Inicio Blog Página 2

Claves | Cómo fue el “cambio de gobierno” en el Arco Minero del Orinoco

Lorena Meléndez
-
0
Claves | Cómo fue el “cambio de gobierno” en el Arco Minero del Orinoco

Hubo dos hechos que desencadenaron las dudas: Estados Unidos capturó a Nicolas Maduro durante los bombardeos del 3 de enero en Caracas y, seis meses después, dirigió los ataques del 9 de junio en el estado Bolívar, que terminaron con la presunta ejecución de ‘Niño Guerrero’, el líder más visible del Tren de Aragua. ¿Estos episodios significaron un cambio para el Arco Minero del Orinoco? La Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca emprendieron un viaje hacia estos territorios para conocer si realmente se erradicaron las estructuras criminales que durante años han dominado la zona. 

En esa travesía hubo varios hallazgos que fueron revelados en el primer reportaje de la serie Dorada Opacidad II. Aquí las claves de este trabajo:

1. La incursión armada del 9 de junio no erradicó estructuras mafiosas: 

El ataque ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos en el estado Bolívar, junto a componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desplazó al ‘Sistema’, la unión conformada por dos bandas criminales: el ‘Sindicato de Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’. Sin embargo, ese lugar lo ocupa ahora el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), que depende de la FANB y que se ocupa ahora de extorsionar a comerciantes, mineros, molineros y a todo aquel que esté vinculado con la explotación del oro en el eje Las Claritas-Kilómetro 88. 

Ese “cambio de gobierno”, término carcelario usado también por los grupos delincuenciales para indicar cuándo una banda sistituye a otra en un territorio, no desmonta el sistema. La renta del oro permite que la gobernanza criminal sobreviva y se adapte, esta vez, con rostro militar.

Caravana del GPAMO en Las Claritas
Caravana del GPAMO en Las Claritas. Foto: Lorena Meléndez G.

2. La incursión fue una muestra del poder de Estados Unidos sobre Venezuela: 

Desde el 3 de enero, el gobierno de Donald Trupm ha dejado claro su interés por el petróleo, pero también oro venezolano. Por eso, no es coincidencia que, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada que cuenta con el aval de Washington, Delcy Rodríguez, haya anunciado la presentación de un paquete de leyes ante la Asamblea Nacional, el cual incluyó la creación de una nueva normativa para la minería.

La Ley Orgánica de Minas se sancionó en abril pasado con un articulado que permite la entrada de empresas privadas extranjeras a las actividades de la industria aurífera y concede una serie de beneficios fiscales a las compañias dedicadas al sector. 

3. Delcy Rodríguez pone a su gente cerca del oro:

Por su parte, Estados Unidos comenzó el levantamiento de sanciones que había aplicado desde 2018 sobre el oro venezolano. Entre marzo y principios de septiembre, el Departamento del Tesoro del país norteamericano, permitió la emisión de licencias a empresas estadounidenses para la exportación, venta, compra, almacenamiento, transporte, procesamiento y refinación de minerales de origen venezolano, incluido el oro. También dio luz verde al suministro de determinados artículos y servicios para operaciones con minerales, así como la celebración de negociaciones y contratos en sectores mineros.

La presidenta interina consolidó sus cuadros dentro de la empresa minera nacional. Por eso, nombró o reconfirmó en sus puestos a funcionarios cercanos a su entorno en el ámbito civil y militar dentro del Arco Minero. Sus fichas no solo se extienden sobre el Ejecutivo, sino también sobre las empresas públicas que intervienen en el negocio y en los uniformados que pueden garantizar el suministro de gasolina y la operación dentro de las minas.

Ejemplo de estos movimientos son el reemplazo del ministro de la Defensa de la era Maduro, Vladimir Padrino López, por Gustavo González López, quien comenzó como el comandante de su Guardia Presidencial. Rafael Prieto Martínez, quien venía de ser jefe militar en Bolívar, es hoy la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB). También hubo cambios en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana (donde está el Arco Minero del Orinoco) y en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar.

En el ámbito civil está Calixto Ortega Sánchez, uno de sus hombres cercanos, en la Vicepresidencia sectorial de Economía y Finanzas. De ese despacho depende el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a cargo de Héctor Silva Hernández, quien también es presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y de la Compañía Venezolana de Minería. Además, el actual presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, es también titular del recién creado Viceministerio del oro.

En el ámbito regional se mantiene Yulisbeth García, la “Tata”, como gobernadora del estado Bolívar, quien en sus tiempos de alcaldesa del municipio Piar fue señalada por haber permitido que ese territorio, en donde no había minería, se convirtiera en una sucursal del comercio aurífero y también de participar en negocios relacionados con contrabando de oro.

Todos estos enroques confirman que el Estado no está ausente en el Arco Minero, sino que convive y se superpone con poderes criminales.

4. El Arco Minero funciona como un mosaico de gobiernos de facto:

Mientras que los militares del GPAMO controlan el negocio minero en Las Claritas-Kilómetro 88, en los otros territorios mandan las bandas y la guerrilla colombiana.

En la población de El Dorado permanece en el poder el “Negro Fabio”, quien a pesar de que tiene dos órdenes de aprehensión, una por contrabando de oro y otra por trata de personas con fines de explotación sexual, lleva más de tres lustros a cargo de las minas de la zona, incluso de aquellas que están al margen del Cuyuní. 

En Tumeremo, la mayor parte de la minas son dominadas por la Organización R, cuyo líder lleva el apodo de ‘Run’. Mientras que el Tren de Guayana controla los yacimientos de El Callao y sus alrededores. Aunque todos los habitantes en estos pueblos saben de su existencia, ambos grupos operan con bajo perfil. 

En las minas cercanas a la frontera con Guyana están los miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

La presencia del Negro Fabio se siente en todo El Dorado
La presencia del Negro Fabio se siente en todo El Dorado. Foto: Lorena Meléndez G.

5. Gobernanza criminal: más allá del delito

La reportería en estos territorios confirmó que los grupos armados no se limitan a la actividad minera, sino que actúan dentro del orden civil de los pueblos o incluso se hacen ver como benefactores de la zona.

El desplazado ‘Sistema’ de Las Claritas-Kilómetro 88 vigilaba celosamente el comportamiento de los habitantes y castigaba faltas a golpes, palazos u horas al sol: desde un robo hasta una infidelidad en una pareja. También mantenían equipado y dotado al centro de salud del pueblo, así como la seguridad del lugar con un régimen tan férreo que nadie se atrevía a desafiarlos. Lo paradójico es que, ahora que los militares están al mando, los pobladores se sienten desprotegidos porque los robos y hurtos han regresado.

La Fundación Corazón de Azúcar cumple con obras benéficas en El Dorado en nombre del ‘Negro Fabio’. Se encarga de repartir comida, útiles escolares, reparar baches, pintar escuelas y hasta ayudar a jóvenes deportistas del pueblo. Los pobladores acuden a él para resolver problemas y buscar ayuda monetaria para tratamiento de salud. Han manifestado que, si hay algún operativo militar allí, saldrán en su defensa. En Tumeremo hace lo propio la Fundación 3RRR, que depende de la Organización R.

