Inicio Blog Página 175

La esperanza de libertad duerme bajo el frío y la neblina de Valle Arriba

0

El movimiento en Colinas de Valle Arriba, en el municipio Baruta, suele ser estrictamente diplomático y residencial. Sin embargo, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, el paisaje urbano ahora alberga una realidad distinta.

Desde el 7 de junio, un grupo de familiares de presos políticos se estableció en los alrededores de una parada de transporte público. Sin un espacio formal para pernoctar y expuestos a las fuertes lluvias de los últimos días, las familias han convertido este punto en un espacio de resistencia y espera.

“Acá tenemos todas las fotos de todos los presos políticos. Faltan muchísimas fotos. Con los palos de agua que han caído, como podrán ver, se han dañado”, contó a Runrun.es Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, detenido desde el año 2020 al ser vinculado a la denominada Operación Gedeón.

Carteles con fotos de presos políticos | Foto: Andrea González/Runrun.es

Mayra no es de Caracas y desde enero está en la capital participando en todas las vigilias que se han hecho en las diferentes cárceles donde hay presos políticos. Su hermano está en el Fuerte Guaicaipuro, lugar donde se encuentran “los Gedeones”, quienes durante meses estuvieron en aislamiento y sus familiares los encontraron “desnutridos” y con problemas de salud cuando finalmente pudieron verlos, tras los hechos del 3 de enero.

Un campamento que surgió de la desesperación

Mayra Morales explica que la desesperación se apoderó de los familiares después de que Delcy y Jorge Rodríguez anunciaron en mayo que vendrían cientos de excarcelaciones, promesa que no se materializó. 

“En vista de que eso nunca pasó, nosotros como familiares nos vimos en la desesperación de hacer esto, porque estamos aquí es por la desesperación de que nuestros familiares no han salido”, explica Mayra.

Mayra Morales, familiar del preso político Ricardo | Foto: Andrea González/Runrun.es

Aquel domingo 7 de junio, un grupo de familiares, que ven a Mayra como la persona que coordina el campamento –una especie de líder– decidió apostarse en los alrededores de la embajada norteamericana. Esto ocurrió días después que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmara que El Helicoide había sido cerrado, tras lo cual, decenas de presos políticos que estaban allí fueron trasladados hacia otros centros de reclusión.

El objetivo de instalar este campamento en las cercanías de la instalación diplomática estadounidense también es ser escuchados por el encargado de Negocios, John Barret.

Sobreviviendo gracias a la solidaridad de la comunidad

Los familiares de presos políticos armaron ese campamento sin tener nada. Con el pasar de los días, como explica Mayra Morales, fueron las personas que residen en los alrededores del campamento quienes empezaron a donarles insumos. También, han colaborado algunas personas que están fuera del país.

Así fue que empezaron a recibir carpas, colchonetas, toldos, ropa, artículos de higiene personal, alimentos y agua. Todo esto para que puedan mantenerse allí. Los familiares dependen únicamente de la solidaridad de otras personas.

Pero el campamento tiene una dinámica organizada. Mayra Morales hizo un recorrido en el cual mostró cómo se dividen las carpas y para qué funciona cada una. La más grande la llaman “la carpa de la libertad”. Allí almacenan los colchones, bolsos y otros artículos.

“Carpa de la libertad” en el campamento de Valle Arriba | Foto: Andrea González/Runrun.es

En otra de las carpas almacenan la comida. En ella guardan galletas, pan y agua. “Todos los días la arreglamos. Los vecinos vienen en la mañana”, explica la coordinadora de los campamentos, quien también mostró un mueble de madera en el que tienen café y frutas para los familiares.

Alimentos almacenados en una carpa del campamento | Foto: Andrea González/Runrun.es
Alimentos almacenados en una carpa del campamento | Foto: Andrea González/Runrun.es

El resto de las carpas funciona como sitio de descanso. Allí es donde duermen, incluso en las noches donde la lluvia no perdona, como ha ocurrido más recientemente. Algunas de las carpas tienen banderas de Estados Unidos impresas en papel y están cubiertas con toldos para que no se mojen cuando llueve.

Carpas con las banderas de Venezuela y de Estados Unidos | Foto: Andrea González/Runrun.es

El desafío de otras necesidades básicas

Para poder ir al baño, los familiares caminan unas tres cuadras en subida hacia el Centro Comercial Valle Arriba. Durante la semana está abierto hasta las 10:00 de la noche. Ellos se turnan en grupos para ir al baño. Para asearse, algunas personas de la comunidad les han abierto las puertas de sus hogares y los vecinos también los ayudan lavando la ropa.

