El gendarme argentino Nahuel Gallo relató detalladamente las torturas que sufrió tras ser detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Lo que comenzó como un viaje familiar para reencontrarse con su esposa y su hijo en Caracas, se transformó en una detención de más de un año dentro de la cárcel de El Rodeo I, calificado como un “centro de torturas”.
En una entrevista que concedió a Carolina Amoroso para Todo Noticias, Gallo contó llegó a la frontera a las siete de la mañana y se dirigió a las oficinas Migración. Allí, funcionarios vestidos de civil, sin identificación ni placas, lo apartaron para una supuesta entrevista. Aunque el gendarme presentó su carta de invitación, pasaporte y boletos de regreso, el foco de los agentes se centró exclusivamente en su celular.
El detonante de la violencia fue la búsqueda de palabras clave en su WhatsApp. Los agentes buscaron “Chávez” y luego “Maduro”. Al encontrar conversaciones privadas con su esposa donde criticaban a Nicolás Maduro, la actitud de los captores cambió. A pesar de que Gallo intentó inicialmente ocultar su profesión diciendo que trabajaba en la aduana, el descubrimiento de una fotografía uniformado agravó su situación. “Ahí ya me trataban diferente, me esposaban los pies y las manos; se enojaron porque decían que les había mentido”, explicó.
Torturas y traslados bajo presión
Durante su detención inicial y el posterior traslado hacia Caracas, Gallo denunció haber sido víctima de agresiones físicas constantes. Recibió golpes en el abdomen, la cabeza y “cachetadas” mientras le cubrían el rostro. “Me sacan para afuera y me dicen: ‘Bueno, te vas a Disney’. Cuando me trasladan, veo que empiezan a ponerse todo chaleco, toda la cara tapada, arma, escopeta, me esposaron”, relató
En un traslado de 40 minutos que describió como eterno, la presión aumentó cuando los agentes descubrieron que tenía contactos de fiscalías y juzgados argentinos en su agenda.
“Me ponen la escopeta acá en la cabeza y me dicen: ‘Di la verdad o la vas a pasar mal’. Me pusieron la picana en la oreja preguntándome por qué tenía números de tribunales”, relató. El gendarme explicó que esos contactos eran propios de su labor judicial en Buenos Aires y en la frontera, pero sus captores utilizaron la situación para intensificar los interrogatorios.
Gallo pasó por el centro de detención de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y finalmente por la cárcel de El Rodeo I. Describió condiciones de hacinamiento, falta de higiene y tortura psicológica. En El Rodeo I, mencionó la existencia de “la cámara del tiempo”, un cuarto pequeño y vacío donde los detenidos son ingresados desnudos y rociados con gas pimienta.
También detalló el uso de celdas de castigo en el cuarto piso, donde los prisioneros permanecen esposados 24 horas al día, a veces atados a las puertas, bajo vigilancia de cámaras y en total aislamiento. Durante su estancia, Gallo sufrió ataques de ansiedad y pensamientos suicidas ante la incertidumbre de su destino y la falta de contacto con su familia.
Preso político de Diosdado Cabello
El gendarme afirmó que su caso fue utilizado políticamente por figuras de la cúpula oficialista. “Yo era un preso político de Diosdado Cabello”, dijo. Aseguró que el funcionario lo mencionó en varias ocasiones en su programa de televisión, Con el mazo dando, acusándolo de espionaje y confirmando públicamente su lugar de reclusión en El Rodeo I.
Gallo atribuyó su situación a la tensión diplomática entre el gobierno argentino y el venezolano. Según su relato, mientras otros ciudadanos extranjeros recibían visitas de sus embajadas, él se sentía desprotegido debido a la ruptura de relaciones. “Argentina, como las relaciones diplomáticas están todo mal, no creo que salga hasta que el gobierno que está de turno no se vaya”, llegó a pensar durante su encierro.
Liberación y petición sobre Venezuela
La liberación de Gallo se produjo de manera inesperada. Fue obligado a vestir una franela roja —color asociado al oficialismo— para ser entregado a una delegación argentina que incluía a miembros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a quienes reconoció por sus insignias; y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).
Tras reencontrarse con su hijo Víctor y su esposa, el gendarme hizo un llamado a la comunidad internacional. Sostuvo que el mundo “se ha olvidado de Venezuela” y que, a pesar de que se hable de transiciones, el “régimen” persiste en sus prácticas. “Siguen torturando, siguen haciendo lo que hacen; pido que no se olviden de los presos políticos”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, después de que su madre, Carmen Teresa Navas lo buscó incansablemente durante 16 meses puso al descubierto una serie de fallas institucionales y de ética profesional y moral.
Lo que comenzó como una detención por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) terminó en una “desaparición burocrática”: el Estado, teniéndolo bajo su custodia, ocultó su muerte mientras su madre, de 81 años, recorría cárceles, morgues y organismos públicos suplicando una respuesta.