Si quieres conocer más sobre este reportaje, puedes leerlo aquí.

En el Día de la Democracia: hablemos sobre el Estado que necesita Venezuela

Ayrton Monsalve
-
0
En el Día de la Democracia: hablemos sobre el Estado que necesita Venezuela

Después de 27 años de chavismo sería muy fácil pensar que la reconstrucción de Venezuela consiste simplemente en hacer exactamente lo contrario de todo lo que se hizo durante este tiempo. Y quizás allí tengamos una de las primeras discusiones que debemos atrevernos a dar con franqueza, porque el rechazo comprensible hacia el socialismo del siglo XXI está comenzando a producir nuevos antagonismos alrededor de conceptos que deberíamos volver a discutir con racionalidad.

Todo aquello que se refiere a la gestión social por parte del Estado comienza a mirarse con rechazo o estigmatización porque se asocia inmediatamente con el modelo que hemos padecido. Mientras tanto, cualquier propuesta que hable de reducir el Estado, privatizar, liberalizar la economía o colocar la libertad individual en el centro puede adquirir legitimidad simplemente porque representa lo contrario. Entiendo perfectamente de dónde proviene esa reacción. Pero gobernar un país no puede consistir únicamente en reaccionar contra aquello que fracasó.

Se llevaron a Maduro… y los suyos siguieron gobernando mejor sin él

Y es que lo que vivimos los venezolanos no fue simplemente un Estado que asumió demasiadas responsabilidades sociales. Vivimos el desmantelamiento institucional del propio Estado, la desaparición progresiva de mecanismos de control, la concentración del poder y una peligrosa ausencia de fronteras entre partido, gobierno y Estado. Vivimos enormes esquemas de corrupción, irrespeto a la propiedad privada, destrucción de capacidades productivas, deterioro de los servicios públicos, pérdida de capacidades institucionales y graves violaciones de derechos humanos.

Por eso hay una diferencia enorme entre un Estado grande y un Estado fuerte. Venezuela llegó a tener un Estado que pretendía estar presente en prácticamente todos los espacios de la vida económica, política y social y que, paradójicamente, terminó siendo incapaz de cumplir muchas de sus funciones fundamentales. El problema no fue simplemente cuánto Estado tuvimos. El problema fue qué Estado construimos, qué límites perdió, qué instituciones destruyó y qué capacidades dejó de tener.

Es allí donde quiero volver sobre una discusión que Manuel García-Pelayo planteó alrededor del Estado social y democrático de derecho y que sigue teniendo una enorme vigencia para pensar Venezuela: la democracia tiene una dimensión política, pero también una dimensión social.

La “constitución invisible” de los venezolanos

La democracia política permite que la ciudadanía elija a sus gobernantes y representantes; garantiza la división de poderes, el Estado de derecho, la institucionalidad, la transparencia, el pluralismo y la posibilidad real de controlar a quienes ejercen el poder. La democracia social, por su parte, procura que el Estado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Entiende que la democracia no puede agotarse en votar periódicamente, sino que debe crear las condiciones para que las personas ejerzan efectivamente sus derechos y desarrollen sus capacidades.

Y aquí aparece una distinción que para mí es fundamental: hablar de democracia social no significa defender un Estado omnipresente. Mucho menos significa un Estado propietario de todo, empresario de todo, regulador de cada aspecto de la vida o encargado de sustituir a la sociedad.

Lo que Venezuela necesita puede entenderse mejor como un Estado limitado, capaz y eficiente. Limitado, porque su poder debe encontrar fronteras infranqueables en la Constitución, en los derechos de las personas, en la propiedad privada, en la separación de poderes y en la autonomía de la sociedad civil. Capaz, porque aquello que verdaderamente le corresponde hacer debe hacerlo bien. Y eficiente, porque el éxito del Estado no puede medirse por la cantidad de instituciones que controla, empresas que posee, funcionarios que emplea o recursos que administra, sino por su capacidad para garantizar derechos, prestar servicios públicos, establecer reglas claras y generar condiciones para el desarrollo.

Ese Estado no tiene que sustituir a la sociedad ni controlar todos los espacios de la vida ciudadana. Tampoco debe sustituir al mercado allí donde la iniciativa privada puede producir, innovar, generar empleo y crear riqueza de manera más eficiente. Pero tampoco puede renunciar a sus responsabilidades fundamentales en educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, protección social, servicios públicos, igualdad ante la ley y creación de condiciones para que cada ciudadano pueda desarrollar sus capacidades.

Esto no excluye la participación activa del capital privado. No excluye la propiedad privada. No excluye el emprendimiento ni la competencia. Mucho menos excluye una sociedad libre. Más bien puede convivir perfectamente con una economía social de mercado donde la iniciativa privada sea una fuente fundamental de generación de riqueza, mientras el Estado establece reglas claras, garantiza seguridad jurídica, protege la competencia, evita privilegios y procura que el crecimiento económico pueda convertirse también en oportunidades.

Porque tampoco podemos cometer el error de confundir una economía de mercado con la ausencia del Estado, así como durante demasiado tiempo confundimos la presencia del Estado con la capacidad del Estado.

Después de 27 años de chavismo y de un proyecto político que evolucionó progresivamente hacia postulados abiertamente socialistas, anticapitalistas y marxistas, y que posteriormente encontró en el Partido Socialista Unido de Venezuela su principal estructura política, es comprensible que palabras como igualdad, protección social o incluso justicia social produzcan suspicacias en una parte de la sociedad. Pero permitir que el socialismo del siglo XXI se apropie definitivamente de esos conceptos sería concederle todavía más de lo que ya se llevó.

La democracia social no tiene la culpa de la corrupción. No explica que Venezuela haya atravesado una emergencia humanitaria compleja. No explica la violación de derechos humanos, la concentración del poder ni la utilización de las instituciones para controlar a los ciudadanos. Tampoco significa entregar derechos a cambio de obediencia.

Por el contrario, una democracia social supone ciudadanos con derechos civiles, políticos, económicos y sociales que no dependan de su cercanía con un partido, de su adhesión a un gobierno ni de su disposición a someterse al poder. Un derecho deja de ser verdaderamente un derecho cuando depende de demostrar lealtad a quien gobierna.

Ahora bien, el rechazo producido por estos años genera otra tentación. Cualquier propuesta asociada con el liberalismo clásico, con una reducción radical del Estado o con una idea abstracta de libertad puede resultar electoralmente atractiva porque aparece como la negación absoluta de aquello que hemos vivido. Y quizás sería muchísimo más fácil para un político, un activista o cualquier persona que quiera construir seguidores, tomar esas banderas y aprovechar una reacción emocional que tiene razones históricas perfectamente comprensibles.

Pero nosotros queremos racionalizar. Queremos explicar. Queremos hacer pedagogía sobre el tipo de Estado que merece Venezuela y discutir programáticamente qué entendemos cuando hablamos de libertad, igualdad, propiedad, mercado, solidaridad y democracia.

Por eso creo que hace falta construir un centro capaz de establecer postulados programáticos claros alrededor de una democracia social moderna. Y es allí donde, al menos yo, me siento identificado.

