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El cazón venezolano tiene sabor a extinción

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En mayo, durante cinco días, científicos, investigadores, académicos y estudiantes se reunieron en Colombo, Sri Lanka, en el Sharks International 2026, un congreso de cinco días que dedicó buena parte de sus ponencias a hablar sobre las distintas formas de conservar a los tiburones. El tema no está de moda. Desde hace años, en todo el mundo, las poblaciones de escualos se han reducido de forma alarmante. Y Venezuela no escapa a este fenómeno: el cazón está en peligro.

En Sri Lanka estuvo el biólogo e investigador Leonardo Sánchez Criollo, quien preside el Centro para la Investigación de Tiburones (CIT) de Venezuela y sabe que el rescate de estos peces debe ser un esfuerzo global, porque muchas de sus especies son migratorias.

“Si tú no proteges a una especie en uno de los países, entonces el esfuerzo que se realiza en los demás países se pierde. Por eso es necesario que las medidas se tomen de manera conjunta. Y todos los países lo están haciendo, pero es muy difícil en Venezuela”, afirma Sánchez Criollo, quien lidera desde hace varios meses una campaña para evitar el consumo del cazón o tiburón.

Parte de esa dificultad está en la visión que se tiene sobre estos peces en el país. Expertos en el tema y reportes científicos han reseñado que la pesca artesanal del cazón ocurre en casi todas las costas e islas del país y tiene un peso importante en los ámbitos social y económico, porque es fuente de alimento y empleo. 

“Para los pescadores artesanales, cuyo sustento suele depender de la pesca de tiburones, la carne de tiburón y de raya puede constituir una importante fuente de ingresos para las comunidades costeras”, indica el capítulo sobre Venezuela del reporte “La situación mundial de los tiburones, las rayas y las quimeras”, publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2024. 

Aunque en el pasado, el precio del cazón era bajo, la crisis económica del país provocó que su precio aumentara y se igualara incluso con el de los pargos (Lutjanidae), los meros (Epinephelidae) y las caballas (Scombridae).

Pese a que la carne de tiburón y de raya se comercializa y consume principalmente dentro del país, el reporte de la UICN detectó que productos venezolanos con esta carne llegan hasta los mercados estadounidenses. Se sospecha que este traslado se hace a través de empresas de mensajería que eluden inspecciones, licencias e impuestos de exportación.

Otro hecho que, según Sánchez Criollo, impulsó las campañas de protección de los tiburones en todo el mundo es la reciente inclusión (diciembre de 2025) de varias especies de escualos –sobre todo de la familia Carcharhinidae, la más grande– en los Apéndices I y II de la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo que prohíbe o restringe drásticamente su comercio internacional, y controla su comercio local, ya que su pesca debe ser compatible con su supervivencia. El acuerdo fue suscrito por Venezuela y otros 184 países.

La caza de los tiburones bebés

Infografía sobre el ciclo del cazón

En Venezuela, el cazón no es solo una especie de tiburón. En el mercado local se le dice así a todo tiburón pequeño, es decir, a tiburones jóvenes que son de talla pequeña (alcanzan su madurez sexual con 50 o 70 centímetros) incluso al llegar a su edad adulta, o a tiburones bebés o muy jóvenes que son de talla grande.

Para Jaime Llanos, director de Buena Pesca –organización que promueve el consumo consciente de recursos pesqueros–, esa generalización del cazón apunta a una lógica perversa que existe en el mercado y que genera un “vacío de información” del cual se benefician los que explotan a tiburones juveniles que no han madurado sexualmente ni repoblado sus espacios. 

“Bajo ese eufemismo de cazón, se mete todo el mundo en ese saco y acabamos con todo”, sentencia. Por eso, considera crucial que cada tiburón que se pesque se llame por el nombre que lo diferencia del resto.