Después de que a Carmen Teresa Navas le dieron la noticia de la muerte de su hijo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios publicó un comunicado en el que se lee como fecha del fallecimiento de Quero como el 24 de julio de 2025 a las 11:25 de la noche. La causa: insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar.
Según el comunicado, desde el 15 de julio de ese año estaba hospitalizado en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, por una hemorragia digestiva superior y un síndrome febril agudo y el 30 de julio de ese mismo año, fue inhumado sin la presencia de ningún familiar.
El Estado argumentó que Quero no aportó datos filiatorios ni recibió visitas durante su reclusión en la cárcel El Rodeo I, ubicada en Guatire, estado Miranda, lo que habría dificultado su identificación en los registros penitenciarios.
Para la Federación Médica Venezolana (FMV), dirigida por el Dr. Douglas León Natera, el caso no solo representa una tragedia humanitaria, sino una grave vulneración de los protocolos médicos y legales.
Según un análisis jurídico realizado por el Tribunal Disciplinario de la FVM, el silencio institucional de 16 meses y la falta de registro accesible constituyen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y pueden calificarse como tratos crueles, dada la angustia prolongada causada a los familiares.
La FMV advierte que los profesionales de la salud involucrados en la atención de Quero y en la firma de su acta de defunción podrían enfrentar responsabilidades específicas.
“La firma de un certificado con causas de muerte que no correspondan a la realidad, o que omitan signos de maltrato previo, configura una forma de complicidad en la ocultación de violaciones de derechos humanos, así como emitir informes falsos para encubrir la naturaleza de un deceso bajo custodia es un delito sancionado por la Ley Especial contra la Tortura (artículo 26)”, señaló a El Pitazo el doctor José Manuel León, vicepresidente del Tribunal Disciplinario de la FVM, este 8 de mayo.
En este sentido, la Federación recuerda que el personal de salud tiene el deber de denunciar ante la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público cualquier indicio de tortura o trato cruel detectado en un paciente bajo custodia.
Ante lo que califican como una “ejecución silenciosa“, la directiva de la FMV insta a los Colegios de Médicos regionales y a sus tribunales disciplinarios a actuar de oficio.
El informe jurídico subraya que es imperativo investigar la conducta de los agremiados en el manejo del paciente para determinar si hubo falsedad en los informes médicos. De hallarse indicios de responsabilidad penal, el gremio tiene la obligación legal de remitir el caso a la Fiscalía para asegurar la depuración de la profesión y el respeto al Código de Deontología Médica.
La FMV reafirma que los organismos gremiales no pueden permanecer indiferentes cuando la medicina es utilizada como instrumento para el ocultamiento de presuntos crímenes de Estado.
“La actuación de los médicos que omitieron la notificación y certificaron causas de muerte posiblemente inexactas los sitúa en una posición de presunta complicidad. Ante esto, los organismos gremiales (Colegio de Médicos y FMV) tienen la obligación imperativa de activar sus mecanismos disciplinarios de oficio”, destaca el informe.
La institución exige transparencia total en los registros de afiliación de los médicos señalados y advierte que la inacción gremial representaría una falta grave a su deber de proteger la dignidad de la práctica médica y los intereses de la sociedad venezolana.
No hubo fallas: hubo ocultamiento
Para el abogado Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el caso de Víctor Quero revela una “sociedad gubernamental de cómplices” que abarca desde la Dgcim, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo hasta la dirección de El Rodeo I y el personal del Hospital Militar.
“Es imposible que el Estado no supiera su paradero. La identificación que colocaron en su tumba los delata. Esa es la prueba de que él sí dio sus datos y estaba plenamente identificado”, afirma Prado, quien recuerda que ningún preso político acusado de terrorismo o traición a la patria permanece como un desconocido en el sistema.
Prado, quien fue director de la cárcel de Yare, destacó que los procedimientos penitenciarios son rigurosos, pero en este caso fueron manejados de forma opaca para impedir que la familia conociera la verdad.
Con conocimiento de causa, detalló que, en casos de traslado a un hospital por emergencia médica, el sistema penitenciario debe:
– Registrar el traslado del privado de libertad en los libros internos.
– Emitir un acta al regresar la comisión que custodió al detenido.
– Ubicar el expediente del detenido para notificar a los familiares.
– Remitir un informe al tribunal que lleva la causa.
– En caso de fallecimiento, el custodio debe regresar con el acta de defunción.
“Estos pasos se cumplen siempre. Lo que sucedió aquí no fue una omisión: fue una decisión de no informar”, afirmó.
Violación de todos los protocolos
El exfiscal Zair Mundaray también se refirió al caso y señaló que el Ministerio Público debe investigar si Víctor Quero fue ingresado efectivamente al Hospital Militar revisando historias médicas, libros de emergencias, libros de enfermería y libros de farmacia.
