Las Américas cerraron el año 2025 como la región con mayor cantidad de personas desplazadas en todo el mundo, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El continente acoge actualmente a 22,8 millones de personas, “más que cualquier otra región del mundo”. Esta cifra también refleja un incremento frente a los 21,9 millones registrados en 2024.
Personas desplazadas por año, desde 2021 / Datos: Acnur
El informe de Acnur “Tendencias en las Américas: Desplazamiento forzado en 2025”, revela que Venezuela genera una de las mayores crisis de movilidad del planeta. Solo durante el 2025, unos 455.300 venezolanos abandonaron su territorio, consolidándose como la tercera nacionalidad con mayor flujo de salida a nivel global.
En ese periodo, las personas venezolanas encabezaron las estadísticas de búsqueda de protección internacional con 305.000 nuevas solicitudes de asilo presentadas en diversos países.
Al finalizar el periodo analizado, el total de venezolanos en situación de desplazamiento da cuenta que hay 417.000 refugiados y 6 millones de personas con necesidades de protección internacional. El 97 % de este grupo permanece dentro de la región de las Américas.
Una encuesta reciente realizada por Acnur en seis países de acogida reveló que, alrededor del 9% de las personas venezolanas desplazadas planea regresar en el plazo de un año, “lo que pone de relieve la necesidad de apoyar tanto la inclusión en los países de acogida como las condiciones para un retorno seguro y sostenible”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Foro Penal, a través de su director presidente Alfredo Romero, confirmó una serie de excarcelaciones de nueve presos políticos, ocurridas durante la noche del viernes 12 de junio.
Las medidas abarcan a personas que estaban detenidos en centros penitenciarios militares y femeninos, muchos de los cuales cumplían condenas elevadas o permanecían privados de libertad bajo un patrón de represalia contra sus entornos familiares.
Seis mujeres recuperan su libertad
En primer lugar, fue excarcelada Aranza Hernández fue excarcelada tras haber sido detenida el 21 de noviembre de 2025 cuando tenía 19 años. La habían vinculado a la causa Plaza Venezuela, bajo señalamientos de supuestos planes con explosivos.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su reclusión configuró un castigo colectivo o Sippenhaft debido a su vínculo familiar con su hermano, el teniente exiliado Cristian Hernández. Su hermana de 16 años, Samantha, también estuvo detenida hasta mayo de 2026, mientras que su cuñada, Maykelis Borges, dio a luz en prisión antes de recibir el arresto domiciliario.
Foto: Clippve
También recuperó su libertad Ana Zoris Gutiérrez Torres, luego de permanecer más de ocho meses detenida por motivos políticos. Había sido arrestada en septiembre de 2025 junto a su tía, Merys Torres de Sequea, mientras se dirigían a visitar y llevar medicamentos al capitán Antonio Sequea, preso político detenido en El Rodeo I. La señora Merys había sido excarcelada previamente en mayo.
#12Jun 7:00pm Confirmada excarcelación de las presas políticas Aranza de los Angeles Hernández y Ana Zoris Gutiérrez Torres. Ambas presas desde 2025 y vinculadas al caso Plaza Venezuela.
El Foro Penal también confirmó la excarcelación de Génesis Rodríguez Araña y Daniela Araña Gutiérrez. Estaban recluidas en el INOF y en Las Crisálidas, respectivamente. Ambas fueron detenidas en enero de 2025 por funcionarios de la Dgcim, en un operativo donde se les mantuvo incomunicadas durante semanas en una situación que configuró desaparición forzada.
Ambas fueron imputadas por conspiración, terrorismo, traición a la patria y otros delitos en el contexto de la “Operación Oro Tabacare”, una causa dirigida contra el entorno del teniente en el exilio José Rodríguez Araña, hermano de Génesis y primo de Daniela.
12Jun 6:45pm Ahora excarceladas las presas políticas DANIELA ALEXANDRA ARAÑA GUTIERREZ y GENESIS GRISBELY RODRIGUEZ ARAÑA.
La noche del 12 de junio también fue excarcelada la profesional de la enfermería Andreina Alemán, quien estaba recluida en el INOF. Fue detenida el 22 de mayo de 2024 y, para el mismo mes de ese año, ya había recibido una condena de 21 años de prisión relacionada con la denominada Operación Gedeón.
