El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó el pasado 1 de junio su informe anual correspondiente al año 2025, en el que señaló que persisten deficiencias críticas en atención médica, alimentación, agua potable, saneamiento y espacios de maternidad en mujeres privadas de libertad. Además, se documentaron tratos degradantes hacia personas de la comunidad Lgbtiq+.
El informe, titulado “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, registró el fallecimiento de al menos cinco mujeres por condiciones de salud que no fueron oportunamente atendidas. Entre las causas de muerte más frecuentes se encuentran: infarto, paro cardíaco e insuficiencia respiratoria. De las cinco mujeres fallecidas, una murió por infarto, una por infección respiratoria, dos por paro cardíaco y una por insuficiencia respiratoria.
La investigación también resaltó que las mujeres privadas de libertad por tráfico de drogas responden a un patrón común: son captadas por redes delictivas mientras construyen un vínculo afectivo de forma progresiva. Estas mujeres actúan como “mulas” y son usadas para transportar droga por mafias que las abandonan al ser capturadas.
El OVP señala que el sistema judicial solo castiga al eslabón más débil, dejando impunes a las redes criminales que las reclutan y se aprovechan de su vulnerabilidad.
Alimentación precaria y falta de atención médica especializada
El informe registró que una gran mayoría de mujeres privadas de libertad no son alimentadas correctamente, un hecho que es ignorado por los funcionarios penitenciarios. Por ejemplo, una de las presas fallecidas en Uribana fue atendida en varias ocasiones por presentar dolencias y depresión, pero esta última condición no fue atendida. Su alimentación (arroz, granos y arepas sin relleno) y el acceso a recursos de higiene personal dependían del apoyo de sus compañeras.
Muchas de estas mujeres pasan horas recluidas en celdas sin poder ejercitarse, recrearse o participar en actividades que les permitan, en un futuro, reinsertarse a la sociedad, lo que, a juicio del OVP, tiene un impacto negativo en su salud física y mental.
Obligadas a pagar por el servicio que no les brindan
En octubre de 2025, más de 250 mujeres protestaron contra la directiva del anexo femenino de Barinas por no tener acceso a agua potable. Además, eran obligadas a pagar colectivamente por un camión cisterna. Durante intensas pesquisas, sus pertenencias (artículos de higiene personal, colchonetas, sábanas y almohadas), en su mayoría suministradas por sus familiares, fueron destruidas.
La ONG documentó un aumento considerable de detenciones arbitrarias contra mujeres y personas de la tercera edad. De 30 personas detenidas en octubre, nueve eran mujeres de los estados Guárico, Lara, Mérida y Trujillo. Las aprehensiones fueron ejecutadas sin las debidas órdenes emitidas por las autoridades judiciales competentes. Estas mujeres fueron víctimas de violencia y saqueos a sus hogares durante las detenciones.
Según informó el OVP, las audiencias no se realizaron dentro del plazo estipulado por la ley y, en algunos casos, se reportaron desapariciones forzadas.
Casos emblemáticos de detención arbitraria
Entre los dos casos emblemáticos registrados por el observatorio se encuentra el de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos detenida en enero de 2024 y excarcelada en enero de 2026. Tras sufrir una fractura de hombro, Rocío pasó meses sin atención médica especializada. La activista estuvo detenida en la sede del Sebin, en el Helicoide.
Otro caso mencionado fue el de Maykelis Borges Ortuño, detenida en enero de 2025 mientras estaba embarazada por su vínculo afectivo con el primer teniente exiliado Christian Hernández Castillo, cuyas hermanas Samantha Hernández Castillo -adolescente recientemente excarcelada- y Aranza de los Ángeles Hernández también fueron detenidas, así como su tío Henry Castillo, quien permanece privado de libertad desde enero de 2025.
Maykelis tuvo que dar a luz mientras permanecía privada de libertad. Los primeros seis meses de vida de su hijo los pasó en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Discriminación y violencia contra personas Lgtbiq+
El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que las personas de la comunidad Lgbtiq+ temen revelar su orientación sexual o identidad de género para evitar represalias.