“Una historia médica se puede manipular, pero un libro de enfermería es muy difícil porque allí hay control de cada medicamento suministrado”, explicó este 8 de mayo.
Mundaray sostiene que este caso rompe con todos los estándares legales. En tal sentido explicó que en Venezuela solo se inhuma sin avisar a la familia en dos casos: si el fallecido es un “NN” (no identificado) o si, estando identificado, no se logra ubicar a ningún pariente. Ninguno aplica a Quero.
“Quero no era un NN. Fue llevado a tribunales, tuvo audiencia preliminar y tenía un registro oficial (PD1) en el Cicpc con huellas, fotos y los nombres de sus padres. Incluso el defensor público y el alguacilazgo tenían sus datos y eso debió incluir los datos de contacto”, señaló.
Para el exfiscal, la desconexión institucional no fue un error, sino una estrategia: “Esa desconexión tiene un propósito: ocultar lo que ocurrió”.
También puso en duda la versión oficial sobre la fecha de muerte: “No hay ningún elemento cierto que permita establecer que el 24 de julio sea la fecha real de defunción. El certificado lo firma un médico general, lo que indica que no hicieron la autopsia legal obligatoria por tratarse de una persona bajo custodia del Estado”.
Un caso sin voluntad de justicia
Mundaray y Prado coinciden en que este caso requiere una investigación profunda, aunque dudan de que exista voluntad institucional para llevarla a cabo.
El silencio del personal médico y penitenciario, mientras Carmen Teresa buscaba públicamente a su hijo, constituye una falta grave al Código de Ética Médica y evidencia una deshumanización sistemática, afirman ambos abogados.
Prado cuestionó además que la Defensora Pública solicite al Ministerio Público investigar el caso cuando su despacho está en capacidad de hacerlo. “O será que la titular no conoce sus funciones”, dijo.
Para ambos juristas, el caso de Víctor Quero no es una falla administrativa aislada, sino el reflejo de un sistema donde los protocolos de seguridad y justicia se utilizaron para dejar a una madre buscando a un hijo que el Estado ya sabía muerto.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció este sábado 9 de mayo un balance sobre los primeros 100 días del Programa de Convivencia Democrática y Paz.
Durante su intervención, la funcionaria destacó los hallazgos sociales obtenidos a través de la iniciativa y realizó solicitudes formales al Poder Judicial en materia de derechos civiles y reformas internas.
Rodríguez también reconoció fallas estructurales en el sistema de justicia penal. Denunció que existen jueces que han intentado lucrarse con la aplicación de los beneficios procesales.
“Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía. Eso debe cesar. Y por eso, cuando me tocó ir al TSJ, pedí un reformateo de la justicia”, señaló.
Balance de la Ley de Amnistía
Rodríguez se refirió al impacto de la Ley de Amnistía asegurando que la misma ha beneficiado a más de 9.000 personas hasta la fecha. Defendió la aplicación de la norma, a pesar de las constantes críticas sobre las exclusiones y la discrecionalidad con la cual es aplicada.
“No midamos por el descontento de un pequeño grupo con gran poder mediático, porque estamos desconociendo aquel que salió en libertad. A eso es lo que yo digo que hay que arriesgarse (…) La Ley de Amnistía fue lo correcto para el reencuentro, para la tolerancia. Que habrá quienes todavía no entienden el mensaje que está dando Venezuela, nos toca a nosotros seguir perseverando y no rendirnos”, dijo.
Finalmente, aclaró que la Ley de Amnistía mantiene excepciones para ciertos delitos y solicitó un abordaje especial para atender las desviaciones dentro del sistema judicial, tanto en casos de violencia política como en delitos comunes.
Derecho a la diversidad
Rodríguez afirmó que la ejecución del programa ha modificado su percepción sobre la realidad nacional, permitiéndole identificar “nudos críticos” en la estructura social y política.
“Frente a la sexodiversidad, quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental, que demos ese aporte al país. Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso. Y eso lo aplico no solamente con la sexodiversidad, sino para la diversidad política”, señaló.
Rodríguez instó a la ciudadanía y a los actores políticos a superar la falta de reconocimiento mutuo, calificando la apertura como un paso necesario para la evolución social. “No tengamos miedo a la apertura, siempre hay miedo al riesgo, pero es peor quedarse apoltronado. Hay que dar los pasos”, enfatizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Activistas venezolanos se manifestaron este sábado, 9 de mayo, ante la Embajada de Venezuela en Argentina. Desde Buenos Aires, el grupo exige la reapertura inmediata de la sede diplomática, clausurada hace 21 meses por el gobierno del exgobernante Nicolás Maduro, y reclama el acceso al Registro Electoral para los ciudadanos en el exterior.
La sede suspendió sus operaciones en agosto de 2024. En aquel momento, Maduro expulsó al cuerpo diplomático de Argentina y otros seis países de la región tras los cuestionamientos internacionales a los resultados electorales del 28 de julio de ese año.
