Este miércoles 27 de mayo, el equipo de Ambiente y Sostenibilidad Venezuela (ASVE) realizó el foro número 172, titulado “El eje del cambio: sostenibilidad en la reconstrucción de Venezuela”, que contó con la participación especial de la abogada Ada Charles, especialista en gobernabilidad y gestión pública y líder del movimiento Cultura ODS, un proyecto ciudadano que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Desde la perspectiva de la abogada, la sostenibilidad no es un lujo, sino una necesidad estructural. Para ello, se requiere de una gobernanza colaborativa en la que participen diversos actores sociales, como empresas, gremios, la academia, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Esta colaboración conjunta permitirá, mediante el diálogo y el consenso, lograr políticas públicas más eficaces.
Con *Ada Charles* Abogada, Especialista en tributos, política, gobernabilidad y gestión pública de Anzoátegui. pic.twitter.com/ndGhgrPhcP
— Ecosistemas Renovables: Investigación y Acción (@ecorina) May 25, 2026
Conceptos clave del desarrollo sostenible
En ocasiones se suelen confundir los términos “sostenibilidad” y “sustentabilidad” como sinónimos, pero lo cierto es que tienen definiciones distintas. La sostenibilidad es un concepto transversal que integra lo ecológico, lo económico y lo social. De acuerdo con la especialista, busca el equilibrio del bienestar humano actual sin comprometer el futuro. Por otro lado, la sustentabilidad se enfoca principalmente en la preservación del recurso natural. Su objetivo es que el sistema pueda sostenerse por sí mismo, sin agotar los recursos existentes.
Para comprender mejor estos conceptos, Charles ofreció los siguientes ejemplos: se habla de sostenibilidad cuando se busca aplicar paneles solares o turbinas eólicas para reducir las emisiones de carbono, y se habla de sustentabilidad cuando se emplea una técnica de pesca que respete los ciclos reproductivos de los peces. Para la líder de Cultura ODS, ambos conceptos constituyen la mejor herramienta del siglo XXI para preservar el planeta.
Se requiere de un “músculo financiero”
Charles resaltó que Venezuela atraviesa una crisis multifactorial y multisectorial, por lo que insiste en que la energía renovable, la gestión de desechos, la educación ambiental y la salud pública juegan un rol importante en la construcción de soluciones efectivas, siguiendo los estándares mundialmente reconocidos.
“Nuestra Amazonía, cuencas hídricas y biodiversidad son el verdadero tesoro. La meta es que el crecimiento económico no ocurra a pesar de la naturaleza, sino gracias a ella”, expresó Charles.
La abogada reiteró que un marco legal robusto es fundamental para asegurar que las próximas generaciones hereden un país productivo. Para lograr este tipo de metas, se requiere de un “músculo financiero”, derivado de proyectos financiados por mecanismos globales a favor del desarrollo sostenible. Entre ellos se encuentran los “bonos verdes”, o recursos financieros destinados a proyectos que combaten el cambio climático. También están los “bonos azules”, destinados a la protección de recursos marinos en pro de una pesca responsable y turística.
El desarrollo está en manos de sus ciudadanos
Ada Charles explicó que existen tratados internacionales, como el Acuerdo de París de 2015, que se centra en la lucha contra el cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero. Según la abogada, cumplir este acuerdo no es sólo un compromiso ambiental, sino también una acreditación de seriedad institucional que facilita convenios de cooperación técnica. Venezuela cuenta con un gran potencial para calificar a este tipo de proyectos.
La líder de Cultura ODS exhortó a los ciudadanos a permanecer informados sobre las acciones ecológicas que se toman en el país. Aseguró que el bienestar de Venezuela depende de sus ciudadanos: “La meta es que Venezuela aprenda a caminar con paso firme, un país donde su desarrollo no destruya, sino que construya futuro, y eso depende de nosotros”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Quítate tu pa ponerme yo”, dice la popular canción de la Fania All Stars y esa parece ser la consigna del gobierno interino de la presidenta tutelada por la administración de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, quien desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores se ha dedicado a reformar su gabinete y mover las piezas como si se tratase de un tablero de ajedrez a su conveniencia.
En su más reciente jugada, Rodríguez anunció la creación de una comisión de reestructuración del gobierno para adaptarlo a una “nueva realidad política”.
Durante una reunión de consejo de ministros en el Palacio de Miraflores, similar a las que hacían sus predecesores Hugo Chávez y Maduro, Rodríguez dijo que “Venezuela renace, es una nueva estructura de gobierno adaptada a la realidad”.
Según la sucesora del encarcelado en una prisión de New Jersey, la iniciativa debe de tener resultados en un lapso de 90 días, el mismo periodo que estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que se convoquen elecciones si existe una falta absoluta o temporal del presidente.
En la denominada comisión, Rodríguez nombró al frente de esta a un conocido de la revolución desde sus tiempos de estudiante en la Universidad Central de Venezuela (UCV), el vicepresidente de Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, y su compañero será el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, otra especie de “barajita repetida” en el álbum del chavismo.
En la misma jornada, la presidenta encargada dijo que la ministra de Economía y Finanzas Anabel Pereira asumirá el cargo de Comisionada Presidencial para la Gestión Eficiente del Gobierno Nacional.
Hasta novio de la madrina
Héctor Rodríguez ha estado en el gobierno desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez. El abogado mirandino se ha paseado por varios cargos.
Rodríguez es tristemente recordado por la frase “no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para luego llevarlos a la clase media y que aspiren a ser escuálidos”.
Desde 2004 ha estado vinculado a la política cuando fue presidente del centro de estudiantes de la escuela de derecho de la UCV. Posteriormente, en 2005, estuvo en la Secretaría de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV. Además, fue fundador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización a la que llegó a ser coordinador nacional.
Chávez lo nombró ministro del Despacho de la Presidencia en 2008, seguidamente fue viceministro de Políticas Estudiantiles, adscrito al Ministerio de Educación Superior, y al mismo tiempo se desempeñó como vicerrector de Asuntos Sociales de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA).