Sánchez Criollo expone que los artes de pesca usados para capturar a tiburones están pensados para peces pequeños. Se usan palangres, redes de enmalle, y anzuelos a los que se adiciona alambre Money (de acero), el cual evita que se corte el nylon. “El despliegue y la recogida de este tipo de artes en la pesca artesanal se realizan de forma totalmente manual, y las operaciones de pesca suelen llevarse a cabo durante la noche”, revela el reporte de UICN. 

Hay varias características de los tiburones que los hacen ser más vulnerables a la pesca masiva: por un lado, suelen alcanzar la madurez sexual muy tarde, lo cual hace que se reproduzcan luego de varios años. Su gestación, además, es muy larga. Dependiendo de la especie puede ir desde los 5 meses hasta los 3 años. Además, las camadas son muy reducidas con relación a otros peces: pueden ser una o dos crías, o pocas decenas.

Los embriones de tiburones se desarrollan completamente en el vientre materno (o en huevos protegidos). Cuando las hembras grávidas son capturadas, el estrés las hace abortar y las crías no sobreviven.

De paso, la carne de tiburones adultos no se comercializa porque su textura es distinta, no es agradable al paladar. Además, tiene una alta concentración de amoníaco y mercurio.

“El tiburón es una especie clave que está en el tope de la cadena trófica y desaparecer a una especie así tiene consecuencias bastante graves en todo el ecosistema”, comenta Llanos. 

El World Wildlife Fund (WWF) apoda a los tiburones como los “médicos del mar”. Como depredadores tope, cumplen una función de limpieza genética: eliminan a los individuos enfermos y sostienen el equilibrio de poblaciones como pargos, carites y langostas. Si se retiran del sistema, se activa una “cascada trófica”, porque los depredadores intermedios se disparan y arrasan con los peces herbívoros que mantienen limpios los corales. Por eso, sin su existencia, el ecosistema está en peligro.

El mar sin estadísticas

Sánchez Criollo recalca que con datos de desembarque y pesca sobre tiburones, sería posible que hacer un monitoreo efectivo de las poblaciones de escualos que permita saber qué se está capturando, cuáles son las especies más afectadas o cuándo hay más hembras grávidas, lo que implica dejar que las crías nazcan. 

“Tú conversas con los pescadores y ellos son los principales interesados en que el recurso no se agote (…) Todos lo que estamos capturando son inmaduros sexualmente, no se han reproducido ni siquiera una vez. No podemos matar a los bebés”, añade el científico del CIT.

Pero las cifras no existen. De acuerdo con el capítulo sobre Venezuela del reporte “La situación mundial de los tiburones, las rayas y las quimeras”, publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2024, el estado de las poblaciones de tiburones en el país es “incierto” y no hay “evaluaciones cuantitativas debido a la falta de datos pesqueros y biológicos”.

El documento explica que, aunque sí hay pesquerías dedicadas específicamente a la captura de tiburones y rayas, “la mayor parte de las actividades artesanales consisten en pesquerías multiespecíficas cuyas flotas operan en función de la abundancia estacional de diversas especies de tiburones y teleósteos”. 

El mismo reporte señala que el Estado venezolano ha mentido sobre los pocos datos disponibles acerca de la pesca de tiburones. De hecho, detalla que a partir de 1998, hubo una caída constante de los desembarques y que no está necesariamente relacionada con “la sobreexplotación de las poblaciones de tiburones y rayas”, Más bien, los expertos la atribuyen “a cambios en los sistemas políticos y al posterior colapso de las instituciones gubernamentales”, lo cual ha afectado directamente el proceso de registro de datos de capturas de tiburones.

“Los datos de pesca a partir de 1998 no son fiables y no deben utilizarse para evaluaciones de poblaciones ni análisis cuantitativos”, concluye el documento.

Esa poca credibilidad también se basa en otro hecho clave: la diferencia entre los reportes del Estado –suministrados por el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca)– y los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que suele aplicar factores de corrección para mitigar la subestimación de la producción pesquera. 

