El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la inflación de mayo cerró en 6,3 %, la cifra mensual más baja registrada en los últimos 19 meses.
Con este resultado, el ente asegura que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) consolida una tendencia descendente y el país entra “en una senda de desaceleración” para el 2026. Sin embargo, la mejora mensual contrasta con la realidad del año: el indicador acumulado ya escala un 101,97 %.
Pese a la desaceleración inflacionaria, el bolívar continuó perdiendo terreno. Solo en mayo, el tipo de cambio oficial aumentó un 13,76 %, ampliando la brecha con el dólar paralelo hasta rozar un 35 %. Esta distorsión provoca que, aunque el ritmo del INPC oficial baje, los comerciantes marquen sus anaqueles indexando la brecha informal para proteger su patrimonio.
El 4 de mayo pasado el presidente encargado del BCV, Luis Alberto Pérez González, anticipó que este año estaría marcado por cambios significativos en materia cambiaria, de inflación y de crecimiento económico, estimando que a partir de mayo el indicador mensual entraría finalmente en el terreno de un solo dígito.
El Gobierno atribuye la contención a una intervención cambiaria activa, inyectando un promedio superior a los 1.000 millones de dólares mensuales al mercado oficial. No obstante, el economista José Guerra explicó a RunRun.es que esta estrategia es inestable.
Según Guerra, el emisor cae en una contradicción al quemar divisas en un bolsillo mientras con el otro emite bolívares para financiar el déficit fiscal. Al no existir un plan de estabilización con credibilidad, el exceso de bolívares presiona la compra de dólares y dispara las expectativas de devaluación del público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace una década, ingresar desde la Autopista Regional del Centro hacia la Zona Industrial de Valencia significaba un recorrido de al menos 45 a 60 minutos en horas pico. El tránsito de vehículos particulares y de carga abarrotaba las vías de acceso al conglomerado de plantas asentadas en el corazón industrial de Carabobo. Hoy, 15 o 20 minutos bastan para hacer el mismo trayecto.
Las expropiaciones de empresas por parte del gobierno, el cierre de otras y la baja producción en las que aún se mantienen operativas explican, en buena medida, las avenidas casi vacías.
Sin embargo, a partir del 3 de enero de 2026, con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos, crecieron las expectativas de reactivación. Los rumores de reapertura llevaron a ex trabajadores a los portones de varias empresas en busca de reenganches, oportunidades laborales o pagos de pasivos, como ocurrió en febrero de este año frente a la antigua planta de General Motors.
Con el paso de los meses, sin embargo, esa ilusión se fue diluyendo. “Yo volví al país luego del 3 de enero con la convicción de que empezaría un cambio mayor, por eso me acerqué a varias empresas buscando trabajo, pero hasta ahora no he conseguido”, dijo José Fuentes, especialista en metalmecánica de 43 años que regresó a Venezuela tras siete años entre Ecuador y Colombia.
Otro factor que ha impedido al parque industrial arrancar al ritmo esperado son los cortes eléctricos. Los racionamientos promedian entre 5 y 8 horas diarias, en ocasiones divididos en dos bloques, lo que paraliza líneas de producción continua. Las empresas se ven forzadas a sostener su propia generación eléctrica y eso dispara los costos operativos por combustible y frena los procesos de manufactura y ensamblaje.
Entre carencias y propuestas
María Auxiliadora Ávila de López, presidenta de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos de Carabobo (Capemiac), señaló que, de los 360 afiliados del gremio, muy pocos cuentan con sistemas de autogeneración eléctrica, debido al costo de los equipos y a la escasez de combustible. “Quizás entre un 5 % y un 10 %, siendo optimistas, pero eso no es nada. Hemos llegado al colapso. Y es que esto también es un tema de gasoil: sin electricidad tampoco se puede producir gasoil”.
Desde las instancias gubernamentales se ha pedido ahorro energético, y las autoridades atribuyen las interrupciones a factores ambientales como las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, por su parte, ha ofrecido recompensa monetaria a quienes reporten la ubicación de granjas clandestinas de criptomonedas en el estado, señaladas como una de las causas del sobrecalentamiento y disparos de circuitos de transmisión eléctrica.
Pero las afectaciones al sector productivo carabobeño, que produce pérdidas de jornadas laborales calculadas entre 24 a 48 horas a la semana, han generado propuestas de emergencia desde instancias como Fedecámaras Carabobo. A decir de su presidente, Jorge Aroca, la idea es que los empresarios, industriales y comerciantes reciban préstamos para la compra de equipos inversores y plantas eléctricas.
