El trabajo del equipo de los equipos de rescate internacionales en las zonas de desastre se ha visto afectado en gran medida por la falta de coordinación y el acoso de los funcionarios de seguridad del Estado. Francisco Lermanda, líder de los Topos de Chile, denunció públicamente que sus 46 especialistas han experimentado interrupciones constantes y prolongadas mientras realizan sus actividades de búsqueda de sobrevivientes atrapados bajo los escombros de los edificios colapsados.
Según el testimonio de los rescatistas, las autoridades de la Fuerza Armada Nacional entran de manera recurrente en las zonas críticas para exigirles sus documentos de identidad hasta cinco veces al día y justificando la acción bajo la orden de verificar si son espías de Chile o de Estados Unidos.
“En un minuto, una de nuestras rescatistas le preguntó al militar: ‘Oye, amigo, tú me has pedido mi documento al menos cinco veces en estos días que llevamos acá, cinco veces, y ya sabes mi cara, sabes cómo me llamo. Entonces, ¿Por qué?’ Y el militar le respondió: ‘porque nosotros tenemos órdenes de chequearlos cada cierto tiempo ustedes, porque pueden ser espías de los yanquis, espías de Estados Unidos o espías de Chile’”, rememoró el líder de los Topos de Chile.
A esta situación también se le une que las autoridades les prohibieron el permitirles reingresar a las áreas de rescate si los rescatistas salen temporalmente a cargar sus teléfonos, una restricción que limita la atención de la emergencia tras unos sismos que el propio equipo describe como “uno de los terremotos de mayor devastación de este siglo”.
Denuncias de reventa en Charallave
Más allá de las crisis institucionales que entorpecen las labores de los rescatistas, la crisis social se agrava debido a las denuncias de algunos desvíos de los insumos destinados a los damnificados. En Barrio Ajuro, en Charallave, los propios residentes de la comunidad han denunciado públicamente a través de las redes sociales como algunos vecinos se están lucrando de manera ilegal con la ayuda recolectada para los más necesitados.
Las personas de la vecindad señalan a un grupo de familias que utilizan supuestamente sus hijos, menores de edad, en las calles para recibir donaciones como pañales y alimentos no perecederos con el único propósito de revender. Estas acciones han generado malestar entre las comunidades, quienes exigen la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad para frenar el aprovechamiento económico del dolor ajeno y poder garantizar que la asistencia llegue directamente a las manos de miles de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Al acoso a rescatistas se suman las pocas herramientas con las que cuentan los cuerpos de atención de desastre. En redes también se viralizaron declaraciones del teniente coronel, Leonardo Acevedo, de los Bomberos del Distrito Capital: “No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología. Gracias a Dios vinieron estos rescatistas, es tremendo cómo se ayudan con la tecnología. Nosotros estamos en arco y flecha”.
Este 29 de junio, en las adyacencias del edificio Petunia, uno de los que colapsó tras los sismos del 24 de junio, varios funcionarios de protección civil insistieron en que necesitaban donativos de implementos como esmeriles, guantes “y bolsas para cadáveres”.
Bloqueo informativo
Las trabas que el oficialismo le ha impuesto a los topos no solo les afecta a ellos, sino que también han creado obstáculos para mantener en un vacío informativo a los corresponsales internacionales encargados de documentar la tragedia vivida el pasado 24 de junio.
La reconocida periodista británica Catherine Ellis ha denunciado los retrasos injustificados y el persistente maltrato logístico por parte del Ministerio de Comunicaciones venezolano. Este 29 de junio denunció que los periodistas permanecieron por horas varados sin recibir aclaraciones sobre lo que estaba pasando o sobre su traslado a La Guaira.
Los reporteros internacionales detallaron que el personal de acreditación y logística demostró una total ignorancia sobre la movilización y sobre una supuesta suspensión de acceso a la prensa y las ONGs al estado costero por un lapso de 48 horas. Ellis mencionó por medio de un vídeo la ineficiencia oficial y alertó que estas limitaciones impiden tener una cobertura independiente tras la tragedia.
Edificios destruidos o dañados
Según datos recopilados en tecnología satelital por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que aproximadamente 58 870 edificaciones e inmuebles han resultado severamente dañados o destruidos en gran parte del país.
Estos datos, expuestos en el mapa compartido por la NASA, muestran en color rojo las estructuras residenciales y comerciales completamente demolidas a lo largo de la costa de Caraballeda, sus avenidas principales y en el resto de los estados cercanos. La alarmante cifra de casi 59 000 inmuebles confirma la magnitud sin precedentes del evento sísmico y la urgencia de establecer una coordinación transparente y libre de trabas para poder atender a la población.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