No hablo de un centro entendido como una posición cómoda entre dos extremos ni de una forma de evitar definiciones. Hablo de un centro capaz de defender con la misma claridad la libertad política, la propiedad privada, la iniciativa individual y la competencia; la separación de poderes y el Estado de derecho; pero también la educación, la salud, la protección social, la igualdad ante la ley y la existencia de instituciones que permitan que esas libertades puedan ejercerse realmente.

Venezuela llegó a conquistar parte importante de una experiencia democrática. La perdió y la deterioró, pero no necesariamente porque todos los postulados programáticos de aquella democracia fueran equivocados. Hay que hablar con absoluta claridad del clientelismo, de la corrupción, de la falta de oxigenación de los partidos, de sus problemas de representación y de la incapacidad que tuvieron para renovarse. Allí tienen responsabilidades históricas Acción Democrática, Copei y las generaciones que en determinados momentos condujeron esas organizaciones.

Sin embargo, reconocerlo tampoco significa satanizar a quienes se atrevieron a sentar las primeras piedras de un sistema democrático en Venezuela. Podemos reconocer lo que construyeron, estudiar aquello en lo que fracasaron y utilizar ambas experiencias para pensar el futuro. La crítica al pasado democrático debe servir para construir algo mejor, no para negar que Venezuela conoció instituciones, consensos y conquistas que hoy nuevamente necesitamos.

Y es que Venezuela no tiene por qué volver a casarse con un extremo.

Puede construir un modelo equilibrado: una democracia política plena y participativa, con separación de poderes, Estado de derecho, elecciones auténticas, transparencia y  pluralismo; una economía abierta que respete la propiedad privada, la competencia, el emprendimiento y la iniciativa individual; y una democracia social que permita que el Estado cumpla eficazmente las funciones que verdaderamente le corresponden y que el desarrollo económico se traduzca en capacidades y oportunidades para las personas.

Necesitamos, además, que el ciudadano vuelva a encontrar razones para proteger la democracia. Y para eso la democracia tiene que funcionarle.

Tiene que funcionarle cuando acude a un hospital, cuando lleva a sus hijos a una escuela, cuando busca empleo, cuando emprende, cuando abre una empresa, cuando necesita agua o electricidad, cuando exige seguridad, cuando reclama ante una institución y cuando participa en las decisiones de su municipio, de su estado y de su nación. Porque la democracia tiene que volver a encontrarse con la cotidianidad.

Cuando el ciudadano percibe que las instituciones le permiten vivir mejor, ejercer sus derechos, resolver sus conflictos, desarrollar sus capacidades y participar en las decisiones que afectan su vida, la defensa de la democracia deja de ser una abstracción. La democracia comienza a significar algo concreto en su vida y, precisamente por eso, encuentra razones para defenderla.

Los destinos de la nación tienen que volver a discutirse desde la pluralidad. Esa es una de las principales convocatorias que hoy debemos hacer a la sociedad civil, a los partidos políticos, a las distintas coaliciones y a quienes hacemos vida en el espectro político nacional.

No se trata simplemente de reconstruir aquello que fue destruido. Tampoco de restaurar el país que existía antes de 1999 como si sus contradicciones no hubiesen contribuido al agotamiento de aquel sistema. Se trata de aprender de aquello que construimos bien, reconocer aquello que hicimos mal y atrevernos a discutir qué Estado, qué economía y qué democracia queremos para las próximas décadas.

Porque si de verdad hablamos de reconstrucción democrática, tendremos que ir mucho más allá de la coyuntura. Habrá que tocar fondo allí donde haya que tocarlo.

@AyrtonVe

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Achtung, a la internacional de ultraderecha del siglo XXI

Froilán Barrios Nieves
-
0
Achtung, a la internacional de ultraderecha del siglo XXI

Las elecciones celebradas el pasado 6 de septiembre en el Estado de Sajonia-Anhalt, región situada en la otrora Alemania Oriental, impactaron a Europa tras el triunfo de Alternativa para Alemania (AfD). Es la primera vez que un partido de ultraderecha logra gobernar en un estado de ese país desde la caída de Adolf Hitler, en 1945.

Por tanto, la exclamación alemana ¡Achtung! es más que una advertencia ante la realidad del auge de una formación política que, fundada apenas en 2013, obtuvo el 20,8 % (10 millones de votos) en las últimas elecciones federales de 2025. Con estos resultados, superó a partidos tradicionales de larga data como el Partido Socialdemócrata (SPD), a los Verdes (que obtuvieron el 16,4 %) y al Partido Democrático Libre (FDP) de los empresarios (que se quedó por debajo del 5 %).

Este éxito les ha permitido extender su influencia más allá de Alemania, conectándose con expresiones políticas similares en otros países europeos e incluso ampliando su onda expansiva hacia América.

Del fascismo histórico a la nueva realidad global

¿Quién iba a pensar que la ultraderecha volvería a ser relevante como fuerza política? Si acudimos a la historia, un siglo atrás se inició el apocalipsis fascista en Europa con la llegada de Mussolini al poder en Italia. A este fenómeno se sumó la ola autoritaria del periodo de entreguerras, representada por el régimen de António de Oliveira Salazar en Portugal —el Estado Novo (1933-1974)—, caracterizado como una dictadura corporativista y ultraconservadora que compartió rasgos esenciales con el fascismo, desembocando finalmente en la hecatombe nazi (1933-1945).

A esta galería del terror se añadió el fascismo imperial japonés, cuyo régimen promovió una doctrina geopolítica que justificaba la dominación sobre otros pueblos de Asia mediante la creencia en la superioridad étnica y mística del pueblo japonés.

Todos sabemos cómo culminó aquella fase de exterminio que afectó a todo el planeta, marcada por el Holocausto de seis millones de judíos y una cifra de entre 60 y 85 millones de muertos (algunos cálculos extremos elevan la cifra hasta los 100 millones si se incluyen las muertes indirectas por hambre y enfermedades). La gran mayoría de las víctimas fueron civiles que perecieron a causa de bombardeos y actos de violencia masiva.

El resurgimiento en el siglo XXI

Cuando vemos hoy, en pleno siglo XXI, cómo en estas formaciones se enarbolan esvásticas nazis, se niega el Holocausto calificándolo de invención o se justifica la figura de Adolf Hitler, no queda más que prepararse ante el resurgimiento de movimientos que cuestionan la esencia de los sistemas democráticos y la igualdad entre los seres humanos.

Si observamos el mapa europeo de esta nueva ultraderecha que pugna por alcanzar el poder a corto plazo, encontramos:

  • En Alemania, a la AfD.
  • En Francia, a Reagrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional), liderado por Marine Le Pen, propuesta como candidata presidencial para 2027.
  • En España, al partido Vox, con Santiago Abascal.
  • En Portugal, a Chega, dirigido por André Ventura.
  • En el Reino Unido, al partido Reform UK de Nigel Farage.
  • En Hungría, a Fidesz (Unión Cívica Húngara), liderado por Viktor Orbán, quien perdió las elecciones en 2026 frente a Péter Magyar, del partido de centroderecha Tisza.
  • En Italia, a Giorgia Meloni, considerada una de las figuras más importantes de la ultraderecha europea contemporánea, quien lidera el partido posfascista Hermanos de Italia y encabeza el gobierno más duradero del país en décadas.

