El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Francisco Orellano, quien falleció bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro de salud complicado y no recibir atención médica oportuna.
Con la muerte de Orellano, ya son 18 las personas privadas de libertad que han muerto bajo custodia del régimen venezolano entre abril y lo que va de mayo de 2026.
El OVP denunció también que cientos de presos permanecen recluidos con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados, mientras los traslados hospitalarios suelen llegar tarde o simplemente nunca ocurren.
El OVP advirtió que la falta de atención médica, el hacinamiento y las condiciones insalubres convierten a los centros de reclusión en espacios incompatibles con la vida.
En las últimas semanas, el OVP ha documentado los fallecimientos de: José Espinales, Willian Jonás Colina Delgado, Leonel Enrique Rodríguez Ramos, Gregorio Antonio Arias, Francisco Segundo Ojeda, Antonio José Manzano, Ovidio José Madriz Mendoza, Deivi Enrique García, Rosqui Norberto Escalona, Yelamo Zárraga José Ramón, Yussedt Ernesto Escalona Mejías y ahora Francisco Orellano.
Francisco Orellano murió bajo custodia del Estado venezolano en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado #Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir la atención médica que requería oportunamente.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 29, 2026
“Estas muertes constituyen una grave violación de la CRBV, cuyo artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado, mientras que el artículo 272 ordena garantizar un sistema penitenciario que respete los derechos humanos y contribuya a la rehabilitación de las personas privadas de libertad”, apuntó el OVP.
El observatorio cuestionó la ausencia de acciones por parte de la Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, institución llamada a velar por los derechos de las personas privadas de libertad. Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones —señala el OVP— sigue siendo inexistente o insuficiente.
“Cada una de estas muertes exige una investigación, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y responsabilidades concretas para quienes, por acción u omisión, permitieron que ocurrieran”, sentenció la organización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este sábado 30 de mayo, el líder político de oposición, Edmundo González Urrutia, afirmó que Venezuela debe iniciar de inmediato la construcción de condiciones para un nuevo proceso presidencial “verdaderamente democrático y libre”.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, González insistió en que el país necesita avanzar hacia unas elecciones presidenciales que funcionen como un instrumento ciudadano para el cambio político y la reinstitucionalización democrática.
“Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos”, dijo el líder político.
Edmundo González precisó que unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes.
Agregó que existen condiciones previas “no negociables”: la liberación de presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del Poder Electoral y del Poder Judicial.
Unidad opositora y hoja de ruta común
El dirigente destacó además la reciente reunión en Panamá entre María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas de Venezuela, a la que calificó como una muestra de cohesión en torno a un mismo objetivo: la libertad política del país.
“Cuando el liderazgo democrático apunta en la misma dirección, esa dirección es un mandato”, señaló.
González reiteró que su rol es custodiar la voluntad ciudadana que se pronunció el 28 de julio por un cambio. “Mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mandato se convierta en libertad real, en democracia real”, dijo, asegurando que defenderá ese derecho “sin odio, sin violencia, pero sin rendirse”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que Daniela Alexandra Araña Gutiérrez, de 34 años, requiere atención médica especializada en las celdas de la cárcel La Crisálida, en Los Teques.
A través de su cuenta en X, el OVP informó que desde el pasado 25 de mayo Daniela Araña está presentando un cuadro de presión alta (160/115), sangrado por la nariz y taquicardia.
Según el observatorio, Daniela se comunicó con sus familiares para pedirles medicinas, pero sus familiares insisten en que un médico cardiólogo debe examinarla y practicarle exámenes para descartar complicaciones.
No es la primera vez que su salud se debilita bajo custodia; ya durante su paso por la Dgcim en Boleíta, presentó crisis hipertensivas que no fueron atendidas debidamente.
El OVP recordó que el artículo 43 de la Constitución establece que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de las personas privadas de libertad, sin embargo, violentan esta y todas las legislaciones nacionales e internacionales al no garantizar el derecho a la salud de los presos, como una forma de tortura, trato cruel e inhumano, tanto a ellos como a sus familiares.