Diversas denuncias apuntan a que su detención original y posterior condena formaron parte de la persecución judicial ejercida contra su familia por el único motivo de ser hermana del teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Richard Alemán Castellano.
Asimismo, se confirmó la excarcelación de la socióloga Karen Sheydell Hernández Rodríguez, ciudadana de nacionalidad española que fue detenida el 5 de mayo de 2020. Fue condenada a la pena de 30 años de cárcel tras ser acusada de los delitos de “traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir”.
#12Jun 10:30pm Excarceladas las presas políticas ANDREINA JOSE ALEMAN CASTELLANO, fecha de arresto 22/05/2024 y KAREN SHEYDELL HERNANDEZ RODRIGUEZ, fecha de arresto 05/05/2020.
El grupo de excarcelados también incluyó a varios presos políticos militares que estaban recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Entre ellos se encuentra el teniente de Aviación Diosmer Daniel Rumbos García, detenido el 20 de mayo de 2019 dentro del denominado Caso Sukhoi, donde se acusó falsamente a siete oficiales de suministrar datos confidenciales sobre aeronaves Su-30 a Colombia.
Rumbos García había sido sentenciado a 30 años de prisión. Su hermana Leidymar Rumbos informó que tendrá que cumplir un “régimen de presentación.
En este mismo procedimiento conjunto recuperó su libertad el sargento mayor tercero del Ejército, Jhon Bladimir Jaimes, quien también permanecía recluido en Ramo Verde. Jaimes cumplía la pena máxima de 30 años de prisión.
La lista de excarcelaciones de esta sección carcelaria se completó con la excarcelación del sargento Kelvin Coronel, cerrando así un ciclo de condenas para este grupo de presos políticos.
#12Jun 8:40pm Ahora los presos políticos Jhon Bladimir Jaimes y Daniel Rumbos excarcelados. Llevaban 7 años y estaban condenados a 30 años. Estaban en Ramo Verde
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 10 de febrero de 2021, Juan Carlos Castellanos Chinchilla conducía su vehículo –en el que trabajaba como taxista– en Acarigua, estado Portuguesa. Parecía un día normal, pero al pasar por una alcabala, unos policías lo detuvieron para lo que él pensaba, sería una revisión de rutina. Lo que no sabía Juan Carlos es que ese sería el último día que estaría en libertad.
Un familiar que prefirió mantener su identidad en anonimato declaró a Runrun.es que el proceso terminó en una extorsión. “Le hicieron la revisión al carro de Juan Carlos, no consiguieron obviamente absolutamente nada, sino su teléfono celular y el anuncio de taxi (…) Pero aún así les quisieron pedir dinero para que él se fuera pues, para que él siguiera”, narró la fuente.
Como Juan Carlos –que también estudiaba en la Unefa– se negó a pagarle a los policías, los funcionarios respondieron con violencia que transformó el procedimiento en un secuestro. Dejaron de ser agentes de la ley para convertirse en captores.
“A Juan Carlos lo golpearon y lo tiraron detrás de la cabina de una camioneta. A él lo esposaron y lo encapucharon”, cuenta su pariente sobre el momento en que el joven, que actualmente tiene 35 años, fue desaparecido por los funcionarios.
Juan Carlos Castellanos Chinchilla / Foto enviada por familiares
Mientras Juan Carlos permanecía desaparecido, la desesperación se apoderó de su familia. Lo buscaron en todas partes sin obtener respuestas iniciales. Su hermano mayor, Gabriel Castellanos Chinchilla, de 36 años de edad que es abogado de profesión, asumió la búsqueda de manera activa. El 12 de febrero del mismo año, Gabriel localizó el lugar donde tenían oculto a su hermano. Sin embargo, su conocimiento de las leyes y su intento por exigir el debido proceso se convirtieron en su propia sentencia de captura.
“Gabriel intentó denunciar lo que estaba ocurriendo, pero bueno, no le dio tiempo porque estos funcionarios también lo dejaron detenido, únicamente porque intentó denunciar lo que le estaba ocurriendo a su hermano”, relató el familiar.
En solo dos días fueron detenidos los dos hermanos Castellanos Chinchilla. Hasta el sol de hoy, ambos siguen tras las rejas.