Mientras que entre 1998 y 2003, los datos de ambas instituciones son bastante similares, entre 2004-2019, la diferencia entre ambos varía entre 35 % y 814 %. 

“Estos datos inexactos pueden explicarse por el hecho de que Insopesca ha inflado las capturas bajas al presentar datos a la FAO y a otras organizaciones internacionales con el fin de ocultar la disminución de los valores de producción”, apunta el reporte.

La información científica sobre el tema, por el contrario, sí ha tenido repercusiones. Gracias a estudios y proyectos de instituciones no gubernamentales y académicas, en 2012 se prohibió la pesca de tiburones en los archipiélagos de Los Roques y Las Aves, y también se prohibió la captura, distribución, comercio y transporte del tiburón sedoso y de todas las especies de la familia Sphyrnidae por parte de las flotas pesqueras industriales. Lo mismo se aplicó para el tiburón zorro de ojos grandes y el tiburón oceánico de puntas blancas, que tampoco puede ser comercializado por flotas artesanales.

“Además, creamos el Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Tiburones”, comenta el Sánchez Criollo. Sin embargo, sobre este documento, nunca se supo nada más después de que se entregó. Jamás se ejecutó.

Una fuente vinculada al tema pesquero reveló que, aunque hay un inspector de pesca en cada puerto, este recurso humano resulta insuficiente porque el personal carece de preparación y gana un sueldo mínimo que le impide comprometerse con su trabajo. En algunos puntos es necesario más de un funcionario que pueda reconocer cada especie y hacer el conteo de lo que trae a tierra cada desembarque. Si esta realidad no cambia, será imposible que se obtengan las cifras requeridas.

Lo que proponen los expertos

Para Sánchez, la protección de los tiburones debe ser cuestión de ley, y no de decretos transitorios que puedan derogarse fácilmente por otras administraciones. La exigencia debe centrarse en prohibir la pesca hasta que las poblaciones se restablezcan, lo cual puede tardar al menos una década. Sin embargo, alerta que una decisión tan radical no puede discutirse o promulgarse sin tomar en cuenta la voz de los pescadores.

“Queremos que se proteja a los tiburones, pero hay que hacerlo como tiene que ser. Tienes que ir a las comunidades, hablar con ellos, proponer y encontrar soluciones. Hay que también escucharlos a ellos proponer soluciones. Así se tomaron las decisiones sobre los tiburones en todos los países, incluso en algunos que están en peores condiciones económicas y conflictos que Venezuela”, afirma el científico. 

Para Jaime Llanos “no hay solución mágica, ni una sola solución”. Asegura que las acciones deben tomarse desde varios frentes: gobierno, academia y sociedad civil, aunque admite que “amalgamar las tres es bastante difícil en un país como el nuestro”.

Pescadores en plena faena
Pescadores venezolanos en plena faena. Foto extraída del informe de la UICN

Por un lado, propone que se forme a los pescadores para que distingan cuáles especies son susceptibles o no de explotación. “Hay una cantidad de tiburones que están sujetos a regulaciones en Venezuela y otros no. Pero al momento de la captura esa diferenciación no se hace”, resalta.

Llanos indica que, en otros países, se ha explorado el avistamiento de tiburones como alternativa para los pescadores que ya no pueden capturar estas especies. “Se ha demostrado que el rendimiento económico de esa actividad es considerablemente mayor que la propia pesca en sí”, afirma, aunque sabe que en el contexto venezolano de supervivencia, la idea puede resultar utópica.

En Venezuela, el CIT desarrolla el “Proyecto del tiburón ballena” en la costa central, que involucra comunidades pesqueras y locales e incluye programas escolares. 

“Los resultados han demostrado que las comunidades están dispuestas a colaborar en actividades de conservación e incluso a participar activamente como científicos ciudadanos. Además, el programa de voluntariado del CIT ha sido fundamental para alcanzar los objetivos de sus proyectos y ha contado con la participación de pescadores, estudiantes de biología, buzos y el público en general”, se lee en el reporte del UICN. 