Víctima de Sippenhaft
El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que Daniela está detenida arbitrariamente por ser prima del primer teniente del Ejército, José Ángel Rodríguez Araña, quien fue señalado de presuntamente participar en las Operaciones Aurora y Oro, y se encuentra en el exilio.
Además de Daniela, hay otros cinco familiares del primer teniente detenidos arbitrariamente: Génesis Rodríguez Araña, hermana del militar, detenida desde el 24 de enero de 2025. Gilbert Araña, primo, detenido desde el 22 de enero de 2024.
Jhoany José Rodríguez Ramírez (hermano), Carlos Alberto Belandria (primo) y Christian José Quintero (primo), están detenidos desde el 18 de septiembre de 2025, presuntamente vinculados al caso de un explosivo en Plaza Venezuela. Actualmente se encuentran recluidos en Rodeo I.
Previamente los padres del militar, quienes se encuentran actualmente en el exilio, también fueron detenidos durante un tiempo.
El Gobierno venezolano emplea la práctica del sistema nazi conocido como Sippenhaft, que significa “castigo por responsabilidad familiar”, en la cual los parientes cargan con la supuesta culpa del delito cometido por un miembro de la familia.
“Esto constituye una grave violación del derecho internacional y un patrón de persecución prohibido por todas las normas de derechos humanos”, afirmó el OVP al tiempo que exigió que las autoridades de La Crisálida le brinden atención médica especializada a Daniela Araña y le garanticen el acceso a la salud.
La ONG instó a la Defensoría del Pueblo a hacer una evaluación de la práctica del Sippenhaft, que han denunciado los familiares de manera pública, e investigue a las autoridades que se han prestado para estas detenciones arbitrarias.
Daniela Alexandra Araña Gutiérrez, de 34 años, requiere atención médica especializada en las celdas de la cárcel La Crisálida, en Los Teques, ya que desde el 25 de mayo tiene la presión alta (160/115), sangrado por la nariz y taquicardia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El encuentro entre María Corina Machado y los dirigentes de la Plataforma Unitaria en Panamá ha servido para alinear en procedimientos y propósito el trabajo que tiene por delante la oposición venezolana para concretar el objetivo compartido de la transición a la democracia en el mediano plazo. Entre lo más relevante, cabría anotar que la articulación está integrando con decisión los esfuerzos que se hacen dentro y fuera del país para tal fin.
Es una operación política estructurada en torno al liderazgo de Machado, que persigue crear las condiciones para la convocatoria a unas elecciones sin salirse de los parámetros del plan tres fases enunciado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Las fuentes consultadas explican que los partidos de la oposición (la Plataforma, más Vente Venezuela) pretenden ir depurando sus estructuras pensando encarar un llamado electoral que pueda hacerse efectivo en cualquier momento.
Recorrer juntos la hoja de ruta
El “Manifesto de Panamá” firmado por María Corina Machado y Edmundo González insiste en la restauración de un gran acuerdo nacional y la transición hacia la democracia de Venezuela y expresa una novedad en el discurso de Machado: la “determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del Gobierno de los EE. UU.”
Y tal parece que el acento vuelve a estar sobre la cohesión opositora: “Cualquier evento que se aproxime, llámese como se llame, lo vamos a enfrentar en unidad, ese es uno de los acuerdos más relevantes de Panamá”, afirma Delsa Solórzano, una de las dirigentes más relevantes de la Plataforma, fundadora del partido Encuentro Ciudadano.
“La manera de concretar una transición a la democracia es legitimar las autoridades, llamar a elecciones y tener un presidente electo”, comenta. Luego relata: “Se hicieron dos reuniones: la de la Plataforma con María Corina, que fue muy larga y muy intensa, de mucho debate. Luego ella se reunió con otros factores, la alianza política a la cual ella pertenece”. Solórzano afirma que el parámetro que todos aprobaron es la Hoja de Ruta para la transición política que presentó la Plataforma Unitaria hace poco más de un mes.