Adicionalmente, esperan que el Ejecutivo decrete una ventana de seis meses, o incluso un año, sin impuestos ni permisos para la importación directa de equipos de generación eléctrica. “No todo el mundo tiene acceso a las divisas para importar estos equipos, por lo tanto, se requiere un apalancamiento bancario, créditos para que la pequeña y mediana empresa tenga acceso a la banca y poder comprar lo que se necesita”, destacó Aroca.
Precisamente desde la Cámara de Comercio de Valencia, que preside Ernesto Abbas, formularon una propuesta llamada “Luz para el comercio”: esperan que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, libere dos puntos del encaje legal. “Esos dos puntos representan aproximadamente 26 millones de dólares, con los que se podría crear una línea de crédito para que comercios e industrias inviertan en plantas eléctricas o paneles solares y mantengan su operatividad, pero hasta la fecha no hemos recibido respuesta”.
Mientras transcurren las semanas, aumentan los quebrantos en la economía. En este sentido, Ávila de López recalcó: “Cada hora sin energía eléctrica es una pérdida irrecuperable en nómina, en materia prima dañada, en maquinarias averiadas por las constantes fluctuaciones. Hay empresas trabajando a menos del 30% de su capacidad instalada. ¿Cómo vamos a reactivar la economía de un país cuando no contamos con lo básico, que es la electricidad?”.
A juicio de varios consultados para este trabajo, el discurso del “nuevo momento” no se ha traducido aún en mayor dinamismo económico en ejes clave como la industria, las pymes, el comercio y los servicios. La crisis eléctrica, agravada por la inflación que erosiona el bolsillo de los carabobeños, se mantiene como el principal obstáculo.
“La administración de carga repercute negativamente en los costos fijos: aunque no se produzca nada durante las horas de apagón, igual hay que pagar alquiler, gastos fiscales, parafiscales y el propio servicio eléctrico. Eso pone en riesgo los flujos de caja y obliga a consumir inventario para cubrir gastos en lugar de reponerlo”, resumió Abbas.
La luz, el freno
Isnaldo Jiménez, ingeniero electricista con 54 años de experiencia y ex director de la termoeléctrica Planta Centro, ubicada en Morón, reconoce la gravedad del problema, pero señala que Carabobo ocupa una posición estratégica en el Sistema Interconectado Nacional.
“Carabobo es uno de los primeros estados en condiciones de recuperar su sistema eléctrico a los niveles de hace 20 o 30 años, porque cuenta con la infraestructura base para hacerlo. Eso se traduciría en mejoras en generación, transmisión, distribución y comercialización, que es hoy el eslabón más débil”, explicó.
Los habitantes del estado Carabobo deben reorganizar sus vidas en función de los cortes de energía eléctrica / Tibisay Romero
Los centros de cargas de subestaciones ubicados en Carabobo: Valencia, San Diego, La Arenosa, Planta Centro y el de Caña de Azúcar, en Aragua, que alimenta a San Joaquín y Mariara, tienen una capacidad instalada de 2446 Mva para satisfacer una demanda de 1450 Mega Watios (MW). Jiménez además recordó que desde 2019, la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) asignó al estado Carabobo una demanda de 1150 MW.
Según la información que maneja el especialista en el área, trabajan para poner en servicio la Unidad 6 de Planta Centro, entre julio y agosto de este año, lo que significaría un aporte de unos 500 MW.
Refirió que a un costado de Planta Centro opera Termo Centro, con cuatro unidades de 169 MW cada una y que actualmente funcionan solo como respaldo de emergencia para los dos municipios de la costa de Carabobo: Juan José Mora y Puerto Cabello. “Lo ideal sería convertir a Termo Centro a generación continua e integrarla al sistema interconectado”.
También está la planta Pedro Camejo, ubicada en la Zona Industrial II de Valencia, que tiene 300 MW instalados, con dos máquinas de 150 MW cada una. “Allí hay que ampliar la capacidad de entrega de combustible de gas. Hay una planta de gas, que no tiene la capacidad suficiente para poner las dos máquinas en servicio al mismo tiempo, lo que hacen es rotarlas”.
Y añadió: “Recomendamos al operador del servicio estar vigilante, pues debido al riesgo que existe al generar tres a cuatro aperturas y cierres del equipo por circuito, este puede fatigarse y al final afectar el servicio”.
