El Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) exigió libertad plena para todas las personas detenidas por motivos políticos en el país. Insistieron en que la medida no solo aliviará el sufrimiento de las familias afectadas sino que permitirá avanzar en la reconstrucción del tejido social.
“Es inaplazable establecer en el país un clima de respeto, confianza y convivencia mínima”, expresaron en un comunicado que difundieron este viernes, 5 de junio.
La organización recordó que muchas madres, padres, esposas, esposos, hijos e hijas permanecen apostados a las afueras de los centros de detención en condiciones precarias.
“Estas familias, ya vulneradas por la situación del país, continúan pagando un alto costo humano que resulta incompatible con los principios fundamentales de la dignidad humana y protección de los derechos humanos”, expresaron.
Cofavic aseguró que la falta de respuesta efectiva y oportuna ante las demandas de estos familiares “constituye una violación flagrante a su integridad psíquica y moral”, y pone en riesgo inminente su salud. Reclamaron que se respete el debido proceso y se ofrezcan garantías judiciales bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
📢#COMUNICADO La liberación plena de todas las personas detenidas por motivos políticos es una exigencia de humanidad y justicia
La persistencia de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela continúa generando un profundo sufrimiento para cientos de familias… pic.twitter.com/mbldQunHup— COFAVIC (@COFAVIC) June 5, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace algunas semanas se anunció que comenzaría la renegociación de la deuda externa. La semana pasada se informó, además, que se contrató a la empresa Centerview —firma con veinte años de experiencia en la estructuración de bonos privados y públicos— cuya última actuación en deuda soberana fue una emisión de 4000 millones de dólares del Gobierno del Ecuador en enero de este año. Sin embargo, como la decisión se anunció sin seguir los mecanismos de licitación habituales en los gobiernos, no tuvo tan buena acogida como el anuncio de la renegociación del pasado 13 de mayo.
Uno de los problemas fundamentales es: ¿cuánto debemos? Y la respuesta es aterradora, porque el desorden es de tal magnitud que no lo sabemos con certeza. Se habla de 170 000 millones de dólares, aunque la cifra podría ser mucho mayor, sobre todo porque no se conoce la deuda con China, la deuda con Irán ni la supuesta deuda contraída con Cuba por su asesoría en el desastre que vivimos. Todas ellas, deudas que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional.
Si la deuda fuera de 170 000 millones de dólares —y de seguro es mayor—, eso equivaldría al 153 % del PIB, sin incluir los intereses acumulados desde 2017, cuando de manera unilateral se decidió dejar de pagar la deuda externa. Aquí surge una duda: ¿actuará Centerview como un verdadero intermediario en defensa de Venezuela? La pregunta no es caprichosa.
Como he dicho hasta el hastío, Venezuela es un país pobre. Tener recursos no convierte automáticamente a un país en rico, y quizá la deuda externa sea inmanejable: más del 150 % del PIB es una cifra formidable. Si se suman los intereses vencidos y la deuda no registrada, probablemente superemos los 200 000 millones de dólares, lo que nos llevaría a casi dos veces el PIB.
Venezuela debe ir a renegociar bajo la premisa de solicitar una reducción sustancial de la deuda. No puede presentarse ante los acreedores repitiendo lo que hemos sostenido desde 1974: que somos un país rico. Esa afirmación nos ha excluido de todos los programas de ayuda del Banco Mundial, y hoy necesitamos su apoyo, aunque queramos aparentar una riqueza que no tenemos. Una vez lograda esa renegociación, el compromiso debe ser pagarla y cancelarla en su totalidad, sin incrementarla. Debemos hacer lo que hizo el general Juan Vicente Gómez entre 1908 y 1930: dejar a Venezuela sin deuda.
Un país pobre —y eso es lo que es Venezuela— no puede endeudarse, y menos aún comprometer el futuro de las generaciones por venir de manera tan irresponsable y alegre como lo hemos hecho. No hay justicia en heredarles deudas a quienes vendrán después de nosotros, y menos aun lo justifica lo poco que hemos obtenido de esos endeudamientos: empresas quebradas creadas con ese dinero, el financiamiento de un control de cambios que solo produjo la ruina del país. No hay justicia.
En la actualidad escuchamos con frecuencia conceptos como comunicación asertiva. Se ha convertido en un término recurrente en conferencias, redes sociales, espacios académicos y entornos laborales. Sin embargo, más allá de su popularidad, vale la pena preguntarnos qué tan capaces somos realmente de aplicar este principio en un mundo cada vez más polarizado.