Muchas de estas personas son obligadas a realizar labores adicionales en los centros de reclusión, como lavar ropa, cargar agua o efectuar labores de limpieza para otros internos, para los mismos funcionarios del centro penitenciario y para miembros del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesma).
Según la ONG, este tipo de situaciones refleja sometimiento y abuso hacia una comunidad históricamente discriminada, aunque no cuentan con registros ni denuncias directas debido al miedo de las personas a exponer estos hechos.
El informe señaló que estas situaciones evidencian la ausencia de medidas de protección diferenciadas y un entorno penitenciario que excluye y perpetúa abusos y tratos degradantes.
Asimismo, se reportaron casos de personas de la comunidad que mantienen relaciones de pareja con personas que ejercen control en los centros penitenciarios, lo que revela dinámicas desiguales y desprotección institucional.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Tras su regreso al país, el economista y exparlamentario José Guerra señaló que el problema fundamental de la economía venezolana, por encima de cualquier diatriba política, es la inflación.
Con una tasa anualizada que ronda el 632%, Guerra advierte que Venezuela padece una “inflación muy alta” que pulveriza el ingreso de los trabajadores y exige un plan de estabilización urgente, explícito y consensuado.
A pesar de percibir una evidente “distensión política”, que le permitió volver al país y la liberación de presos políticos, Guerra advirtió que las expectativas de inversión aún no se materializan y que el bienestar económico no llegará al bolsillo de los ciudadanos mientras no se derrote el flagelo de la inflación.
Para Guerra, bajar la inflación es la mayor política social posible, ya que es el único camino para detener la caída del ingreso real y permitir que el crecimiento económico se sienta en el “bolsillo de la gente”. Su llamado es a un liderazgo responsable que presente un programa de gobierno claro, capaz de generar esperanza y estabilidad en un contexto de cambio inclusivo
Los pilares del plan antiinflacionario
La política actual del Banco Central de Venezuela (BCV) es insuficiente y contradictoria, pues mientras inyecta dólares para frenar el tipo de cambio, emite bolívares para financiar el déficit de Pdvsa, lo que termina presionando nuevamente la devaluación. Ante esto, su propuesta se estructura en cuatro ejes prioritarios:
“El plan requiere establecer dos “anclas”: una sobre el precio del dólar y otra sobre la emisión monetaria. Esto debe acompañarse de una reforma a la Ley del Banco Central que prohíba terminantemente el financiamiento monetario a PDVSA”
Adicionalmente, el economista propone la implementación de una regla fiscal que acote el gasto y el endeudamiento del gobierno para evitar el financiamiento inorgánico.
Guerra considera clave alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a unos 10 000 millones de dólares entre fondos de asignación por COVID y líneas de crédito rápido. “Estos recursos servirían para fortalecer las reservas internacionales y dar credibilidad al tipo de cambio”, indicó.
Finalmente sugiere la creación de un “superministro” de Economía con plenos poderes y alta calificación técnica para dirigir estas medidas.
La importancia vital de un Acuerdo Nacional
El aspecto más innovador de la propuesta de Guerra no es meramente técnico, sino político: la necesidad de un Acuerdo Nacional Antiinflacionario. Según el experto, para que un plan de este tipo sea exitoso, debe ser una política de Estado suscrita por el gobierno, la oposición y el sector privado.
La importancia de este consenso radica en la credibilidad. “Si el público considera que esta política… no es sostenible, va a seguir comprando dólares”, explica Guerra. Un acuerdo nacional enviaría una señal de permanencia a los agentes económicos, permitiendo que las expectativas de inflación se corten de raíz.
Sobre la persistente propuesta de dolarizar formalmente la economía, Guerra se mostró cauteloso. Aunque reconoció que es la vía más rápida para bajar la inflación , advirtió sobre sus costos a largo plazo, como la pérdida de herramientas para enfrentar crisis externas o la tendencia al estancamiento económico, citando el caso de Ecuador.
“Tenemos una dolarización de facto, pero no de derecho. Desmantelar el Banco Central y renunciar a la moneda propia es una decisión compleja que requiere un debate muy cuidadoso”.