Además de este primer grupo, existen formaciones de este mismo corte en los Países Bajos, la República Checa, Grecia, Suecia y Bulgaria, con diferentes matices, pero con un denominador común: la conducción de gobiernos o la participación en coaliciones oficiales.

La agenda de la nueva ultraderecha

Por supuesto, su agenda no es idéntica a la de la Internacional Fascista que devastó a la humanidad en el siglo XX, pero su orientación reaccionaria es evidente:

  • Rechazo absoluto a la inmigración, apostando por deportaciones masivas.
  • Proteccionismo comercial.
  • Frenar el Pacto Verde europeo.
  • Oposición férrea a las políticas de igualdad de género.
  • Divisiones internas sobre la Unión Europea: mientras Italia busca fortalecer el euro, Orbán y la AfD instan a la separación.
  • Discrepancias sobre Ucrania: Meloni apoya irrestrictamente a Kiev, mientras que la AfD y Orbán ven en la Rusia de Putin a su aliado fundamental.

Como indica una reciente nota periodística, la ultraderecha ya gobierna o cogobierna en ocho de los 27 Estados de la UE. Se espera que, con la llegada del ciclo electoral de 2027, comience una dura batalla por dominar el relato en torno a la inmigración y las políticas energéticas y medioambientales.

En definitiva, asistimos a nivel global a reagrupamientos difíciles de entender a la luz de la historia, en los que el pasado parece no importar. Mientras potencias como China, Rusia e India diseñan un nuevo eje económico y político mundial, en Occidente las rupturas internas facilitan el avance de regímenes autoritarios enemigos de los valores democráticos y de la dignidad humana.

América Latina no debe ignorar este preocupante rumbo del liderazgo global. En el siglo XX formó parte de la cruzada mundial contra el fascismo y por la paz; hoy debe mantenerse firme contra la discriminación, exigir el cese de la persecución a los migrantes en todo el mundo y redoblar los esfuerzos para restablecer instituciones públicas que garanticen una vida digna para sus pueblos.

¿La izquierda se despide de América Latina?

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Venezuela, petróleo y poder. De Trump a la redención (II)

Orlando Viera Blanco
-
0
Venezuela, petróleo y poder. De Trump a la redención (II)

Crónica de un país hipotecado y saqueado a un país redimido y educado

La revolución iraní de 1979 produjo el segundo gran shock petrolero. El precio internacional volvió a subir fuertemente y la renta petrolera venezolana alcanzó el 35,9 % del PIB y 33,6 % en [1979/80]. Insiste la borrachera de los petrodólares, pero en una estructura económica diferente.

Veníamos de la era faraónica de CAP I. El Estado intensificó su endeudamiento, se acostumbró al reparto y al clientelismo. La ansiedad del gasto público, consumismo y hábitos sauditas no cesaron. Y explotó el país. El barril de petróleo subió de USD 2 el barril [1972] a USD 18 [1979], pasando de ingresos de 4000 millones de dólares a 12 000 millones de dólares.

El presupuesto nacional aumentó de 4200 millones de dólares a 40 000 millones, creando además un endeudamiento del sector no petrolero por el orden de los 12 billones de dólares. El déficit fiscal, que en 1975 estaba en cero, llegó a un consolidado del 10 % en 1979, llevando la deuda pública al 39 % del PIB.

Lo que venía era resaca, revolución y quiebre. Era previsible. Pero la borrachera no nos dejaba ver. Y chocamos con la historia.

Luis Herrera: “He recibido un país hipotecado”

En su alocución de toma de posesión, Luis Herrera Campins [12/3/1979] lanza esta pelusa: “He recibido un país hipotecado”. Durante los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera I se mantuvo casi en cero la deuda pública. Durante el primer mandato de CAP, alcanzó unos 15.000 millones de dólares. Luis Herrera duplicó el endeudamiento a 30 billones.

Pero durante Chávez, solo en el 2012 se llegaron a 97 000 millones de dólares en ingresos, el déficit fiscal consolidado alcanzó el 17.8 % o el 50 % del PIB. La irresponsabilidad del gobierno de Chávez no tiene parangón histórico en la región. Después de un festín en 10 años con ingresos que superaron el trillón de dólares [un millón de millones de dólares: 2003/2013] el país pasó de un endeudamiento de 35 billones de dólares a 5 veces más, la moneda se desintegró [$ 1=87 billones de bolívares anteriores/Chávez Maduro] y la inflación registró 1.370.000 % en 2018, cifra récord según el FMI.

Con Luis Herrera un bolívar estable, un gasto público represado y divisas petroleras, estimularon las importaciones. Retuvo la liquidez y generó un fuerte escape de divisas, que hizo inevitable la devaluación del bolívar [por primera vez desde Gómez], generando una dañina perversión cambiaria [RECADI]. Se quemaron dólares preferenciales, indiscriminadamente.

RECADI es el padre de CADIVI, dos caporales de corrupción que produjeron riquezas exprés solo comparables a las grandes fortunas de Palo Alto o los Emiratos. RECADI fue el resultado del del Viernes Negro [1983]. Un sistema que introdujo múltiples tipos de cambio y subsidios implícitos a importaciones a dedo.

Así se consolidó un vicio embriagador de la economía venezolana: una elevada [y artificiosa] capacidad de importar que no estaba acompañada por un crecimiento de la productividad interna. La renta financiaba el consumo, con bienes de capital e importaciones a rabiar, pero también generaba grotescas rentas cambiarias. En lugar de que cada dólar petrolero se transformara en producción, se convertía en divisas baratas que financiaban whisky, viajes y boato.

Luis Herrera recibió un país hipotecado, pero deja uno devaluado y en ruinas. Inauguró el metro de Caracas [1983], el Teatro Teresa Carreño [1983], la promulgación de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público y la construcción del complejo Hidroeléctrico Uribante-Caparo. Pero la deuda externa pasó de 12 billones a 35 billones de dólares, un 60 % del PIB, conservando un superávit del + 0.9 %. Aunque podíamos pagar deuda, en realidad se trataba de pagar la rentabilidad cambiaria de RECADI.

Lusinchi: administrar la escasez

Cuando Jaime Lusinchi asumió el mando, el precio del petróleo no compensaba las distorsiones acumuladas. El país tenía una deuda elevada, control cambiario y un gasto difícil de reducir. Éramos 17,5 millones de habitantes en 1985. La inversión pública continuó, pero en medio de un palmario deterioro. Un ejemplo ilustrativo fue la infraestructura vial. La construcción de la autopista hacia oriente –presupuestada en unos 3 millardos de bolívares– terminó multiplicando varias veces su costo, permaneciendo inconclusa durante décadas.

Lusinchi no aumentó el endeudamiento, pero suspendió el servicio de pago de la deuda externa.

Al final de su gobierno aumentó el gasto público, los subsidios salariales, bonos. El déficit fiscal sube al 7 % y la inflación al 60 %. Las reservas bajan a niveles mínimos. CAP II recibe un país con apenas 750 millones de dólares en reservas, servicio de deuda suspendido [unos 30 billones de dólares] inflación galopante y fuerte déficit fiscal.