Liset Luque, presidenta de la ONG Alianza por Venezuela, destacó durante la protesta que la inactividad de la sede vulnera a más de 200.000 residentes en territorio argentino. La falta de atención impide gestiones críticas como la renovación de pasaportes, antecedentes penales y actos notariales.
“La ausencia consular no es un detalle administrativo: es la negación de derechos esenciales. El derecho a la identidad, a la documentación y a la participación política no pueden depender del cierre de oficinas”, afirmó Luque.
La representante de la ONG subrayó que estas carencias bloquean el acceso a la salud, el empleo formal y la educación.
“Esto no son trámites opcionales: son derechos que permiten estudiar, trabajar, viajar, acceder a salud, alquilar una vivienda o simplemente demostrar quiénes somos. La falta de documentación vigente deja a familias enteras atrapadas en limbos administrativos y obliga a muchos a viajar a terceros países con costos imposibles”, señaló.
Iván León, vocero de la Plataforma Unitaria en Argentina, denunció la parálisis del derecho al sufragio debido a la falta de oficinas operativas y a la imposición de trabas burocráticas.
“La ley dice que el registro electoral debe ser público y continuo, pero millones seguimos sin poder inscribirnos o actualizar datos. Se imponen requisitos arbitrarios, como la residencia permanente, que excluyen a la mayoría”, sostuvo León.
Finalmente, Maxroberth Graterol, coordinador de Juventud de Alianza por Venezuela, detalló las peticiones concretas de la movilización: “Pedimos mecanismos extraordinarios para emitir y renovar documentos; procedimientos remotos y digitales para trámites y actualización electoral; la reapertura de servicios consulares; la eliminación de requisitos discriminatorios; y la garantía plena del voto en el exterior, sin importar la condición migratoria.”
*Nota de prensa
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Provea exigió este viernes, 8 de mayo, una investigación contra el exfiscal general Tarek William Saab, el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el exdefensor del Pueblo Alfredo Ruiz y las autoridades de El Rodeo I por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
Quero Navas, de 51 años, fue detenido a principios de enero de 2025 por presuntos funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, “sin orden judicial”. Desde ese momento, las autoridades lo sometieron a una desaparición forzada.
Su madre, Carmen Teresa Navas, buscó a su hijo durante 16 meses en cárceles, tribunales y fiscalías. Durante este proceso, Navas denunció haber recibido “solo silencio o información falsa” y haber sido hostigada para que cesara su reclamo.
Según el comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Su cuerpo fue enterrado el 30 de julio de 2025 de forma clandestina y sin avisar a sus allegados. La lápida de Quero Navas ni siquiera corresponde con la fecha de fallecimiento que reportó el Ministerio, pues está escrito que murió el 27 de julio.
A pesar de que ya había muerto, el 24 de octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo aseguró falsamente que Quero se encontraba recluido en El Rodeo I. La cadena de irregularidades continúa hasta el año siguiente; el 18 de abril de 2026, la CIDH otorga medidas cautelares a favor de Quero Navas cuando este ya “llevaba nueve meses muerto”.
Finalmente, el 5 de mayo de 2026, un tribunal le niega la amnistía por desconocer su deceso, y no es sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando la familia logra confirmar que Víctor Hugo murió bajo responsabilidad del Estado, terminando con “casi 10 meses de silencio”.
Provea señaló que Víctor Hugo Quero Navas es el “preso político número 27 que muere bajo custodia del Estado venezolano desde 2014”, citando datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Ante esto, la organización exige al fiscal general, Larry Devoe, iniciar una investigación de oficio regida por el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016).
“Carmen Navas y su familia merecen verdad, justicia y reparación. La convivencia y la paz solo son posibles si se garantiza la justicia y la no repetición”, sentenció la ONG.
El 1/1/2025 presuntos funcionarios encapuchados DGCIM detuvieron a Víctor Hugo Quero Navas en Caracas, sin orden judicial.
Desde entonces estuvo desaparecido.
El 7/5/2026 su familia supo de él: había muerto en julio 2025 bajo custodia del Estado. Casi 10 meses de silencio.… pic.twitter.com/wZtMrCJpgq
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de 16 meses en desaparición forzada, y ante la insistencia de su madre Carmen Teresa Navas, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, había fallecido el 24 de julio de 2025 por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria.
Abogados y organizaciones de derechos humanos señalan una “cadena de complicidad” entre el sistema judicial penal y los cuerpos de seguridad que ratifican, una vez más, las denuncias hechas desde hace años sobre crímenes de lesa humanidad en el país.