Crisis económica en medio de apagones
Mientras los técnicos hablan de plazos de recuperación, los industriales de materia prima, los comerciantes de ventas en descenso, en los hogares carabobeños la crisis eléctrica tiene un costo más inmediato: obliga a reorganizar el gasto familiar en torno a los apagones.
“Antes compraba cada semana la carne, el pollo y el queso para que no se dañaran con los cortes de luz. Ahora hago la compra interdiaria de esos productos y del resto cada quince días porque necesito reunir el dinero de dos semanas. Soy mamá de dos adolescentes de 13 y 14 años que juegan fútbol. En estos meses compro más carbohidratos que proteína animal. Es difícil hacer mercado y que quede algo para la luz, la gasolina y los demás servicios”, contó Josefina Pérez, de 39 años, administradora que trabaja desde su casa en Valencia.
Nathalie de Ferrer, costurera de 44 años que reside en El Socorro, al sur de Valencia, también vive cinco horas de racionamiento eléctrico a diario. “Antes se iba como a las 10 de la mañana, luego empezaron a cortarla como a las 2 de la tarde, pero ahora la están quitando de noche y llega a la 1 o 2 de la madrugada, entonces uno no puede dormir por el calor o los mosquitos. Esto me afecta porque cuando se va la luz no puedo seguir cosiendo”. En su casa viven 5 personas, ella, su esposo y tres hijos adolescentes.
Entre los apagones, la inflación y unas promesas de reactivación que aún no se materializan, los carabobeños navegan su cotidianidad con la combinación de resignación y expectativa que ya conocen. “No hay luz y falta el dinero: esto es vivir con un manual de supervivencia, como ya nos pasó en 2016, 2017 y 2019, solo que ahora tenemos un punto de esperanza de que las cosas cambien para bien”, concluyó Pérez. El desafío para Carabobo, y para Venezuela, es que esa esperanza no se apague también.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En mayo, durante cinco días, científicos, investigadores, académicos y estudiantes se reunieron en Colombo, Sri Lanka, en el Sharks International 2026, un congreso de cinco días que dedicó buena parte de sus ponencias a hablar sobre las distintas formas de conservar a los tiburones. El tema no está de moda. Desde hace años, en todo el mundo, las poblaciones de escualos se han reducido de forma alarmante. Y Venezuela no escapa a este fenómeno: el cazón está en peligro.
En Sri Lanka estuvo el biólogo e investigador Leonardo Sánchez Criollo, quien preside el Centro para la Investigación de Tiburones (CIT) de Venezuela y sabe que el rescate de estos peces debe ser un esfuerzo global, porque muchas de sus especies son migratorias.
“Si tú no proteges a una especie en uno de los países, entonces el esfuerzo que se realiza en los demás países se pierde. Por eso es necesario que las medidas se tomen de manera conjunta. Y todos los países lo están haciendo, pero es muy difícil en Venezuela”, afirma Sánchez Criollo, quien lidera desde hace varios meses una campaña para evitar el consumo del cazón o tiburón.
Parte de esa dificultad está en la visión que se tiene sobre estos peces en el país. Expertos en el tema y reportes científicos han reseñado que la pesca artesanal del cazón ocurre en casi todas las costas e islas del país y tiene un peso importante en los ámbitos social y económico, porque es fuente de alimento y empleo.
“Para los pescadores artesanales, cuyo sustento suele depender de la pesca de tiburones, la carne de tiburón y de raya puede constituir una importante fuente de ingresos para las comunidades costeras”, indica el capítulo sobre Venezuela del reporte “La situación mundial de los tiburones, las rayas y las quimeras”, publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2024.
Aunque en el pasado, el precio del cazón era bajo, la crisis económica del país provocó que su precio aumentara y se igualara incluso con el de los pargos (Lutjanidae), los meros (Epinephelidae) y las caballas (Scombridae).
Pese a que la carne de tiburón y de raya se comercializa y consume principalmente dentro del país, el reporte de la UICN detectó que productos venezolanos con esta carne llegan hasta los mercados estadounidenses. Se sospecha que este traslado se hace a través de empresas de mensajería que eluden inspecciones, licencias e impuestos de exportación.
Otro hecho que, según Sánchez Criollo, impulsó las campañas de protección de los tiburones en todo el mundo es la reciente inclusión (diciembre de 2025) de varias especies de escualos –sobre todo de la familia Carcharhinidae, la más grande– en los Apéndices I y II de la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que prohíbe o restringe drásticamente su comercio internacional, y controla su comercio local, ya que su pesca debe ser compatible con su supervivencia. El acuerdo fue suscrito por Venezuela y otros 184 países.