Así se ve el interior de una de las carpas del campamento de Valle Arriba | Foto: Andrea González/Runrun.es

Una de las familiares que pernocta en el lugar es Katty Zambrano, madre de Gabriel Guerra, quien fue detenido en 2022 junto al periodista Ramón Centeno cuando hacían un trabajo periodístico que nunca llegó a publicarse. Recibió una condena de seis años y 10 meses de cárcel y está recluido en Yare III.

Katty lleva consigo un cartel con el nombre de su hijo y dos fotos. Una corresponde a cómo se veía antes de ir a prisión; la otra, una recreación con inteligencia artificial que muestra cómo bajó de peso estando encarcelado. “Somos de Oriente, de Sabana de Uchire, y estamos aquí por la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos, militares y civiles, inocentes”, relató a Runrun.es.

Katty Zambrano, madre del preso político Gabriel Guerra | Foto: Andrea González/Runrun.es

El testimonio de Katty confirma que desde la Embajada norteamericana no han recibido apoyo. “En un momento se acercaron para decir que no se podía alzar la voz, no se podían hacer cantos y que no se podían hacer gritos”, relata. Tampoco han recibido ningún apoyo de la Alcaldía del Municipio Baruta. Los familiares comentan que, algunas veces, funcionarios en patrullas policiales pasan a preguntar cómo va todo en el campamento.

“Ya después de las 10 de la noche comienza a caer la neblina y el frío es inminente, o sea, un frío tremendo y bueno, nos resguardamos unos a los otros en las carpas y nos cubrimos”, añade Katty Zambrano.

La expectativa de Katty es que los familiares sean escuchados por John Barret, o que por lo menos envíe un comisionado. “Tenemos, todos, las esperanzas de que él nos va a atender y que esto se va a solucionar”.

Siguen llegando casos

En este campamento hay familiares de detenidos por causas como Pdvsa-Cripto, las operaciones “Mano de Hierro”, “Gedeón”, “Relámpago del Catatumbo” y trabajadores de Pdvsa que siguen encarcelados tras ser víctimas de persecución. Pero siguen conociendo casos nuevos. 

En el día 11 de instalarse el campamento, llegó desde San Cristóbal, estado Táchira, la señora Lourdes Castellanos Rubio, madre de Wladimir Horacio Molina Castellanos, detenido desde el 29 de septiembre de 2024 en un casino que frecuentaba ocasionalmente.

La señora Lourdes, sentada en un banquito, contó que a su hijo, quien se dedicaba a vender pescado y aguacate, lo detuvieron porque “un soldado de la patria se encargó de nombrar a varios”. Wladimir fue policía, pero se retiró hace muchos años. También, ocho meses después detuvieron a su esposa Yazmín Fajardo.  Actualmente, Molina Castellanos está recluido en Yare II y el apartamento donde vivía quedó como herencia de su difunto padre para él y sus dos hermanos.

Lourdes Castellanos Rubio, madre de Wladimir Molina | Foto: Andrea González/Runrun.es

“Yo llegué esta mañana. Me eché 24 horas porque el autobús se echó a perder y nos trasladamos a otra unidad. Después de esa unidad nos cambiamos a otra. O sea, fue engorrosa la venida”, relata la señora Lourdes, quien llegó sola al campamento a sus 68 años. Trabaja como estilista y su viaje lo hizo con la única esperanza de también lograr que su hijo sea liberado.

Todavía hay cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país, y sus historias se niegan a quedar en el olvido. La creación de estos espacios improvisados es el reflejo de una desesperación que se transformó en constancia. Mientras las solicitudes de audiencia duermen en los escritorios diplomáticos de la Embajada norteamericana, en la calle, bajo la lluvia, las familias siguen ordenando las fotos de sus hijos y esperando una respuesta que les devuelva la paz.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Alfredo Romero ante la Corte IDH: Caso Óscar Pérez fue una ejecución para borrar una disidencia

0

Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los detalles de lo ocurrido el 15 enero de 2018, cuando el expiloto Óscar Pérez y otras seis personas fueron acribillados en la masacre de El Junquito.