Sobre la convocatoria a unas elecciones, se esbozaron algunas generalizades en las cuales se asoma un plazo “de 10 meses” para una consulta electoral. No se pudo ir mucho más allá en un tema cardinal como éste, en parte porque la oposición no tiene acceso a todos los comandos para intentar hacer realidad este deseo.
A la costa electoral se llega, también, dependiendo de lo que haga o deje de hacer los Estados Unidos y todo indica que el personal diplomático estadounidense destacado en el país tendrá una actitud bastante incumbente en los entretelones del poder local en las semanas que se aproximan.
¿Elecciones inmediatas?
El debate sobre la cercanía de unas elecciones presidenciales tiende a ser muy apasionado, y en muchas ocasiones, no luce nada inocente. Algunos factores económicos y políticos que pertenecen al campo cultural de la oposición y que siguen en el país – y que incluye a ciertos analistas políticos y periodistas- parecen estar muy comprometidos con la causa de trabajar para retrasar la consulta electoral todo lo que se pueda.
Son zonas de la sociedad dolientes de iniciativas políticas como el Diálogo de Convivencia y Paz promovido por el Palacio de Miraflores. Se trata de promover un ambiente de acuerdos que permita privilegiar la estabilidad del estatus actual y esperar por las prometidas -y aún no concretadas- mejoras de la economía. En algunos de estos espacios hay políticos e intelectuales que acompañan la tesis de que la democracia se regresa pactando con los chavistas, no derrotándolos, o pasando por encima de ellos.
El deseo de unas elecciones que abran las compuertas de un cambio político es verdad silente ardiendo dentro de la gran mayoría de los venezolanos. Sigue muy viva la memoria del aparato represivo chavista luego del golpe de estado ejecutado el pasado 28 de julio de 2024. Nada ni nadie pudo evitar aquel día que unas elecciones que ganadas por amplia mayoría social fueran desconocidas, y que el oficialismo haya podido barrer con tanta facilidad todo atisbo de protesta o inconformidad.
Ciertamente tendrían que suceder más cosas en el país para poder aspirar a que se celebren unas elecciones en condiciones razonables. No parece realista plantearlas en lo inmediato. Son muchos los políticos consultados que reconocen la urgencia de depurar el registro electoral; legalizar a los partidos políticos; permitir definitivamente el regreso de los exiliados; levantar las inhabilitaciones; garantizar la probidad en la conducta de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del proceso. Concretar los acuerdos para elegir una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral.
Esperando el regreso
Todo lo anterior precede la eventualidad de la fecha del regreso de María Corina Machado al país, una hipótesis que todavía se responde con evasivas y que permanece suspendida en el aire como una posibilidad, esperando su momento, acaso para concretarse en el mediano plazo. La llegada de Machado a Venezuela podría ser, más bien, la expresión de un punto de llegada, antes que una expresión de la transición. La reunión de Panamá no quiso desconocer la terapéutica prescrita por Marco Rubio para Venezuela -muy al contrario, se acordó ratificarla, junto al liderazgo de Machado, y a la Hoja de Ruta, pero tampoco pudo establecer nada respecto al regreso de la líder caraqueña, evento que, por ahora, Estados Unidos no desea.
“En la Plataforma estamos preparados para el retorno de María Corina. Ella lo hará apenas le sea posible”, comentó de manera escueta otra fuente vinculada a la esta alianza que ha preferido no identificarse. “Si se debatió sobre su regreso, pero esa es una decisión que tiene que tomar ella”.
La reunión de María Corina Machado y sus colaboradores de Vente Venezuela con los dirigentes de la Plataforma Unitaria -sobre la cual se asienta la representación política de más del 80 por ciento de la oposición actual, y que, por sí sola, constituye la primera mayoría del país- sienta las condiciones para un nuevo comienzo. Habrá que aumentar notablemente el volumen del juego en el frente interno para hacer del llamado a unas elecciones una auténtica voz nacional.