Vivimos en una época caracterizada por una paradoja evidente: nunca antes habíamos estado tan conectados y, al mismo tiempo, tan distanciados en nuestras formas de pensar. Basta observar cualquier conversación relacionada con temas sensibles, como la política, la inclusión o los asuntos sociales, para comprender lo difícil que resulta sostener un diálogo respetuoso, claro y constructivo. Con frecuencia, las diferencias de opinión terminan convirtiéndose en enfrentamientos donde el objetivo deja de ser comprender al otro para centrarse únicamente en imponer una visión particular.
El verdadero desafío como sociedad no consiste únicamente en conocer el significado de la comunicación asertiva, sino en llevarla a la práctica. Hablar de ella es relativamente sencillo; aplicarla en la vida cotidiana es otra historia. Cada día participamos en un constante intercambio de información, opiniones e ideas, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el propósito de nuestras palabras y el impacto que estas pueden generar en quienes nos rodean.
Resulta preocupante observar cómo, a pesar de la abundancia de información disponible sobre habilidades comunicacionales, seguimos teniendo dificultades para relacionarnos desde el respeto y la empatía. Muchas veces creemos estar comunicándonos correctamente, cuando en realidad nuestras actitudes, acciones o expresiones terminan lastimando, excluyendo o descalificando a otras personas.
La asertividad no consiste en repetir conceptos aprendidos ni en adoptar una tendencia de moda. Implica desarrollar la capacidad de comprender cuándo, cómo y de qué manera expresar nuestras ideas. Significa reconocer que las palabras tienen peso y que cada mensaje puede contribuir a construir puentes o, por el contrario, levantar barreras.
Temas como la política y la inclusión representan ejemplos claros de espacios donde la comunicación asertiva resulta especialmente necesaria. Ambos generan profundas emociones, despiertan posturas encontradas y, en muchas ocasiones, están rodeados de prejuicios o desconocimiento. Precisamente por ello, requieren de una comunicación más consciente, capaz de promover el entendimiento en lugar de profundizar las divisiones existentes.
Las luchas de poder constituyen quizás una de las expresiones más evidentes de la ausencia de comunicación asertiva. Como sociedad, solemos quedar atrapados en dinámicas donde la necesidad de tener la razón prevalece sobre la voluntad de escuchar. En ese contexto, olvidamos que el poder no solo se ejerce desde posiciones de autoridad, sino también a través de las palabras que utilizamos y de la manera en que decidimos relacionarnos con los demás.
Bajo mi punto de vista, el verdadero cambio comenzará cuando entendamos que todo lo que hacemos, decimos o compartimos tiene consecuencias. Nuestras acciones generan efectos tanto individuales como colectivos. Por ello, comunicar implica también asumir una responsabilidad: la de ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener sobre otras personas y sobre la sociedad en su conjunto.
Siempre he creído que no llegamos a este mundo para herir a los demás, sino para convertirnos en agentes de transformación. Y una de las herramientas más poderosas para lograrlo es, precisamente, el uso responsable de nuestras palabras. Elegir con cuidado lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos puede marcar una diferencia significativa en la construcción de relaciones más saludables, comunidades más inclusivas y sociedades más humanas.
En tiempos de polarización, deshumanización y pérdida de referentes éticos, la comunicación asertiva deja de ser una simple habilidad interpersonal para convertirse en una necesidad colectiva. Solo cuando aprendamos a dialogar desde el respeto, la empatía y la responsabilidad podremos aspirar a construir un mundo mejor para todos.
Una publicación en X del presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, donde dijo que la campaña contra la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide fue “feroz” y que los familiares de los presos políticos hacen un “escándalo” por el traslado de estos sin previo aviso a otros centros de reclusión, desató una marejada de reacciones de parte de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor “centro de torturas” desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan l@s privad@s a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió el parlamentario en la red social.
La presidenta del partido Encuentro Ciudadano y defensora de DDHH, Delsa Solórzano, calificó como “feroz” las supuestas torturas que ocurrieron en El Helicoide y “el horror que cientos de venezolanos padecieron entre sus muros”.
La abogada indicó que El Helicoide no es el único centro de tortura en Venezuela, “pero sin duda se ha convertido en un símbolo del horror, el sufrimiento y la violación sistemática de los derechos humanos”.
Solórzano manifestó que sí es necesario hacer un “escándalo” porque “no hacerlo sería un despropósito”.