Con CAP II pasamos de la borrachera a la anomia absoluta de Chávez.

Carlos Andrés Pérez II: coronación, shock y autogol

1989. Venezuela tiene casi 20 millones de habitantes. El precio petrolero era muy inferior al de la segunda bonanza, y la economía arrastraba controles y subsidios. CAP II intentó corregir el modelo. Su programa de gobierno llamado El gran viraje, eliminó el control cambiario, liberalizó precios, redujo subsidios y abrió la economía. Eliminó RECADI encarando una devaluación cercana al 200 %. El Caracazo [Febrero/1989] se presenta como el costo social de la corrección. Pero quienes defienden el denominado “paquete de shock económico” sostienen que la revuelta no la generó el aumento de los precios de la gasolina [que fue ínfimo], sino la falta de consenso político y el saboteo.

El problema económico era real. Iba más allá de un Caracazo. Venezuela había construido durante años una estructura de consumo parasitaria. La corrección fue demasiado rápida para una población habituada a los subsidios. En todo caso, el PIB decrece en 1989 [primer año de CAP II] pero rebota en un 6 % en 1990, 10.4 % en 1991, 7 % en 1992 y -1 % 1993 [salida]. Justo anotar y subrayar que, por primera vez en la historia, la economía registra un fuerte crecimiento sin dependencia a la renta petrolera.

La renegociación de deuda externa fue el mayor logro financiero de CAP II [cubrió aproximadamente 19 700 millones de deuda externa]. El exministro Miguel Rodríguez –quien lidera el refinanciamiento– es elocuente al decir: “Un ministro de 35 años de edad, y 750 dólares de salario, renegoció para el país una deuda que superaba los 30 billones de dólares, ajustando una quita de intereses de unos 6.6 billones de dólares o 32 % de la deuda”.

El gobierno de CAP II transcurrió en superávit fiscal [1989-1991]. La turbulencia política del 4F-1992 [golpe de Estado] y defenestración de CAP II [entre “Notables”, ajustes de cuenta vía Corte Suprema de Justicia y conjuras soterradas/1993], nos llevan a un salto histórico en retroceso, sin precedentes.

Pasamos de un Estado embriagado de dolores, controles y presidencialismo, a lo peor del siglo XIX: viejas rencillas, polarización, militarismo a lo chapo piedra, rentismo desbordado, socialismo y muerte.

Un autogol que nos costó quedarnos anclados en la III república [porque ni la IV terminó de consolidarse y la V no existió], mar de fondo; sangre, dolor y hambre.

 Chávez, el regreso del taita redentor

Cuando Chávez asume la presidencia [1999], el petróleo estaba alrededor de USD 10 por barril. La situación cambió rápidamente. El precio subió superando los USD 130 por barril [2008] y permaneció elevado durante una década. La renta petrolera alcanzó aproximadamente el 23,1 % del PIB en 2004, 28,1 % en 2006, 26,8 % en 2008 y 21,6 % en 2012.

En 2013 Venezuela tenía unos 30 millones de habitantes. La magnitud del ingreso fue excepcional. El gobierno recibió aproximadamente USD 900 000 millones de ingresos petroleros entre [1999 y 2015]. Una parte importante se destinó al gasto social. Las misiones ampliaron salud, alimentación, educación y transferencias. La pobreza disminuyó durante los años de expansión. Pero la composición del gasto fue crucial. Una proporción creciente de PDVSA dejó de financiar exclusivamente inversión petrolera y pasó a financiar gasto social, infraestructura y programas políticos.

La diferencia respecto de los años sesenta y setenta es que ahora la escala de recursos era mucho mayor.

Una PDVSA que fue la segunda empresa de explotación más importante del planeta, la convierten en un sellado de 5 y 6. Y una nómina de excelencia y talento de primera es despedida a punta de silbatos y humillaciones públicas. Más de 20 000 empleados y ejecutivos desalojados como borregos. No es exageración, es historia.

¿Qué construyó cada modelo? Esta es probablemente la comparación más útil. En el periodo 1958–1976 el petróleo financió SIDOR, Guri, Macagua, CADAFE, EDELCA, petroquímica, cementeras, carreteras, sistemas de riego, universidades, escuelas, hospitales, telecomunicaciones, industria automotriz, empresas metalmecánicas.

En 1970 el 78 % de la población urbana tenía agua corriente en su vivienda y el 42 % tenía cloacas. Diversas estimaciones históricas sitúan la cobertura de agua potable alrededor del 84 %, cloacas en 67 % y electricidad en torno al 93 % para 1998. La infraestructura era imperfecta, pero había una expansión cuantificable.

Durante Chávez también hubo construcción. Sería incorrecto decir que todo el gasto fue improductivo. Se construyeron viviendas, hospitales, centros educativos, sistemas de transporte y obras públicas. Pero la comparación debe hacerse contra el tamaño extraordinario de la renta y los costos de obra cuestionables. La principal empresa del país PDVSA, comenzó a perder capital humano y autonomía técnica. La inversión petrolera no siguió adecuadamente las necesidades de mantenimiento y expansión.

La industria manufacturera perdió participación. Las importaciones crecieron. La economía se volvió vorazmente dependiente del petróleo que afianzó el despojo y la política expropiadora. En 2013 el gasto social representaba el 40 % del PIB frente al 28 % en 2000. Esto permitió una redistribución importante, pero insostenible.

Cuba y Petrocaribe: fiesta en el Caribe, sea usted el juez

Cuba llegó a recibir alrededor de 100 000 barriles de petróleo diarios por orden de Chávez durante más de 20 años. Una matemática conservadora arroja por lo menos un cálculo de 50 billones de dólares en petróleo, el cual, por cierto, no llegó a las manos, ni al tanque ni a los generadores de luz del pueblo cubano, sino a los bolsillos de la revolución.

Petrocaribe agregó otros aproximadamente 90.000–100.000 b/d o 30 billones más entre donaciones y “facilidades de pago”. No había diplomacia capaz de competir con los votos comprados en el Caribe. ¿Qué habría producido Venezuela si una parte de esos recursos se hubiera destinado a agua, electricidad, hospitales, mantenimiento de carreteras, universidades, vivienda, ferrocarriles, agricultura, refinerías, mantenimiento de PDVSA? Sea usted el juez.

Después de 2014, Maduro desapareció buena parte de la renta extraordinaria. La producción petrolera cae y el precio se desploma. La población comenzó a disminuir por desplazamiento y hambre. El PIB per cápita nominal pasó de USD 4776 en 2000 a USD 11 000 en 2008 y USD 860 hoy [USD 80 mes]. Así llegó la crisis humanitaria compleja. Más de 11 millones de venezolanos en hambruna. Insólito e inédito en un país rico donde el petróleo hasta ayer había generado la mayor movilidad social y desarrollo urbano en Latinoamérica.

El bolívar ya no sirve ni de papel higiénico. La inflación nos condujo a una dieta de arroz con mango y yuca. Vivimos el mayor desplazamiento del planeta [superior al de sirios y ucranianos], y una represión brutal a lo régimen antillano.