Retorno político y exigencia electoral
En el plano político, Guerra aclaró que su regreso al país no estuvo condicionado por ninguna negociación oculta con el Ejecutivo. “Yo no me entendí con nadie; me entendí con la ley” , afirmó, detallando lo engorroso y desgastante que ha sido el proceso en los tribunales para activar el salvoconducto que hoy posee.
Finalmente, de cara al escenario político actual, el economista insistió en que la prioridad de toda la oposición debe ser confluir en una ruta electoral que relegitime la Presidencia de la República. Sostuvo que la oposición debe unirse en un “programa mínimo” que incluya temas como la pobreza, la política petrolera y la equidad. Finalmente señaló que el cambio en Venezuela tiene que ser inclusivo y que “las experiencias históricas nos enseñan que no se puede llegar al poder con cuentas por cobrar si se quiere dar estabilidad al país”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 4de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El Helicoide continúa siendo centro de atención. Un día después de que el secretario de Estado de EE.UU., levantara polémica en Venezuela al mencionar que había sido cerrado, familiares de presos políticos y ONG alertaron sobre un operativo de traslado sorpresivo de los detenidos a cárceles fuera de Caracas.
La situación estuvo tensa a lo largo de la jornada del 3 de junio. Se celebró una vigilia en horas de la noche y una periodista y dos reporteros gráficos fueron abordados violentamente por funcionarios del Sebin, quienes intentaron arrebatarles sus equipos y los retuvieron por unos minutos.
En las redes sociales recordaron que se cumplieron cinco meses del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Se cumplen 5 meses del 3 de enero de 2026, el día de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas – Venezuela. pic.twitter.com/wvDncFB3At
— Luis Carlos 🏴☠️ One Piece (@LuisCarlos) June 3, 2026
La subida de los precios sigue siendo una de las principales preocupaciones de los venezolanos. ¿Qué medidas pueden ayudar a estabilizar la economía? ¿Es posible recuperar el poder adquisitivo?
Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, conversó con el economista José Guerra sobre los retos económicos del país y las alternativas para contener la inflación.
El secretario de Estado Marco Rubio, urgió este miércoles 3 de junio ante la Cámara de Representantes a establecer “lo antes posible” las condiciones necesarias para la realización de las elecciones en el país, narrativa que contrasta con la precaución que mostraba el político unas semanas atrás.
Durante la audiencia frente a la miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, María Elvira Salazar, el secretario de Estado insistió que el objetivo final de la administración de Donald Trump es lograr “unas elecciones multipartidistas, libres y justas”.
De todas formas, Rubio evadió ofrecer una fecha tentativa para los comicios e hizo énfasis que para alcanzar este escenario es necesario reestructurar el sistema.
“Claramente, necesitamos una nueva comisión electoral”, declaró Rubio haciendo alusión implícita al Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el oficialismo que proclamó la problemática reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024.
El secretario de Estado Marco Rubio, pidió que se designe un nuevo CNE y se convoque a elecciones libres en Venezuela. pic.twitter.com/txYjbMjUB3
Esta nueva postura de la Casa Blanca establece una velocidad en la transición que parecía que pretendían manejar con más cuidado, ya que hace casi un mes, el pasado 13 de mayo, Rubio mostraba una opinión distinta durante la entrevista a bordo del Air Force One
En ese momento al evaluar y platicar sobre la situación política en Venezuela tras la captura de Maduro, su explicación fue: “No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”.
Rubio también defendía que Venezuela se encontraba en una posición favorable gracias a la “normalización” de sus ingresos petroleros, que actualmente se encuentran resguardados en una cuenta auditada en Nueva York para el pago de nóminas públicas.
Un cierre inexistente
El llamado a la rapidez electoral de Rubio ocurrió dentro de un contexto de profunda controversia, por las declaraciones que el secretario de Estado emitió el martes 2 de junio, cuando afirmó ante la Cámara de Representantes que El Helicoide había sido cerrado.