“Es el deber de todo defensor de derechos humanos y de todo ciudadano. Frente a la tortura, la prisión política y la persecución, el silencio jamás puede ser una opción. Esto debe terminar”, sentenció. “¿Quién nos entiende?”, añadió la exdiputada. “Nos entienden los demócratas de Venezuela y del mundo. Pero, sobre todo, nos entienden las víctimas, sus familiares y quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de la represión”
Solórzano aseveró que no existe mérito alguno en cerrar El Helicoide y trasladar la tortura a otros centros de reclusión.
No se puede vaciar de memoria lo que marca una vida. Y eso es, y será, El Helicoide.
Por sus celdas pasaron alcaldes en ejercicio, empresarios, dueños de medios, banqueros. Pasaron mujeres. Pasaron niños. Pasaron adolescentes. Pasaron extranjeros que no entendían por qué estaban… https://t.co/Kqc8yKxr3l
Por su parte, la cuenta en X, Realidad Helicoide, preguntó por qué suspendieron las visitas a la otrora sede del Sebin, a qué se debieron los traslados y cuál fue el motivo para colocar un piquete policial e impedir el acceso de los familiares.
“Un verdadero cierre implica reconocer el crimen, desmantelar al Sebin y la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y juzgar a los responsables. Implica liberar a todos los presos políticos”, se puede leer en la cuenta.
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19 personas privadas de libertad han muerto bajo custodia del Estado desde abril de este año, de acuerdo a un registro del Observatorio Venezolano de Prisiones.
El más reciente fallecimiento fue el de Alberto Rafael Solarte Cabrera en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Doctor Francisco Delgado”, antigua cárcel de El Marite, en el estadoZulia.
“En Venezuela, enfermar dentro de una cárcel puede significar esperar días, semanas o meses por una atención médica que no llega, un traslado hospitalario que se retrasa o un tratamiento que nunca es suministrado”, escribió el OVP en su cuenta de X.
La organización informó que desde abril han registrado muertes de personas privadas de libertad en las cárceles de Fénix Lara, Tocuyito, Uribana, Rodeo III, Rodeo IV, el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, la Comunidad Penitenciaria de Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y Yare III.
“Esta situación no se trata solo de muertes, sino de personas que estaban bajo control del Estado y que debían recibir protección, atención médica y condiciones compatibles con la vida”, añadió la organización.
El OVP recordó que las Reglas Mandela avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecen que toda persona privada de libertad debe tener acceso rápido a atención médica en casos urgentes
La organización también precisó que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado.
“Sin embargo, las prisiones de todo el territorio nacional siguen acumulando presos enfermos, tratamientos interrumpidos, traslados hospitalarios tardíos y muertes que pudieron evitarse”, dijo el OVP.
En su informe anual correspondiente a 2025, el OVP expuso que 95,57% de las muertes registradas bajo custodia estuvieron asociadas a la falta de asistencia médica oportuna: “Los datos son contundentes y evidencian que las personas privadas de libertad, una de las poblaciones más vulnerables del país, continúan siendo privadas también de su derecho a la salud”.
El OVP denunció que mientras siguen acumulándose muertes bajo custodia, las familias continúan esperando una actuación firme de las instituciones llamadas a proteger a las personas privadas de libertad como la Defensoría del Pueblo.
“La Constitución no solo le atribuye la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, sino que además le ordena velar por su efectivo respeto, investigar denuncias, inspeccionar establecimientos del Estado e interponer las acciones necesarias cuando estos derechos sean vulnerados, tal como lo establece el artículo 281 de la CRBV”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Afuera del Palacio de Justicia en Caracas, este viernes 5 de junio, abogados de los acusados por la trama de corrupción PDVSA-Cripto denunciaron las irregularidades del proceso penal y aseguraron que es un caso “de naturaleza política”. Alertaron sobre la integridad física y mental de los procesados, tras haber sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Jeselt García, representante de Joselit Ramírez, ex superintendente de (Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas( Sunacrip, se identificó como vocero de los abogados defensores del caso. Condenó que se pretende imponer la continuación del juicio por vía telemática (videollamada), pese a que van más de 16 audiencias en modalidad presencial desde el 20 de abril pasado.
“La audiencia ha sido diferida en dos ocasiones debido a que el director del SESMAS-Rodeo I (coronel Alexander José Martínez Endeiza) se niega a cumplir la orden judicial de traslado de los imputados del juzgado”, expresó.
Reclamó que este miércoles, 3 de junio, se realizaron traslados de varios procesados recluidos en El Helicoide a otras cárceles sin solicitud previa del tribunal ni de sus representados. Esto, dijo, “evidencia la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad e investigación penal del país”.