La caza de los tiburones bebés
En Venezuela, el cazón no es solo una especie de tiburón. En el mercado local se le dice así a todo tiburón pequeño, es decir, a tiburones jóvenes que son de talla pequeña (alcanzan su madurez sexual con 50 o 70 centímetros) incluso al llegar a su edad adulta, o a tiburones bebés o muy jóvenes que son de talla grande.
Para Jaime Llanos, director de Buena Pesca –organización que promueve el consumo consciente de recursos pesqueros–, esa generalización del cazón apunta a una lógica perversa que existe en el mercado y que genera un “vacío de información” del cual se benefician los que explotan a tiburones juveniles que no han madurado sexualmente ni repoblado sus espacios.
“Bajo ese eufemismo de cazón, se mete todo el mundo en ese saco y acabamos con todo”, sentencia. Por eso, considera crucial que cada tiburón que se pesque se llame por el nombre que lo diferencia del resto.
Sánchez Criollo expone que los artes de pesca usados para capturar a tiburones están pensados para peces pequeños. Se usan palangres, redes de enmalle, y anzuelos a los que se adiciona alambre Money (de acero), el cual evita que se corte el nylon. “El despliegue y la recogida de este tipo de artes en la pesca artesanal se realizan de forma totalmente manual, y las operaciones de pesca suelen llevarse a cabo durante la noche”, revela el reporte de UICN.
Hay varias características de los tiburones que los hacen ser más vulnerables a la pesca masiva: por un lado, suelen alcanzar la madurez sexual muy tarde, lo cual hace que se reproduzcan luego de varios años. Su gestación, además, es muy larga. Dependiendo de la especie puede ir desde los 5 meses hasta los 3 años. Además, las camadas son muy reducidas con relación a otros peces: pueden ser una o dos crías, o pocas decenas.
Los embriones de tiburones se desarrollan completamente en el vientre materno (o en huevos protegidos). Cuando las hembras grávidas son capturadas, el estrés las hace abortar y las crías no sobreviven.
De paso, la carne de tiburones adultos no se comercializa porque su textura es distinta, no es agradable al paladar. Además, tiene una alta concentración de amoníaco y mercurio.
“El tiburón es una especie clave que está en el tope de la cadena trófica y desaparecer a una especie así tiene consecuencias bastante graves en todo el ecosistema”, comenta Llanos.
El World Wildlife Fund (WWF) apoda a los tiburones como los “médicos del mar”. Como depredadores tope, cumplen una función de limpieza genética: eliminan a los individuos enfermos y sostienen el equilibrio de poblaciones como pargos, carites y langostas. Si se retiran del sistema, se activa una “cascada trófica”, porque los depredadores intermedios se disparan y arrasan con los peces herbívoros que mantienen limpios los corales. Por eso, sin su existencia, el ecosistema está en peligro.
Sánchez Criollo recalca que con datos de desembarque y pesca sobre tiburones, sería posible que hacer un monitoreo efectivo de las poblaciones de escualos que permita saber qué se está capturando, cuáles son las especies más afectadas o cuándo hay más hembras grávidas, lo que implica dejar que las crías nazcan.
“Tú conversas con los pescadores y ellos son los principales interesados en que el recurso no se agote (…) Todos lo que estamos capturando son inmaduros sexualmente, no se han reproducido ni siquiera una vez. No podemos matar a los bebés”, añade el científico del CIT.
Pero las cifras no existen. De acuerdo con el capítulo sobre Venezuela del reporte “La situación mundial de los tiburones, las rayas y las quimeras”, publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2024, el estado de las poblaciones de tiburones en el país es “incierto” y no hay “evaluaciones cuantitativas debido a la falta de datos pesqueros y biológicos”.
El documento explica que, aunque sí hay pesquerías dedicadas específicamente a la captura de tiburones y rayas, “la mayor parte de las actividades artesanales consisten en pesquerías multiespecíficas cuyas flotas operan en función de la abundancia estacional de diversas especies de tiburones y teleósteos”.
El mismo reporte señala que el Estado venezolano ha mentido sobre los pocos datos disponibles acerca de la pesca de tiburones. De hecho, detalla que a partir de 1998, hubo una caída constante de los desembarques y que no está necesariamente relacionada con “la sobreexplotación de las poblaciones de tiburones y rayas”, Más bien, los expertos la atribuyen “a cambios en los sistemas políticos y al posterior colapso de las instituciones gubernamentales”, lo cual ha afectado directamente el proceso de registro de datos de capturas de tiburones.