Gabriel Castellanos Chinchilla / Foto enviada por familiares
Víctimas de desaparición forzada y torturas
Tras la detención de ambos hermanos, los captores profundizaron la extorsión económica bajo amenazas o manipulación de evidencias. La familia carecía por completo de los recursos financieros exigidos por los funcionarios policiales. Ante la falta de pago, los hermanos fueron sometidos a un aislamiento total que mantuvo a Juan Carlos y Gabriel bajo la condición de desaparición forzada durante ocho meses.
“Ocho meses sin saber de ellos, ocho meses en los que su familia no sabía si ellos estaban vivos, si ellos estaban muertos… tiempo en el que le prohibieron a la familia Castellanos Chinchilla acercarse a Acarigua y, sobre todo, decir lo que había ocurrido con los hermanos. Porque si a ellos se les ocurría colocar alguna denuncia o hablar sobre lo ocurrido, a ellos los iban a sembrar”, contó el familiar.
Durante el tiempo de incomunicación, las agresiones físicas escalaron hacia métodos de tortura sistemática. Los testimonios describen agresiones brutales orientadas a quebrar la resistencia física y psicológica de los detenidos. La violencia incluyó prácticas severas de asfixia y abusos sexuales.
“En estos ocho meses los muchachos fueron brutalmente torturados, los asfixiaban con bolsas en la cabeza hasta desmayarlos, los golpeaban, les metían su cabeza en agua, los guindaban de pies y manos. Juan Carlos Castellanos fue violado sexualmente con un palo de escoba”, narró con dolor el pariente de los hermanos.
Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla / Foto enviada por familiares
La maquinaria judicial de un juez corrupto
La madre de las víctimas, quien también ejerce la abogacía, emprendió una batalla legal para ubicar y trasladar a sus hijos hacia la ciudad de Caracas, buscando apartar el caso de las mafias policiales del estado Portuguesa. Sin embargo, al llegar a la capital venezolana, el expediente quedó asignado al juez José Mascimino Márquez. En aquel momento, este funcionario fungía como titular del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en terrorismo.
Lejos de encontrar justicia, la familia se topó con la continuidad del chantaje financiero por parte del juzgado, antes de que el funcionario fuera arrastrado por la propia dinámica interna del poder.
“Cuando el juez toma el expediente de los muchachos, la familia Castellano Chinchilla pensó que ya se iba a hacer justicia por lo que le había ocurrido a los muchachos y no sabemos el porqué, no sabemos si estas personas estaban conectadas, no sabemos, pero este juez también siguió la misma extorsión”, relató el familia.
En aquel momento, el juez Márquez le pidió 2000 dólares a la familia para dejar libres a Juan Carlos y Gabriel. La familia no tenía ese dinero. “Por no darle este dinero a este juez, es ahí cuando les imputa a los hermanos Castellanos Chinchilla el delito de terrorismo de Estado y la asociación para delinquir”, denunció.
José Mascimino Márquez fue detenido posteriormente en el año 2023 por la Policía Nacional Anticorrupción, en medio de una purga judicial masiva y de la operación conocida como “Pdvsa-Cripto”. El Ministerio Público lo acusó formalmente de formar parte de una red que utilizaba los circuitos judiciales para lucrarse ilegítimamente.
José Mascimino Márquez al momento de su detención en 2023
Tras su detención, diversas ONG venezolanas y familiares de presos políticos exigieron formalmente la revisión inmediata de todas las sentencias y juicios dictados bajo su mandato viciado, pero los hermanos siguieron detenidos.
La negativa familiar a pagar los 2000 dólares exigidos por Márquez antes de su caída aceleró la mutación del caso a un expediente de gravedad política. La fiscalía estructuró una narrativa falsa para justificar la acusación de terrorismo, alterando incluso los días y las condiciones reales en las que ocurrieron los arrestos.
“¿Qué pruebas presenta la Fiscalía? Un expediente totalmente viciado, empezando porque el expediente de los hermanos Castellanos Chinchilla dice que ellos se encontraban juntos el mismo día, cuando Juan Carlos fue detenido el 10 de febrero y dos días después fue detenido Gabriel (…) Un expediente totalmente viciado, les terminaron colocando que ellos fueron o que seguramente estaban en Acarigua porque querían hacer un atentado a un alcalde o a cualquier otra persona allá”, amplió la fuente cercana a los afectados.