Pasó a ser ministro del Deporte en 2010 y en 2011 fungió como segundo vicepresidente para el Área Social hasta que fue nombrado ministro de la Juventud en 2013.
En 2014 fue nombrado por vez primera como ministro del Poder Popular para la Educación. Luego se separó del cargo en septiembre de 2015 para aspirar a un curul en la Asamblea Nacional, donde la oposición obtuvo 112 de 167 escaños, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró al Parlamento en desacato y bloqueó la mayoría de sus decisiones.
En una sesión de la An protagonizó un conato de pelea con el diputado de la oposición Rafael Guzmán, luego DE que este llamara “vampira” a la parlamentaria chavista, Tania Díaz.
Posterior a su fugaz paso por la AN con mayoría opositora, cuyas propuestas fueron bloqueadas por el chavismo, fue electo miembro de la extinta Asamblea Nacional Constituyente.
Apenas cuatro días después DE que asumió su curul en la ANC fue designado por Maduro como candidato para aspirar a la gobernación del estado Miranda y con poco más del 50% de los votos venció al candidato de la oposición, Carlos Ocariz y fue reelecto para un segundo periodo que no terminó porque en 2024 regresó al Ministerio de Educación.
Menéndez, el tecnológico
Ricardo Menéndez es otro que ha estado en órbita por un tiempo prolongado. Al igual que Rodríguez el geógrafo de 56 años surgió de la UCV y fue contrario en su etapa estudiantil a los partidos Acción Democrática y Copei llegando a ser presidente de la FCU.
En 2009, Chávez lo designó ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, así como vicepresidente del sector Económico Productivo.
Al año siguiente fue nombrado presidente encargado de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE).
Un día antes de crear el ministerio y ampliar la burocracia, Chávez designó a Menéndez responsable de la cartera del Poder Popular de Industrias en 2011. Dos años después fue reafirmado en el cargo por Maduro y a los meses pasó a ser ministro de Educación Universitaria.
Durante su breve período (enero a junio de 2014), Ricardo Menéndez impulsó la centralización estatal del sistema de educación superior. Esto generó una profunda confrontación con la comunidad académica tradicional. Menéndez promovió la eliminación definitiva de las pruebas de selección internas de las universidades autónomas (como la UCV o la ULA). Argumentó que este cambio era indispensable para erradicar las “mafias internas que controlaban los cupos” y democratizar el acceso. Sin embargo, los rectores y gremios estudiantiles denunciaron la medida como una violación directa a la autonomía universitaria y una imposición de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).
Durante el año 2014, las universidades públicas denunciaron una asfixia financiera crítica que afectaba los salarios docentes, comedores, becas e investigación. Ante las protestas, Menéndez desató la polémica al asegurar en repetidas ocasiones que el presupuesto de educación universitaria estaba plenamente garantizado. Acusó abiertamente a las autoridades rectorales de “mentir” en torno a la crisis presupuestaria. Su gestión coincidió con las intensas manifestaciones nacionales de 2014, lideradas en su mayoría por jóvenes. Menéndez adoptó una postura radical contra los movimientos estudiantiles opositores, acusándolos de montar “barricadas” y ejecutar “ataques consecutivos” contra instituciones del Estado.
En 2014 saltó hacia el Ministerio del Poder Popular de Planificación y ese mismo año fue nombrado director externo de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
Pereira, por una vía similar
La carrera pública de la abogada y economista caraqueña Anabel Pereira Fernández comenzó en 2012 cuando asumió el cargo de presidente del Instituto Municipal de Crédito Popular de la alcaldía de Caracas. Seguidamente, en 2015, fue nombrada directora general de Servicios Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En los años recientes, Pereira ha acumulado argos de alta relevancia bajo la estrecha confianza política de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Su ascenso en la administración pública comprende responsabilidades clave en materia de regulación bancaria, divisas, hidrocarburos y control social.
Estuvo al frente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) hasta enero de 2023. Ese mismo año fue nombrada responsable de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban).
Luego del arresto del presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) en el marco de la denominada “purga madurista” pasó a administrar la institución por un periodo de seis meses. En agosto de 2024 fue nombrada ministra del Poder Popular de Economía y Finanzas y asumió la conducción macroeconómica del país y un año después pasó a la vicepresidencia del Banco Central de Venezuela (BCV). Además de sus responsabilidades, en septiembre del año pasado, le endosaron la vicepresidencia de Comercio y Suministro Internacional y Miembro Principal de la Junta Directiva de Pdvsa.
Asimismo, a inicios de 2026, fue designada presidenta encargada de la Fundación Patria para dirigir la plataforma tecnológica que gestiona los subsidios, bonos y bases de datos socioeconómicos de la población.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Recuerdo que, cuando estudié, algún que otro profesor se refería al encaje como la garantía de los depósitos, e incluso cuando trabajé en el Banco Central oí con frecuencia esa expresión entre mis colegas. Pues no: el encaje es el mecanismo que favorece o complica la actividad crediticia de los banqueros. Así lo era en la época de la banca libre, como lo es en estos tiempos de bancos centrales.
La protección de los depósitos parte, en primer lugar, de la buena gestión del banquero, quien conoce a sus clientes y presta a quienes van a devolver el dinero; si no lo hace así, los depositantes son los primeros perjudicados.
A quienes creen que la banca central los protege, les informo que esa protección tiene un costo, y se paga en cruel inflación, como lo vimos en Venezuela durante la crisis financiera. De hecho, la crisis tiene su origen en la intervención del banco central, y los efectos del rescate constituyen también un pasivo derivado de contar con esa institución. De ahí la conveniencia de optar por la dolarización o, en su defecto, por un banco central que funcione como caja de conversión.