“Los datos de pesca a partir de 1998 no son fiables y no deben utilizarse para evaluaciones de poblaciones ni análisis cuantitativos”, concluye el documento.
Esa poca credibilidad también se basa en otro hecho clave: la diferencia entre los reportes del Estado –suministrados por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca)– y los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que suele aplicar factores de corrección para mitigar la subestimación de la producción pesquera.
Mientras que entre 1998 y 2003, los datos de ambas instituciones son bastante similares, entre 2004-2019, la diferencia entre ambos varía entre 35 % y 814 %.
“Estos datos inexactos pueden explicarse por el hecho de que Insopesca ha inflado las capturas bajas al presentar datos a la FAO y a otras organizaciones internacionales con el fin de ocultar la disminución de los valores de producción”, apunta el reporte.
La información científica sobre el tema, por el contrario, sí ha tenido repercusiones. Gracias a estudios y proyectos de instituciones no gubernamentales y académicas, en 2012 se prohibió la pesca de tiburones en los archipiélagos de Los Roques y Las Aves, y también se prohibió la captura, distribución, comercio y transporte del tiburón sedoso y de todas las especies de la familia Sphyrnidae por parte de las flotas pesqueras industriales. Lo mismo se aplicó para el tiburón zorro de ojos grandes y el tiburón oceánico de puntas blancas, que tampoco puede ser comercializado por flotas artesanales.
“Además, creamos el Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Tiburones”, comenta el Sánchez Criollo. Sin embargo, sobre este documento, nunca se supo nada más después de que se entregó. Jamás se ejecutó.
Una fuente vinculada al tema pesquero reveló que, aunque hay un inspector de pesca en cada puerto, este recurso humano resulta insuficiente porque el personal carece de preparación y gana un sueldo mínimo que le impide comprometerse con su trabajo. En algunos puntos es necesario más de un funcionario que pueda reconocer cada especie y hacer el conteo de lo que trae a tierra cada desembarque. Si esta realidad no cambia, será imposible que se obtengan las cifras requeridas.
Lo que proponen los expertos
Para Sánchez, la protección de los tiburones debe ser cuestión de ley, y no de decretos transitorios que puedan derogarse fácilmente por otras administraciones. La exigencia debe centrarse en prohibir la pesca hasta que las poblaciones se restablezcan, lo cual puede tardar al menos una década. Sin embargo, alerta que una decisión tan radical no puede discutirse o promulgarse sin tomar en cuenta la voz de los pescadores.
“Queremos que se proteja a los tiburones, pero hay que hacerlo como tiene que ser. Tienes que ir a las comunidades, hablar con ellos, proponer y encontrar soluciones. Hay que también escucharlos a ellos proponer soluciones. Así se tomaron las decisiones sobre los tiburones en todos los países, incluso en algunos que están en peores condiciones económicas y conflictos que Venezuela”, afirma el científico.
Para Jaime Llanos “no hay solución mágica, ni una sola solución”. Asegura que las acciones deben tomarse desde varios frentes: gobierno, academia y sociedad civil, aunque admite que “amalgamar las tres es bastante difícil en un país como el nuestro”.
Pescadores venezolanos en plena faena. Foto extraída del informe de la UICN
Por un lado, propone que se forme a los pescadores para que distingan cuáles especies son susceptibles o no de explotación. “Hay una cantidad de tiburones que están sujetos a regulaciones en Venezuela y otros no. Pero al momento de la captura esa diferenciación no se hace”, resalta.
Llanos indica que, en otros países, se ha explorado el avistamiento de tiburones como alternativa para los pescadores que ya no pueden capturar estas especies. “Se ha demostrado que el rendimiento económico de esa actividad es considerablemente mayor que la propia pesca en sí”, afirma, aunque sabe que en el contexto venezolano de supervivencia, la idea puede resultar utópica.
En Venezuela, el CIT desarrolla el “Proyecto del tiburón ballena” en la costa central, que involucra comunidades pesqueras y locales e incluye programas escolares.
“Los resultados han demostrado que las comunidades están dispuestas a colaborar en actividades de conservación e incluso a participar activamente como científicos ciudadanos. Además, el programa de voluntariado del CIT ha sido fundamental para alcanzar los objetivos de sus proyectos y ha contado con la participación de pescadores, estudiantes de biología, buzos y el público en general”, se lee en el reporte del UICN.