El otro aspecto que sugiere tratar Llanos es la reeducación del consumidor: “es sumamente importante ponerle conocimiento de esa situación de vulnerabilidad y lo que significa para la sociedad la pérdida de una especie clave en un ecosistema como los tiburones”.

En la gastronomía, sustituir al cazón no debe ser un problema significativo. Llanos revela que el tiburón usa su piel como parte de su sistema de secreción de orinas y otros fluidos. Cuando muere, retiene en su tejido muscular muchas sustancias, entre ellas, el amoníaco, que produce un olor intenso. Por esa razón debe lavarse y prensarse repetidas veces antes de consumirse.

El resultado, explica, es un “pisillo insípido” que toma el sabor del sofrito con el que se haga. Aunque en el oriente venezolano hay paladares que sí reconocen qué es tiburón y qué no, “la gran mayoría de los venezolanos no puede diferenciar la carne de cazón con la de otro pescado”, asegura. 

Por eso, la sustitución del cazón en las recetas no le parece demasiado compleja.

“Desde el punto de vista propiamente biológico, ecológico, nosotros lo que recomendamos son especies de ciclo corto como la sardina (…) Hay otras especies que son un poco más grandes, que tienen ciclos cortos, como el jurel y las lisas, que son muy buenas alternativas porque son sabrosos”, concluye. Que la acción protectora comience a través de los propios consumidores, podría salvar al rey del mar.

Cofavic: libertad de los presos políticos ayudará a la reconstrucción del tejido social

El Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) exigió libertad plena para todas las personas detenidas por motivos políticos en el país. Insistieron en que la medida no solo aliviará el sufrimiento de las familias afectadas sino que permitirá avanzar en la reconstrucción del tejido social. 

“Es inaplazable establecer en el país un clima de respeto, confianza y convivencia mínima”, expresaron en un comunicado que difundieron este viernes, 5 de junio. 

La organización recordó que muchas madres, padres, esposas, esposos, hijos e hijas permanecen apostados a las afueras de los centros de detención en condiciones precarias. 

“Estas familias, ya vulneradas por la situación del país, continúan pagando un alto costo humano que resulta incompatible con los principios fundamentales de la dignidad humana y protección de los derechos humanos”, expresaron. 

Cofavic aseguró que la falta de respuesta efectiva y oportuna ante las demandas de estos familiares “constituye una violación flagrante a su integridad psíquica y moral”, y pone en riesgo inminente su salud.  Reclamaron que se respete el debido proceso y se ofrezcan garantías judiciales bajo los estándares internacionales de derechos humanos. 

📢#COMUNICADO La liberación plena de todas las personas detenidas por motivos políticos es una exigencia de humanidad y justicia

La persistencia de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela continúa generando un profundo sufrimiento para cientos de familias… pic.twitter.com/mbldQunHup— COFAVIC (@COFAVIC) June 5, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Un plan para Venezuela IV | La deuda externa ¿es eterna?

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Hace algunas semanas se anunció que comenzaría la renegociación de la deuda externa. La semana pasada se informó, además, que se contrató a la empresa Centerview —firma con veinte años de experiencia en la estructuración de bonos privados y públicos— cuya última actuación en deuda soberana fue una emisión de 4000 millones de dólares del Gobierno del Ecuador en enero de este año. Sin embargo, como la decisión se anunció sin seguir los mecanismos de licitación habituales en los gobiernos, no tuvo tan buena acogida como el anuncio de la renegociación del pasado 13 de mayo.

Uno de los problemas fundamentales es: ¿cuánto debemos? Y la respuesta es aterradora, porque el desorden es de tal magnitud que no lo sabemos con certeza. Se habla de 170 000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor, sobre todo porque no se conoce la deuda con China, la deuda con Irán ni la supuesta deuda contraída con Cuba por su asesoría en el desastre que vivimos. Todas ellas, deudas que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional.

