En rueda de prensa, ofrecida desde la Quinta El Bejucal, sede del partido Vente Venezuela en Altamira, Caracas, representantes del Comando Con Venezuela anunciaron este lunes la convocatoria a una protesta nacional el próximo 22 de octubre.
“El 22 de octubre Venezuela se va a movilizar en todos los estados de este país. Se va a movilizar la madre, la maestra, el joven que quiere un país próspero, todos los sectores de este país, todos los partidos, la Plataforma Unitaria y todos los partidos fuera de ella”, informó Carlos Fernández, coordinador nacional del comando.
Fernández detalló que la movilización tiene por objetivo varios propósitos. Entre ellos, exigir garantías para el regreso de María Corina Machado y el cese de impedimentos para el retorno de la líder opositora al territorio nacional. Aseguran que su presencia busca “unir al país y acelerar la transición”.
La segunda exigencia es la definición del cronograma electoral. Solicitaron la fijación de una fecha concreta para los comicios presidenciales, catalogando este hito como “la fecha de la liberación de todos los venezolanos”.
La última exigencia es la libertad de los presos políticos. Al menos 400 personas siguen tras las rejas, según cifras de la organización defensora de los derechos humanos Foro Penal.
La protesta contará con la participación de gremios de trabajadores, educadores, productores, partidos de la Plataforma Unitaria y fuerzas políticas independientes.
“El 22 de octubre nos va a servir a nosotros, la punta de lanza para movilizarnos de manera pacífica. La fecha de la elección es la fecha de la liberación de todos los venezolanos”, aseguró Fernández.
La protesta en Caracas será a las 4:00 p.m. en Plaza Venezuela, frente a la Torre Polar, informó el vocero juvenil de Vente Venezuela.
Exigen garantías electorales
Por su parte, Henry Alviarez, director de organización del Comando ConVzla, cuestionó las garantías políticas y sociales en el marco del contexto electoral actual.
“¿Cómo se puede hablar de derechos si al principal referente del país no lo dejan entrar al país? ¿Si hay un proceso de elección, cómo no se le permite al principal partido del país ser parte de eso?”, cuestionó Alviarez, al tiempo que remarcó que las exigencias laborales de salarios dignos y las demandas de los productores convergen de manera inevitable en el reclamo por comicios transparentes.
La dirigencia concluyó reiterando el llamado a la ciudadanía a sumarse masivamente de manera pacífica el próximo 22 de octubre para presionar por un cambio político en el país.
#AHORA | Inicia rueda de prensa con los detalles de las movilizaciones de este 22 de octubre.
Vocero: Carlos Fernández (@Carlosafg_) miembro nacional del Comando Con Vzla.
#ENVIVO aquí: https://t.co/CbqtmdLzyQ
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años, quien permanecía en el Centro de Formación Hombre Nuevo “Francisco Delgado”, antiguo retén de El Marite, en el estado Zulia.
La organización informó que el hombre padecía VIH, cirrosis hepática y otras enfermedades.
El OVP alertó sobre el hacinamiento, las deficiencias en la alimentación y la falta de atención médica en el centro penitenciario ubicado en el occidente del país.
El fallecimiento vuelve a poner el foco sobre las condiciones de reclusión y las deficiencias en la atención sanitaria de la población penitenciaria en Venezuela.
De acuerdo con la organización, el centro alberga a más de 1100 presos, pese a que su capacidad es de 659 personas, lo que representa un hacinamiento superior al 66,9%.
A la sobrepoblación se suman las denuncias sobre alimentación deficiente, condiciones de reclusión inhumanas y falta de atención médica, factores que según el OVP agravan la situación de vulnerabilidad de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
El OVP advirtió que la permanencia de personas con enfermedades graves en centros penitenciarios sin atención médica integral las expone a complicaciones que pueden comprometer su vida.
“Mantener a personas con enfermedades graves bajo custodia del Estado, sin garantizarles atención médica integral, es exponerlas a complicaciones que pueden costarles la vida”, señaló la organización en su cuenta de X.
El caso también pone de relieve los riesgos que enfrentan las personas con VIH privadas de libertad cuando no reciben los medicamentos necesarios.
El observatorio alertó que la interrupción o negación del tratamiento antirretroviral puede tener consecuencias fatales para quienes viven con esta condición.
Según el OVP, el Ministerio Público no investiga estos hechos, la Defensoría del Pueblo guarda silencio y el Ministerio para el Servicio Penitenciario evade su responsabilidad de proteger la salud y la vida de los reclusos.
El observatorio exigió que se investiguen las circunstancias de la muerte de Vásquez Saldarriaga y que se garantice atención médica oportuna a todas las personas privadas de libertad en el país.
“Los presos no deben estar condenados a morir por falta de atención médica”, enfatizó la organización.
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Trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la Costa Oriental del Lago, en Maracaibo, se declararon en huelga este lunes, 19 de octubre.
Empleados activos y jubilados se apostaron frente a los portones y se declaron en huelga de “brazos caídos” para denunciar un salario mínimo deficiente, el robo del fondo de jubilación y la eliminación del sistema de salud.