El otro aspecto que sugiere tratar Llanos es la reeducación del consumidor: “es sumamente importante ponerle conocimiento de esa situación de vulnerabilidad y lo que significa para la sociedad la pérdida de una especie clave en un ecosistema como los tiburones”.
En la gastronomía, sustituir al cazón no debe ser un problema significativo. Llanos revela que el tiburón usa su piel como parte de su sistema de secreción de orinas y otros fluidos. Cuando muere, retiene en su tejido muscular muchas sustancias, entre ellas, el amoníaco, que produce un olor intenso. Por esa razón debe lavarse y prensarse repetidas veces antes de consumirse.
El resultado, explica, es un “pisillo insípido” que toma el sabor del sofrito con el que se haga. Aunque en el oriente venezolano hay paladares que sí reconocen qué es tiburón y qué no, “la gran mayoría de los venezolanos no puede diferenciar la carne de cazón con la de otro pescado”, asegura.
Por eso, la sustitución del cazón en las recetas no le parece demasiado compleja.
“Desde el punto de vista propiamente biológico, ecológico, nosotros lo que recomendamos son especies de ciclo corto como la sardina (…) Hay otras especies que son un poco más grandes, que tienen ciclos cortos, como el jurel y las lisas, que son muy buenas alternativas porque son sabrosos”, concluye. Que la acción protectora comience a través de los propios consumidores, podría salvar al rey del mar.
El Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) exigió libertad plena para todas las personas detenidas por motivos políticos en el país. Insistieron en que la medida no solo aliviará el sufrimiento de las familias afectadas sino que permitirá avanzar en la reconstrucción del tejido social.
“Es inaplazable establecer en el país un clima de respeto, confianza y convivencia mínima”, expresaron en un comunicado que difundieron este viernes, 5 de junio.
La organización recordó que muchas madres, padres, esposas, esposos, hijos e hijas permanecen apostados a las afueras de los centros de detención en condiciones precarias.
“Estas familias, ya vulneradas por la situación del país, continúan pagando un alto costo humano que resulta incompatible con los principios fundamentales de la dignidad humana y protección de los derechos humanos”, expresaron.
Cofavic aseguró que la falta de respuesta efectiva y oportuna ante las demandas de estos familiares “constituye una violación flagrante a su integridad psíquica y moral”, y pone en riesgo inminente su salud. Reclamaron que se respete el debido proceso y se ofrezcan garantías judiciales bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
📢#COMUNICADO La liberación plena de todas las personas detenidas por motivos políticos es una exigencia de humanidad y justicia
La persistencia de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela continúa generando un profundo sufrimiento para cientos de familias… pic.twitter.com/mbldQunHup— COFAVIC (@COFAVIC) June 5, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace algunas semanas se anunció que comenzaría la renegociación de la deuda externa. La semana pasada se informó, además, que se contrató a la empresa Centerview —firma con veinte años de experiencia en la estructuración de bonos privados y públicos— cuya última actuación en deuda soberana fue una emisión de 4000 millones de dólares del Gobierno del Ecuador en enero de este año. Sin embargo, como la decisión se anunció sin seguir los mecanismos de licitación habituales en los gobiernos, no tuvo tan buena acogida como el anuncio de la renegociación del pasado 13 de mayo.
Uno de los problemas fundamentales es: ¿cuánto debemos? Y la respuesta es aterradora, porque el desorden es de tal magnitud que no lo sabemos con certeza. Se habla de 170 000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor, sobre todo porque no se conoce la deuda con China, la deuda con Irán ni la supuesta deuda contraída con Cuba por su asesoría en el desastre que vivimos. Todas ellas, deudas que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional.
Si la deuda fuera de 170 000 millones de dólares —y de seguro es mayor—, eso equivaldría al 153 % del PIB, sin incluir los intereses acumulados desde 2017, cuando de manera unilateral se decidió dejar de pagar la deuda externa. Aquí surge una duda: ¿actuará Centerview como un verdadero intermediario en defensa de Venezuela? La pregunta no es caprichosa.
Como he dicho hasta el hastío, Venezuela es un país pobre. Tener recursos no convierte automáticamente a un país en rico, y quizá la deuda externa sea inmanejable: más del 150 % del PIB es una cifra formidable. Si se suman los intereses vencidos y la deuda no registrada, probablemente superemos los 200 000 millones de dólares, lo que nos llevaría a casi dos veces el PIB.