Si la deuda fuera de 170 000 millones de dólares —y de seguro es mayor—, eso equivaldría al 153 % del PIB, sin incluir los intereses acumulados desde 2017, cuando de manera unilateral se decidió dejar de pagar la deuda externa. Aquí surge una duda: ¿actuará Centerview como un verdadero intermediario en defensa de Venezuela? La pregunta no es caprichosa.

Como he dicho hasta el hastío, Venezuela es un país pobre. Tener recursos no convierte automáticamente a un país en rico, y quizá la deuda externa sea inmanejable: más del 150 % del PIB es una cifra formidable. Si se suman los intereses vencidos y la deuda no registrada, probablemente superemos los 200 000 millones de dólares, lo que nos llevaría a casi dos veces el PIB.

Venezuela debe ir a renegociar bajo la premisa de solicitar una reducción sustancial de la deuda. No puede presentarse ante los acreedores repitiendo lo que hemos sostenido desde 1974: que somos un país rico. Esa afirmación nos ha excluido de todos los programas de ayuda del Banco Mundial, y hoy necesitamos su apoyo, aunque queramos aparentar una riqueza que no tenemos. Una vez lograda esa renegociación, el compromiso debe ser pagarla y cancelarla en su totalidad, sin incrementarla. Debemos hacer lo que hizo el general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1930: dejar a Venezuela sin deuda.

Un país pobre —y eso es lo que es Venezuela— no puede endeudarse, y menos aún comprometer el futuro de las generaciones por venir de manera tan irresponsable y alegre como lo hemos hecho. No hay justicia en heredarles deudas a quienes vendrán después de nosotros, y menos aun lo justifica lo poco que hemos obtenido de esos endeudamientos: empresas quebradas creadas con ese dinero, el financiamiento de un control de cambios que solo produjo la ruina del país. No hay justicia.

@daniellahoud

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La dimensión de la comunicación asertiva

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En la actualidad escuchamos con frecuencia conceptos como comunicación asertiva. Se ha convertido en un término recurrente en conferencias, redes sociales, espacios académicos y entornos laborales. Sin embargo, más allá de su popularidad, vale la pena preguntarnos qué tan capaces somos realmente de aplicar este principio en un mundo cada vez más polarizado.

Vivimos en una época caracterizada por una paradoja evidente: nunca antes habíamos estado tan conectados y, al mismo tiempo, tan distanciados en nuestras formas de pensar. Basta observar cualquier conversación relacionada con temas sensibles, como la política, la inclusión o los asuntos sociales, para comprender lo difícil que resulta sostener un diálogo respetuoso, claro y constructivo. Con frecuencia, las diferencias de opinión terminan convirtiéndose en enfrentamientos donde el objetivo deja de ser comprender al otro para centrarse únicamente en imponer una visión particular.

El verdadero desafío como sociedad no consiste únicamente en conocer el significado de la comunicación asertiva, sino en llevarla a la práctica. Hablar de ella es relativamente sencillo; aplicarla en la vida cotidiana es otra historia. Cada día participamos en un constante intercambio de información, opiniones e ideas, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el propósito de nuestras palabras y el impacto que estas pueden generar en quienes nos rodean.

Resulta preocupante observar cómo, a pesar de la abundancia de información disponible sobre habilidades comunicacionales, seguimos teniendo dificultades para relacionarnos desde el respeto y la empatía. Muchas veces creemos estar comunicándonos correctamente, cuando en realidad nuestras actitudes, acciones o expresiones terminan lastimando, excluyendo o descalificando a otras personas.

La asertividad no consiste en repetir conceptos aprendidos ni en adoptar una tendencia de moda. Implica desarrollar la capacidad de comprender cuándo, cómo y de qué manera expresar nuestras ideas. Significa reconocer que las palabras tienen peso y que cada mensaje puede contribuir a construir puentes o, por el contrario, levantar barreras.