Los abogados exigieron que se haga “público y transparente” el desarrollo del juicio. Además, que participen como observadores la Defensoría del Pueblo, los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los representantes consulares, para garantizar un proceso transparente, efectivo e imparcial. “No pedimos trato especial ni diferenciados, solo pedimos que triunfen la verdad y la justicia”, dijo. La declaración implicó leer un comunicado, luego no aceptaron preguntas.
Un chofer, un empresario y un diputado: juzgados por igual
“Ellos no tienen nada que ver, son inocentes”, le dijo Daniel Enrique Prieto, señalado como operador financiero del exdiputado oficialista Hugbel Roa, a un comisario del SEBIN cuando apresaron los choferes Jean Meyer, Miguel Yrigoyen y Luis Daniel Guzmán, y los vincularon a la trama PDVSA-Cripto. “Mala leche, todos van a pagar”, respondió el funcionario.
Luis Daniel tenía unos cuatro meses trabajando como conductor de la esposa de Prieto, Diana Carolina De Olivera. Vivía alquilado en una habitación con su pareja y su hijo. Lo acusaron de tener múltiples bienes como carros y casas, aunque vivía alquilado en una habitación con su pareja y su hijo, y aunque a la fecha no puede costear una defensa privada.
Su padre, Rafael Guzmán, contó que los choferes tenían previsto declarar por primera vez el miércoles pasado cuando se difirió la audiencia. Reiteró que en rechazo a las audiencias virtuales y la falta de atención médica, su hijo y sus compañeros decidieron ir a huelga de hambre. Para este viernes, desconocía cuál era su estado de salud luego de padecer por semanas de vómito y diarrea, que atribuyen al agua insalubre que consumen en prisión.
A unos metros de distancia, la hermana de Hugbel Roa, Marialis Roa, planteó que se pretenden parar las audiencias presenciales debido a las denuncias que han realizado los acusados. Insistió en que el exdiputado descubrió durante una investigación irregularidades que involucran al hermano del exfiscal Tarek William Saab. “Como no pudo matarlo, lo metió preso”, aseguró.
Marianna Parra, esposa de Carmelo De Grazia, uno de los directivos del banco Bancamiga, reiteró que él y su hermano experimentaron torturas con interrogatorios enfocados en identificar la ubicación de sus bienes y propiedades.
“Están siendo sometidos a tratos injustos para robarles sus bienes.. Nunca hubo interés en hacer justicia. No estamos negados a que las autoridades nos investiguen. Hemos estado dos años secuestrados y callados. Nos niegan el traslado porque no quieren que se sepa la verdad. Parece que el director de un penal tiene más poder que un juez”, dijo.
Familiares de personas detenidas por motivos políticos y miembros de la Alianza de Mujeres Políticas protestaron este viernes, 5 de junio, ante el Ministerio de la Mujer en Caracas, para exigir el cese de la violencia sexual, tratos crueles e inhumanos que enfrentan las presas políticas bajo custodia.
Tras concentrarse a las afueras de la institución, algunas de las familiares pudieron entrevistarse con la ministra Yelitze Santaella. Al respecto, Evelyn Pinto, defensora y miembro de la Alianza de Mujeres Políticas, comentó que la funcionaria emitió cuestionamientos contra los familiares y los propios presos políticos, incluso llegando a declarar que “quieren poner a todo el mundo como presas políticas y no es así”.
La activista señaló que Santaella habló sobre las gestiones que se han hecho en la cárcel de Las Crisálidas, donde se habilitó un centro de atención ginecológica. Más allá de esas acciones, las familiares y defensoras denunciaron también la “desnudez forzada” que se hacen en las requisas conta mujeres, recordando que ellas han asumido el rol de cuidadoras de presos políticos, hombres y mujeres.
Entre las solicitudes que entregaron al Ministerio, Pinto señaló, en primer lugar, que se haga una revisión en cada una de las cárceles de mujeres, incluso, en institutos penitenciarios, “que se supone que son solo de hombres y hay reportes de que hay mujeres detenidas en esas instancias”.
“También, se les pidió que instaran a los organismos correspondientes a que haya una investigación exhaustiva, independiente y con enfoque de género sobre todas las denuncias agresiones sexuales que han recibido, tanto las que actualmente siguen como presas políticas como las excarceladas, porque esos hechos no prescriben”, agregó Pinto.
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) también instó a los organismos correspondientes a “escuchar a las víctimas con responsabilidad y solidaridad”.
Familiares de los presos políticos e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas protestan frente al Ministerio de la Mujer, para exigir que cese la violación de las mujeres presas políticas en #Venezuela.
— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) June 5, 2026
Familiares de los presos políticos e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas protestan frente al Ministerio de la Mujer, para exigir que cese la violación de las mujeres presas políticas en #Venezuela.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 5, 2026
Evelyn Pinto, representante de Mujeres en la Política, exige a la ministra Yelitze Santaella, que inste a los organismos competentes que inicien una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las violaciones a los derechos de las mujeres que se comenten en cárceles… pic.twitter.com/mvZMKcn1yI
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 5, 2026
Luego de la protesta realizada por familiares de presos políticos e integrantes de la Alianza de Mujeres Políticas frente al Ministerio para la Mujer, una comisión fue recibida por la ministra Yelitze Santaella para exponer las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos… pic.twitter.com/TmhzBDXxqN
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 5, 2026
EN EL MINISTERIO PARA LA MUJER | Activistas, familiares y ciudadanía en general se reunieron afuera del Ministerio para la Mujer en Caracas y lograron entrevistarse con la ministra Yelitze Santaella.
Sin embargo, según relató Evelyn Pinto, defensora y miembro de la Alianza de… pic.twitter.com/9pjh70wlV0
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 5, 2026
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Este viernes 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, una fecha establecida por las Naciones Unidas en 1972. En el marco de esta conmemoración, Clima 21 exigió al Estado venezolano proteger los derechos humanos ambientales de toda la población.
La organización no gubernamental dedicada a la investigación, educación y defensa del ambiente desde una perspectiva de derechos humanos denunció cómo la falta de servicios básicos, como el agua, la minería ilegal y los derrames petroleros afectan la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.
Máspobreza, inseguridad alimentaria y desplazamientos
A través de una publicación en Instagram, la ONG destacó que el mercurio derivado de la minería ilegal destruye no solo los bosques y los ríos, sino también la vida de las personas, lo que calificó como una vulneración de los derechos humanos. Según la organización, niños, adolescentes, personas mayores y comunidades indígenas figuran entre los grupos más afectados por esta situación.
Clima 21 también advirtió que las personas en condiciones de pobreza cargan con un peso desproporcionado de la degradación ambiental. La crisis ecológica, señaló, se traduce en más pobreza, más enfermedades, inseguridad alimentaria y desplazamientos; es decir, en menos oportunidades para vivir dignamente.
Ante este contexto, Clima 21 instó a la ciudadanía, organizaciones sociales, comunidades e instituciones a exigir al Estado la protección de los derechos humanos ambientales, al considerar que el futuro de Venezuela también depende de la defensa de sus ecosistemas y de quienes los protegen.
“Sin información no hay participación, sin participación no hay justicia ambiental. Y sin justicia ambiental no hay democracia ni desarrollo sostenible”, Recalcaron.
El “desarrollo minero ecológico” es científicamente insostenible
22 ONG emitieron un comunicado el pasado 23 de marzo en el que denunciaron el peligro que representa el proyecto de Ley Orgánica de Minas, al considerar que podría institucionalizar el ecocidio y el blanqueo del “oro de sangre” en Venezuela. Entre las organizaciones firmantes se encuentran Clima 21, Acceso a la Justicia, Provea, Fundación Aguaclara y Fundación Ecovita, entre otras.
A juicio de las ONG, conceptos como el de “desarrollo minero ecológico” son científicamente insostenibles. Además, alertaron que el proyecto otorga amplias facultades al Ejecutivo, lo que reduce la transparencia, el control ciudadano y la participación de las comunidades afectadas.
También señalaron vacíos críticos en materia ambiental. Advirtieron que el proyecto no exige estudios de impacto ambiental, no incorpora un enfoque preventivo y omite garantías de restauración, regulación de residuos, cierre de minas, mecanismos independientes de monitoreo y acceso a la información.
En el #DíaMundialDelMedioAmbiente , alertamos: el Proyecto de Ley Orgánica de Minas (ya vigente) en Venezuela institucionaliza el ecocidio y el blanqueo del "Oro de Sangre". 22 ONG denunciamos que no exige estudios de impacto ambiental, viola derechos indígenas y concentra poder…
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 5, 2026
Asimismo, alertaron sobre la posible afectación de áreas protegidas y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, al no incluir estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado ni garantizar la demarcación de sus territorios.
Finalmente, rechazaron la militarización de las zonas mineras y cuestionaron el carácter de ley orgánica del proyecto. Subrayaron que cualquier reforma debe realizarse conforme a la Constitución, la normativa ambiental vigente y el fortalecimiento institucional democrático.
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