Venezuela y sus treinta años de encaje inestable
En Venezuela, el porcentaje de encaje se ha modificado con excesiva frecuencia durante más de treinta años. En aquel entonces existía un encaje para los depósitos a la vista, otro para los de ahorro y otro para los depósitos a plazo. Al salir del control de cambios de 1983 e iniciarse el segundo gobierno de Pérez en 1989, todos los encajes se homologaron en 15 %. Allí también se libró una discusión agria sobre la liberación de tasas, que concluyó en una regulación a medias por parte del banco central, con tasas colocadas en niveles extremos que terminaron forzando una liberación de hecho de las tasas de interés. Luego volvieron a modificarse a finales de 1991.
El experimento del encaje marginal y sus consecuencias
Durante el gobierno de Chávez hubo una pequeña reducción del porcentaje en 2002, pero tres años después de establecido el último control de cambios, en 2006 se creó la modalidad de encaje marginal, que se prolongó hasta 2020 y marcó un período de casi dos años con un encaje del 100 %.
Hay economistas que abogan por ese porcentaje en la creencia de que eso evita la inflación y las crisis; pues bien, ahí tienen un caso de estudio: el encaje del 100 % no acaba con la inflación, es antinatural y antiliberal. Un liberal no puede restringir a nadie la realización de negocios, y menos aún si estos no afectan a terceros ni constituyen delito; eso va contra los principios.
Una reducción tímida y a cuentagotas
En abril de 2020 se redujo tímidamente a 93 % y se siguió experimentando hiperinflación. En enero de 2021 se disminuyó a 85 % y en febrero de 2022 se fijó en 73 %, en paralelo a un encaje especial del 40 % para los bancos microfinancieros y los bancos de desarrollo. Con cada reducción del encaje se abrigaba la esperanza de nuevas bajas, pero no: se quedó ahí, en 73 %.
Qué significa prestar solo el 27 % de los depósitos
¿Qué significa un encaje de 73 %? Que el banquero puede prestar únicamente el 27 % del dinero que le depositan. Con esa proporción, es casi imposible que se produzca una reactivación de la economía. El comercio y la construcción —sectores dinamizadores de la actividad económica— no pueden funcionar sin el lubricante del crédito de corto plazo.
La venta de inmuebles es otro asunto: requiere estabilidad monetaria (de ahí la ventaja de dolarizar) y, posteriormente, una modificación de la ley de bancos, pues en buena ley debe haber entidades especializadas en banca hipotecaria que emitan cédulas de largo plazo para financiar los créditos hipotecarios. La promoción de inmuebles sí es un negocio de corto plazo, que es el horizonte natural de los bancos.
El camino: reducir el encaje para reactivar la economía
Por lo pronto, es preciso reducir de manera significativa el encaje para que los bancos puedan cumplir su función en la economía: financiar los negocios y poner los mecanismos de crédito al alcance de quienes los necesitan.
Además, un porcentaje bajo de encaje favorece una política de diferenciales de tasas menores, lo que se traduce en tasas activas más bajas y tasas pasivas acordes, lo que a su vez impulsaría la reactivación del consumo, del crédito y de la actividad económica en general. A la espera de cambios más profundos.
A la medianoche de este miércoles 27 de mayo, y como resultado de la presión ciudadana y la denuncia de los medios de comunicación, el apartamento del uruguayo-venezolano y expreso político José Breijo, de 73 años de edad, fue finalmente desocupado. Aún así, defensores de derechos humanos alertaron que el inmueble, ubicado en el edificio Pascuarelli en Bello Monte, se encuentra totalmente vacío y desvalijado por el funcionario que lo mantenía tomado de forma ilegal.
🔴 #NoticiasAhora | José Breijo logró recuperar su apartamento luego de que, según denuncias de activistas y vecinos, la propiedad fuera ocupada por un funcionario mientras él permanecía detenido injustamente en Tocuyito.
Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, calificó este hecho como una“victoria ciudadana” impulsada por los vecinos de la residencia para ayudar al señor Breijo. Según comentó, durante la medianoche del martes se presentaron presuntos funcionarios policiales en camionetas para ejecutar el desalojo y dejar entrar a José Breijo a la vivienda.
Rojas indicó que el supuesto invasor pertenece al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el mismo cuerpo que ejecutó la captura del señor Breijo en diciembre de 2023.
Respuestas vacías
La entrega del inmueble se realizó bajo gran opacidad y falta de garantías, ya que los funcionarios presentes argumentaron que que el apartamento le había sido entregado al policía por la Presidencia de la República, pero se negaron a presentar cualquier documentación legal que justificara la ocupación del espacio. Posteriormente, abandonaron el lugar de forma abrupta al permitir el ingreso de José Breijo.
“El señor José tiene 22 años viviendo aquí, pagando su arriendo todos los meses. No hubo ningún tipo de explicación. Lo metieron en el apartamento y se fueron”, señaló el coordinador del Frente Norte de Caracas.
Aunque la medida evita que el señor Breijo continúe durmiendo en el pasillo del edificio, la realidad es el desamparo total porque los funcionarios se deshicieron de la nevera, cocina, su cama y el resto de sus pertenencias personales durante la invasión.
Una detención arbitraria
El origen de la vulnerabilidad de José Breijo se remonta a diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un establecimiento en Caracas y su único propósito era tomar una fotografía de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma y tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local para reportar el hallazgo, fue delatado y posteriormente capturado por el cuerpo del GOES.
Breijo pasó dos años encerrado injustamente en el centro penitenciario de Tocuyito bajo acusaciones de terrorismo y durante este tiempo desarrolló severas dolencias pulmonares. Al ser excarcelado para cumplir la condición de cárcel por casa, las autoridades lo dejaron desatendido en la entrada de su residencia y encontrándose con un candado que impedía el acceso a su propio hogar.
Propiedades vulneradas
El Frente Norte de Caracas advierte que la agresión contra Breijo no es un caso único, sino que evidencia un patrón sistemático del Estado en temas de desprotección y abusos contra los detenidos por motivos políticos y la población de tercera edad en el país. La organización denunció cómo funcionarios y colectivos armados se dedican a confiscar cuentas bancarias, desvalijar viviendas y apoderarse de locales aprovechando la situación de los ciudadanos encarcelados.