Estas palabras provocaron una reacción de rechazo inmediata por organizaciones y familiares de detenidos, quienes desmintieron el supuesto cierre del recinto penitenciario, que este 3 de junio fue el centro de una tensa jornada por traslados arbitrarios de los detenidos, que no fueron notificados a los familiares.
Aunque la presidente encargada, Delcy Rodríguez, prometió en enero transformar la sede del Helicoide en un centro social y deportivo, esta promesa sigue sin cumplirse ya que el lugar, según organizaciones como Realidad Helicoide, continúa operando como un centro de torturas y tratos crueles, donde decenas de ciudadanos permanecen recluidos bajo violaciones de sus derechos humanos.
ATENCIÓN | El Helicoide NO se ha cerrado.
Frente a las recientes declaraciones del Secretario de Estado (@SecRubio), aclaramos la situación actual del centro de torturas, El Helicoide. pic.twitter.com/is8RTxu6Ej
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Con la posibilidad de extradición del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ephraín Enrique Verdú Torelles a Argentina se abre una vía hacia la justicia fuera de Venezuela expuso la organización Human Rights Watch (HRW).
La justicia argentina solicitó a España la extradición de Verdú Torelles, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la muerte de Geraldine Moreno Orozco, ocurrida en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014.
“Las víctimas en Venezuela no han tenido justicia en su país, y la solicitud de extradición presentada por Argentina es un recordatorio de que la justicia puede cruzar fronteras. Ahora corresponderá al tribunal español decidir si se procede o no con la extradición”, dijo Michelle Reyes Milk, asesora senior de justicia internacional de Human Rights Watch.
El representante de las víctimas venezolanas, Ignacio Jovtis, señaló a Human Rights Watch que las autoridades españolas han notificado a Verdú Torrelles sobre el proceso de extradición y el Consejo de Ministros de España aprobó la continuación del procedimiento relativo a la solicitud de extradición, remitiendo el asunto a la Audiencia Nacional.
La solicitud de extradición de Verdú Torelles deriva de una denuncia presentada ante los tribunales argentinos en junio de 2023 por InterJust, organización de derechos humanos que representa a familiares de personas que fueron presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por miembros de la GNB durante 2014.
En septiembre de 2024, un juez de instrucción en Argentina emitió órdenes de detención contra Verdú Torrelles y otros 13 oficiales de la GNB para interrogarlos sobre la denuncia presentada en su contra.
De ser extraditado, Verdú Torrelles sería la primera persona en este caso en comparecer personalmente ante tribunales argentinos y se convertiría en la persona de más alto rango hasta la fecha en comparecer ante un tribunal en cualquier país por graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, de acuerdo a Human Rights Watch (HRW).
Por separado, el juez también citó y emitió órdenes de detención contra Nicolás Maduro, actualmente encarcelado en Estados Unidos y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Otra denuncia separada y paralela fue presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia en enero de 2023 contra Maduro y Cabello.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela encontró motivos razonables para creer que las violaciones cometidas por el gobierno constituían crímenes de lesa humanidad.
En 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La persecución de casos de jurisdicción universal por parte de Argentina envía un mensaje claro y contundente de que no debería haber refugio seguro para quienes sean responsables de graves violaciones de derechos humanos. La cooperación de otros Estados, como España, es fundamental para ese esfuerzo”, dijo Reyes Milk de HRW.
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Familiares de José Faustino Hermoso García denunciaron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto a fiscales del Ministerio Público, pretenden que este se cambie el nombre y declare culpable para mantenerlo preso, en un caso descrito como sin precedentes por organizaciones civiles venezolanas.
“Mi hijo se llama José Faustino Hermoso y lo están obligando a declararse culpable, lo están culpando de un crimen que no ha cometido, a aceptar una identidad que no corresponde, de un tal Fausto Malavé. Por lo que pueda pasarle a mi hijo responsabilizo a la jueza tercera de control, Yulimer Mariana Hernández Prieto, a la fiscal, Mirtha Lugo y al Comando 11 de la GNB en el estado Zulia”, dijo en un video publicado en la cuenta de X del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, Yajaira García, madre de Hermoso García.