“Esto es la consecuencia de detener a las personas arbitrariamente, desaparecerlas y negarles sus derechos, imponer una defensa pública para que nadie pueda saber qué pasa con la integridad física de estas personas, y en este caso la vida. Pareciera desde lejos que hay desastre, descoordinación, pero es una complicidad para atentar contra los derechos humanos de las personas, contra las libertades de los venezolanos”, afirma Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
En el caso de Víctor Hugo Quero Navas hay una serie de hechos comprobables: fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 1 de enero de 2025, fue señalado por delitos vinculados a hechos políticos y su madre no dejó de buscarlo o solicitar formalmente información en centros de reclusión, tribunales, Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Pero todo lo que rodea al proceso judicial y su reclusión dentro del Internado Judicial El Rodeo I es, por decir lo menos, opaco.
“Vemos que aquí hay responsabilidad del cuerpo de seguridad que cometió la aprehensión, el fiscal del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el defensor público, la responsabilidades del juez, el Ministerio de Servicio Penitenciario, el propio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (…) Esto es la instrumentalización de todo el sistema de justicia para cometer, por acción o por omisión, violaciones de derechos humanos porque alguien pudo haber detenido esto”, puntualiza Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Para la investigación de muertes potencialmente ilícitas o sospecha de desaparición forzada, como en este caso, Naciones Unidas ha elaborado el Protocolo de Minnesota donde se señala el derecho de los familiares de las víctimas a un “acceso equitativo y efectivo a la justicia; una reparación adecuada, efectiva y rápida; el reconocimiento de su situación ante la ley; y el acceso a información sobre las violaciones y los mecanismos de rendición de cuentas pertinentes”.
“Cuando en el marco de una investigación se descubran pruebas de que la muerte fue causada ilícitamente, el Estado debe velar por que se enjuicie a los autores identificados y, en su caso, sean castigados mediante un proceso judicial. La impunidad que sea resultado, por ejemplo, de unos plazos de prescripción injustificadamente cortos o de una amnistía general (impunidad de jure), o incluso de la inacción de la Fiscalía o la injerencia política (impunidad de facto), es incompatible con esa obligación. Todo incumplimiento de la obligación de investigar es una vulneración del derecho a la vida”, establece el Protocolo.
Entonces, una investigación independiente debe aclarar –entre varios puntos– si la detención de Víctor Quero Navas fue arbitraria o contaba con orden de un tribunal. En un primer escenario, esto acarrearía penas para los funcionarios que practicaron su aprehensión. También deben ser investigados:
El fiscal 67 nacional, a quien se le asignó el caso y en cuyo despacho reposa el expediente MP-151328-2023.
El juez Carlos Liendo, a cargo del Tribunal Segundo de Control con competencia en casos de Terrorismo, quien llevó la etapa preliminar.
El defensor o defensora pública asignado, pues Quero Navas no tuvo posibilidad de juramentar abogado privado.
Funcionarios del servicio de medicina forense que hicieron la primera revisión sobre Quero Navas tras su detención.
Funcionarios del Cicpc que se abocaron al caso.
El personal médico del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo que atendió a Quero Navas una vez trasladado desde El Rodeo I.
Funcionarios del servicio de medicina forense que realizaron el acta de defunción en julio de 2025.
Los custodios y el director de El Rodeo I, Carlos Enrique Rincones Serven.
El ministro de servicio penitenciario, Julio García Zerpa.
La defensora Dionita Coronado, quien conoció del caso.
El exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz.
El exfiscal general Tarek William Saab.
Este caso también pone en evidencia un sistema carcelario fallido. En julio del año pasado, mes en que las autoridades ubican la muerte de Quero Navas, se realizaron al menos dos denuncias sobre brotes de dengue, tuberculosis y las condiciones “inhumanas” del Rodeo I. Ninguna de ellas fue atendida o investigada por las autoridades.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos recuerda que entre julio de 2024 y abril de 2026 han entregado 13 denuncias formales al Ministerio Público sobre la situación de las personas detenidas en El Rodeo I, entre ellas, la negativa de asistencia médica y una alimentación escasa, que entran en la categoría de tratos crueles e inhumanos según la legislación venezolana.
Andreina Baduel, activista del Comité, resalta además el impacto psicológico sobre los detenidos. Recuerda que el pasado 9 de abril, por medio de gritos, varios presos políticos del Rodeo I expresaron que “no queremos más muertes como le pasó a Víctor Quero Navas”.
Víctor Quero Navas: desaparecido
Según consta en el resumen de hechos que estableció el Tribunal Segundo de Control para negar la amnistía a Víctor Quero Navas –en una acción judicial posterior a su fallecimiento–, al comerciante se le detuvo por su “presunta colaboración con la CIA, la DEA, el Centro Nacional de Inteligencia español y con Iván Simonovis”, explica el abogado Moisés Gutiérrez, quien introdujo la solicitud.
“Por todos estos delitos de asociación, terrorismo, traición a la patria y financiamiento dice el tribunal que no encuadraban dentro de la amnistía”, expresó Gutiérrez.
El Tribunal Segundo con competencia en casos de terrorismo, a cargo del juez Carlos Liendo, hizo el pase a juicio por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración y terrorismo aunque no hay precisión sobre la fecha de la audiencia preliminar.