Además de la invasión ilegal de su vivienda, y de haber tenido que dormir en un pasillo, José Breijo estará confinado bajo arresto domiciliario en una vivienda desmantelada, sin recursos económicos y con una patología pulmonar que se agravó en prisión. Defensores de los derechos humanos han hecho llamados para que intervengan urgentemente en este caso y le brinden apoyo institucional y la asistencia médica necesaria para garantizar la dignidad de su vida.
La activista uruguaya, Giuliana Brandi, informó también este 27 de mayo que el cónsul uruguayo en Caracas ha mantenido contacto constante con Breijo y que ha colaborado “con insumos necesarios para su situación actual.
“Hasta el momento, ha sido la única autoridad gubernamental que se ha hecho presente de manera directa junto al ciudadano. Asimismo, Cancillería de Uruguay continúa en comunicación permanente sobre el caso”, agregó.
Detenido solo por tomar una foto
El origen de la detención de José Breijo se remonta a diciembre de 2023 y estuvo motivado por una iniciativa personal del ciudadano tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente.
“En el año 2023 se desató una guerra entre Hamás e Israel. Yo quise echar una mano, digamos, pero no se me ocurrió otra cosa que ir a una oficina donde concurre gente del Medio Oriente, y donde se decía que era una oficina de Hamás y de todo ese tipo de gente, sacarle una foto”, explicó.
De acuerdo con su testimonio, el ingreso al establecimiento se produjo de manera pacífica y con el único fin de registrar una imagen de los elementos que se encontraban en el interior. “Logré entrar, sin violencia, sin nada, porque la estaban limpiando, y saqué una foto. Le saqué una foto a una bandera que estaba en la pared, que tenía una inscripción”, relató el ciudadano uruguayo-venezolano.
El señor Breijo aclaró que no comprendía el contenido del texto capturado debido a la barrera idiomática, al manifestar: “Yo ni pepa porque no hablo árabe ni ningún idioma de esos”.
Finalmente, el intento de entregar el material fotográfico desencadenó su posterior captura por parte de cuerpos de seguridad. Breijo afirmó que su intención inicial era reportar el hallazgo a miembros de la comunidad judía local, lo que terminó alertando a los funcionarios: “Se la quise entregar a un rabino (líder espiritual, maestro y guía de una comunidad judía) y me mandaron con la policía sin que ella me diera cuenta”.
Esta acción derivó en la posterior movilización del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuerpo que ejecutó la detención formal bajo engaño en una panadería de Caracas. “Tengo un problema de salud semigrave (…) No tengo ayuda, no tengo nada. Estoy con tres o cuatro compañeros ahí que son los que le están echando pecho a la situación”, alertó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el año 2017, la extinta Asamblea Nacional Constituyente promulgó la denominada Ley contra el odio. El texto legal nació con el objetivo formal de sancionar los discursos discriminatorios y promover la paz social en el país. Sin embargo, esta normativa ha sido utilizada de forma exclusiva para perseguir penalmente la disidencia y la crítica política.
Este instrumento jurídico funciona como una pieza clave dentro de la legislación represiva venezolana al establecer penas severas de hasta 20 años de prisión por delitos de opinión.
La ambigüedad de sus artículos permite que las autoridades procesen penalmente cualquier expresión de descontento ciudadano en medios tradicionales o plataformas digitales. En la práctica, la ley sirve para eliminar el debate público e instaurar un mecanismo de censura institucionalizada.
Para entender qué debe hacerse en el “nuevo momento político” con este instrumento legal, este miércoles, 27 de abril, tuvo lugar el foro virtual “¿Derogar o Reformar?: La ley contra el odio y su impacto en los derechos humanos en Venezuela”, en el que dos especialistas analizaron la vigencia y aplicación de este instrumento en el país.
En el taller participaron el abogado y profesor universitario Rafael Chavero, junto al director ejecutivo de la organización Espacio Público, Carlos Correa. Ambos ponentes expusieron los mecanismos con los que esta normativa afecta la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.
Origen de una normativa vaga
Rafael Chavero situó el nacimiento de esta ley en el contexto de conflicto social posterior a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. El Ejecutivo implementó la ley a través de la extinta ANC en un debate que duró apenas dos horas.
Chavero explicó que la principal misión de esta instancia consistió en “activar el aparato represivo del Estado para silenciar y acabar con la disidencia política”.
La legislación justifica su existencia en la protección contra el discurso discriminatorio, pero en la práctica incorpora el concepto de odio político. Esta categoría carece de una definición precisa en el texto legal.
En ese sentido, el especialista señaló que el Estado utiliza esta premisa como una excusa para generar “una especie de cheque en blanco al aparato represivo para que pueda perseguir cualquier tipo de discurso que moleste”.
Por su parte, Carlos Correa coincidió en que la imprecisión absoluta en la definición de los delitos caracteriza a las leyes sobre libertad de expresión en Venezuela. Esta falta de claridad genera arbitrariedad en la aplicación de la justicia.
Correa advirtió que “esa imprecisión hace que muchísima gente pueda ser afectada porque la interpretación es demasiado laxa, demasiado libre”.
El impacto psicológico y la autocensura en los medios
La severidad de las sanciones constituye uno de los principales factores de inhibición social. La ley establece penas que van de 10 a 20 años de cárcel para los delitos de opinión. Al respecto, Rafael Chavero explicó que el gobierno buscaba “incrementar la pena para con ello evitar los beneficios procesales que puede tener alguien que sea juzgado por un delito de opinión”.
Esta política punitiva afecta directamente la labor de los periodistas y el funcionamiento de los medios de comunicación. El texto legal contempla la revocación de licencias y concesiones para las empresas de radio y televisión que difundan contenidos considerados contrarios a la norma.
Para proteger sus operaciones las plantas televisivas y radiales modificaron sus líneas editoriales de forma drástica. Los medios de comunicación tradicionales redujeron al mínimo los programas de debate y opinión política para evitar sanciones.