Una condena de 30 años bajo “órdenes de arriba”
Luego de atravesar un tortuoso camino que incluyó la interrupción del primer juicio oral, el caso llegó a su etapa final bajo la dirección de la jueza Alejandra Romero. Esta magistrada es conocida por haber dictado también la condena contra Rafael Tudares, yerno del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, quien fue excarcelado el 22 de enero de 2026.
Alejandra Romero, jueza que condenó a los hermanos Castellanos Chinchilla
En el caso de los Castellanos Chinchilla, el juicio demostró la absoluta falta de evidencias que vincularan a los hermanos con supuestas actividades terroristas. No obstante, el veredicto final ignoró las pruebas de inocencia para cumplir con directrices políticas superiores. El familiar describe el momento de la sentencia dictada el 15 de julio de 2025:
“Los muchachos han pasado por dos juicios. El primero fue interrumpido, el segundo fue con la jueza Alejandra Romero, donde se comprobó su inocencia 100 %. Dicho por ellos mismos, por la jueza, por las personas allí, que los muchachos eran totalmente inocentes. Pero aún así los terminaron condenando a 30 años, indicándonos que la decisión se les salía de las manos porque eso fue una orden de arriba”, contó el familiar de los hermanos.
Así se veían Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla la última vez que acudieron a un tribunal / Foto tomada por los familiares
Amnistía negada
Frente a la injusticia, la defensa de los hermanos Castellanos Chinchilla tramitó la solicitud de amnistía a comienzos de 2026, amparándose en las iniciativas legales promovidas para la liberación de los presos políticos en el país. El 6 de marzo de 2026, los tribunales rechazaron la solicitud argumentando que el caso quedaba excluido por los parámetros del Artículo 8 de la Ley de Amnistía.
“Nosotros sí introdujimos la ley de amnistía, pero nos fue negada, nos dijeron que no las habían negado porque ellos no entraban en el artículo 8”, agregó el familiar.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció que la exclusión de los hermanos de la Ley de Amnistía revela las profundas limitaciones y ambigüedades del mecanismo de amnistía. Aunque la ley se promocionó como una vía para la reconciliación y la excarcelación de detenidos políticos, su redacción contiene vacíos legales que restringen su aplicación práctica.
“Negar la amnistía a los Castellanos Chinchilla y a muchos otros bajo estos criterios, sin una evaluación transparente y objetiva de su situación, contribuye a perpetuar la exclusión”, denunció la ONG.
La negación de la amnistía a los hermanos Juan Carlos y Gabriel Castellanos Chinchilla este 6 de marzo, bajo el argumento de su exclusión del Artículo 8 de la Ley de Amnistía, revela profundas limitaciones del propio mecanismo.
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 6, 2026
Tras pasar por centros de detención en La Yaguara y el Internado Judicial de la Región Capital Yare III, en febrero de 2026 ordenaron su traslado repentino hacia el Centro Penitenciario para Procesados Judiciales “26 de Julio”, en San Juan de los Morros, estado Guárico.
La prolongación de la condena mantiene bajo un sufrimiento constante a la familia Castellanos Chinchilla. El impacto emocional golpea con especial fuerza a las hijas de los detenidos, a quienes han tenido que decirles que sus papás están trabajando, para que no conozcan lo que ocurre.
La única demanda de la familia se concentra en la restitución de la libertad de Juan Carlos y Gabriel, así como el respeto al debido proceso que la Constitución venezolana garantiza en teoría, pero que el aparato judicial niega en la práctica.
“Ellos -el sistema de justicia- no pueden devolverles los años que les han quitado, pero sí pueden regresarles la libertad que nunca le debieron haber quitado. Las personas que conocen a los hermanos Castellanos Chinchilla saben quiénes son”, expresó finalmente el pariente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Resulta urgente, en un mundo tan interconectado como el actual, comprender la importancia de la comunicación asertiva en las relaciones humanas y cómo esta puede influir, de manera positiva o negativa, en quienes nos rodean.
Aunque vivimos en una era marcada por el acceso inmediato a una cantidad casi infinita de información, comunicarnos adecuadamente con los demás sigue siendo uno de los mayores retos de nuestra sociedad. En muchas ocasiones no somos conscientes de cómo recibe nuestro mensaje la persona que está al otro lado, ni del proceso emocional que puede estar atravesando. Con frecuencia nos limitamos a decir lo que pensamos sin detenernos a evaluar las consecuencias que nuestras palabras pueden generar.