La Fiscalía 67 nacional llevaba el caso. El expediente estaba identificado bajo las siglas MP-151328-2023. En dos ocasiones durante el mes de abril, abogados de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia se dirigieron al Palacio de Justicia para consultar, en dependencias sobre terrorismo y violencia, el estatus del caso. Les informaron que ese expediente no estaba registrado.
La abogada Stefanía Migliorini trató de juramentarse como defensa privada hace tres semanas. El Tribunal le negó la solicitud al argumentar que ya no tenía responsabilidad del expediente al decretar el pase a juicio. También le negaron la recepción en dos oportunidades de un habeas corpus, medida que permitiría al juez conocer la situación del detenido.
Ambos abogados puntualizan que, en todo caso, no existe una precisión sobre la fecha de la audiencia preliminar. “Es bastante contradictoria la situación, porque el defensor, el Ministerio Público, los tribunales, todos debieron tener información, sabían o les negaban la información si para ese momento estaba vivo o muerto. ¿Dónde estaba Víctor Hugo cuándo le hicieron la audiencia?”, dice Migliorini.
Moisés Gutiérrez destaca otra contradicción: si bien la solicitud de amnistía fue respondida por el Tribunal Segundo de Control, ese mismo 5 de mayo –cuando se entregó formalmente la decisión– la Defensoría del Pueblo les dijo que el caso de Víctor Quero estaba a cargo del Tribunal Tercero de Juicio.
“Esto ha sido un periplo bastante complejo para tratar de aterrizar su situación. Pero hubo presión mediática bajo este contexto de pronunciamientos públicos de su madre, hubo presión del Programa de Convivencia de Mujeres donde está la Defensora del Pueblo y la ministra Ana María Sanjuán… esto coadyuvó a que decidieran decir la verdad a casi diez meses”, dice Gutiérrez.
El peregrinar por respuestas
Al menos 12 veces visitó Carmen Teresa Navas el Internado Judicial El Rodeo I. Otras tantas los tribunales, el MP y la Defensoría. La abogada Martha Tineo resalta que “ella sola” visitó todos estos lugares durante los primeros nueve meses de 2025, aunque de estas diligencias “no quedaba registro, no le daban ningún tipo de soporte”.
Finalmente, el 24 de octubre pasado recibió una “acta de comparecencia” donde se expresa que Víctor Quero Navas, según datos proporcionados por el Ministerio Público, se encontraba detenido en ese recinto carcelario. “Que estos haya sido así solamente es posible porque la señora Carmen había ido al Ministerio Público, al Rodeo, a la Defensoría, ya había una investigación en curso después de requerir información”, dice la abogada.
También argumenta que, además de la evidencia de que Navas tenía meses buscando a su hijo a diferencia de lo que expresa el Ministerio de Servicio Penitenciario, otros organismos (MP, Defensoría) solo replicaron la información sobre el paradero del comerciante sin corroborar efectivamente que estaba ahí, pese a tener funciones legales para ello.
Asimismo, critica que la Defensora del Pueblo “no se haya tomado la molestia” de informarse sobre las actuaciones del organismo antes de recibir a Carmen Teresa en su despacho el pasado 3 de mayo. “Eso es una burla”.
El abogado Moisés Gutiérrez asevera que este caso “muestra una de las caras más terroríficas del Estado venezolano”, debido a todo el contexto antes de lograr una respuesta de un organismo oficial.
“Tuvo que salir la madre en medios de comunicación de forma reiterada, tuvimos que solicitar la amnistía, tuvimos que hacer denuncias, hubo que buscarlo en todos los centros de detención para que ellos por fin, y gracias a la presión social, reconocieran que habían cometido un crimen, y no solo que lo habían cometido, sino que además lo habían ocultado”, sostiene.
Los abogados coinciden en que la “apertura” tras las operaciones militares estadounidenses del 3 de enero, donde se capturó a Nicolás Maduro y su esposa, permitieron una mayor denuncia de familiares de presos políticos y una pequeña rendija para que medios de comunicación y sociedad civil visibilizaran estos casos.
Sin embargo, aseguran, esto no necesariamente se traduce en una mejora en la situación de libertades civiles o la propia violación de derechos humanos por motivos de persecución política.
“Ellos tenían la firme intención de llevar a esa señora a la tumba con el desconocimiento de la muerte de su hijo (…) No podemos permitir que vendan la tesis de que tienen la intención de esclarecer los hechos, de llegar con la verdad, buscar un responsable. Pueden librar una orden de captura contra Tarek William Saab, que era fiscal en ese momento y seguro sabía que este señor estaba muerto, pero eso no representa que tengan la intención de hacer justicia”, sentencia Gutiérrez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La líder política de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, se pronunció este viernes, 8 de mayo, por el fallecimiento en custodia del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
A través de un video difundido en su cuenta en X, Machado denunció que “el régimen venezolano inflige horrores indecibles a millones de familias” y pidió que liberen a todos los presos políticos antes de mueran más.