Chavero apuntó que, tras la aprobación de la ley, los canales muestran un “contenido completamente rosa, es decir, un contenido alejado de la polémica, alejado de la crítica”.
La expansión de las sanciones al ciudadano común
Los patrones de restricción a la libertad de expresión cambiaron su rumbo durante los últimos años. Carlos Correa explicó que las autoridades ya no limitan las acciones punitivas a los profesionales de la comunicación. La persecución se trasladó hacia los entornos digitales y las redes sociales debido al deterioro y cierre de los medios tradicionales informativos.
El Estado comenzó a perseguir a las fuentes de información alternativas como médicos, ingenieros o economistas que declaraban sobre la crisis de los servicios públicos. Asimismo, ciudadanos comunes enfrentan juicios por manifestar descontento en plataformas digitales.
Correa citó el caso de un líder comunitario que “tiene una sentencia de 10 años por sencillamente difundir una información de un evento que estaba ocurriendo en su comunidad” mediante la plataforma TikTok.
Por su parte, Chavero relató casos de personas condenadas a quince años de cárcel por quejarse a través de un mensaje de audio en WhatsApp sobre el retraso en la distribución del gas doméstico. Esta realidad instaló un pánico permanente en la población. El abogado afirmó categóricamente que “el venezolano vive en pánico a expresarse” y que las personas temen que las autoridades revisen sus teléfonos celulares en la calle.
La aparición de redes de extorsión y la inflación legislativa
La severidad de las penas combinada junto a la falta de tipificaciones claras generó un entorno propicio para la corrupción interna. Correa denunció que diversos funcionarios policiales y judiciales utilizan la estructura de la ley para extorsionar a la población. Los agentes amenazan con iniciar investigaciones penales por delitos de odio para exigir beneficios económicos a los ciudadanos.
Estas prácticas delictivas incluyen el uso de capturas de pantalla falsas y montajes digitales para amedrentar a las personas en espacios cotidianos.
Correa comparó esta dinámica con el tráfico de estupefacientes, pues los funcionarios advierten a la víctima: “Si no me das tanto dinero, pues te va a aparecer una droga”. El especialista señaló que ahora usan la Ley contra el Odio bajo esa misma lógica.
Además, el director de Espacio Público enmarcó esta ley dentro de un proceso de inflación en la construcción de normas orientadas a lo que denomina como “violencia institucional”. Este esquema utiliza tribunales, jueces y sistemas periciales para criminalizar la crítica. Leyes como la de Responsabilidad Social en Radio y Televisión o las normativas sobre el estado de excepción complementan este entramado judicial.
Propuestas para el desmontaje del sistema punitivo
Los especialistas plantearon soluciones urgentes para restablecer las garantías democráticas y la confianza ciudadana. Ambos ponentes descartaron la opción de reformar el texto y defendieron la necesidad de una derogación total de la Ley contra el Odio.
En primer lugar, Carlos Correa argumentó: “Hay un panorama de leyes que yo creo que hay que desarmar, que hay que podar si efectivamente queremos avanzar hacia una reinstitucionalización”.
Por su parte, para el mediano plazo, Chavero propuso una depuración profunda del sistema judicial venezolano. El abogado sugirió activar los mecanismos constitucionales que obligan a los jueces a ingresar a sus cargos mediante concursos públicos de oposición. Este paso garantizaría la independencia y la estabilidad de los operadores de justicia frente a las presiones del Poder Ejecutivo.
Asimismo, exhortó a los gremios y organizaciones no gubernamentales a exigir una directriz formal al fiscal general. El Ministerio Público posee la facultad de ordenar a sus fiscales la paralización de las investigaciones penales basadas en discursos políticos.
Finalmente, Chavero planteó exigir una orden clara: “Queremos una directriz suya de que no se persiga a nadie por ningún discurso de naturaleza política por la ley del odio”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este miércoles, 27 de mayo, se cumplen 19 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), un hito que marcó el inicio de una política de silenciamiento y censura contra los medios de comunicación venezolanos, según críticos y defensores de la libertad de expresión.
En 2007, el Gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de RCTV, uno de los canales con mayor audiencia del país. Chávez acusaba al canal de apoyar el “golpe de Estado” del año 2002, hechos calificados por la entonces Corte Suprema de Justicia como un “vacío de poder” y por los que terminó brevemente del poder. La medida fue calificada por organizaciones de prensa, opositores y observadores internacionales como “un golpe a la libertad de expresión”.
A pesar de las movilizaciones, protestas y campañas nacionales e internacionales para evitar que la planta saliera del aire, a las 11:59 p.m. de aquel 27 de mayo el canal emitió su emotiva despedida cantando el Himno Nacional con la presencia de artistas, técnicos y personalidades frente a las cámaras.
Justo a la medianoche, la señal de la planta televisiva pionera de Venezuela se apagó tras 53 años al aire. Minutos después del cese, el chavismo utilizó los equipos y la infraestructura de transmisión de RCTV para dar inicio a las emisiones de la nueva televisora estatal, la Televisora Venezolana Social (TVES). En minutos posteriores, se proyectó un video grabado previamente en el que el Gustavo Dudamel dirigía a la Orquesta Sinfónica y los Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela interpretando el Gloria al Bravo Pueblo.
El cierre de RCTV dejó huellas concretas: periodistas desplazados, audiencias fragmentadas y una sensación persistente de vulnerabilidad entre medios críticos. La fecha permanece indeleble en la memoria de todos los venezolanos y todos los años, medios de comunicación y ONG recuerdan el hecho.
19 años sin señal
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) publicó un post recordando que hace 19 años el cierre de RCTV transformó el mapa de medios en Venezuela. “No fue un trámite, sino el inicio de una política de silenciamiento”, expresó el CNP.
El Colegio Nacional de Periodistas también destacó que, en el presente, la censura mutó al bloqueo digital, “pero el compromiso con la verdad sigue intacto”.
#27May Hace 19 años el cierre de RCTV transformó el mapa de medios en Venezuela. Desde @CNPCaracas recordamos que no fue un trámite, sino el inicio de una política de silenciamiento.