Romero sostuvo que las evidencias presentadas —incluidos más de 17 videos— demuestran que los siete integrantes del grupo estaban rendidos cuando fueron asesinados, y que el lugar donde se encontraban resguardados fue “pulverizado con un lanzacohetes”, pese a que no representaban una amenaza.

Durante su exposición, el abogado cuestionó la naturaleza del operativo militar y policial que acabó con la vida del grupo disidente. “¿Por qué se utilizaron 500 personas para buscar a siete? ¿Por qué se utilizó un lanzacohetes? ¿Por qué se persiguió a los familiares? “, preguntó el abogado y agregó que por el caso resultaron detenidas más de 40 personas.

Alfredo Romero argumentó que la acción no buscaba una captura, sino la neutralización moral de la disidencia. Según sus palabras, el objetivo final del gobierno venezolano fue “aniquilar un pensamiento”.

“Laberinto kafkiano”

El abogado y activista aseguró que en Venezuela se vive un laberinto kafkiano y describió que la situación es como una incertidumbre donde la persona no encuentra salida, donde no tiene justicia, y donde no hay derecho a la defensa.

Romero denunció que más de 19 000 personas han sido detenidas arbitrariamente con fines políticos desde 2014. Mencionó el caso de Emirlendris Benítez, una presa política, relacionada con Oscar Pérez y quien presenta graves problemas de salud.

El activista recordó que al día de hoy ellos se presentan ante la corte porque en Venezuela “no hay justicia”. Indicó que, aunque no quiere dar toda la responsabilidad al organismo, sí tienen la esperanza de que, por lo menos estas decisiones que tomen, “sea un camino para que en Venezuela se haga justicia”.

El abogado finalizó su intervención agradeciendo a la Corte IDH por voltear su mirada hacia el caso que lleva ocho años sin ser investigado. “Son ocho años. Ocho años donde las familias no se han rendido. Ocho años donde se ha venido luchando por hacer justicia”.

Detalles de la audiencia

La audiencia por el caso Óscar Pérez se llevó a cabo este miércoles 17 de junio en en Costa Rica. A la cita acudieron representantes de la ONG Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes expusieron ante la Corte las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso ocurrido durante el operativo.

En la Masacre de El Junquito fueron asesinados Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.

Durante la audiencia, Zeila Josefina Agostini Palomo denunció que las autoridades jamás le hicieron entrega del cuerpo de su hijo Abraham. Así mismo, expuso que se impidió la realización de las honras fúnebres tradicionales.

“Se violaron todos nuestros derechos postmortem. Fue un entierro forzado, donde se nos dio apenas 15 minutos y sin la presencia de los otros familiares”, expresó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

#EnchufaDÍN | Felicita a Rosinés Chávez por su nuevo cargo

0

La presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, hizo otro movimiento en su gabinete. Sacó a Rosinés Chávez de la presidencia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y ahora será la jefa de la Gran Misión Venezuela Joven en reemplazo de Génesis Garvett.

“He decidido designar a Rosinés Chávez como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven con el objetivo de fortalecer este hermoso proyecto creado para acompañar a nuestros jóvenes en sus comunidades y brindarles nuevas oportunidades”, escribió Rodríguez en sus redes sociales. 

De jugar con la morrocoya a estudiar en Francia, Chávez Rodríguez, pudo disfrutar de una infancia y adolescencia distendida como consecuencia de la ascendencia de su padre, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.  

Con una vida al principio televisada en cadena, como si se tratase de la película “The Truman Show”, Rosinés tuvo siempre el foco público encima, especialmente cuando influenciaba a su padre para hacer cambios en los símbolos patrios. 

Con frecuencia estaba en el discurso de su progenitor, incluso después de la separación del entonces presidente con su madre, Marisabel Rodríguez, quien llegó a acusar al militar que dio el golpe de Estado en 1992 de no pagarle la pensión, el colegio de Rosinés ni cumplir como padre.

Rosinés se vio envuelta en una lucha por su custodia, que al final ganó su madre, quien se la llevó a Europa por supuestamente ser acosada por haters del chavismo.

En Francia estuvo ocho años, hasta que reapareció en 2021 en un acto de campaña oficialista en el estado Lara, de donde es oriunda, en compañía de figuras como el actual ministro de relaciones interiores, justicia y paz, Diosdado Cabello y el diputado Nicolás Maduro Guerra.    