The Venezuelan regime inflicts unspeakable horror on millions of families.
This is the tragic story of Carmen and Víctor Hugo Quero. They must get justice.
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 8, 2026
La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 calificó de “trágica” la historia de Carmen y Víctor Quero, y señaló que debe hacerse justicia.
“La crueldad no tiene límites. A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron”, afirmó.
Machado detalló que durante 16 meses la señora Carmen estuvo visitando distintos centros penitenciarios buscando a su hijo y la respuesta fue la burla y el silencio, hasta que, casi un año después es que le informan que su hijo murió y yace en una tumba.
María Corina Machado señaló al régimen venezolano y a Delcy Rodríguez de ser los responsables del asesinato de Víctor Quero e hizo un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse por el caso.
“Le pido a los gobiernos democráticos, a los oficiales públicos, a las organizaciones internacionales y a cada persona con consciencia que exijan la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en Venezuela y la desmantelación de los centros de tortura del régimen antes de que una sola y más inocente venezolana muera bajo la cárcel”, finalizó.
Caso Víctor Quero
La señora Carmen Teresa Navas pasó más de un año buscando a su hijo. Lo buscó en tribunales, en centros de reclusión, preguntó por él y denunció públicamente su desaparición mientras se aferraba a la esperanza de encontrarlo con vida. Este 7 de mayo, el Estado venezolano rompió su prolongado silencio y confirmó que Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, murió bajo custodia estatal el 24 julio de 2025.
Casi 10 meses después de la muerte de Quero Navas bajo custodia, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que había sido detenido el 3 de enero de 2025 y estaba recluido en el Internado Judicial Rodeo I. En el comunicado, el organismo se excusó en que, durante su tiempo de reclusión, Quero “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.
Bajo un fuerte despliegue de seguridad, las autoridades venezolanas ejecutaron este viernes 8 de mayo la exhumación de los restos de Víctor Hugo Quero Navas en el Cementerio Jardín de la Puerta.
A las 5:20 p.m. de este viernes, 8 de mayo, se conoció que el proceso de exhumación había concluido. Un reporte de la periodista Maryorín Méndez en Instagram indicó que tras un proceso largo y extenuante se ejecutó la autopsia y que están a la espera de los resultados.
La periodista informó que Carmen Teresa Navas trasladó los restos de su hijo al Cementerio del Este y junto a dos sacerdotes dio cristiana sepultura a Víctor Quero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde hace más de 30 años, el Estado Venezolano se mantiene operando bajo una tradición de impunidad que ignora el debido proceso de investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gobiernos de distintas tendencias han ignorado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros organismos manteniendo un patrón que mantiene a la justicia en pausa.
La primera sentencia que emitió la Corte IDH sobre Venezuela fue el 18 de enero de 1995, desde entonces, el Estado ha sido condenado por violaciones de derechos humanos en más de 20 casos, de los cuales, en ninguno, se han cumplido las sentencias ni las reparaciones a cabalidad.
El récord de reparaciones en Venezuela no es alentador y Carlos Lusverti, abogado y director encargado del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), lo calificó como “potencialmente malo”.
El abogado precisó que del 98% de los casos condenados por la corte en ninguno, salvo dos excepciones, se ha cumplido el dictamen. Esto, según Lusverti, revela la persistencia de un “patrón histórico de incumplimiento”.
Tradición de impunidad
El abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels afirmó que históricamente el Estado venezolano “no tiene la costumbre de reparar” algún daño causado o generado por él.
Precisó que son contadas las situaciones y los juicios donde los tribunales han reconocido la obligación del Estado de pagar algún tipo de indemnización y siempre los pocos casos se han generado luego de años de litigio.
“Es una triste tradición jurídica del Estado venezolano de, por un lado querer asumir todas las competencias posibles, querer abarcar todos los ámbitos posibles, pero cuando se equivoca haciéndolo, no reconoce sus obligaciones respecto a los afectados, explicó Daniels.
Lusverti coincidió con Daniels en que “el gran problema histórico” en Venezuela en términos de sentencias o decisiones internacionales “es la impunidad”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Ucab señaló que en todos los casos analizados por la corte se distingue un patrón de impunidad que se caracteriza por la ausencia de una investigación oportuna, la determinación de responsabilidades, el reconocimiento de los hechos y las sanciones a los responsables.
Venezuela es uno de los países que presenta las cifras más altas de incumplimiento de sentencias emitidas, según cifras de la Corte IHD.
Un informe de la ONG Defiende Venezuela precisó que entre 1995-2019 se dictaron 20 fallos relacionados con la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos. De ellos, 12 se encuentran pendientes de cumplimiento, siete han sido parcialmente cumplidos y uno se encuentra dentro del período de un año que se le concede al Estado para cumplir las recomendaciones.