Venezuela debe ir a renegociar bajo la premisa de solicitar una reducción sustancial de la deuda. No puede presentarse ante los acreedores repitiendo lo que hemos sostenido desde 1974: que somos un país rico. Esa afirmación nos ha excluido de todos los programas de ayuda del Banco Mundial, y hoy necesitamos su apoyo, aunque queramos aparentar una riqueza que no tenemos. Una vez lograda esa renegociación, el compromiso debe ser pagarla y cancelarla en su totalidad, sin incrementarla. Debemos hacer lo que hizo el general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1930: dejar a Venezuela sin deuda.
Un país pobre —y eso es lo que es Venezuela— no puede endeudarse, y menos aún comprometer el futuro de las generaciones por venir de manera tan irresponsable y alegre como lo hemos hecho. No hay justicia en heredarles deudas a quienes vendrán después de nosotros, y menos aun lo justifica lo poco que hemos obtenido de esos endeudamientos: empresas quebradas creadas con ese dinero, el financiamiento de un control de cambios que solo produjo la ruina del país. No hay justicia.
En la actualidad escuchamos con frecuencia conceptos como comunicación asertiva. Se ha convertido en un término recurrente en conferencias, redes sociales, espacios académicos y entornos laborales. Sin embargo, más allá de su popularidad, vale la pena preguntarnos qué tan capaces somos realmente de aplicar este principio en un mundo cada vez más polarizado.
Vivimos en una época caracterizada por una paradoja evidente: nunca antes habíamos estado tan conectados y, al mismo tiempo, tan distanciados en nuestras formas de pensar. Basta observar cualquier conversación relacionada con temas sensibles, como la política, la inclusión o los asuntos sociales, para comprender lo difícil que resulta sostener un diálogo respetuoso, claro y constructivo. Con frecuencia, las diferencias de opinión terminan convirtiéndose en enfrentamientos donde el objetivo deja de ser comprender al otro para centrarse únicamente en imponer una visión particular.
El verdadero desafío como sociedad no consiste únicamente en conocer el significado de la comunicación asertiva, sino en llevarla a la práctica. Hablar de ella es relativamente sencillo; aplicarla en la vida cotidiana es otra historia. Cada día participamos en un constante intercambio de información, opiniones e ideas, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el propósito de nuestras palabras y el impacto que estas pueden generar en quienes nos rodean.
Resulta preocupante observar cómo, a pesar de la abundancia de información disponible sobre habilidades comunicacionales, seguimos teniendo dificultades para relacionarnos desde el respeto y la empatía. Muchas veces creemos estar comunicándonos correctamente, cuando en realidad nuestras actitudes, acciones o expresiones terminan lastimando, excluyendo o descalificando a otras personas.
La asertividad no consiste en repetir conceptos aprendidos ni en adoptar una tendencia de moda. Implica desarrollar la capacidad de comprender cuándo, cómo y de qué manera expresar nuestras ideas. Significa reconocer que las palabras tienen peso y que cada mensaje puede contribuir a construir puentes o, por el contrario, levantar barreras.
Temas como la política y la inclusión representan ejemplos claros de espacios donde la comunicación asertiva resulta especialmente necesaria. Ambos generan profundas emociones, despiertan posturas encontradas y, en muchas ocasiones, están rodeados de prejuicios o desconocimiento. Precisamente por ello, requieren de una comunicación más consciente, capaz de promover el entendimiento en lugar de profundizar las divisiones existentes.
Las luchas de poder constituyen quizás una de las expresiones más evidentes de la ausencia de comunicación asertiva. Como sociedad, solemos quedar atrapados en dinámicas donde la necesidad de tener la razón prevalece sobre la voluntad de escuchar. En ese contexto, olvidamos que el poder no solo se ejerce desde posiciones de autoridad, sino también a través de las palabras que utilizamos y de la manera en que decidimos relacionarnos con los demás.
Bajo mi punto de vista, el verdadero cambio comenzará cuando entendamos que todo lo que hacemos, decimos o compartimos tiene consecuencias. Nuestras acciones generan efectos tanto individuales como colectivos. Por ello, comunicar implica también asumir una responsabilidad: la de ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener sobre otras personas y sobre la sociedad en su conjunto.
Siempre he creído que no llegamos a este mundo para herir a los demás, sino para convertirnos en agentes de transformación. Y una de las herramientas más poderosas para lograrlo es, precisamente, el uso responsable de nuestras palabras. Elegir con cuidado lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos puede marcar una diferencia significativa en la construcción de relaciones más saludables, comunidades más inclusivas y sociedades más humanas.
