 8:00 de la mañana, comenzó el arribo de al menos una docena de patrullas policiales. Según el testimonio, aunque el cementerio suele estar abierto al público hasta las 5:00 de la tarde, las autoridades ordenaron el cierre de las instalaciones, una medida que aplican usualmente cuando son casos muy mediáticos.
A las 5:20 p.m. se conoció que el proceso de exhumación había concluido. Un reporte de la periodista Maryorín Méndez en Instagram indicó que tras un proceso largo y extenuante se ejecutó la autopsia y que esperan los resultados.
La periodista informó que Carmen Teresa Navas retiraría los restos de su hijo para darle cristiana sepultura en otro cementerio.
Según Méndez, Carmen dejó su gorrita gris como símbolo de ella y también sus medias blancas.
Entrada del Cementerio Jardín de la Puerta – Foto: Daniela Gastón/Runrun.es
Exigencia de justicia y acompañamiento legal
Desde las afueras del cementerio, Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Caracas del Foro Penal, confirmó la realización del procedimiento y destacó la importancia del acompañamiento legal para garantizar la transparencia del acto. “El abogado va a velar porque se cumplan todos los procedimientos para poder exhumar el cadáver”, señaló Migliorini en declaraciones ofrecidas a Runrun.es, subrayando que el objetivo final es que “se consigan quiénes son las personas responsables de lo ocurrido”.
La abogada recordó que la señora Carmen Teresa Navas es víctima directa en este proceso de opacidad institucional. “Y ella lo que clama es justicia, porque ella lo que quería era tener a su hijo en sus brazos, en su cuidado, para que él pudiera salir adelante con su estado de salud”, afirmó.
#8May Stefania Migliorini, coordinadora jurídica de Caracas del Foro Penal, dijo desde el cementerio Jardín La Puerta que la madre de Víctor Quero está presente y acompañada por un abogado que velará por los procedimientos a cumplir en la exhumación pic.twitter.com/ur2VRy5Xtn
Tras la exhumación de los restos de Víctor Quero, cuyo cuerpo ya fue reconocido por su madre, según informó el reportero gráfico Rafael Hernández, los resultados de las evaluaciones forenses marcarán el inicio de una investigación formal por parte de la Fiscalía para determinar las causas reales de la muerte y las omisiones administrativas que mantuvieron a Quero Navas en situación de desaparición forzada durante más de un año.
Mientras se desarrollaba la exhumación, un grupo de estudiantes y defensores de derechos humanos se concentró en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los manifestantes denunciaron la “negligencia criminal” del Estado y repudiaron el hecho de que la familia tuviera que esperar casi un año para conocer la muerte del joven.
Foto: Andrea González/Runrun.es
Ronaikel Aristigueta, dirigente estudiantil, calificó el hecho como una muestra de la vigencia de patrones represivos en el país. “Venezuela hoy se sigue derramando la sangre del pueblo venezolano y es aún más lamentable saber que este hecho ocurre cuando Víctor Hugo se encontraba bajo una desaparición forzosa y un Estado que no daba respuesta a sus familias”, denunció.
El estudiante cuestionó la narrativa oficial de cambio político en el país: “Hoy intentan plantearnos que es que el país ha dado un vuelco… la verdad es que hoy las prácticas en Venezuela siguen siendo las mismas”.
#08May Desde la UCV estudiantes, expresos políticos y familiares exigieron justicia por el caso de Víctor Hugo Quero: "Hoy intentan vender una imagen de que han cambiado las cosas en Venezuela, pero las prácticas siguen siendo las mismas", dijo el estudiante Ronaikel Aristigueta pic.twitter.com/o5ZbpgXqhy
Por su parte, Jessica Castro, familiar de un preso político, denunció que el caso de Víctor Quero es apenas la punta del iceberg de una crisis sistemática. “No vamos a descansar hasta que cada torturador y el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, pague por cada uno de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido”, sentenció.
La vocera advirtió que la tragedia de Carmen Navas se repite en cientos de hogares venezolanos. “Todavía nos quedan mucho más de 500 [presos políticos] y muchísimos más que están desaparecidos. Así como hicieron con la señora Carmen el día de ayer, tienen muchísimos más; todavía tenemos desapariciones forzadas”, afirmó Castro, exigiendo que los responsables paguen “por lo que hicieron a cada uno de nuestros presos políticos”.
"Todavía quedan más de 500 presos políticos, muchos desaparecidos (…) no vamos a descansar hasta que cada torturador y el ministro de Servicio Penitenciario paguen por los crímenes de lesa humanidad que han cometido", indicó Jessica Castro, familiar de un preso político pic.twitter.com/r53ubi5EuH
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Bajo el nombre “El bienestar es el mejor regalo para mamá”, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) lanzará una campaña especial de prevención por el mes de las madres. La clínica ofrecerá tarifas accesibles en laboratorios, consultas y estudios de imagenología, con el fin de facilitar el diagnóstico temprano en mujeres en distintas etapas de su vida. La campaña estará vigente hasta el 31 de mayo.
En el marco de esta iniciativa, GMSP ha diseñado una oferta integral de exámenes en celebración del Día de las Madres. Los estudios incluidos en la campaña son: Perfil 20 completo, en 30 dólares; Perfil tiroideo más vitamina D, en 35 dólares; Perfil lipídico, en 15 dólares, evaluación que mide los niveles de colesterol en sangre; consulta de medicina interna, en 20 dólares; y dos proyecciones de rayos X de tórax, en 15 dólares. Los resultados de los estudios serán enviados a las pacientes vía WhatsApp o por correo electrónico.
Estos estudios permiten una evaluación más completa del estado de salud general, al abarcar parámetros que van desde la glicemia y la función renal hasta niveles de calcio, fósforo y magnesio. Además, incluyen la revisión de la función glandular, encargada de regular el metabolismo y la energía del organismo.
Prevención y diagnóstico temprano para la salud integral de la mujer
Con el objetivo de ampliar el acceso a la salud preventiva, la clínica también ofrece un combo de protección mamaria y ósea por 50 dólares, que integra los estudios más relevantes para la salud de la mujer en una sola jornada: mamografía con o sin implantes, ecografía mamaria y densitometría ósea. Con esta iniciativa, GMSP busca reducir las barreras de acceso a la medicina privada mediante la combinación de alta tecnología y atención de calidad.
Asimismo, la campaña busca promover la importancia de la prevención en la salud femenina. Las mujeres experimentan cambios hormonales constantes a lo largo de su vida; por ello, un chequeo preventivo puede ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis y a evaluar la resistencia ósea. De acuerdo con especialistas de la clínica, la evaluación de la salud ósea es indispensable a partir de los 40 años en mujeres.
Voceros de la clínica señalaron que saber que “todo está bien” o detectar cualquier patología de forma precoz permite tratamientos o intervenciones médicas menos invasivas y más exitosas, lo que transforma el regalo de este mes en una inversión de vida para todo el núcleo familiar y convierte el miedo en acción.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.