📹 ABERRACIÓN JURÍDICA | A José Faustino Hermoso García, familiar de varios dirigentes de izquierda opositora en Venezuela, le quieren cambiar su identidad para poder mantenerlo preso, en un caso increíble y sin precedentes públicos conocidos.
— Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) June 1, 2026
García denunció que su hijo ha sido víctima de torturas e hizo un llamado a la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
Hermoso García es hijo de Bernardo Hermoso, sobrino de Carlos Hermoso y primo de Jesus Noel Hermoso, conocidos dirigentes políticos y luchadores sociales del partido Bandera Roja, de acuerdo a la cuenta del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.
El comité denunció que por no tener identidad, a Hermoso García lo han tenido retenido por más de un mes, trasladado al estado Zulia bajo desaparición forzada y sin derecho a ser visto por abogado alguno ni familiar.
El abogado y expreso político, Eduardo Torres, denunció que Hermoso García fue detenido por un problema personal el pasado 30 de abril por funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB en Santa Teresa del Tuy, estado Miranda.
Torres dijo además que los tribunales del área metropolitana de Caracas se negaron a recibir un recurso dehabeas corpus.
“Este no es un caso político. Es un caso doméstico de un joven trabajador que tuvo un altercado con un funcionario policial y que lamentablemente lo amenazó y le dijo: ‘Donde te vea te voy a reventar’”, comentó el abogado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Detrás de los discursos oficiales de humanización y las promesas de transformación radical, el sistema carcelario de Venezuela atraviesa uno de sus capítulos más críticos y opacos. Durante los últimos meses, la gestión del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, se ha visto sacudida por una seguidilla de motines, muertes bajo custodia, traslados forzados y el ocultamiento deliberado de información.
Lo que se vende en los canales gubernamentales como un orden estricto basado en disciplinas modernas contrasta con los testimonios que escapan de los muros de Yare III, el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) y los penales del occidente del país.
Las denuncias recabadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y los relatos de decenas de familiares dibujan un panorama donde la insalubridad y la represión institucionalizada se han convertido en la norma.
El pasado 20 de mayo, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió la renuncia del ministro Julio García Zerpa por considerar que su gestión “se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en Venezuela”.
Lejos de asumir la responsabilidad política e institucional que le corresponde, para la organización, el funcionario ha optado por minimizar las tragedias carcelarias y justificar, mediante el silencio o la represión, masacres internas como la de Yare III.
La gestión de Julio García Zerpa al frente del Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en… pic.twitter.com/i0EVfLmL0n
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026
Gestión manchada desde el inicio
Julio García Zerpa llegó al despacho Penitenciario en junio de 2024 por designación del exgobernante Nicolás Maduro. Al momento de ser designado prometió construir “un nuevo sistema penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”. Pero su gestión ha sido todo lo contrario.
En el año 2024, al comenzar la represión poselectoral, Maduro ordenó adecuar las cárceles de Tocuyito y Tocorón –centros que ya habían sido cerrados por el Estado– para recluir a más de 2,000 presos en las protestas. García Zerpa acató muy bien la orden, porque hasta 2026 ambas estuvieron funcionando para recluir presos políticos.
Tras las protestas poselectorales, familiares de presos políticos denunciaron que en las cárceles, bajo la gestión de García Zerpa, sus parientes no tenían acceso a una adecuada alimentación, atención médica y vivían en condiciones completamente insalubres.
La gestión carcelaria del antes diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, y quien llegó también a desempeñarse como vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, concentra una alta cantidad de muertes de presos políticos bajo custodia del Estado. Cuando debieron ser protegidos, el Estado no les garantizó el respeto a sus derechos humanos en prisión.
Un caso a destacar es el de Edwin Santos, activista de Voluntad Popular en el estado Apure. Tanto el partido como varios testigos denunciaron que habría sido detenido el 23 de octubre de 2024 y que estuvo bajo custodia hasta el 24 de octubre en la tarde. Un día después, fue encontrado muerto en El Nula el 25 de octubre, en las cercanías del puente por el que había pedido reparaciones.
Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), negó las acusaciones y afirmó que la muerte de Santos se produjo por un accidente de tránsito cuando chocó un árbol mientras conducía su motocicleta, y que las lesiones provocadas incluían una fractura en el cráneo.
El lunes 20 de abril de 2026 se convirtió en un punto de quiebre para el Centro Penitenciario Región Capital Yare III por la muerte de cinco reclusos, tras suscitarse una situación de violencia que al día de hoy no ha sido esclarecida.
Los discursos estatales intentaron despachar el conflicto inicial bajo la vieja etiqueta de una “riña entre internos”. No obstante, las investigaciones independientes y los llamados de los familiares revelaron que las celdas se habían transformado en un hervidero debido a la falta de condiciones básicas de subsistencia.
La indignación de la población carcelaria se desbordó tras pasar varios días consecutivos sin recibir agua potable ni raciones de comida. A este panorama de inanición se sumaron las requisas violentas que, lejos de mantener la paz interna, profundizaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos.
Los fallecidos fueron identificados como Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.
A más de un mes de ocurrida la masacre de Yare III, el panorama institucional que rodea el caso es el de un silencio sepulcral. El Ministerio Público, que inicialmente abrió una investigación formal, no ha arrojado un solo resultado concreto, ni ha señalado a los autores materiales e intelectuales de los disparos.
Los familiares de las víctimas se congregaron a las puertas del Palacio de Justicia en Caracas exigiendo que la fiscalía investigue a las autoridades, pero la respuesta del despacho de Julio García Zerpa consistió en aplicar la política de la dispersión.
Para disolver los focos de protesta y neutralizar a los testigos directos de los asesinatos, el despacho penitenciario ordenó el traslado masivo de reclusos de Yare III hacia otros penales del país.
El caso Quero Navas: La burocracia del olvido y el silencio
La opacidad institucional bajo la presente administración encontró su reflejo más crudo en la historia de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que se encontraba recluido en el Internado Judicial El Rodeo I.
Víctor Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 tras haber sido trasladado de emergencia a un centro hospitalario militar debido al deterioro severo de su salud. Sin embargo, el Estado guardó absoluto silencio sobre su deceso durante casi diez meses. No fue sino hasta el pasado 7 de mayo cuando el Ministerio emitió un polémico comunicado oficial admitiendo el fallecimiento.
En la misiva oficial, la institución pretendió eximirse de culpa alegando que en el momento de su reclusión, el ciudadano no había aportado datos filiatorios completos y que supuestamente “ningún familiar se presentó para solicitar visitas formalmente”. Esta versión fue desmentida de inmediato por el OVP y por las redes de apoyo a los presos políticos.
Se comprobó públicamente que la señora Carmen Navas, madre de Víctor, asistió de manera recurrente a las instalaciones del Rodeo I acompañada por familiares de otros detenidos políticos. En cada una de esas visitas, las autoridades penitenciarias le negaron sistemáticamente el acceso al recinto y se negaron de forma a proporcionarle cualquier información sobre el paradero o el estado de salud de su hijo.
Según una investigación publicada por Runrun.es, la culpabilidad en torno a la muerte de Quero Navas corresponde a una cadena de mando cuyo eslabón más alto lo ocupa precisamente el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por Julio García Zerpa, muy cercano a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz.
La señora Carmen Navas murió nueve días después de saber que su hijo había fallecido casi 10 meses atrás. Nunca pudo conocer el resultado de la investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a la muerte de su hijo. Esta información llegó el 2 de junio, cuando el órgano judicial informó que se realizó la exhumación y posterior autopsia del cadáver, asegurando que los estudios forenses evidenciaron una data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año.
De acuerdo con el dictamen de la necropsia y los estudios histológicos y toxicológicos complementarios, el deceso se produjo por un “tromboembolismo pulmonar”. La Fiscalía aseguró que no se evidenciaron “lesiones traumáticas en el cadáver”, pero a juicio de organizaciones como Laboratorio de Paz y Justicia, Encuentro y Perdón, el comunicado del Ministerio Público solo busca confirmar la versión del ministerio que dirige Zerpa y dejó de lado investigar las responsabilidades por la muerte bajo custodia de Quero así como el ocultamiento reiterado a la señora Navas del desenlace fatal de su hijo.