Temas como la política y la inclusión representan ejemplos claros de espacios donde la comunicación asertiva resulta especialmente necesaria. Ambos generan profundas emociones, despiertan posturas encontradas y, en muchas ocasiones, están rodeados de prejuicios o desconocimiento. Precisamente por ello, requieren de una comunicación más consciente, capaz de promover el entendimiento en lugar de profundizar las divisiones existentes.

Las luchas de poder constituyen quizás una de las expresiones más evidentes de la ausencia de comunicación asertiva. Como sociedad, solemos quedar atrapados en dinámicas donde la necesidad de tener la razón prevalece sobre la voluntad de escuchar. En ese contexto, olvidamos que el poder no solo se ejerce desde posiciones de autoridad, sino también a través de las palabras que utilizamos y de la manera en que decidimos relacionarnos con los demás.

Bajo mi punto de vista, el verdadero cambio comenzará cuando entendamos que todo lo que hacemos, decimos o compartimos tiene consecuencias. Nuestras acciones generan efectos tanto individuales como colectivos. Por ello, comunicar implica también asumir una responsabilidad: la de ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener sobre otras personas y sobre la sociedad en su conjunto.

Siempre he creído que no llegamos a este mundo para herir a los demás, sino para convertirnos en agentes de transformación. Y una de las herramientas más poderosas para lograrlo es, precisamente, el uso responsable de nuestras palabras. Elegir con cuidado lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos puede marcar una diferencia significativa en la construcción de relaciones más saludables, comunidades más inclusivas y sociedades más humanas.

En tiempos de polarización, deshumanización y pérdida de referentes éticos, la comunicación asertiva deja de ser una simple habilidad interpersonal para convertirse en una necesidad colectiva. Solo cuando aprendamos a dialogar desde el respeto, la empatía y la responsabilidad podremos aspirar a construir un mundo mejor para todos.

@eduardofrontado

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La perla con la que Arreaza minimizó denuncias sobre El Helicoide y las reacciones que causó

Una publicación en X del presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, donde dijo que la campaña contra la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide fue “feroz” y que los familiares de los presos políticos hacen un “escándalo” por el traslado de estos sin previo aviso a otros centros de reclusión, desató una marejada de reacciones de parte de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.

“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor “centro de torturas” desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan l@s privad@s a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió el parlamentario en la red social. 

La presidenta del partido Encuentro Ciudadano y defensora de DDHH, Delsa Solórzano, calificó como “feroz” las supuestas torturas que ocurrieron en El Helicoide y “el horror que cientos de venezolanos padecieron entre sus muros”.

La abogada indicó que El Helicoide no es el único centro de tortura en Venezuela, “pero sin duda se ha convertido en un símbolo del horror, el sufrimiento y la violación sistemática de los derechos humanos”.

Solórzano manifestó que sí es necesario hacer un “escándalo” porque “no hacerlo sería un despropósito”.

“Es el deber de todo defensor de derechos humanos y de todo ciudadano. Frente a la tortura, la prisión política y la persecución, el silencio jamás puede ser una opción. Esto debe terminar”, sentenció. “¿Quién nos entiende?”, añadió la exdiputada. “Nos entienden los demócratas de Venezuela y del mundo. Pero, sobre todo, nos entienden las víctimas, sus familiares y quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de la represión”

Solórzano aseveró que no existe mérito alguno en cerrar El Helicoide y trasladar la tortura a otros centros de reclusión. 

Por su parte, la cuenta en X, Realidad Helicoide, preguntó por qué suspendieron las visitas a la otrora sede del Sebin, a qué se debieron los traslados y cuál fue el motivo para colocar un piquete policial e impedir el acceso de los familiares. 

“Un verdadero cierre implica reconocer el crimen, desmantelar al Sebin y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y juzgar a los responsables. Implica liberar a todos los presos políticos”, se puede leer en la cuenta.