Hoy la censura mutó al bloqueo digital, pero el compromiso con la verdad sigue intacto. pic.twitter.com/IYVrnVFSoH
La ONG Un Mundo Sin Mordaza también se pronunció a propósito de cumplirse un año más del cierre de la televisora y señaló a través de su cuenta en X que con el cierre de RCTV el espectro televisivo no solo perdió telenovelas, noticieros e íconos culturales arraigados en el corazón de los ciudadanos, sino que “abrió la puerta a algo mucho peor: la autocensura y el miedo generalizado a denunciar e incomodar al poder”.
Un Mundo Sin Mordaza resaltó que a pesar de las constantes amenazas, el periodismo independiente y los ciudadanos siguen empeñados en alzar la voz para visibilizar las injusticias del país.
Hace 19 años el régimen apagó las pantallas de RCTV, un golpe devastador que marcó el inicio del declive visible de la libertad de expresión en Venezuela.
Con su cierre, el espectro televisivo no solo perdió telenovelas, noticieros e íconos culturales arraigados en el corazón… pic.twitter.com/fHJbCfLQWN
Por su parte, la organización Medianálisis explicó tres realidades que ocurrieron con el cierre de RCTV y recalcó que las consecuencias de aquel 27 de mayo en el ecosistema de medios venezolano siguen estando muy presentes.
La primera realidad que expuso Medianálisis con la no renovación de la concesión al canal es que el ciudadano perdió su derecho a elegir qué ver y a contrastar la realidad, una situación que luego se refrendó con la venta y cambio editorial de Globovisión.
Otra consecuencia de la la salida del aire de RCTV (2007), la censura a su señal internacional (2010) y la clausura de su web (2012) fue que cientos de profesionales debieron migrar o reinventarse. El CNP estima que cerca de 4000 comunicadores venezolanos se han ido del país por falta de oportunidades laborales.
Sin embargo, destaca la organización es que a pesar de que se apagaron las pantallas tradicionales, no han podido apagar el compromiso de los periodistas que hoy, desde cualquier trinchera digital o espacio de investigación, siguen informando. “La pantalla quedó en negro, pero el periodismo sigue iluminando”, expresaron.
🧵 ¿Qué perdimos realmente cuando se apagó la pantalla de RCTV?
A 19 años del cierre de su señal abierta, las consecuencias de aquel 27 de mayo en el ecosistema de medios venezolano siguen estando muy presentes.
La ONG Espacio Público recordó que RCTV salió del aire pese a las solicitudes de sus directivos ante el Ejecutivo para que recapacitara en su medida. El gobierno también ignoró el reclamo de la ciudadanía, que alzó la voz en las calles una ola de manifestaciones pacíficas que no tuvieron fruto.
Otros canales nacionales como Globovisión, Televen y Venevisión se sumaron a RCTV dividiendo sus pantallas para informar lo que ocurría. Sin embargo, esto resultó una sentencia directa por parte de Chávez y una clara advertencia para los demás medios de comunicación.
Tiempo después, el canal Globovisión fue vendido al Estado, mientras que Televen y Venevisióncambiaron o suavizaron la crítica al gobierno en sus líneas editoriales para evitar consecuencias como la de RCTV, con lo que los principales canales de televisión no informaron o informaban a medios sobre episodios cruciales de la crisis venezolana, como las protestas de 2014 y 2017, los fallecidos en estas manifestaciones, las distintas oleadas de persecución, represión y presos políticos, la escasez de alimentos, las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja en todos los sectores, la crisis política de 2019, la pandemia del covid-19, primarias opositoras de 2022 y presidenciales de 2024, entre otros temas de interés nacional.
En dos décadas del chavismo se ha registrado el cierre de al menos 423 medios de comunicación: 330 emisoras de radio, 87 medios impresos, 19 canales de televisión. El pasado 17 de mayo, en el marco del Día Mundial del Internet, VE sin Filtro recordó que en Venezuela la búsqueda de información es un “desafío”, pues se mantienen más de 200 dominios bloqueados bajo criterios completamente arbitrarios.
La peor parte de esta ofensiva institucional se la lleva la prensa libre. El proyecto y programa de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre denunció que la censura apunta directamente contra el ejercicio periodístico, y que más de 60 medios de comunicación digitales siguen bloqueados, una lista que incluye portales de noticias nacionales, regionales e internacionales y entre los que se encuentra Runrun.es, bloqueado inicialmente en Venezuela el 15 de mayo de 2020por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
La medida contra Runrun.es fue ejecutada en su momento por los principales proveedores de internet, incluyendo Cantv y la empresa privada Inter y luego, en julio de 2024, el medio sufrió una escalada en las restricciones de acceso en la víspera de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando operadoras como Digitel, NetUno, Airtek y Movistar aplicaron nuevos bloqueos a su dominio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, regresó a Venezuela con el objetivo de reencontrarse con su familia y solicitar el cierre definitivo de la causa judicial en su contra. La información la confirmó su hermano, José Manuel San Miguel, a través de un comunicado difundido en redes sociales.
En el comunicado, la familia valoró el acompañamiento recibido durante su estancia en España y solicitó respeto por la privacidad, serenidad y estabilidad familiar mientras se transita esta etapa. Agradecieron también a las personas e instituciones que contribuyeron al bienestar de la defensora de derechos humanos en momentos de complejidad humana y familiar.
La familia recordó que Rocío San Miguel permanece sujeta a medidas cautelares, incluida la prohibición de ofrecer declaraciones a medios de comunicación. Por ello, cualquier información sobre su situación será difundida exclusivamente por su entorno familiar.
Caso Rocío San Miguel
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando intentaba salir del país.
El gobierno de Nicolás Maduro la acusó de presunta traición a la patria, terrorismo y conspiración por un supuesto complot militar.