Mientras tanto, aunque cada vez más debilitados por sus contradicciones y escándalos, los chavistas resisten todo lo que se puede el asedio, siempre en el poder, asumiendo el discurso del reformismo democrático-burgués, esperando mejores condiciones y nuevos tiempos. Con su aparato militar-policial vivo, agazapado, leal, todavía íntegro.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En el marco del Día del Adulto Mayor en Venezuela, jubilados y pensionados protestaron en el centro de Caracas para exigir pensiones dignas y beneficios que garanticen condiciones mínimas de jubilación.
“No al exterminio”, era una de las consignas que vociferaban los manifestantes durante la manifestación de los adultos mayores, población gravemente afectada por la crisis económica que se vive en el país.
La ONG Provea, organización que vela por los derechos humanos, señaló que el Estado venezolano lleva años incumpliendo el artículo 80 de la Constitución que garantiza a los adultos mayores una pensión digna.
“Venezuela tiene uno de los valores de pensión más bajos de la región. Quienes trabajaron décadas bajo un sistema de cotización hoy reciben montos que no alcanzan para cubrir una semana de alimentación básica o medicamentos”, recordó la ONG y exhortó a la administración de Delcy Rodríguez a responder con medidas concretas.
Hoy #29May Día del Adulto Mayor en Venezuela, jubilados y pensionados protestan en el centro de Caracas exigiendo:
Pensiones dignas y beneficios que garanticen condiciones mínimas de jubilación.
El Estado venezolano lleva años incumpliendo con una pensión de hambre, en contra… pic.twitter.com/W5LJj8DJVF
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, posteó en su cuenta en X que los adultos mayores venezolanos tomaron las calles para exigir sus derechos, entre ellos, el de una vida digna, que se les niega en medio de la precariedad económica y un sistema de seguridad social que no los protege.
En el Día Nacional del Adulto Mayor, los jubilados y pensionados salen a las calles del centro de Caracas para exigir una vida digna como titulares de derechos y agentes de cambio en una etapa de exigencia democrática. pic.twitter.com/mgaoZQMf3B
Nilda Clemente, jefa de prensa de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, señaló que la situación de la mayoría de los adultos mayores en el país es “muy triste”.
“Hoy en día el sueldo es miserable (…) Hoy en día ni siquiera comer podemos. Ganamos 130 bolívares y eso no alcanza ni para comprar un huevo”, expresó Clemente para El Diario.
#EnDirecto | Nilda Clemente, jefa de prensa de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, señaló que la situación de la mayoría de los adultos mayores en el país es "muy triste".
"Hoy en día el sueldo es miserable (…) Hoy en día ni siquiera comer podemos. Ganamos… pic.twitter.com/bgB9wZFNaL
Por su parte, Antonio Terán, presidente del Movimiento de Educadores Unidos por Venezuela, señaló que protestan en contra de las “pensiones de hambre y miseria” en el país.
"Los abuelos se están muriendo de hambre"
En el Día Nacional del Adulto Mayor, jubilados y pensionados protestan frente al ministerio de educación en Caracas
Antonio Terán, presidente del Movimiento de Educadores Unidos por Venezuela, señaló que protestan en contra de las… pic.twitter.com/Loj2MhY3Go
Irma Madriz, enfermera jubilada de 68 años de edad, siente tristeza al ver que su sueldo le rinde cada día menos.
#Caracas | Irma Madriz, enfermera jubilada de 68 años de edad, siente tristeza al ver que su sueldo le rinde cada día menos. Anteriormente podía viajar y disfrutar del dinero que recibía, ahora depende de sus hijos para adquirir alimentos y medicinas. #29May
“Nos quieren llevar al exterminio, pero no vamos a permitir que nos quiten la dignidad (…). Nos estamos muriendo de mengua y de hambre”, sentenció Eudi Lobaton, representante del Comité de Jubilado y Pensionado del estado Lara.
#Caracas | Eudi Lobaton, representante del Comité de Jubilado y Pensionado del estado Lara, llega a la capital para acompañar protesta de adultos mayores.