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Murió otra persona privada de libertad en la antigua cárcel de El Marite: ya son 19 desde abril  

19 personas privadas de libertad han muerto bajo custodia del Estado desde abril de este año, de acuerdo a un registro del Observatorio Venezolano de Prisiones.

El más reciente fallecimiento fue el de Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Doctor Francisco Delgado”, antigua cárcel de El Marite, en el estado Zulia.

“En Venezuela, enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado”, escribió el OVP en su cuenta de X.


La organización informó que desde abril han registrado muertes de personas privadas de libertad en las cárceles de Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y Yare III.

“Esta situación no se trata solo de muertes, sino de personas que estaban bajo control del Estado y que debían recibir protección, atención médica y condiciones compatibles con la vida”, añadió la organización. 

El OVP recordó que las Reglas Mandela avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que toda persona privada de libertad debe tener acceso rápido a atención médica en casos urgentes  

La organización también precisó que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado. 

“Sin embargo, las prisiones de todo el territorio nacional siguen acumulando presos enfermos, tratamientos interrumpidos, traslados hospitalarios tardíos y muertes que pudieron evitarse”, dijo el OVP. 

En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP expuso que 95,57% de las muertes registradas bajo custodia estuvieron asociadas a la falta de asistencia médica oportuna: “Los datos son contundentes y evidencian que las personas privadas de libertad, una de las poblaciones más vulnerables del país, continúan siendo privadas también de su derecho a la salud”.

El OVP denunció que mientras siguen acumulándose muertes bajo custodia, las familias continúan esperando una actuación firme de las instituciones llamadas a proteger a las personas privadas de libertad como la Defensoría del Pueblo. 

“La Constitución no solo le atribuye la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, sino que además le ordena velar por su efectivo respeto, investigar denuncias, inspeccionar establecimientos del Estado e interponer las acciones necesarias cuando estos derechos sean vulnerados, tal como lo establece el artículo 281 de la CRBV”, concluyeron.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Caso PDVSA-Cripto: exigen a la ONU y la CIDH vigilar un juicio que califican de político 

Afuera del Palacio de Justicia en Caracas, este viernes 5 de junio, abogados de los acusados por la trama de corrupción PDVSA-Cripto denunciaron las irregularidades del proceso penal y aseguraron que es un caso “de naturaleza política”. Alertaron sobre la integridad física y mental de los procesados, tras haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Jeselt García, representante de Joselit Ramírez, ex superintendente de (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas( Sunacrip, se identificó como vocero de los abogados defensores del caso. Condenó que se pretende imponer la continuación del juicio por vía telemática (videollamada), pese a que van más de 16 audiencias en modalidad presencial desde el 20 de abril pasado.

“La audiencia ha sido diferida en dos ocasiones debido a que el director del SESMAS-Rodeo I (coronel Alexander José Martínez Endeiza) se niega a cumplir la orden judicial de traslado de los imputados del juzgado”, expresó.

Reclamó que este miércoles, 3 de junio, se realizaron traslados de varios procesados recluidos en El Helicoide a otras cárceles sin solicitud previa del tribunal ni de sus representados. Esto, dijo, “evidencia la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad e investigación penal del país”.

Los abogados exigieron que se haga “público y transparente” el desarrollo del juicio. Además, que participen como observadores la Defensoría del Pueblo, los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los representantes consulares, para garantizar un proceso transparente, efectivo e imparcial.
“No pedimos trato especial ni diferenciados, solo pedimos que triunfen la verdad y la justicia”, dijo. La declaración implicó leer un comunicado, luego no aceptaron preguntas.

Un chofer, un empresario y un diputado: juzgados por igual

“Ellos no tienen nada que ver, son inocentes”, le dijo Daniel Enrique Prieto, señalado como operador financiero del exdiputado oficialista Hugbel Roa, a un comisario del SEBIN cuando apresaron los choferes Jean Meyer, Miguel Yrigoyen y Luis Daniel Guzmán, y los vincularon a la trama PDVSA-Cripto. “Mala leche, todos van a pagar”, respondió el funcionario.