Estoy convencido de que la comunicación asertiva está presente en cada una de las etapas de la vida. Sin embargo, también creo que es necesario hacer una pausa y reflexionar sobre la manera en que la aplicamos con quienes nos rodean. No se trata únicamente de expresar nuestras ideas, sino de hacerlo de una forma que permita construir relaciones sanas y aportar valor a los demás.
En el transcurrir de la vida vamos entendiendo quiénes llegan para quedarse y quiénes simplemente están destinados a acompañarnos durante una etapa. El verdadero desafío está en identificar esos momentos y aceptar que algunas personas deben salir de nuestra vida sin que ese proceso implique dolor innecesario o resentimiento.
Como humanidad todavía nos falta mucho por aprender sobre la manera en que nos relacionamos y, sobre todo, sobre las expectativas que depositamos en los demás. En ocasiones creemos que podemos conectar profundamente con personas que, aunque afirman apreciarnos, terminan demostrando con sus acciones que lo más saludable es tomar distancia.
Quizás uno de los grandes retos de nuestro tiempo sea aprender cuándo y de quién alejarse de una manera sana, sin permitir que una relación saque lo peor de nosotros. Muchas veces, tomar distancia es una muestra de amor propio y una forma de reconocer cuánto valoramos nuestra autoestima y nuestra tranquilidad.
Nadie dijo que el camino de la vida fuera sencillo ni que comunicarse con los demás fuera tan fácil como solemos pensar. Elegir las palabras correctas en el momento indicado es una forma de expresar respeto, afecto y empatía. Sin embargo, en medio de tanta rapidez, polarización e inmediatez, pareciera que hemos olvidado la importancia de los pequeños gestos, esos detalles sencillos que muchas veces tienen un impacto mucho más profundo que cualquier discurso.
También es cierto que existen personas con las que resulta imposible mantener una comunicación asertiva y sana. En esos casos, además de procurar el respeto hacia el otro, es necesario hacerse respetar. La comunicación saludable no implica aceptar el irrespeto ni sacrificar la propia dignidad por el deseo de mantener un vínculo.
Con estas reflexiones no pretendo establecer una verdad absoluta sobre cómo alcanzar una comunicación humana perfecta. De hecho, considero que nadie posee una fórmula definitiva para lograrlo. Lo que sí creo es que compartir nuestras experiencias y opiniones puede ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.
Al final, la comunicación más valiosa es aquella que nos permite construir puentes sin dejar de ser auténticos, cuidar a los demás sin dejar de cuidarnos a nosotros mismos y recordar que, en definitiva, lo humano nos identifica y lo distinto nos une.
Diageo Latinoamérica y Caribe se une a la temporada de fútbol con su campaña “La mejor jugada: celebrar con responsabilidad”, una iniciativa regional que invita a los consumidores adultos a vivir la emoción del deporte rey de forma consciente y equilibrada. Diageo LAC es una empresa global que vende sus productos en casi 180 países y es el promotor oficial de bebidas espirituosas en América durante el Mundial.
La celebración de la Copa Mundial de la FIFA no se limita únicamente a los 90 minutos de juego: se vive desde mucho antes, en bares y calles atestados de fanáticos que gritan con emoción cada anotación de su equipo. El fútbol es un sentimiento que reúne emoción, pasión y orgullo regional.
Pasión con medida
La campaña comprende estas prácticas culturales que definen el fútbol en Latinoamérica. La iniciativa nace de la idea de que los momentos más importantes son aquellos que se viven de forma consciente y quedan en la memoria. El propósito es conectar el lenguaje del fútbol con el valor de la moderación.
También impulsa hábitos prácticos como tomar pausas entre bebidas, alternar con agua o bebidas sin alcohol, comer antes y durante la celebración, y planificar el regreso a casa de forma segura, lo que implica que la persona no debe conducir si ha estado bebiendo.
Decisiones libres y conscientes
El evento incluye contenidos digitales como piezas audiovisuales, redes sociales y alianzas estratégicas con diversos mercados de América Latina y el Caribe. Participarán marcas como Don Julio, Buchanan’s, Johnnie Walker y Smirnoff, quienes comparten el mensaje de moderación y celebración responsable desde su propia identidad y cultura futbolera.