También acompañó la candidatura para gobernador del estado Barinas de su excuñado, Jorge Arreaza quien estuvo casado con Rosa Virginia, la hija mayor de Chávez.

Uno de sus momentos más notorios fue en 2012, cuando previo a la escasez y al control de cambio publicó en Instagram una foto con un fajo de dólares.

La Conversa de ARI | En Las Claritas y el Kilómetro 88 hay temor tras operativo contra el Tren de Aragua

0

Luego de la operación militar liderada por EE. UU. conjuntamente con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que inició desde el pasado 9 de junio, en el municipio El Callao, ubicado al sureste del estado Bolívar, han surgido algunas interrogantes en torno al número de víctimas que dejó el despliegue militar de la Fuerza Armada y la confirmación de la muerte del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, que aún se mantiene en duda.  

Sobre estos señalamientos, Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), conversó este martes 16 de junio en el programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrado por Runrunes, TalCual y El Pitazo. Durante la entrevista, el activista confirmó el desplazamiento de habitantes en Las Claritas y el kilómetro 88, como consecuencia del conflicto que se registra en la zona.

“Son situaciones que comprometen la vida y la integridad física de la población civil. Lo irregular de todo esto es que además el gobierno venezolano no había dicho nada (…) actúa después del comunicado de la Casa Blanca informando sobre la muerte del “Niño Guerrero”’, dijo. Morillo indicó que el Gobierno nacional está en la obligación de emitir información que sea “contundente, corroborada y contrastada” de ese operativo. 

El coordinador de Provea aseguró que en la población de El Callao hay incertidumbre sobre si, a partir de la operación, desapareció la presencia del crimen organizado en el control de minas en la zona o, por el contrario, fue sustituido por otro grupo delincuencial. “No hay un plan estructural (por parte del Estado)”

“Hay desplazamiento importante (de personas) producto del temor, de lo que representa un operativo militar, que no es solamente del ejército venezolano, como ya ocurrido, que simplemente eran operativos para quitar a un grupo (delictivo) y poner al otro. Es decir, el nivel de complicidad de las autoridades con el tema de la minería ilegal está más que comprobado. La diferencia en este punto es que mucha gente toma en serio este operativo militar en el que está detrás la inteligencia estadounidense, que tiene otros intereses que son tratar de reducir la actividad asociada al narcotráfico y el oro”, apuntó.  

Desconocían la presencia de Héctor Guerrero Flores

Según Morillo, algunos habitantes de la zona minera desconocía la presencia de Héctor Rusthenford Guerrero Flores alías “Niño Guerrero” en la zona. 

“Quien tenía una presencia mayor y se eximia de vez en cuando era (…) Johan Petrica. Incluso cuando ocurrió el operativo militar, todo el mundo en esa zona pensó que quien había caído era precisamente Johan Petrica”. Aseguró que hasta ahora no hay manera de confirmar la información sobre lo comunicado, en principio, de Estados Unidos y luego por la administración interina de Delcy Rodríguez. 

“No todo trabajador minero es delincuente”

El ataque, descrito por Donald Trump como “rápido y letal” contra el líder del Tren de Aragua, provocó un cambio en la forma de organización de mineros para la extracción de oro. De acuerdo a la periodista de investigación, Ronna Rísquez, estos grupos criminales eran los encargados de brindar la logística y la seguridad de la operación de extracción en las minas, a cambio recibían un porcentaje de la venta de este mineral. 

En este sentido, Murillo sostuvo que no todo trabajador minero es delincuente, por lo que es necesario considerar su situación. 

“Hay mucha gente que (…) tuvo que irse a una mina, producto de la búsqueda de una subsistencia diaria. Yo creo que allí hay un problema grave.  La gran incertidumbre que hoy embarga a la población es: ¿qué va a pasar después de esto?” 

La población indigena también es un foco de preocupación para Provea. De acuerdo a la organización defensora de derechos humanos, el segundo problema que afecta a estas comunidades es la presencia de bandas delictivas en su territorio. Este nuevo conflicto podría generar desplazamiento nuevamente de bandas delincuenciales hacia sus zonas.

“Muchos de los territorios controlados por grupos armados, en realidad ya eran estructuras que habían estado en comunidades indígenas y tuvieron que desplazarse buscando un margen de seguridad para ellos. Es verdad también que algunos, sobre todo generaciones de jóvenes indígenas amenazados por las propias circunstancias, han tenido que involucrarse en las actividades mineras” subrayó. 