Luis Daniel tenía unos cuatro meses trabajando como conductor de la esposa de Prieto, Diana Carolina De Olivera. Vivía alquilado en una habitación con su pareja y su hijo. Lo acusaron de tener múltiples bienes como carros y casas, aunque vivía alquilado en una habitación con su pareja y su hijo, y aunque a la fecha no puede costear una defensa privada.

Su padre, Rafael Guzmán, contó que los choferes tenían previsto declarar por primera vez el miércoles pasado cuando se difirió la audiencia. Reiteró que en rechazo a las audiencias virtuales y la falta de atención médica, su hijo y sus compañeros decidieron ir a huelga de hambre. Para este viernes, desconocía cuál era su estado de salud luego de padecer por semanas de vómito y diarrea, que atribuyen al agua insalubre que consumen en prisión.

A unos metros de distancia, la hermana de Hugbel Roa, Marialis Roa, planteó que se pretenden parar las audiencias presenciales debido a las denuncias que han realizado los acusados. Insistió en que el exdiputado descubrió durante una investigación irregularidades que involucran al hermano del exfiscal Tarek William Saab. “Como no pudo matarlo, lo metió preso”, aseguró.

Marianna Parra, esposa de Carmelo De Grazia, uno de los directivos del banco Bancamiga, reiteró que él y su hermano experimentaron torturas con interrogatorios enfocados en identificar la ubicación de sus bienes y propiedades.

“Están siendo sometidos a tratos injustos para robarles sus bienes.. Nunca hubo interés en hacer justicia. No estamos negados a que las autoridades nos investiguen. Hemos estado dos años secuestrados y callados. Nos niegan el traslado porque no quieren que se sepa la verdad. Parece que el director de un penal tiene más poder que un juez”, dijo.

Piden al Ministerio de la Mujer frenar torturas y violencia sexual contra presas políticas

Familiares de personas detenidas por motivos políticos y miembros de la Alianza de Mujeres Políticas protestaron este viernes, 5 de junio, ante el Ministerio de la Mujer en Caracas, para exigir el cese de la violencia sexual, tratos crueles e inhumanos que enfrentan las presas políticas bajo custodia.

Tras concentrarse a las afueras de la institución, algunas de las familiares pudieron entrevistarse con la ministra Yelitze Santaella. Al respecto, Evelyn Pinto, defensora y miembro de la Alianza de Mujeres Políticas, comentó que la funcionaria emitió cuestionamientos contra los familiares y los propios presos políticos, incluso llegando a declarar que “quieren poner a todo el mundo como presas políticas y no es así”.

La activista señaló que Santaella habló sobre las gestiones que se han hecho en la cárcel de Las Crisálidas, donde se habilitó un centro de atención ginecológica. Más allá de esas acciones, las familiares y defensoras denunciaron también la “desnudez forzada” que se hacen en las requisas conta mujeres, recordando que ellas han asumido el rol de cuidadoras de presos políticos, hombres y mujeres.

Entre las solicitudes que entregaron al Ministerio, Pinto señaló, en primer lugar, que se haga una revisión en cada una de las cárceles de mujeres, incluso, en institutos penitenciarios, “que se supone que son solo de hombres y hay reportes de que hay mujeres detenidas en esas instancias”.

“También, se les pidió que instaran a los organismos correspondientes a que haya una investigación exhaustiva, independiente y con enfoque de género sobre todas las denuncias agresiones sexuales que han recibido, tanto las que actualmente siguen como presas políticas como las excarceladas, porque esos hechos no prescriben”, agregó Pinto.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) también instó a los organismos correspondientes a “escuchar a las víctimas con responsabilidad y solidaridad”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.