Durante su tiempo de reclusión, hubo alertas reiteradas sobre su situación de salud. Sufrió una fractura de hombro debido a una caída provocada por laberintitis. Estuvo unos cuatro meses sin recibir atención médica oportuna, solo analgésicos para mitigar el dolor, lo que le dejó secuelas por las que requirió dos intervenciones quirúrgicas. Además, padeció un régimen de aislamiento extremo e incomunicación.
Tras los hechos del 3 de enero en Venezuela, San Miguel fue excarcelada el 8 de enero de 2026, bajo medidas cautelares y con el proceso legal aún en curso. En el marco de ese proceso, inmediatamente después de salir de prisión, fue enviada a España.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Dailyn Oropeza camina diariamente entre dos mundos que se cruzan en el mismo punto de la salud pública venezolana. Ella es médico general de 26 años de edad que ejerce en el sector público y, al mismo tiempo, es una persona que vive con diabetes tipo 1 desde los cuatro años.
Esta doble condición de profesional de la medicina y paciente de larga data le otorga una mirada integral sobre los desafíos de gestionar una condición crónica en el país.
A diferencia de hace dos décadas, cuando el sistema público garantizaba los tratamientos, el contexto actual exige una capacidad adquisitiva que desafía la realidad de los trabajadores de la salud.
La brecha entre el tratamiento ideal y el accesible
La diabetes de tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina en el páncreas. Esta hormona permite al cuerpo usar el azúcar de los alimentos como energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo destruye las células que la producen, lo que acumula el azúcar en la sangre. Esto es altamente riesgoso porque puede causar cetoacidosis (una emergencia médica por sangre ácida), coma y daños graves a largo plazo en el corazón, riñones, ojos y nervios si no se administra insulina diariamente para sobrevivir.
Pero en Venezuela, la brecha de costos entre la medicina privada y los subsidios públicos obliga a personas como Dailyn a tomar decisiones complejas sobre el propio tratamiento. Y es una realidad que, al menos, más de millón y medio de personas en el país deben enfrentar, según los más recientes cálculos que hizo la Federación Internacional de Diabetes en 2024.
“El costo de las insulinas es muy elevado, incluso mucho más de lo que yo misma puedo costear… Aproximadamente entre 200 y 300 dólares mensuales, solamente la insulina”, señala.
Al no poder cubrir el costo de las insulinas de acción ultrarrápida y ultralenta en farmacias privadas, Dailyn recurre a las opciones gratuitas (Cristalina y NPH) suministradas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Como profesional de la salud, es consciente de los riesgos de este ajuste forzado:
“Las que yo utilizo no son tan recomendadas en el uso del paciente con diabetes tipo 1 porque son más susceptibles a producir hipoglucemias –descenso anormal de niveles de glicemia que puede ocasionar desmayos y convulsiones– una de las emergencias diabéticas más complicadas”, explica.
A este panorama se suma el costo de los glucómetros -aparato electrónico-, tiras reactivas -láminas desechables-, agujas y lancetas, insumos indispensables para medir el nivel de azúcar en la sangre, que deben ser financiados en su totalidad por el paciente ante la escasez en las instituciones públicas.
Pero la gestión adecuada de la diabetes tipo 1 no se limita solo a la medicación. También requiere un seguimiento multidisciplinario que incluye consultas anuales con endocrinólogos, ginecólogos, nutricionistas, oftalmólogos, entre otros; además de exámenes de laboratorio constantes.
Si bien existen servicios activos en hospitales de referencia como el Hospital Vargas en Caracas, la saturación del sistema y los tiempos de espera de hasta cuatro meses limitan la atención oportuna ante dudas o urgencias. Por la vía privada, cada consulta puede oscilar entre los 60 y 80 dólares. El verdadero freno, detalla Dailyn, suele estar en los estudios previos.
“No siempre el impedimento es el chequeo médico per se, sino los gastos que conllevan ir al chequeo… La hemoglobina glicada-análisis especial para medir el nivel promedio de azúcar en la sangre durante los últimos tres meses- ya no se encuentra a nivel público, siempre tiene que ser costeada a nivel privado”, acota.
El reto más visible: una dieta adecuada
Para una persona con diabetes, la nutrición es el pilar que sostiene la estabilidad glucémica. Sin embargo, el presupuesto impone sus propias reglas en el plato. Dailyn relata cómo el salario del sector público condiciona la calidad de la dieta, llevando a priorizar la economía sobre el requerimiento médico.
“Los alimentos que son más beneficiosos para el control glucémico suelen ser los más costosos… En mi caso, lo que termino sacrificando con mayor frecuencia es la parte de la alimentación”, confiesa.
La escasez de proteínas, vegetales y frutas en su dieta diaria abre paso a un consumo desproporcionado de carbohidratos, una estrategia común para prolongar la saciedad pero que dificulta el control metabólico a largo plazo.
“El carbohidrato, que es el más económico, suele predominar en el plato y eso es directamente proporcional al descontrol glucémico que suelen tener los pacientes”, indica.
El testimonio de Dailyn Oropeza refleja la realidad de miles de personas que deben ajustar sus tratamientos diarios a las opciones disponibles, aunque no sea lo más adecuado, pero es lo que hay.
“Honestamente, no existe ninguna manera de que el sueldo del sector público te abarque todo lo que tú necesitas como un paciente diabético para poder llevar tu control adecuado”, añade.
En el análisis de la organización, la misma señala que para el periodo estudiado, el grupo alimentario que más aumentó fue el de las carnes y sus preparados, con un incremento del 26,24%.
El arte diario de equilibrar la balanza
La rutina de Dailyn desmitifica la idea de que vivir con diabetes tipo 1 se reduce a seguir un horario rígido. Ella explica que la administración de sus insulinas no responde a horas fijas, sino que se calibra en función de la dinámica de sus comidas y de un monitoreo riguroso.
Como mínimo, debe medir sus niveles de glucosa en sangre tres veces al día —coincidiendo con el desayuno, el almuerzo y la cena—, aunque cualquier malestar físico o imprevisto la obliga a realizar mediciones adicionales fuera de su pauta habitual.