En tiempos de polarización, deshumanización y pérdida de referentes éticos, la comunicación asertiva deja de ser una simple habilidad interpersonal para convertirse en una necesidad colectiva. Solo cuando aprendamos a dialogar desde el respeto, la empatía y la responsabilidad podremos aspirar a construir un mundo mejor para todos.
Una publicación en X del presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, donde dijo que la campaña contra la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide fue “feroz” y que los familiares de los presos políticos hacen un “escándalo” por el traslado de estos sin previo aviso a otros centros de reclusión, desató una marejada de reacciones de parte de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor “centro de torturas” desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan l@s privad@s a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió el parlamentario en la red social.
La presidenta del partido Encuentro Ciudadano y defensora de DDHH, Delsa Solórzano, calificó como “feroz” las supuestas torturas que ocurrieron en El Helicoide y “el horror que cientos de venezolanos padecieron entre sus muros”.
La abogada indicó que El Helicoide no es el único centro de tortura en Venezuela, “pero sin duda se ha convertido en un símbolo del horror, el sufrimiento y la violación sistemática de los derechos humanos”.
Solórzano manifestó que sí es necesario hacer un “escándalo” porque “no hacerlo sería un despropósito”.
“Es el deber de todo defensor de derechos humanos y de todo ciudadano. Frente a la tortura, la prisión política y la persecución, el silencio jamás puede ser una opción. Esto debe terminar”, sentenció. “¿Quién nos entiende?”, añadió la exdiputada. “Nos entienden los demócratas de Venezuela y del mundo. Pero, sobre todo, nos entienden las víctimas, sus familiares y quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de la represión”
Solórzano aseveró que no existe mérito alguno en cerrar El Helicoide y trasladar la tortura a otros centros de reclusión.
No se puede vaciar de memoria lo que marca una vida. Y eso es, y será, El Helicoide.
Por sus celdas pasaron alcaldes en ejercicio, empresarios, dueños de medios, banqueros. Pasaron mujeres. Pasaron niños. Pasaron adolescentes. Pasaron extranjeros que no entendían por qué estaban… https://t.co/Kqc8yKxr3l
Por su parte, la cuenta en X, Realidad Helicoide, preguntó por qué suspendieron las visitas a la otrora sede del Sebin, a qué se debieron los traslados y cuál fue el motivo para colocar un piquete policial e impedir el acceso de los familiares.
“Un verdadero cierre implica reconocer el crimen, desmantelar al Sebin y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y juzgar a los responsables. Implica liberar a todos los presos políticos”, se puede leer en la cuenta.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
19 personas privadas de libertad han muerto bajo custodia del Estado desde abril de este año, de acuerdo a un registro del Observatorio Venezolano de Prisiones.
El más reciente fallecimiento fue el de Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Doctor Francisco Delgado”, antigua cárcel de El Marite, en el estadoZulia.
“En Venezuela, enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado”, escribió el OVP en su cuenta de X.
La organización informó que desde abril han registrado muertes de personas privadas de libertad en las cárceles de Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y Yare III.
“Esta situación no se trata solo de muertes, sino de personas que estaban bajo control del Estado y que debían recibir protección, atención médica y condiciones compatibles con la vida”, añadió la organización.
El OVP recordó que las Reglas Mandela avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que toda persona privada de libertad debe tener acceso rápido a atención médica en casos urgentes
La organización también precisó que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado.
“Sin embargo, las prisiones de todo el territorio nacional siguen acumulando presos enfermos, tratamientos interrumpidos, traslados hospitalarios tardíos y muertes que pudieron evitarse”, dijo el OVP.
En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP expuso que 95,57% de las muertes registradas bajo custodia estuvieron asociadas a la falta de asistencia médica oportuna: “Los datos son contundentes y evidencian que las personas privadas de libertad, una de las poblaciones más vulnerables del país, continúan siendo privadas también de su derecho a la salud”.
El OVP denunció que mientras siguen acumulándose muertes bajo custodia, las familias continúan esperando una actuación firme de las instituciones llamadas a proteger a las personas privadas de libertad como la Defensoría del Pueblo.
“La Constitución no solo le atribuye la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, sino que además le ordena velar por su efectivo respeto, investigar denuncias, inspeccionar establecimientos del Estado e interponer las acciones necesarias cuando estos derechos sean vulnerados, tal como lo establece el artículo 281 de la CRBV”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