Iván Freitez, presidente del Comité Ejecutivo de FetraEnergia y Secretario General SUTPGEF, publicó un video en su cuenta en X en donde se ve a un grupo de trabajadores fuera de sus labores.
Huelga de trabajadores petroleros en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Trabajadores activos y jubilados toman los portones y se declaran en huelga. Salarios de 5 dólares semanales, robo del fondo de jubilación y eliminación del sistema de salud principales motivos. https://t.co/8nxry9cYj6
“Estoy protestando para reclamar el fondo de pensiones y reclamar la salud que Pdvsa nos ha quitado”, aseguró un jubilado de la estatal quien aseguró está discapacitado.
Jubilados petroleros toman los portones del Edificio Miranda de PDVSA en Maracaibo exigiendo el pago de su fondo de jubilación y restitución de los planes de salud. https://t.co/7t3xPe89zV
En otro video difundido en redes sociales, los trabajadores afirmaron que están en “huelga de brazos caídos” y afirmaron que “ninguna lancha va a salir”.
“Presión a estos bandidos. Fuera Wils Rangel”, se escucha en el audiovisual.
Trabajadores petroleros en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo protestan este lunes #19oct en una "huelga de brazos caídos".
No están saliendo las embarcaciones de PDVSA Marina. https://t.co/6ntxuXAMIg
El líder político Andrés Velásquez confirmó que la huelga se debe a la falta de cumplimiento patronal y de obligaciones labores. “Los trabajadores de dependencias de gobierno en toda Venezuela, están en pie de lucha”, expresó.
ALERTA. ATENCIÓN.
Trabajadores de PDVSA-MARINA,desarrollan en estos momentos, acción de brazos caídos, en protesta por falta de cumplimiento patronal, de obligaciones labores.
Los trabajadores de dependencias de gobierno en toda Venezuela, están en pie de lucha.
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—Yo recuerdo bien que hace un año, como a esta hora, a las 11 de la mañana en Caracas, estaba escribiéndole a Yendri y a su mamá. Él seguía en Bogotá, nosotros estábamos acá. Conversábamos qué íbamos a hacer de almuerzo, estamos coordinando para vernos en Navidad. Ya nos estábamos despidiendo cuando Yendri, como chiste, nos dijo: «Manténganse vivos para que nos podamos reunir». «Sí, bueno, hijo», le respondí. A la media hora recibí la noticia: Yendri recibió un atentado contra su vida.
Así lo recuerda el 13 de octubre de 2025 Omar Velasquez, dirigente social y padre del activista de derechos humanos Yendri Velásquez. Ahora, un año después, estaba sentado a las afueras de la embajada de Colombia, en Caracas.
Miró al cielo un rato. El día estaba nublado, grisáceo. En la zona había caído un par de gotas de lluvia una hora atrás.
Allí esperaba que Luis Peche, politólogo venezolano, saliera del recinto. Solo podía entrar uno de ellos. Ambos tenían la misma petición: querían justicia. Ha pasado un año desde que unos hombres armados dispararon contra Yendri y Luis en Bogotá y la Fiscalía 20 Seccional de la Unidad de Vida de Colombia no les da respuesta sobre su caso.
Meses de silencio
—Yo ese día estaba aquí, en Caracas, sin poder moverme, sin tener información. Tenía, tengo, un estado de desesperación brutal. Él es mi único hijo. Estaba amarrado: tenía problemas con el pasaporte, no podía viajar, seguíamos en el contexto de las elecciones presidenciales, la subida de los precios… Todo era un caos.
El 13 de octubre de 2025 Omar se enteró de todo por mensajes de texto de los amigos de Yendri: cómo llegó un carro y le empezaron a disparar, cómo Yendri y Luis se trataron de cubrir, cómo el carro se dio a la fuga, cómo llevaron Yendri y a Luis al hospital, cómo ellos recibió el tratamiento para las ocho balas incrustadas en el cuerpo de Yendry y seis en el cuerpo de Luis, cómo la fiscalía colombiana les había prometido que la justicia llegaría rápido.
Yendri, por ahora, sigue con secuelas médicas del ataque. Su padre pudo visitarlo en enero de 2025 por una semana. El viaje se demoró unos días por unos trámites y por la movilidad de Yendri.
Desde que el joven activista fue víctima de detención arbitraria e incomunicación en Venezuela el 3 de agosto de 2024, la familia Velásquez se mantiene en comunicación constante. Yendri había viajado a Colombia para refugiarse de la persecución política del Gobierno. El padre, mientras tanto, agradece que Yendri tiene una red de amigos y de colegas del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ que lo acompañan.
Él considera que ellos han sido el soporte psicológico que los mantienen en el activismo.
—Seguimos con miedo, pero seguimos haciendo activismo —reafirma Omar, mirando la acera frente a la embajada. Unos policías se asentaron allí poco después que Amnistía Internacional hiciera una rueda de prensa sobre el caso—. Yo no le deseo esto a ningún ser humano… Y, para que eso no le suceda a ningún otro, tenemos que estar al frente del activismo, de la denuncia, de no quedarnos callados.