La otra historia de Venezuela algún día deberá ser contada y deberá ser escrita con sangre, dolor y lágrimas. No de honor sino de miseria, pobreza y graves injusticias.

Trump-Venezuela: ¿qué debe medirse?

Las informaciones publicadas indican que North American Blue Energy Partners recibió derechos sobre 17 campos con aproximadamente 65.000 millones de barriles, mientras que EE. UU. tendría una participación del 35 % y derechos preferenciales sobre parte de la producción. La duración del acuerdo petrolero es de 25 años renovables hasta 100.

Los “puntos de dolor” que identificó Transparencia Venezuela en acuerdo petrolero con EE.UU.

Se habla de inversiones por el orden de USD 100.000 millones y de USD 209.000 millones en regalías e impuestos durante los primeros 25 años. El problema, a nuestro juicio, no es el alcance del contrato y las partes. El verdadero criterio de evaluación es nuestra cultura política. Quién administra, cómo lo hace, quién rinde cuentas, cómo se ejecuta y qué poder concede al administrador de turno.

Si USD 100.000 millones de inversión consiguen reconstruir, con la producción petrolera, refinerías, oleoductos, electricidad, agua, carreteras, universidades, hospitales, pan y seguridad en cada niño y en cada estómago venezolano, habremos logrado un salto histórico que supera lo institucional y da pulmón a una democracia moderna. Quiero subrayar, diversificada, sanamente embriagada de tecnología y crecimiento no petrolero.

Por el contrario, si la inversión se limita a extraer petróleo y transferir la mayor parte del valor hacia el exterior, permitiendo el afianzamiento de un régimen bajo esquemas de dejar hacer y dejar pasar, por conveniencia e interés del Estado tutor, la historia de desgracias y desarraigo se repetirá inclementemente.

El problema entonces no fue el petróleo. Fue humano, cultural. La prueba de fuego del acuerdo Trump-Venezuela, no es medir si estamos preparados para una elección, sino para reconducir y administrar un país. ¿Lo estamos?

La perla de Trump: los venezolanos tendrán elecciones «cuando estén listos»

No dudo que talento sobra. El tema es que ese talento sepa comprender que el pueblo no quiere “más petróleo en sus bolsillos”, sino más afecto, inclusión y oportunidades. Ahí la educación es la base, pero con maestros bien pagados y niños bien alimentados.

Pero ese es otro inmenso tema de largos pergaminos, que aún estamos por asimilar y resolver… y que, digerido y resuelto, nos acreditará una merecida distinción: estamos preparados.

En vez de recibir un país hipotecado, podremos decir, he recibido un país redimido y educado. ¡Gloria a Dios…!

@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Activista de DD. HH. / Abogado / Exembajador en Canadá.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Represión en Venezuela disminuyó pero las estructuras que la sostienen siguen intactas

Redacción Runrun.es
-
0
Represión en Venezuela disminuyó pero las estructuras que la sostienen siguen intactas

A pesar de la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos, las estructuras gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela permanecen prácticamente intactas.

Así lo concluyó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, en sus informes que serán presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo viernes 18 de septiembre. 

La Misión examinó los acontecimientos ocurridos entre septiembre de 2025 y julio de 2026 y también presentó un documento de investigación sobre los colectivos, quienes según la investigación, continúan estrechamente vinculados con el aparato estatal.

Menos detenciones, pero sigue la represión 

La Misión observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas después del ataque estadounidense del 3 de enero de 2026 que devino en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El organismo expuso que el gobierno venezolano excarceló a cientos de personas detenidas por motivos políticos y permitió un mayor margen para las protestas, reuniones públicas y la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, para los expertos de la ONU, esos cambios no representan una transformación estructural.

Las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes y los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad se mantienen.

La Misión también señaló que no se han adoptado medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos.

Además, al menos 19 funcionarios que habían sido identificados previamente por la Misión por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando cargos o han sido reasignados a puestos considerados clave.

“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles”, afirmó Sofía Macher, presidenta de la Misión.

La experta advirtió que mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione a los responsables, cualquier apertura seguirá siendo “frágil y reversible”.

No hay 3 de enero que pare la tortura 

La Misión aseguró que continuó documentando patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos, incluso después de la incursión militar del 3 de enero. Solo después de la captura de Maduro, el organismo investigó 64 nuevos casos de tortura.

Según denuncias, entre las prácticas documentadas en la cárcel de El Rodeo I figuran la intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la “máquina del tiempo”.

En el Fuerte Guaicaipuro, la Misión investigó denuncias sobre personas recluidas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo, expuestas al frío, privadas de alimentos y sometidas a otras prácticas degradantes.

El informe también advierte que cientos de personas permanecen en condiciones de detención, las cuales calificó como deplorables, con restricciones para acceder a agua potable, alimentos, medicamentos y atención médica.

La Misión concluyó que varios casos de muertes bajo custodia de personas detenidas por motivos políticos estuvieron relacionados con la falta de atención médica adecuada y los malos tratos.

Uno de los casos investigados fue el de Víctor Hugo Quero Navas, quien murió bajo custodia del Estado mientras se encontraba desaparecido forzosamente. Según la investigación, su madre, Carmen Teresa Navas, fue informada sobre la muerte de Quero Navas diez meses después de ocurrida esta y falleció diez días más tarde.

Detenciones para intimidar

Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos. El 94 % ocurrió antes de que terminara 2025.

Aunque disminuyeron las detenciones prolongadas, la Misión identificó después del 3E un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración dirigidos a intimidar a activistas opositores, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil. Aunque no hay precisión, organizaciones no gubernamentales estiman que entre 400 y 500 personas siguen detenidas por motivos políticos.

La falta de información oficial, transparente y verificable impide determinar con exactitud quiénes fueron liberados, dónde se encuentran quienes permanecen bajo custodia y cuál es su situación jurídica.

Colectivos, una pieza del aparato represivo

Uno de los apartados centrales de la investigación está dedicado a los colectivos.

La Misión concluyó que estos grupos constituyen “un componente central del aparato represivo del Estado y de un sistema más amplio de gobernanza local y control social”.

Según el documento, los colectivos han operado con distintos niveles de apoyo institucional y en coordinación con autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad.

La investigación también documentó que miembros de organismos de seguridad se habrían incorporado a grupos civiles armados y viceversa, es decir, integrantes de estos grupos habrían pasado a formar parte de instituciones del Estado.

La Misión encontró pruebas de relaciones que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional.

El organismo tuvo razones para creer que el Estado suministró regularmente a estos grupos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio.

La investigación encontró que los colectivos han desempeñado funciones de vigilancia e inteligencia, identificado a personas buscadas por organismos de seguridad y participado en la represión de manifestaciones y persecución de miembros de la oposición.

Según la Misión, su presencia también se ha extendido al ámbito comunitario, el control sobre consejos comunales, servicios públicos y programas sociales.

La Misión determinó que el Estado incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.

Avances incompletos

La experta María Eloisa Quintero instó a las autoridades venezolanas a adoptar medidas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas.