"Nos quieren llevar al exterminio, pero no vamos a permitir que nos quiten la dignidad (…). Nos estamos muriendo de… pic.twitter.com/Jh73g6ctJO
Actualmente, las personas de la tercera edad cobran una pensión de 130 bolívares -menos de un dólar a la tasa oficial-, un ingreso que permaneció congelado durante cuatro años. Aunque el pasado 30 de abril el Ejecutivo Nacional anunció un aumento del bono para los pensionados, hasta el momento el mismo no ha sido publicado en Gaceta Oficial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En la noche del 26 de mayo de 2026, el general Ramón Antonio Lozada Saavedra salió en libertad luego de 9 años de una detención arbitraria. En 2017 podía caminar, pero ahora sale en silla de ruedas y con señales evidentes de una movilidad reducida. Según sus familiares, no tuvo la atención médica oportuna hasta el 2023, después de sufrir su segundo accidente cerebrovascular en reclusión.
Horas antes de que liberaran al general, cerca del Helicoide, Jean Carlos Cariel denunciaba que su hermano Ricardo necesitaba atención médica en urgencias. Él se vale de un diagnóstico que tuvo su hermano antes de ser detenido arbitrariamente: Ricardo sufrió una fractura craneal en 2009 y ahora, en su reclusión forzada, tiene más de 8 días con dolores de cabeza, mareos y pérdida del equilibrio.
«Ha tenido una atención médica primaria y general, pero no especializada. Este caso necesita atención médica especializada», dijo Jean Carlos.
🚨DENUNCIA URGENTE | Hermano de preso político exige atención médica especializada urgente para Ricardo Cariel tras más de una semana con fuertes dolores
Jean Carlos Cariel, hermano del preso político Ricardo Cariel, detenido desde el 2022, denunció este domingo #26May durante… pic.twitter.com/ReLEBRetzY
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 25, 2026
Otros familiares de presos políticos, como Gloria Morales —madre de Rosmel Méndez—, no pueden denunciar con exactitud la salud de quienes están detenidos. En una de sus últimas visitas, en febrero de 2026, ella notó que su hijo tenía la piel amarilla, pero no sabe qué está sufriendo o si un médico lo ha atendido.
Para los más de 401 presos políticos que aún quedan en Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal —o más de 600 presos políticos, según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)—, la opacidad se manifiesta en los expedientes jurídicos y en los expedientes médicos. Al menos 39 personas, casi el 10 % de los casos que existen según Foro Penal para el 27 de mayo de 2026, presentan un estado de salud crítico confirmado por sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Una opacidad que enferma
«Es a través de la información que nos suministran las madres y los familiares de los presos políticos que podemos conocer estos casos, porque el Estado, evidentemente, no tiene información pública. No tiene cifras, no tiene nada», denunció Diago Casanova, representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
En denuncias reiteradas, recopiladas por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, se ha destacado las condiciones de insalubridad de los centros de de reclusión, que expone a los presos políticos y a los presos comunes ante enfermedades sin diagnóstico.
Tal es el caso de Rodolfo José Berrio Rojas, quien está detenido arbitrariamente desde octubre de 2025 y, en la cárcel de Tocorón, ha sufrido de distintas infecciones dermatológicas. Y, según la denuncia de los familiares de Rodolfo emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 18 de mayo de 2026, ellos han entregado medicinas para tratar lo que ellos pueden ver, pero no tienen certeza si las autoridades entregan los fármacos al preso político.
Incluso, el Clippve denuncia que la lista de riesgos es aún mayor si se toma en cuenta los casos de presos políticos que sufren de traumas físicos y psicológicos que ni los familiares ni la sociedad civil han podido detectar durante el encierro forzado.
«Las condiciones de reclusión no han cambiado en lo absoluto, a pesar de las recientes liberaciones. Ni les garantizan el acceso al agua», denuncia Casanova. «Incluso, cuando los presos políticos se enferman, el personal del recinto penitenciario les dice que están mintiendo, que montan un show. Hay centros de reclusión, como [la cárcel de San Francisco de] Yare, en donde los funcionarios directivos del penal golpean a los presos cuando les duele una parte del cuerpo con un bate o una tabla cuyo rotulado dice “acetaminofén” u otros analgésicos y fármacos».