Internado Judicial de Barinas: Abusos y traslados forzados
El 24 de mayo de 2026 en el Internado Judicial de Barinas, conocido popularmente como INJUBA, más de 1200 hombres y un centenar de mujeres reclusas tomaron las azoteas del establecimiento, declarándose formalmente en conflicto abierto frente a las autoridades del penal.
El motivo del alzamiento tenía nombre y apellido: Elvis Macuare Guerrero, un director nombrado bajo la gestión de García Zerpa. Los reclusos denunciaron que la gestión de Macuare se caracterizaba por la aplicación sistemática de torturas físicas, golpizas severas a los internos en régimen de aislamiento y la eliminación arbitraria de las visitas familiares.
La respuesta militar no tardó en llegar. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodearon el perímetro y lanzaron una ofensiva con gases lacrimógenos. Los químicos afectaron gravemente el anexo femenino de la prisión, generando cuadros de asfixia, pánico y desmayos masivos entre las internas.
Durante la madrugada, un contingente trasladó de manera secreta a 112 mujeres hacia rumbos que el Ministerio se negó a especificar a sus abogados y familiares directos. Pocas horas después de sofocar la protesta y tras verse obligados a remover al cuestionado director para calmar los ánimos, el ministerio aplicó el mismo guión represivo ensayado semanas atrás en Yare III: un traslado masivo que afectó a más de 900 reclusos.
Los internos fueron hacinados en autobuses y enviados con destino a cárceles de otras regiones geográficas. Testigos presenciales informaron que durante los largos trayectos por carretera, los custodios obligaron a mantener las ventanas cerradas y las cortinas abajo. El objetivo era claro e inhumano: ocultar los rostros de los prisioneros.
Privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (INJUBA) tomaron las instalaciones del penal este #24May.
Los reclusos denunciaron al equipo de @oveprisiones que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de INJUBA y que, desde entonces,… pic.twitter.com/KV2sfBHyEb
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026
Familiares de los privados de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) trataron de impedir el ingreso de un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional, pero no lo pudieron evitar.
Minutos después de su entrada al penal se escucharon gritos y detonaciones, según… pic.twitter.com/Pc60gYTueK
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026
Tras cantar el Himno Nacional, 1200 hombres y más de 100 mujeres privadas de libertad del Internado Judicial de Barinas (Injuba) se declararon en huelga.
Los hombres y mujeres se mantienen sobre las torres alzando la voz para reclamar sus derechos.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026
Invocando los artículos 46, 68 y 337 de la Constitución, los internos exigen la destitución inmediata del Ministro de Servicios Penitenciario Julio García Zerpa, yde Elvis Macuare Guerrero, director de INJUBA, a quienes señalan por presunta corrupción y maltratos.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026
Autobuses tras autobuses repletos de privados de libertad salen de las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (INJUBA).
A algunos internos los obligaron a cerrar las ventanas y bajar las cortinas para impedir que fueran vistos, mientras que otros lograron gritar que… pic.twitter.com/GjYncDn7vY
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026
El saldo de la desidia: 19 reclusos fallecidos entre abril y mayo
El monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) revela que, entre abril y mayo de 2026, al menos 19 privados de libertad fallecieron en diversos penales, incluyendo centros de reclusión emblemáticos como Uribana, El Marite, Rodeo III, Rodeo IV, Tocuyito y Fénix.
Las causas detrás de estas muertes, además de los motines reportados, son la desnutrición severa y la falta de atención médica oportuna. Las condiciones de salubridad y alimentación dentro de los centros administrados por Julio García Zerpa rozan los límites de la supervivencia humana.