Reparaciones incumplidas
Venezuela acumula un historial de reparaciones que se han quedado congeladas en el tiempo y sin ninguna variación, salvo por los recordatorios que realizan algunas ONG defensoras de derechos humanos cuando se cumple un aniversario del hecho.
Un ejemplo de reparación incumplida por parte del Estado fue la Masacre de El Amparo en 1988 en el estado Apure, fronterizo con Colombia, en donde 14 hombres fueron asesinados por funcionarios policiales quienes hicieron creer que las víctimas eran supuestos guerrilleros. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el hecho fue una ejecución extrajudicial.
Un año después, entre febrero y marzo de 1989, hubo un alzamiento civil denominado como El Caracazo como medida de protesta por las reformas económicas anunciadas por Carlos Andrés Pérez que incluían el aumento en el costo de la gasolina y el transporte público. El balance, según cifras extraoficiales, dan cuenta que fallecieron entre 2000 a 3000 personas.
Tanto a las víctimas de la Masacre de El Amparo como a las del Caracazo se les indemnizó
En el 2001, un caso estremeció a la sociedad venezolana. Linda Loaiza, una joven estudiante de 18 años fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente durante casi cuatro meses. Este hecho sigue impune. En 2018, la Corte IDH tomó cartas en el asunto en vista de la inacción del Estado venezolano y ordenó que se investigara el hecho, se sancionara al responsable y se generaran garantías de no repetición, pero ninguna se ha cumplido de manera integral.
El 18 de noviembre de 2004, el asesinato del fiscal Danilo Anderson con un artefacto explosivo puesto en su vehículo, conmocionó al país. Por el caso, los hermanos Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara fueron detenidos en el 2006 y condenados a 30 años de prisión, sin pruebas sólidas que los incriminen, según pruebas recabadas por su defensa.
Un fallo de la CIDH sobre el caso determinó que el caso de los hermanos Guevara constituye una de las condenas más contundentes cometidas durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, y reafirmó la “existencia de crímenes de Estado” en el país.
Para el abogado Carlos Lusverti, en estos cuatro casos se evidencia un elemento en común: la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, la cual impide que se desarrolle un proceso adecuado y apegado a estándares internacionales.
El abogado apuntó que en el caso del Caracazo hace falta una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables y la adecuación de los planes operativos de control del orden público. Sobre lo ocurrido en El Amparo, además de la investigación y sanción de los responsables, también se debe reformar del Código de Justicia Militar en términos de lo que fueron las afectaciones al debido proceso durante la investigación de los hechos.
Problema de fondo
Lusverti señaló que la tradición de impunidad viene dada por un problema de fondo que viene desde la base y es que en Venezuela no se realizan procesos de investigación “serios, imparciales e independientes”.
“En la medida en que ocurre una grave violación de derechos humanos y hasta que la misma no es sancionada, ese efecto de demostración da un mal ejemplo a otros funcionarios y los enavalentona a cometer más delitos”, aseguró el abogado.
A juicio de Lusverti, si los sucesos del Caracazo hubiesen sido investigados y sancionados apropiadamente, “probablemente no hubiesen víctimas que lamentar por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones de 2014, 2017 y 2024”.
Todo cambió a partir del 98
El sociólogo y defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui, aseguró que a partir de 1998 la impunidad para los funcionarios del Estado fue “total” y comenzó a manejarse en aras de la lealtad política.
Uzcategui recordó que con la llegada del chavismo al poder se eliminaron todos los contrapesos nacionales e internacionales que obligaban al Estado a asumir su responsabilidad en materia de reparación. Aseguró que desde entonces, persiste la falta de voluntad política y la ausencia de un sistema de justicia independiente que trabaje en función de las víctimas.
Uzcátegui explicó que si bien antes de 1998 las sentencias de la Corte IDH se cumplían de manera parcial, con la llegada de Hugo Chávez al poder hubo un cambio radical en la relación del Estado con el Sistema Interamericano. Después de varios años de críicas, señalamientos y desacatos, en el 2012 Chávez denunció al organismo y decidió retirar a Venezuela —de manera inconstitucional— de la jurisdicción de la Corte IDH.
En 2013, Venezuela, por orden de Nicolás Maduro, también se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, aunque formalmente sigue siendo miembro, opera fuera de los mecanismos de protección interamericanos.
Según Carlos Lusverti, la situación de Venezuela respecto a la Corte IDH es “compleja” debido al retiro formal del país del organismo. Sin embargo, como medida provisional, la Corte IDH sigue emitiendo medidas de protección para los venezolanos a pesar del desconocimiento del Estado.
Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, aseguró que Venezuela está “muy lejos” de los estándares internacionales de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Expresó que el país arrastra una historia muy lamentable de impunidad que marca el presente. De cara a una futura transición queda la incógnita abierta de cómo materializar la justicia y reparación para miles de víctimas de más de una década de conflictividad política y violaciones a los derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