El Poder Ciudadano no se ha pronunciado 

Luego de ocho días del despliegue militar, hasta ahora ni el fiscal general Larry Devoe ni la defensora del pueblo, Eglée González, han emitido un comunicado oficial aclarando lo sucedido en la zona de Las Claritas y el Kilómetro 88 y las víctimas que dejó el bombardeo de Estados Unidos. 

Sí lo ha hecho el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, quien denunció la movilización de cinco mil mineros desde ese territorio hacia Ciudad Guayana. Además reportó la paralización de autobuses y el control en puntos de seguridad vial. 

Al respecto, el coordinador de Provea, pidió a las autoridades representantes del Poder Ciudadano aclarar esta situación. 

“El fiscal general de la República y la defensora del pueblo no se han pronunciado sobre este tema. Han guardado silencio desde que nos enteramos del operativo y del despliegue militar. Ambos funcionarios tienen, por mandato constitucional, mucho qué decir sobre esta materia”, concluyó Murillo. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Las perlas de Diosdado sobre el Niño Guerrero y el Tren de Aragua

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se refirió a la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal Tren de Aragua.

En su acostumbrado programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, Cabello soltó varias perlas sobre “Niño Guerrero“, quien falleció tras un ataque ejecutado por el Comando Sur de los Estados Unidos en el estado Bolívar.

Cabe mencionar que, históricamente, voceros del gobierno oficialista mantuvieron la postura de que el alcance criminal del Tren de Aragua en el país era una “narrativa” o una campaña mediática de descrédito. Sin embargo, con estas recientes declaraciones, el discurso da un giro radical al reconocer la existencia y la caída del líder criminal en suelo venezolano.

A continuación las perlas de Cabello tras la muerte del líder del tren de Aragua:

Sobre las bandas delictivas en Venezuela, Cabello aseguró: “Seguimos avanzando en este trabajo de luchar contras las bandas”.

Tras desconocer la existencia de la megabanda criminal, el vicepresidente del Psuv expresó que sí existía, pero que no en el país: “Ah, dijeron no, porque Diosdado dijo que no había Tren de Aragua. No, aquí no había Tren de Aragua. No, no, no, no. Tren de Aragua fue echado de Venezuela. ¡Echado!”.

La noticia de la muerte de “Niño Guerrero” le dio la vuelta al mundo. Tras el éxodo masivo de venezolanos, la banda delictiva exportó el crimen a varios países de Latinoamérica y Estados Unidos alcanzando la fama con la ejecución de robos, asesinatos, tráfico de drogas y secuestros.

“Quedaba un personaje… Quedaba un personaje y, desafortunadamente para él y sus seguidores —porque esa es la otra, ¿no?— que no hallan ellos cómo ponerse del lado de la delincuencia. Claro, cuando ellos comienzan a justificar otras cosas, ya se están poniendo del lado de la delincuencia, pero no tienen el valor final de ponerse al lado de los delincuentes. No. No lo tienen. Les falta, pues”.

El vicepresidente del partido oficialista aseguró que la seguridad en Venezuela es total y que van por el camino correcto para consolidar la paz.

“Ahora, nada de eso nos va a detener a nosotros. Nosotros vamos por este camino, vamos por el camino de consolidar la paz en este país, de la tranquilidad de los venezolanos. Y hoy día ratifico lo que he venido diciendo: dudo que haya algún país que tenga los niveles de seguridad que tiene Venezuela. ¡Dudo! ¡Dudo!”, dijo Diosdado Caabello.

“Nosotros vamos por este camino de consolidar la paz en este país, de la tranquilidad de los venezolanos”, aseguró el número dos del chavismo.

“Hoy ratifico lo que he venido diciendo: dudo que haya algún país que tenga los niveles de seguridad que tiene Venezuela”, aseguró el vicepresidente del Psuv.

Otra perla sobre el tema

En su discurso, Cabello también vinculó al Tren de Aragua con periodistas y organismos:

“Esa gente que extorsiona, que hace tantos negocios, trafica, mata gente, ¿qué hace con la plata? porque terminan viviendo en el monte. Y esta persona me dijo: pagan a los que los mantienen. Pagan a periodistas, soplones que tienen en los distintos niveles de organismos del pueblo y ahí se le va la plata. Mantienen una estructura”, afirmó el también ministro de Interior, Justicia y Paz.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Casi una década sin trasplantes de órganos: piden sumar voluntades para la reactivación

0

Cerca de cumplir una década desde su suspensión temporal, el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) en Venezuela se mantiene inactivo y esto vulnera diariamente los derechos humanos de miles de personas en el país. 