Excarcelados y desamparados
Para Martha Tineo, abogada y directora de JEP, la falta de atención médica para los presos políticos se mantiene incluso después de su excarcelación.
Uno de los casos más destacados del desamparo estatal a los presos políticos excarcelados fue el de Javier Tarazona, que luego de pasar cuatro años y siete meses detenido arbitrariamente, tuvo que hacerse exámenes médicos por su cuenta para detectar una fibrosis pulmonar que desarrolló durante su reclusión.
«Después de que estas personas salen de esas condiciones de alta vulnerabilidad y que deterioran su salud física y mental, les toca enfrentarse a un sistema de salud prácticamente inexistente, como le pasa a todos los venezolanos», destacó Tineo.
En un país donde existe una alta demanda de personal de salud, donde los fármacos son escasos y con costos que acrecientan las vulnerabilidades de las comunidades y las instalaciones no tienen mantenimiento por años, los presos políticos excarcelados mantienen un ciclo de revictimización aunque salgan de las cárceles.
La cifra de presos políticos con enfermedades graves pasó de 60 casos mínimos en diciembre de 2025 a 39 casos como mínimo en mayo de 2026, según los datos de JEP. Pero las 22 personas excarceladas monitorean su estado de salud física por su cuenta, con el apoyo de sus familiares.
Presa Política Daniela Alexandra Araña Gutiérrez, de 33 años de edad, ama de casa y madre de tres hijos, fue detenida el 24 de enero de 2025 en el estado Aragua por funcionarios de la DGCIM, presuntamente sin orden judicial y sin información sobre las razones de su detención.… pic.twitter.com/UKW0B4GHOn
La ONG asegura que todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente necesitan atención psicológica y psiquiátrica urgente por los tratos crueles e inhumanos que sufren, pero el Estado no los atiende.
Tineo asevera que muchos presos políticos y sus familiares solicitan el acompañamiento psicológico que brindan las organizaciones civiles dedicadas a los derechos humanos, «pero sabemos que no es suficiente. No tenemos las capacidades financieras para dar una atención integral. Tampoco podemos sustituir a un Estado que debe velar por los derechos humanos de su población».
El abogado Omar Mora Tosta denunció este jueves, 28 de mayo, una nueva maniobra judicial que busca redistribuir las causas de múltiples presos políticos desde los Tribunales de Juicio en Terrorismo de Caracas hacia tribunales ordinarios en el interior del país.
Según denunció, esta medida intenta ocultar el “desmantelamiento” de una jurisdicción ilegal para procesar ahora a los detenidos por delitos comunes, tras años de mantenerlos bajo acusaciones de terrorismo basadas en falsos supuestos.
Mora Tosta, abogado defensor de los presos políticos excarcelados Víctor Castillo, Henry Alviarez y Dignora Hernández; informó que el Tribunal Primero de Juicio en Terrorismo notificó que muchas de las causas que reposaban allí fueron solicitadas por la presidencia del circuito judicial penal de Caracas para ser enviadas a tribunales regionales, bajo la supuesta excusa de “descongestionar” el tribunal.
El abogado enfatizó que la única solución jurídica válida es la nulidad absoluta de todas las causas, argumentando que estos tribunales fueron creados mediante una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no por una ley, como exige la Constitución. Además, “se trata de tribunales ad hoc“, proscritos internacionalmente, cuya única función ha sido juzgar por razones políticas. Finalmente, explica que se ha vulnerado sistemáticamente el debido proceso, el derecho a la defensa y el estado de derecho de ciudadanos que son inocentes.
Mora Tosta adelantó que los equipos de defensa se apersonarán en cada una de las jurisdicciones del interior del país a donde sean remitidos los expedientes para “hacer valer los derechos y garantías inherentes a la persona humana”.