También, pidió que Venezuela revierta su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y coopere plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Por su parte, el experto Alex Neve pidió a Estados Unidos y a otros actores internacionales utilizar su influencia para promover cambios en materia de derechos humanos, al tiempo que advirtió que sus políticas y acciones no deberían contribuir a nuevas violaciones.

Para la Misión, el desafío en Venezuela no se limita a reducir las detenciones o permitir un mayor espacio para la protesta.  Según sus conclusiones, la transformación pasa por desmontar las estructuras que hicieron posible la represión, investigar los abusos, combatir la impunidad y garantizar mecanismos de reparación para las víctimas.

“Los venezolanos no necesitan únicamente una disminución temporal de la represión, sino cambios que impidan que el sistema que permitió las violaciones pueda volver a activarse” dijo Macher. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Aníbal Canelón : “El ingeniero” capturado por EE.UU. en Venezuela y señalado de financiar al Tren de Aragua

Gremio docente denuncia regreso a clases marcado por la improvisación

Dhariam Espinoza
-
0
Gremio docente denuncia regreso a clases marcado por la improvisación

Representantes del Sindicato Unitario del Magisterio (Suma), la fundación Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Vargas (Sitravargas) denunciaron que el nuevo periodo de clases comienza entre improvisaciones, hostigamiento laboral, suspensiones de sueldos y el gran deterioro de los colegios que ha empeorado por el doblete sísmico.

Por esto, las organizaciones señalaron que las políticas que han sido implementadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud y las autoridades educativas han vulnerado los derechos de 470 000 docentes en todo el territorio nacional, además de las suspensiones en los sueldos y despidos.

Problemas en el inicio a clases

Gricelda Sánchez, coordinadora de Suma Caracas, explicó que el llamado a las clases empezó bajo una campaña de amedrentamiento contra los trabajadores al intentar adelantar el inicio de actividades para el 9 de septiembre. Sánchez rechazó las declaraciones oficiales que aseguran la rehabilitación de 1500 planteles, indicando que los reportes de las organizaciones confirman que las maquinarias y los recursos apenas han comenzado a trabajar y de forma limitada.

A su juicio, el deterioro viene de años de negligencia del Estado y del impacto de los terremotos, además de que toda esta situación está unida por el déficit en el programa de alimentación escolar. 

“Es una puerta giratoria, como la de los presos políticos, se logra reactivar un grupo y al momento, a otros les suspenden el salario”, indicó Sánchez, al referirse a las medidas contra los educadores. 

La experta también hizo énfasis en las condiciones socioeconómicas del sector. Exigió la salarización de las bonificaciones y la igualdad salarial entre el personal activo y jubilado.

“Es insólito que hoy un maestro venezolano en muchos casos gane menos de dos dólares mensuales, por eso clamamos justicia y estaremos movilizados con el gremio docente en la calle. bajo el grito ‘no más salarios de hambre'”, concluyó la representante de Suma Caracas.

El impacto de los sismos

La situación de las escueolas es más compleja en La Guaira. Raúl Yemiñame, secretario general de Sitravargas, reveló que más de la mitad de las 259 escuelas públicas de la zona sufrieron grandes problemas por el doble terremoto, mientras que parte de las 82 instituciones privadas registraron daños estructurales graves o colapsaron por completo. 

Yemiñame cuestionó la decisión de obligar el reinicio de las actividades escolares sin contar con las condiciones mínimas de seguridad. Recoró que la Ley Orgánica de Educación establece parámetros claros en su artículo 54 que están siendo vulnerados.

Además, detalló que en las inscripciones hay un gran número de rezagados, porque hay familias que permanecen en refugios.

“Por eso, nuestro disgusto al querer obligar que los docentes inicien actividades antes de tiempo violentando la ley orgánica de educación en su artículo 54, pues no hay condiciones en la región en ruinas. Los padres aún no han inscrito a sus hijos porque muchos están en refugios, e incluso, siguen las réplicas que podrían hacer colapsar algún plantel”, exclamó el secretario general.

Por otro lado, precisó que el impacto del doblete sísmico causó la muerte de 185 docentes, 16 trabajadores obreros y 18 trabajadores administrativos en La Guaira. Por ello, el gremio ha insistido en la necesidad de crear planes de recuperación basados en la planificación, la responsabilidad y la garantía de los derechos laborales y humanos de los trabajadores.

Con información de Nota Prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Chile permitirá la salida de venezolanos con pasaportes vencidos

Dhariam Espinoza
-
0
Chile permitirá la salida de venezolanos con pasaportes vencidos

Los venezolanos que se encontraban varados en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago podrán concretar su retorno a Venezuela, luego de que el Gobierno de Chile lograra un acuerdo de última hora con las autoridades de nuestro país. A las personas que habían quedado retenidas se les impidió el abordaje con órdenes de expulsión o con pasaportes y cédulas de identidad vencidas. 

Esta restricción se ejecutó por la Policía de Investigaciones (PDI) al revisar y revocar la resolución emitida en agosto de 2024 bajo la administración del expresidente Gabriel Boric y la gestión del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taier.

La PDI empezó a aplicar una exigencia más dura de documentación vigente en el control migratorio de salida, afectando a quienes tenían pasajes comprados, mudanzas listas o incluso órdenes de expulsión.

El trato que llevaron a cabo los oficiales desató protestas frente a la sede del Servicio Nacional de Migraciones en el centro de Santiago, donde varias personas denunciaron que ya habían vendido sus inmuebles, departamentos, casas y pertenencias para costear el viaje de regreso y que posteriormente, se quedaron sin un lugar donde descansar tras la negativa de la PDI. 

“Desde anoche se está presentando una situación en el aeropuerto donde a muchos compañeros no los dejaron abordar el vuelo. La respuesta que dan los funcionarios de la PDI es que el documento de viaje ya no lo están valiendo”, denunció uno de los afectados durante las manifestaciones. 

Por otro lado, otra de las personas afectadas relató la falta de respuestas antes de que se lograra llegar a un acuerdo entre las cancillerías:

“Casi todos nosotros dejamos donde vivíamos, departamentos, casas, nuestras cosas, porque ya nos íbamos. Somos muchos los que estamos en la situación y no sabemos qué vamos a hacer”, expresó una de las afectadas.

Tras coordinaciones de última hora entre la Subsecretaría del Interior de Chile y las autoridades venezolanas, el Gobierno chileno confirmó que sí se aceptará el salvoconducto digital emitido por la plataforma de la Cancillería de Venezuela

El subsecretario del interior, Máximo Pavez, confirmó a medios locales que las negociaciones permitirán el destrabe de los embarques en el aeropuerto de la capital chilena. 

“Como Gobierno hemos hecho las coordinaciones con el Gobierno venezolano. A través de un comunicado, nos hizo llegar la petición para que nuestra Policía de Investigaciones pueda conceder como salvoconducto el documento que se obtiene de su página web. De esta forma, quienes tengan documento vencido, van a poder salir”, confirmó Pavez. 