“Esta campaña parte de una convicción muy clara: celebrar mejor no significa celebrar menos. Significa disfrutar el momento completo, mantenerse presente y tomar decisiones que permitan vivir la emoción de principio a fin”, afirmó Álvaro Cárdenas, presidente de Diageo LAC.
La compañía busca ser parte de la celebración más esperada por los amantes del deporte de forma auténtica y responsable, generando experiencias positivas para los consumidores.
Esta plataforma reafirma el compromiso de la organización de impulsar una cultura de consumo más consciente, a través de la promoción de información y herramientas que ofrecen datos útiles para que los adultos decidan libre y responsablemente si beber o no, siguiendo los principios de la compañía y de DRINKiQ, una plataforma educativa en línea dedicada a promover el consumo responsable de bebidas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A Ruth Garzón, de 63 años, le hicieron un trasplante de riñón el 14 de octubre de 2025, luego de nueve meses en diálisis. Garzón es la cuarta trasplantada de su familia y conoce de cerca las dificultades que hay en el país con el sistema de donación de órganos.
Pero ella se siente bendecida. Reconoce que en medio de la trágica situación contó con mucha suerte porque su proceso, en comparación con otras personas que llevan años esperando trasplante, “fue rápido”.
Aunque agradece a los médicos y a la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) por atender su caso, Ruth lamenta que el proyecto de trasplantes se haya paralizado a partir del 3 de enero y 17 personas hayan quedado en el limbo.
“Yo era la trasplantada 221 del programa Fundavene que comenzó en 2022. Todo iba viento en popa hasta ese día. ¿Por qué paralizar un proyecto tan lindo y dejar a la gente en el aire con todos sus exámenes listos en donde no solo invirtieron dinero, tiempo sino que además juegan con la vida y la salud de las personas”, cuestionó Garzón.
Para Ruth, vivir siendo trasplantado en Venezuela no es nada fácil; por el contrario, es una situación muy dura porque los tratamientos son “sumamente costosos” y no solo debe invertir en medicinas, también en una alimentación rigurosa.
La vida de Ruth Garzón cambió cuando supo que sus riñones no estaban funcionando bien. Sabía el largo camino que tenía por recorrer y los riesgos que implica la enfermedad en Venezuela porque dos familiares tuvieron que emigrar para ser trasplantados en Europa.
Según cifras de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), al rededor de 7000 personas en Venezuela reciben diálisis, de estos 40% son candidatos para recibir un trasplante de riñón.
La intermitencia es el día a día
Para el coordinador de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), Reymer Villamizar, la situación de los trasplantados en Venezuela sigue siendo la misma de hace años y la califica de “intermitente” con respecto a la entrega de medicamentos.
Villamizar explica que el Estado es responsable de suministrar medicamentos de alto costo en casos de enfermedades crónicas y que precisamente esa intermitencia ha obligado a muchos pacientes a asumir el costo del tratamiento antes de que su salud se deteriore y el cuerpo comience a rechazar el órgano.
El coordinador de Amigos Trasplantados de Venezuela rechaza que sea solo Caracas la única ciudad que toman en cuenta a la hora de abastecer a las diferentes farmacias de alto costo en el país.
“Esta situación lleva años, incluso antes de bloqueos y sanciones. Desde más de diez años persiste la falta de medicamentos y la entrega oportuna de los mismos por parte del Seguro Social sobre todo en el interior del país”, dijo Villamizar.
Los pacientes trasplantados en Venezuela no solo tienen que lidiar con la intermitencia de los fármacos, también deben vivir con la incertidumbre de no saber si mensualmente van a poder contar con el tratamiento. Villamizar comentó que las personas llegan de madrugada a las farmacias de alto costo, incluso pernoctan en las calles, para así asegurar los medicamentos.
El alto costo de mantener un órgano funcionando
El tratamiento farmacológico para un paciente trasplantado es costoso. El mismo requiere del uso de inmunosupresores —medicamentos que se utilizan para prevenir el rechazo en receptores de órganos— de por vida.
El artículo 83 de la Constitución establece que el Estado está en la obligación de suministrar medicamentos esenciales como parte del derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos. La Ley Orgánica de Salud establece, además, que el Estado debe garantizar el tratamiento para enfermedades crónicas.
Villamizar también es paciente trasplantado. Explica que en Venezuela existen siete inmunosupresores de los cuales solo dos o tres son los más utilizados, pero debido a la intermitencia de medicamentos muchos pacientes recurren a la subdosificación, es decir, reducen la dosis para ahorrar.