Desmantelan de hecho la jurisdicción de Terrorismo. Envían los exps con las causas abiertas por delitos de terrorismo a Tribunales Penales de competencia común del interior del país. Con esto pretenden esconder su torpeza, siendo lo procedente sería anular todos los juicios… pic.twitter.com/p44lk1ydc8
Trasladar las causas a jueces ordinarios no subsana la ilegalidad
La ONG Acceso a la Justicia calificó de improcedente el movimiento de expedientes entre distintos tipos de tribunales sin una base legal. Para la organización, la naturaleza y el origen de los tribunales de terrorismo exigen que las resoluciones del TSJ que los crearon sean revocadas por inconstitucionales, en lugar de simplemente redistribuir los casos.
“Al ser juzgadas por tribunales que nacieron viciados de origen, no existe posibilidad alguna de convalidar sus decisiones ni los procesos que allí se tramitaron. En consecuencia, el hecho de distribuir los casos a jueces ordinarios no subsana las actuaciones realizadas”, sentenció la ONG.
Acceso a la Justicia exhortó a que se anulen todas las privaciones de libertad, acusaciones admitidas y sentencias dictadas bajo esta jurisdicción especial y exigió la inmediata puesta en libertad de todos los ciudadanos afectados.
#AlertaLegal A través de las redes sociales ha circulado información sobre el traslado de causas vinculadas a delitos de terrorismo desde los juzgados competentes en esa materia hacia los tribunales ordinarios penales. Ante esa situación señalamos que es improcedente trasladar… pic.twitter.com/pZoF0gJ9zp
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 28, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comando ConVzla presentó este jueves, 28 de mayo, el “Manifiesto de Panamá”, una declaración política que establece una ruta para la transición democrática en Venezuela. El texto fundamenta su legitimidad en los resultados del 28 de julio de 2024 –donde la oposición da como vencedor a Edmundo González Urrutia– señalando que la voluntad popular “consagró la elección de Edmundo González Urrutia” y “marcó un punto de inflexión irreversible”.
El documento está suscrito por la líder opositora María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática y la Alianza Con Vzla. Según el texto, todas las partes asumen el compromiso de actuar “con sentido de urgencia, firmeza, inteligencia y cohesión histórica” para traducir la soberanía popular en una ruta hacia la libertad.
El cuerpo del manifiesto detalla un curso de acción basado en dos procesos principales que deben avanzar de manera simultánea: una negociación política y la construcción de un acuerdo nacional, bajo la premisa de que “la transición democrática nos exige unidad y visión de Estado”.
MANIFIESTO DE PANAMÁ
Las fuerzas democráticas reunidas en Panamá asumimos un compromiso común ante la nación: actuar con unidad, cohesión histórica y sentido de urgencia para avanzar en la transición, restaurar la democracia y concretar la libertad en Venezuela. pic.twitter.com/f115QWLUEw
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) May 28, 2026
Negociación para la restauración de la democracia
El texto expone la determinación de impulsar una “negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino” con el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos.
Asimismo, detalla que estas negociaciones “serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático” en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática, y que a ella “le competerá designar al responsable directo del equipo negociador”.
Para avanzar en este proceso, el documento señala explícitamente como gestos necesarios para crear un ambiente favorable:
“La liberación plena de los presos políticos, civiles y militares”.
“El retorno seguro de los exiliados por razones políticas”.
“La normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo, y de los grupos armados, ilegales o terroristas”.
El texto detalla que “el propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana”. Para ello, establece como requisitos indispensables “la designación previa de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que estará integrado por personalidades independientes y respetables” y el “urgente diseño y publicación de un cronograma electoral viable y verificable”.
Gran Acuerdo Nacional
El manifiesto también convoca a la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República”. El documento aclara que “este esfuerzo pertenece al país entero” e invita a incorporarse a “ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera de la patria”.
Se detalla que, bajo la coordinación de María Corina Machado, este acuerdo “proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional”. Como punto de partida, los firmantes asumen textualmente los siguientes compromisos:
“Promover los procesos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto”.
“Mantener un mensaje único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos”.
“Impulsar la participación de base en la construcción del Acuerdo, canalizando las iniciativas y aportes provenientes de las distintas comunidades y asociaciones civiles”.
“Establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna que garanticen la vía hacia la libertad”.