Después de estas instrucciones emitidas por la Subsecretaría del Interior a la Policía de Investigaciones, se empezó a llevar a cabo el reinicio regular del abordaje de los pasajeros afectados desde las primeras horas de este miércoles, 15 de octubre y se permitió la salida del país a quienes se preparaban para pasar la noche en la terminal o permanecían a la espera de una solución oficial. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Asdrúbal Oliveros: “El dólar no va a bajar de precio”  

Alianza Rebelde Investiga (ARI)
-
0
La Conversa | Asdrúbal Oliveros: “El dólar no va a bajar de precio”  

“Me gustaría decirle a la gente otra cosa, pero no creo que el dólar vaya a bajar de precio”, dijo el economista y consultor empresarial, Asdrúbal Oliveros, este martes 8 de septiembre en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual.

Oliveros comentó en el programa semanal conducido por César Batiz, director de El Pitazo, y Víctor Amaya, director de Tal Cual, que probablemente los venezolanos sean testigos de una desaceleración de la devaluación debido a los ingresos petroleros producto de los acuerdos con Estados Unidos y por la venta de divisas que hace el Banco Central de Venezuela (BCV) al sector privado, pero eso no necesariamente se traducirá en un descenso del precio del dólar. 

Oliveros consideró que la estabilización de la moneda  se producirá cuando el Estado solucione el problema fiscal y no gaste más de lo que produce.   

“¿Cómo hago para que no suba el precio del dólar o cómo hago para alcanzar una estabilidad como la que tiene Perú o Colombia? Con un estado que tenga sus cuentas fiscales sanas. Eso es lo que nosotros deberíamos tener. Mientras eso no ocurra, no vamos a tener una solución al problema cambiario. No es posible que el Estado gaste y sea el BCV el que siempre lo auxilie, imprimiendo bolívares para comprar los dólares que hay en la calle”, sentenció el asesor financiero. 

Para Oliveros la estabilidad cambiaria sólo puede alcanzarse con responsabilidad fiscal.

Dolarizar o no dolarizar, he ahí el dilema

El economista estadounidense Steve Hanke asomó la posibilidad y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la negó hasta el punto de destituir al diputado Antonio Ecarri del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos.

De acuerdo al gobierno interino de Delcy Rodríguez, hasta ahora no hay planes de dolarizar a Venezuela y erradicar al bolívar como moneda de circulación nacional. 

“No la satanizo, pero estoy convencido de que la dolarización obviamente tiene ventajas y desventajas”, comentó Oliveros. 

Entre las ventajas de dolarizar, Oliveros enumeró la capacidad que tiene este recurso de frenar la inflación, recuperar a las instituciones y elevar la calidad de vida de los venezolanos con relativa rapidez.

Pero también incluyó dentro de las desventajas la incapacidad que tiene el Estado de revertir esta decisión, la vulnerabilidad de algunas pequeñas empresas y la incertidumbre sobre los sueldos y salarios.  

“La dolarización va a detener el ritmo de crecimiento de los precios, pero no va a generar aumento de salario, eso tiene que ver principalmente con la productividad de un país. Creo que el error de los partidarios de la dolarización es que les gusta hablar de sus bondades, pero no les gusta hablar de sus desventajas”, dijo Oliveros.  

El economista indicó que usar el dólar como moneda regular en el mercado no necesariamente implica un cambio de moneda.

“El Estado sigue emitiendo bolívares. El dólar es más bien un mecanismo de protección de la gente. Entiendo que para dolarizar se debe reformar la Constitución y amerita reformas en el BCV y acuerdos con la Reserva Federal de los Estados Unidos”, agregó el experto.   

Oliveros dijo que a la hora de medir la inflación anual, en bolívares se ubica alrededor de 500%, a su juicio la peor del mundo, y en dólares es de 30%. “Por eso la gente prefiere la moneda estadounidense”. 

Añadió que con una hipotética dolarización, el BCV tendría que asumir otro rol. “Ya quedaría para emitir pagos y supervisar a los bancos”.   

Sin capacidad de ahorro

Para Oliveros la mayor inflación registrada en Venezuela tiene que ver con el rubro de los alimentos. 

El especialista en análisis macroeconómico sostuvo que mientras más pobre es la persona mayor es la cantidad de dinero que gasta en comida. 

El experto en riesgo y entorno de negocios aseguró que la incapacidad de ahorro es lo que merma el poder adquisitivo del venezolano y pese a la reducción inflacionaria que hubo en agosto, el presupuesto del ciudadano común continúa en franco deterioro. 

El consultor informó que desde 2014 hasta 2021, Venezuela perdió el 70% del tamaño de su economía. “Es algo que no tiene precedente en el mundo occidental y sobre todo para un país que no haya pasado por una guerra”. 

Aseveró que de ser la quinta economía de América Latina con 400 mil millones de dólares, Venezuela pasó a ser una economía de apenas 40 mil millones de dólares en 2020 y ser considerado junto a Haití como uno de los países más pobres del mundo.

“Venezuela fue el primer Petroestado en tener una hiperinflación, que además fue la segunda más larga documentada en la historia de la economía con cuatro años”, indicó Oliveros.

El economista aseguró que un sueldo mínimo estancado en 130 bolívares mensuales (menos de 25 centavos de dólar), la ausencia de crédito e incapacidad productiva, responden a haber tenido una etapa hiperinflacionaria. 

“No hay solución rápida ni fácil al drama venezolano. Es una crisis muy profunda, que además es sistémica, es decir, los problemas no son nada más económicos, son sociales, son institucionales y por supuesto también son políticos, es algo que no se puede solucionar en seis meses”.

De acuerdo a Oliveros, el interinato no va a llevar a cabo reformas agresivas que deterioren su escaso capital político porque su intención es perpetuarse en el poder. 

Aumento de la producción

Para Oliveros, una de las cosas positivas que se desprenden de los opacos acuerdos en materia petrolera firmados por los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos es el aumento de la producción de crudo.  

“Este año vamos a terminar con una producción petrolera en torno a un 1 millón 350 mil barriles diarios. Eso es alrededor de 280 mil más que el año pasado y para 2027 se espera que podamos sumar otros 250 mil barriles adicionales”, dijo el experto en finanzas. 

Oliveros calificó como positiva la reforma a la Ley de Hidrocarburos y dijo que sería positivo la publicación de los contratos petroleros con la compañía NABEP, propiedad del empresario venezolano señalado de lavado de dinero y desvío de fondos, Alejandro Betancourt.

“La opacidad en torno a estos contratos hace pensar que parte de estos recursos puedan terminar en estructuras burocráticas que no permitan generar el desarrollo y el crecimiento que el país requiere”, expresó el exdirector de Ecoanalítica. 

Oliveros añadió que la reestructuración de la deuda es fundamental. “Porque es lo que va a permitir que Venezuela pueda insertarse en la dinámica internacional y atraer con mayor libertad inversiones extranjeras”. 

El analista dijo que ni siquiera los economistas venezolanos conocen el tamaño real de la deuda externa.

“Se estima que son alrededor de 180 mil millones de dólares, pero el Financial Times publicó un artículo que habla de $240 mil millones. Venezuela es un paria desde la perspectiva de los pagos y además está sujeta a embargos en todas partes del mundo”, indicó Oliveros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

123...13.424Página 2 de 13.424