“Si la persona se tiene que tomar cuatro pastillas, se toma dos, si se toman dos, se toman una, de manera tal de poder rendir la medicina, mientras llega de seguro, o ellos consiguen como comprarlo de manera privada”, indicó Villamizar.
Como consecuencia de esta subdosificación, Villamizar indicó que puede generar que el paciente rechace el nuevo órgano debido a que los inmunosupresores no están cumpliendo con el trabajo de inhibir el sistema inmunológico y este ataca como medida de defensa, situación que puede derivar en la pérdida irreversible del mismo y también de la vida.
Sobre el alto costo de los tratamientos, Villamizar utilizó su caso para detallar el gasto mensual que tiene que realizar un trasplantado, aunque cada caso es distinto y va a depender de la combinación de fármacos que indique el médico, pero que por lo general el monto mensual puede estar cerca de los mil dólares.
“Yo tomo sirolimus, 10 tabletas valen 120 dólares y necesito 60 al mes, eso hace un total de $720. A eso se le suma que el micofenolato tiene un costo de $300, el gasto supera los mil dólares. Hay pacientes que usan combinaciones más económicas como micofenolato con prednisona, pero aún así el precio puede rondar los 500 dólares mensuales”, precisó Villamizar.
Medicamentos de la India: calidad en duda
Ruth Garzón y Reymer Villamizar coinciden en que uno de los mayores problemas que enfrentan los trasplantados en Venezuela actualmente es la importación de medicamentos provenientes de la India.
Según Villamizar, estos medicamentos han causado en algunos pacientes reacciones adversas que no sucedían con otros laboratorios. Cuestiona que el Seguro Social siempre esté cambiando de laboratorio.
El coordinador de la organización Amigos Trasplantados de Venezuela, comentó que debido a la intermitencia de los medicamentos —cuando llegan—, ninguno es igual al anterior.
Explicó que tanto él como un gran número de trasplantados no están en contra de los medicamentos de la India: “A nosotros lo que nos interesa es que el medicamento sea eficaz, como los que tomábamos antes. Lastimosamente, hay casos de pacientes que han reportado que el medicamento no cumple con la eficacia necesaria”.
Los medicamentos de la India no solo están afectando la salud de los trasplantados, el bolsillo de los pacientes también está padeciendo los embates de no contar con el tratamiento fijo y tener que invertir por fuera.
Villamizar profundizó en los efectos del cambio constante de laboratorio y explicó que el médico, cuando observa alguna falla o desmejoría en el paciente, manda a hacer una serie de exámenes —que rondan los $100— para determinar ciertos niveles en el organismo con el fin de saber cómo está el medicamento en el cuerpo del trasplantado.
“Una vez que ese paciente se hace esos niveles y el doctor ajusta la dosis, a la semana tiene que volver a repetir los exámenes para ver si subió o bajó el medicamento en el cuerpo”, explicó.
Ante la intermitencia y la llegada de marcas distintas, los médicos y pacientes recurren al cambio de un medicamento por otro para garantizar la continuidad con el mismo laboratorio.
9 años de derechos vulnerados
El pasado 1 de junio, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV) y la ONG Prepara Familia denunciaron que se cumplieron nueve años de la suspensión del programa de trasplantes de cadáver a vivo.
Desde el año 2021, en Venezuela solo se realizan trasplantes de donante vivo, una decisión que margina a la población pediatrica y los condena a muerte.
En entrevista para Runrun.es, Katherine Martínez precisó que el balance de estos nueve años sin el sistema de procura de órganos de cadáver a vivo “es muy grave” y que los pacientes pediátricos son los más afectados.
Martínez recalca que la responsabilidad de la situación recae completamente en el Estado. Lamentó conocer casos de niños que ahora ya son adolescentes, lo que significa que han pasado toda su vida esperando una respuesta que nunca llega.
La directora de la ONG comenta que en el caso de los niños, niñas y adolescentes que están a la espera de un trasplante —o que ya fallecieron esperando por la operación— “sus derechos han sido ampliamente vulnerados”, entre ellos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal el derecho a una vida digna y el derecho de protección especial de personas con enfermedades crónicas.