Finalmente, el manifiesto enfatiza que la unidad en este contexto “no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”, concluyendo que la situación actual “no admite dilaciones, ya que sólo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades”.
Perspectivas sobre el alcance del documento
Analistas y figuras del ámbito académico evaluaron los alcances del manifiesto y coinciden en su carácter estratégico e institucional. Por un lado, el politólogo Walter Molina señala que el documento convierte la elección del 28 de julio de 2024 en un “mandato soberano” y ratifica a María Corina Machado como la líder central del proceso.
Molina destaca que el texto propone una “ruta institucional clásica de transición” que contempla el uso de “técnicos expertos” para ocupar espacios sensibles del Estado, como el Banco Central de Venezuela o el Tribunal Supremo de Justicia, un aspecto requerido por la comunidad internacional.
Valió la espera y las discusiones necesarias para tener este “Manifiesto de Panamá”.
El documento convierte el 28 de julio de 2024 en un “mandato soberano” y no solo en una elección. En efecto, ese mandato sigue más vigente que nunca y debe cumplirse.@MariaCorinaYA queda… pic.twitter.com/vGZQQXff4W
Por su parte, la académica Corina Yoris enfatiza la necesidad de leer el documento original para evitar interpretaciones sesgadas en plataformas digitales, al tiempo que destaca que el manifiesto plantea textualmente una “negociación institucional con el Estado” bajo condiciones previas estrictas.
En su análisis, Yoris critica que el debate digital reduzca este andamiaje internacional a visiones simplistas, convirtiendo una estrategia de presión en un “juicio moral” que genera indignación artificial en las redes sociales.
¡Hay que leer lo que llamamos "fuentes primarias" y no las versiones de esas fuentes! El "Manifiesto de Panamá" plantea textualmente una negociación institucional, con el Estado, señores,_ "manque nos pese" diría mi vieja Nana_, para restaurar la democracia, estableciendo…
Equilibrio estratégico, riesgos de centralización e incertidumbres
Para el politólogo John Magdaleno, el Manifiesto de Panamá representa una herramienta fundamental para definir el rumbo de la oposición venezolana, pues según su análisis, “es un documento que intenta clarificar públicamente las prioridades estratégicas de la dirección política opositora”.
En entrevista con el periodista y locutor César Miguel Rondón, Magdaleno interpreta este manifiesto como “un esfuerzo destinado a lograr mayor coordinación estratégica por lo menos entre algunos de los principales factores políticos”. Sin embargo, advierte que el diseño de liderazgo plasmado en el texto conlleva riesgos inherentes. Señaló que la estructura elegida “puede ser simultáneamente el origen de problemas internos” como la “centralización y el carácter personalísimo que tiene en varios lugares el documento”.
Desde su perspectiva, el éxito de una transición depende de la amplitud de la alianza: mientras “más ganadores contenga esa coalición”, será mejor, y pasaría lo contrario si se excluyen actores. “Mientras se lea alguna voluntad hegemónica, eso puede generar resistencias puertas adentro y también en la coalición dominante”, expresó.
Respecto a la propuesta de una negociación entre María Corina Machado y el interinato de Delcy Rodríguez, el politólogo se mantiene cauteloso. Considera que la viabilidad de este diálogo no está garantizada: “Una cosa es proponerlo y otra cosa es que se produzca”, señaló.
El experto concluye que aún no está claro si el rodrigato aceptará a estos nombres específicos, pues para él “es una incertidumbre saber si a Machado y su entorno primero se le reconocen ahora sí como interlocutores válidos”, así como también si habrá disposición del lado de la “autocracia” para negociar con ellos y no con otros; y tercero, si hay disposición para avanzar en una transición.
Para que el proceso avance realmente hacia esa meta, Magdaleno enfatiza que se requiere una “liberalización política” que trascienda los gestos simbólicos y signifique que los ciudadanos “pueden ejercer sus garantías ciudadanas y sus derechos ciudadanos”. Luego de eso vendría una etapa de “democratización” que pasa por la celebración de elecciones libres, competitivas, justas, imparciales y verificables internacionalmente.
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