La crisis del agua es otro factor crítico. Los privados de libertad se ven en la necesidad de consumir agua sucia e insalubre, la cual debe ser reutilizada posteriormente para labores de aseo personal, limpieza de las celdas y evacuación de las letrinas improvisadas, lo que acelera la propagación de infecciones y enfermedades gastrointestinales que terminan siendo mortales.
Ante la acumulación de evidencias, muertes y motines provocados por el hambre, el clamor de las organizaciones es unánime: exigen de forma perentoria la renuncia inmediata del ministro Julio García Zerpa, señalándole de demostrar una profunda ignorancia en el ejercicio de sus funciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) alertó que la tarde de este miércoles, 3 de junio, se estaría iniciando un proceso de traslado de detenidos, incluidos presos políticos, desde El Helicoide, en Caracas.
Denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos alertaron en horas de la tarde que observaron un fuerte despliegue policial con efectivos de la PNB custodiando los accesos del centro de reclusión; sin embargo, no fueron informados ni notificados de tal procedimiento.
“Familiares se mantienen en incertidumbre y exigen información oficial sobre el paradero, estado de salud y destino de las personas que estarían siendo trasladadas!, posteó el Clippve en su cuenta en X.
🚨 ATENCIÓN | Con amplio despliegue policial se estaría iniciando un proceso de traslado de detenidos, incluidos presos políticos, desde el SEBIN El Helicoide, en Caracas Venezuela
Luego de denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos, así como las recientes… pic.twitter.com/u321KZ10NB
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 3, 2026
El comité convocó de manera urgente a acompañar en una vigilia a las familias de los presos políticos, quienes están siendo nuevamente revictimizadas ante la posibilidad de que se concreten estos traslados.
La organización recordó que después de 147 días de excarcelaciones incumplidas, “el Estado continúa jugando con el dolor, la incertidumbre y la angustia de las familias, sin respuestas claras ni garantías reales”.
Convocamos de manera urgente a las afueras de El Helicoide para acompañar a las familias de los presos políticos, quienes están siendo nuevamente revictimizadas ante la posibilidad de un supuesto traslado a otros centros de… pic.twitter.com/WLv33AewYZ
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 3, 2026
Represión para ocultar la verdad
La ONG Un Mundo Sin Mordaza informó que de acuerdo a testimonios de familiares que se encuentra afuera del Helicoide, la orden de los traslados obedece a “represalias directas” por parte de las autoridades del centro de reclusión, luego de que los propios allegados desmintieran públicamente la matriz de opinión oficial sobre el supuesto cierre de este centro de torturas.
La ONG exigió el “cese inmediato” de los traslados y el levantamiento de los castigos colectivos contra las familias. Denunció, además, la represión implementada para “ocultar la verdad dentro de El Helicoide”.
Un Mundo Sin Mordaza solicitó la intervención de organismos internacionales de derechos humanos ante el recrudecimiento del hostigamiento carcelario en Venezuela.
Entre las víctimas de los traslados arbitrarios se encuentra el preso político Ricardo Cariel, quien ya suma tres años secuestrado por motivos políticos; su hermano, Jean Carlos Cariel, se mantiene en la exigencia activa de respuestas sobre su integridad.
Familiares de Cariel responsabilizaron de la salud de todos los detenidos al director de El Helicoide, Alexis Rodríguez Cabello; al Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y a la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Familiares de presos políticos recluidos en El Helicoide denunciaron de manera urgente la suspensión total de las visitas y la ejecución de presuntos traslados arbitrarios dentro del penal. De acuerdo con los testimonios, estas medidas restrictivas forman… pic.twitter.com/S2bCiaoG3o
Familiares de presos políticos y organizaciones no gubernamentales (ONG) habían alzado antes su voz para desmentir las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que El Helicoide había sido cerrado.
“La infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, afirmó Marco Rubio este martes, 2 de junio durante una audiencia en la Cámara de Representantes, afirmación que fue desmentida desde Venezuela.
El Helicoide ha sido, durante años, uno de los centros de detención más controvertidos de Venezuela. El lugar es señalado por opositores, activistas y organismos internacionales como “escenario de torturas y abusos contra detenidos”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado múltiples denuncias relacionadas con ese centro.
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