La Convención sobre los Derechos del Niño y los principios de la Organización Mundial de la Salud establecen también que los trasplantados son considerados una población vulnerable y por tal razón el Estado debe asegurar la disponibilidad de fármacos para preservar la vida y bienestar de estos pacientes.
En Venezuela ser paciente trasplantado o estar a la espera de una operación es, prácticamente, una sentencia a muerte. Casos como el de Ruth, Reymer y los miles que aguardan en las unidades de diálisis son el recordatorio de que la vida no puede depender de decisiones gubernamentales, mucho menos del azar ni la intermitencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Durante este viernes, 12 de junio, se conoció la excarcelación de Aranza Hernández y Ana Zoris Gutiérrez, dos mujeres que permanecían privadas de libertad por motivos políticos. Ambas fueron víctimas de Sippenhaft, una práctica de castigar, perseguir o detener a los familiares de un perseguido político como mecanismo de presión, castigo o represalia.
Aranza, de 19 años, fue detenida el 21 de noviembre de 2025 debido a su vínculo de parentesco con el teniente disidente Cristian Hernández, quien actualmente se encuentra en el exilio. La persecución del Estado no se limitó a ella, ya que su hermana menor, Samantha Hernández, una adolescente de 16 años, también estuvo detenida bajo la misma lógica de retaliación familiar y fue excarcelada apenas unas semanas antes que Aranza.
La persecución hacia la familia del exmilitar disidente también alcanzó a otros parientes. En enero de 2025 detuvieron a su esposa Maykelis Borges teniendo dos meses de embarazo. Durante su periodo de gestación estuvo en riesgo de perder a su bebé. Finalmente dio a luz en prisión y fue excarcelada el 19 de febrero de 2026 y se mantiene bajo arresto domiciliario.
Por su parte, Ana Zoris Gutiérrez vivió un calvario que comenzó el 20 de septiembre de 2025, cuando fue interceptada junto a su tía, Merys Torres de Sequea, por un grupo de hombres encapuchados. Ambas fueron detenidas cuando se dirigían a visitar y llevarle medicamentos esenciales al capitán de la GNB Antonio Sequea, un exmilitar y preso político recluido en la prisión de El Rodeo I. Merys Torres de Sequea, quien es madre del capitán, permaneció en cautiverio hasta mayo de 2026.
Excarcelada Zoris Gutierrez, quien estaba detenida desde el 20 de septiembre del 2025, fecha en la que tambien fue secuestrada su prima Merys Torres. Ambas detenidas por ser familia directa de Antonio Sequea, preso en El Rodeo 1. Ellas nunca debieron estar presas! pic.twitter.com/W52CLraWBo
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, se reunió este viernes, 12 de junio, con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), encuentro en el que conversaron sobre los “acontecimiento más recientes y los próximos pasos en Venezuela”.
Así lo informó a través de sus redes sociales el diplomático surinamés, donde además señaló que en la reunión destacaron “el importante papel que la OEA y sus Estados Miembros pueden desempeñar para avanzar el actual proceso de transición” en Venezuela.
Ramdin detalló que Venezuela “es una prioridad para la región” y para su administración. En ese sentido, expresó que la próxima 56ª Asamblea General de la OEA en Panamá “brindará una nueva oportunidad para que los Estados Miembros evalúen cómo apoyar mejor a Venezuela en esta coyuntura crítica”.
“La OEA está lista para colaborar mediante la cooperación y observación electoral, iniciativas de reconciliación, reformas de justicia, apoyo en materia de seguridad y otros esfuerzos en los que la Organización cuenta con ventajas comparativas estratégicas. En última instancia, nuestros esfuerzos deben priorizar el bienestar de todos los venezolanos”, finalizó Ramdin en su comunicado.
Esta reunión se suma a los encuentros que Machado ha venido sosteniendo en los últimos meses con diferentes jefes de Estado y organizaciones multilaterales para abordar la situación política del país, tras los acontecimientos del 3 de enero, donde fue capturado el exgobernante Nicolás Maduro.
Sostuve una productiva reunión de trabajo con la líder venezolana María Corina Machado @MariaCorinaYA para conversar sobre los acontecimientos más recientes y los próximos pasos en Venezuela. Destacamos el importante papel que la @OEA_oficial y sus Estados Miembros pueden… pic.twitter.com/X3ij8DAq4r
— Albert R. Ramdin – OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) June 12, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