Lucila Velutini, integrante de la directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) denunció, en una entrevista en Unión Radio, que la promesa de solventar las deficiencias hospitalarias en un lapso de tres meses, se convirtió en una larga pausa desde junio de 2017 que obliga a los pacientes crónicos a depender exclusivamente de la diálisis o a enfrentar un costoso mercado de donantes vivos.

Nueve años de promesas

El colapso formal del sistema inició el primero de junio de 2017, cuando el organismo encargado emitió un comunicado en el que declaraban el cese provisional de las cirugías, con el supuesto objetivo de mejorar os centros y garantizar el suministro de insumos médicos necesarios para el antes y después del trasplante.

“Desde el primero de junio del 2017 hay una paralización que iba a ser temporal y que tristemente se ha convertido en permanente, estamos hablando de larguísimos, larguísimos, nueve años”, declaró Velutini. 

La falta de reactivación del programa de trasplantes obstruye las oportunidades de supervivencia de la población. Velutini detalló que aunque se habilitó un espacio en el CDI del Paraíso para trasplantes de vivo a vivo, esta alternativa también quedó suspendida desde noviembre de 2025. Durante el último año, la ONTV solo pudo registrar cinco procedimientos pediátricos en el país.

“Esto deja por fuera a todas esas personas, niños, jóvenes, adultos, que no tienen un donante vivo relacionado que se pueda convertir en ese milagro de vida para ellos”, lamentó Lucila Velutini.

El alto costo de mantener un órgano

De acuerdo a datos recopilados en un reportaje de esta casa, “Cómo se vive siendo un paciente trasplantado en Venezuela”  y organizaciones como Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), los beneficiarios deben enfrentarse con la inconstancia en la entrega de inmunosupresores por parte de farmacias de alto costo por parte del IVSS.

Reymer Villamizar, coordinador de ATV y paciente trasplantado, calcula que el monto mensual privado para mantener un órgano funcionando oscila entre los 1000 dólares dependiendo de la combinación de medicamentos que necesite cada paciente y debido a la problemática nacional de bajos ingresos, muchas personas deciden irse por disminuir las dosis para prolongar la duración de los fármacos.

Esta reducción de las dosis prescritas lo que hace es debilitar la barrera inmunológica de los pacientes, lo que puede derivar en que el organismo identifique al órgano implantado como un cuerpo extraño y comience a rechazarlo. Esto puede conducir a daños irreversibles, o incluso, el fallecimiento. 

De esta misma manera, los pacientes también han denunciado que los medicamentos importados de la India provocan reacciones secundarias adversas y problemas de salud obligando a los afectados a costear exámenes continuos.

Un llamado de ayuda

La ONTV reitera que la solución para el problema de la salud pública en el país debe unir varias capacidades como la inversión económica, la política y los derechos humanos. Velutini explicó que el personal médico cuenta con el conocimiento y experiencia necesaria para seguir adelante con los procesos quirúrgicos, pero carece por completo de los materiales necesarios.

“Necesitamos que el Estado venezolano, quien es el garante de la salud, haga lo necesario, y pido otra cosa: todos, todos tenemos que poner de nuestra parte. Si alguna empresa, bien sea farmacéutica, de equipos médicos, de lo que sea, puede poner la mano y ayudar al Estado venezolano a tener lo que los hospitales necesitan, señores, vamos a hacerlo, es entre todos”, concluyó. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Para que su nombre no se olvide”: Honraron a la señora Carmen Navas en una vigilia

0

Madres, familiares y amigos de presos políticos celebraron una vigilia la noche de este miércoles, 17 de junio, en honor a la señora Carmen Teresa Navas, quien falleció hace un mes. La señora Carmen era madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuyo deceso fue confirmado por el Estado venezolano casi 10 meses después que ocurrió.

Cerca de las 7:00 de la noche cuando caía la luz del día, el campamento de familiares instalado en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos se convirtió en un lugar de oración, donde los presentes rezaron un rosario para honrar a una madre que luchó por encontrar a su hijo durante sus últimos meses de vida.