Gestionar esta condición implica también saber reaccionar con rapidez ante las fluctuaciones de su cuerpo. Cuando experimenta un bajón de azúcar, busca consumir algo dulce, idealmente líquido por su velocidad de absorción, mientras que ante una elevación de glucosa debe ajustar la dosis de la hormona.
“Los malestares están dados principalmente por muchas ganas de orinar, tener mucha sed, a veces el cansancio… puede llegar incluso a generar una fatiga extrema”, detalla.
A pesar de estas exigencias, ha mantenido una vida activa en la medida de sus posibilidades —practicó voleibol en años anteriores— y maneja sus interacciones sociales con flexibilidad, moderando las porciones sin las severas restricciones del pasado.
De los mitos de la infancia a los riesgos de la escasez
Cuando recibió su diagnóstico, el mundo estaba en una época marcada por mitos que estigmatizaban y limitaban la vida social de los niños debido a la creencia de que no podían consumir ningún tipo de dulce. Hoy, la evolución médica permite entender que el enfoque correcto radica en la moderación y en la correspondencia exacta entre la ingesta de alimentos y la dosis de insulina.
Sin embargo, el desafío social de la adolescencia fue reemplazado más adelante por una crisis de desabastecimiento que le causó problemas de salud cuando la insulina desapareció temporalmente del sector público.
“El paciente diabético quedaba como en una deriva, porque de allí se sustentaba su control”, recuerda Dailyn sobre los momentos más duros de la crisis. Sin las herramientas básicas para medir su glucosa, la administración de la medicación se convirtió en un proceso al azar, una inestabilidad que le provocó una emergencia médica.
“Hubo un incidente en el que tuve una hipoglicemia muy grave por no tener cintas reactivas para hacerme control glucémico… Todo fue consecuencia de este descontrol que yo tenía al momento por falta de insumos médicos”, señala.
Ante las limitaciones económicas y estructurales del entorno local, la idea de marcharse del país ha estado presente en los pensamientos de Dailyn. Su motivación no responde únicamente a una búsqueda de mejoras salariales, sino a la necesidad humana y profesional de acceder a las innovaciones tecnológicas que definen el tratamiento moderno de la diabetes en otras latitudes del mundo.
“Realmente el pensamiento de migrar ha sido bastante frecuente y concurrido… en otros países se han visto infinidad de avances que todavía en Venezuela pues no alcanza a llegar”, explica.
La ciencia médica ha avanzado hacia dispositivos que transforman por completo la calidad de vida de los pacientes, como los sensores de monitoreo continuo que eliminan los pinchazos diarios en los dedos. “Hay evoluciones en la parte tecnológica del control de glicemia que no conllevan ni siquiera el uso de inyectoras, sino de sensores que actúen por sí mismos y esto acá en Venezuela no existe… Y los pequeños que existen salen del presupuesto posible para poder adquirirlos”, añade.
Aunque ha pausado temporalmente la decisión de marcharse para culminar sus compromisos académicos actuales, el deseo de gestionar su salud con herramientas de última generación mantiene la opción de migrar como un plan latente en su horizonte.
Una condición que afecta a más de 1,5 millones de adultos en el país
De acuerdo con datos correspondientes al año 2024 de la Federación Internacional de Diabetes (FID), Venezuela registra una prevalencia de diabetes en adultos del 8,6%.
Esta tasa se traduce en un total estimado de 1.580.700 casos de diabetes en adultos en el país, dentro de una población adulta total calculada en 18.511.100 personas para ese año.
Venezuela forma parte de los 19 países y territorios que integran la región de Sudamérica y Centroamérica (SACA) de la FID. En esta región geográfica, la organización estima que unos 35 millones de personas conviven con la condición, una cifra que los modelos epidemiológicos proyectan que se incrementará hasta alcanzar los 52 millones para el año 2050.
La precariedad crónica en la vejez
Las barreras económicas que Dailyn Oropeza sortea a sus 26 años adquieren una gravedad aún mayor al observar el panorama de la población de la tercera edad en el país.
De acuerdo con el reporte de la asociación civil Convite publicado en febrero de 2026 sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela, este grupo poblacional enfrenta una brecha de ingresos superior al 90% para poder cubrir sus necesidades básicas.
En el ámbito de la salud, el estudio revela que la hipertensión, con un 63% de incidencia, y la diabetes, con un 32%, son las enfermedades crónicas más frecuentes entre las personas mayores.
Aunque el 82% de los encuestados requiere medicación diaria para controlar estas patologías, el 62% manifiesta severas dificultades para adquirirlos debido a la falta de recursos económicos.
Los datos de Convite también reflejan una emergencia alimentaria donde el 73% de las personas de la tercera edad han tenido que adquirir alimentos de menor calidad y costo, mientras que el 52% se ha visto en la obligación de reducir las porciones de sus comidas diarias. Asimismo, un 32% ha recurrido al consumo de subproductos como vísceras, piel o huesos para sustituir proteínas tradicionales.
Aunque casi la mitad de la población evaluada recibe el beneficio alimentario de la caja CLAP, el suministro institucional apenas logra cubrir los requerimientos nutricionales por un lapso menor a los 15 días en la gran mayoría de los casos.
Derechos que deben ser garantizados
La Constitución venezolana, en su artículo 83, establece que la salud es un “derecho social fundamental” y que es obligación del Estado garantizarlo como parte del derecho a la vida. Además, señala que el Estado debe promover y desarrollar “políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”. El apartado también señala lo siguiente:
“Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.
Asimismo, exige un acceso equitativo y asequible a la atención médica y al tratamiento esencial. Este documento institucional subraya que los pacientes deben contar con medicamentos asequibles y tecnologías de monitoreo.
Mientras el marco internacional insta a los Estados a consolidar planes nacionales que garanticen una educación continua en el automanejo y una atención de alta calidad, la realidad en el entorno público venezolano obliga a improvisar pautas de tratamiento alternativas debido a las restricciones presupuestarias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