Con flores, pancartas, velas y un globo blanco que lleva su nombre, una de las familiares manifestó la importancia de la actividad por la señora Navas. “Para que su nombre no se olvide y para que su partida sea el último dolor de este tipo que tengamos que llorar. Su memoria nos acompaña hoy y nos da la fuerza para seguir exigiendo lo justo”.

Otra de las parientes recordó lo difícil que es para ellos dormir en un campamento, en condiciones que incluso han afectado la salud de algunas de ellas. “El cuerpo de las madres, esposas y abuelas que estamos aquí, está llegando al límite. Exigimos se entienda que nuestra salud no puede seguir siendo el precio a pagar por la burocracia y la falta de soluciones”, expresó una de ellas desde la vigilia.

Familiares de presos políticos en la vigilia por la señora Carmen Navas / Foto: María Gracia Lacruz/Runrun.es

Así recordaron el caso de la señora Francis Quiñones, madre del preso político Jonathan Franco Quiñones. En días pasados, ella tuvo que ser trasladada a Salud Chacao para una revisión médica, ya que tuvo una subida de tensión en el campamento.

“Somos en su mayoría mujeres mayores, abuelas y madres que deberíamos estar descansando en nuestros hogares. En lugar de eso, pasamos los días y las noches a la intemperie, bajo el sol y la lluvia, en vigilia permanente por la libertad y los derechos de los nuestros”, expresó Francis Quiñones.

A la vigilia acudió la joven Aranza Hernández, que fue excarcelada de La Crisálida el pasado viernes 12 de junio. A pesar de no tener libertad plena, manifestó su apoyo a todos los familiares. “Siempre que me toque venir, los voy a acompañar. Siempre que me toque hablar, voy a hablar”, dijo.

Aranza Hernández, joven de 20 años excarcelada el 12 de junio / Foto: María Gracia Lacruz/Runrun.es

Para finalizar, los familiares caminaron hacia la entrada de la Embajada estadounidense. Desde allí, la señora Francis Quiñones pidió al encargado de Negocios, John Barret, interceder por la liberación de su hijo y de todos los presos políticos. “Nosotros no pedimos vivir así”, dijo la señora Quiñones, quien posteriormente dejó una flor blanca en la entrada de la sede diplomática.

Francis Quiñones frente a la entrada de la Embajada de Estados Unidos / Foto: María Gracia Lacruz/Runrun.es

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Ex fiscal chileno dijo que el silencio de Venezuela dificultó investigación sobre el TDA 

Raúl Arancibia, ex fiscal de la región de Tarapacá en Chile, levantaba el teléfono y nadie le contestaba en Venezuela. 

El funcionario sentenció que a raíz de la cantidad de delitos que se registraron hace un lustro especialmente al norte de Chile vinculados al Tren del Aragua, la Fiscalía de ese país solicitó colaboración de las autoridades venezolanas, pero no obtuvieron respuesta alguna. 

Arancibia, quien fue uno de los invitados de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de Runrunes, Tal Cual y El Pitazo, correspondiente a este 16 de junio, expresó que la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” la semana pasada fue el final de una retahíla de crímenes y violaciones a los derechos humanos.

El fiscal sentenció que en Chile el TDA no solo traficaba drogas y armas sino que cobraban a cualquiera que tratara de pasar contrabando desde Bolivia. 

Arancibia expuso que los propios delincuentes chilenos se sorprendieron por la crueldad de los crímenes cometidos por los miembros del TDA

“Comenzaron a ver delitos mucho más violentos. Había una violencia y una crueldad a la cual nosotros no estábamos acostumbrados. Aquí en Chile no se cortaban cabezas, ni cosas por el estilo”, dijo el fiscal chileno.

El fiscal sostuvo que al principio la línea de negocio del TDA en Chile era la explotación y trata de personas con fines sexuales.

“Muchas mujeres llegaban desde Venezuela y Colombia y eran sometidas o captadas para tener actividad sexual, pero en condiciones de verdadera esclavitud. Niñas de 15 y 16 años que tenían que trabajar de una manera extenuante para juntar 500 dólares o más a la semana que debían pagar a estas personas”, dijo Arancibia.  

Dijo que a raíz de que había gente sin antecedentes penales, identidad alguna e incluso con varias cédulas, la Fiscalía chilena empezó a tratar de hacer contactos informales con policías de Venezuela y también de Colombia.

Juicio de al menos dos años

Para Arancibia, el hecho de que alias “Niño Guerrero” haya resultado muerto “es una solución a muchos problemas”.

Arancibia, quien fue el primer fiscal en investigar las operaciones del Tren de Aragua en Chile, sostuvo que haber capturado con vida al criminal venezolano hubiese implicado una cantidad de recursos y seguridad incalculables.

“Yo creo que habría sido un enorme trastorno judicial desde todo punto de vista, un juicio contra él habría durado un par de años”, dijo Arancibia.

César Batiz, director de El Pitazo dijo que según sus fuentes, la operación que acabó con la vida de Guerrero Flores en el sector de Las Claritas en el estado Bolívar, fue un despliegue policial y no militar, mientras que Ronna Rísquez, coordinadora de ARI, sentenció que una de las versiones indican que hubo colaboración por parte del gobierno venezolano, específicamente de un cuerpo de seguridad que está coordinado por el Ministerio de Interior y Justicia.  

Rísquez dijo que Arancibia fue una de las primeras personas que logró judicializar a los miembros del TDA bajo la categoría de grupo criminal transnacional.

“Fue la primera autoridad que internacionalmente solicitó la detención y captura del Niño Guerrero”, apuntó la periodista. 

Arancibia indicó que el descubrimiento en Chile del TDA fue algo fortuito que coincidió con la detención de al menos un par de mujeres de nacionalidad peruana portando Ketamina en la frontera con Bolivia durante 2021.

“Y estas mujeres, al ser sorprendidas señalaron que habían sido obligadas por miembros del Tren de Aragua”, dijo Arancibia.

El fiscal señaló que “aunque parezca absurdo”, las autoridades tuvieron que poner en Google las palabras Tren de Aragua porque desconocían la existencia hasta entonces de la banda trasnacional. 

Arancibia sentenció que al rastrear las palabras comenzaron a surgir una cantidad de informaciones provenientes de Venezuela acerca de crímenes y de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, desde donde operaba la banda.  

El fiscal relató que a raíz de las declaraciones de las personas que fueron capturadas traficando drogas, empezaron a registrar los teléfonos de presos en Chile y dieron con el testimonio de alias “Zeus”, un venezolano detenido en el país austral vinculado al TDA.

“Allí fue que nos dimos cuenta de que esto era más serio de lo que nosotros habíamos vislumbrado”, apuntó el fiscal. 

Cooperación regional 

Arancibia expresó que si bien no hubo colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos, sí con algunos agentes agregados de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés).

Asimismo sentenció que obtuvo colaboración de autoridades de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.

El fiscal aseguró que a través de esas colaboraciones llegaron a Carlos González Vaca alias “Estrella”, condenado a cadena perpetua por secuestro, homicidio, tráfico de migrantes y trata de personas con explotación sexual.

“Sabíamos que Estrella, nuestro líder local, por así decirlo, había sido alguien muy cercano al Niño Guerrero, porque habían coincidido aparentemente en la cárcel de Tocorón por algún delito”, dijo Arancibia.

El fiscal indicó que al principio no sabían si el “Niño Guerrero” era una realidad o un mito. 

Según Arancibia la mayoría de los delitos que se cometieron al principio eran contra venezolanos en Chile. 

“Porque hubo una oleada de inmigrantes previa de gente de mayores recursos, profesionales, médicos, ingenieros que venían de Venezuela a Chile”, dijo el profesional del derecho.  

Arancibia aseguró que el TDA llegó a tener una línea de autobuses interprovinciales utilizados para tráfico de migrantes y drogas. 

El fiscal añadió que fue evidente la participación del TDA en el asesinato en Santiago de Chile del teniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda.   

“Algunos testimonios indican que habría algún vínculo con una autoridad muy importante de Venezuela y que sería una especie de venganza contra Ojeda”, agregó el fiscal.  

Arancibia sentenció que de haber tenido cooperación del gobierno venezolano para combatir los tentáculos del TDA, las operaciones hubiesen sido más efectivas. 

“Es que si le pedimos información al gobierno de Venezuela y se va a demorar ocho meses en contestarnos, no sirve de nada, eso debe ser oportuno”, dijo el fiscal. 

Para Arancibia, lo importante es que no se pierda el interés en combatir a este tipo de organizaciones.

“Porque ponen en riesgo no solo la seguridad y la economía de un país, sino también como alguien dijo recientemente, la democracia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país