Seguir, pese al miedo
Luis Peche salió de la embajada a los 20 minutos. Entregó una carta solicitando cambiar al fiscal.
—Hace dos semanas la fiscalía se había contactado con nuestros abogados. Les dijeron que la hipótesis del atentado era «una riña vecinal». Es una hipótesis risible, por decir lo menos. Desde las primeras semanas de la investigación se tiene evidencia de que fue un atentado. Existen videos del ataque.
Los fiscales detectaron que los victimarios habían alquilado un apartamento cercano días antes del ataque a través de la plataforma digital Airbnb.
—Incluso, hay un video donde me seguían cuando fui al supermercado. Eso fue días antes del atentado. Imagínate, ir al supermercado. No me he sentido seguro desde entonces —agregó Peche.
No es la primera vez que desestiman el caso. Diosdado Cabello, actual ministro de Interior, Justicia y Paz del gobierno presidido por el PSUV con el aval de Estados Unidos, discriminó a los activistas en su programa de opinión «Con el mazo dando» el pasado 15 de octubre de 2023. Tildó el atentado como un «crimen pasional».
Desde entonces, tanto Peche cómo Velasquez han denunciado que la investigación penal en Colombia se ha detenido por presión política de los miembros del PSUV.
Por su parte, a Cabello lo solicita la justicia chilena por otro atentado a Ronald Ojeda, un expreso político venezolano, que ocurrió en Santiago de Chile en 2024. El caso tuvo su primera audiencia el pasado 2 de julio de 2026 y ya declararon culpable a uno de los acusados.
—Nuestra intención es tocar todas las puertas posibles en Colombia y en Venezuela para entender qué fue lo que sucedió. Que ocurra lo mismo que la investigación avance como en el caso de Ojeda —dijo Peche—. En nuestro caso, además de la hipótesis de riña de vecinos, que es una cosa completamente insólita, en paralelo se está obstaculizando el derecho de nuestros abogados a acceder al expediente del caso.
Para Peche, presionar en distintas instituciones fue una de las razones para regresar a Caracas.
—Tampoco quise salir de Venezuela en primer lugar, quería volver lo más pronto posible —agregó—. Sé que hay muchos riesgos, hay más de 300 presos políticos todavía siguen tras las rejas. Pero quiero estar aquí, en mi país, con mi familia. Eso es una decisión muy personal.
La Embajada de Colombia recibió el documento de Peche en el que exigía el cambio de fiscal. Le informaron que pronto habrá un cambio de embajador, pero el proceso se debería cumplir.
Peche y Omar, después de una hora y tras una rueda de prensa sobre su caso, se fueron con sus familias. El cielo de Caracas seguía nublado, horas después cayó una llovizna por unos minutos. El firmamento siguió nublado hasta el siguiente día. Y sobre el caso persiste también la sombra.
El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray advirtió que las redes de criminalidad organizada transnacional tienen un peso determinante en las relaciones con Estados y representan uno de los principales desafíos para una eventual transición democrática en Venezuela.
Durante su intervención en La Conversa de la Alianza Rebelde (ARI), sostuvo que las estructuras criminales han consolidado espacios de poder, economías y mecanismos de control territorial que dificultan la recuperación de la institucionalidad.
Mundaray señaló al panel integrado por Ronna Rísquez, directora de ARI; Cesar Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que la criminalidad organizada transnacional no ocupa un lugar suficiente en los programas de estudio de las escuelas de politología en Venezuela, pese a que constituye un factor central para comprender las relaciones internacionales contemporáneas.
El abogado afirmó que los vínculos entre Venezuela y Colombia, así como las dinámicas de poder en México, están atravesados por este fenómeno.
Insistió en que cualquier proceso de transición o reinstitucionalización debe considerar la influencia de las organizaciones criminales.
Advirtió que estos grupos tienen interés en preservar el status quo porque les permite mantener sus actividades y espacios de poder.
Actuaciones de Estados Unidos y futuro de las investigaciones
Mundaray consideró que las actuaciones judiciales de Estados Unidos contra figuras vinculadas con presuntas redes de corrupción y criminalidad pueden ampliar considerablemente el alcance de las investigaciones.
Mencionó los casos de Alex Saab y Álvaro Pulido, y sostuvo que la colaboración de personas involucradas en estas estructuras podría aportar información sobre otros actores y operaciones.
El abogado planteó que las fiscalías estadounidenses pueden utilizar acuerdos con acusados para obtener pruebas adicionales y avanzar hacia otros integrantes de las redes investigadas.
“La lista de entregables va a crecer”, afirmó.
También advirtió que el orden en que se producen las detenciones y actuaciones judiciales podría responder a necesidades específicas de las investigaciones.
Dudas jurídicas sobre las entregas de detenidos
El exfiscal abordó las implicaciones legales de la llegada a Estados Unidos de personas vinculadas con investigaciones criminales sin que se haya seguido un procedimiento formal de extradición.
Mundaray recalcó que no debe confundirse una entrega con una extradición y sostuvo que hasta el momento no se ha producido una solicitud formal de extradición hacia Estados Unidos.
“Un procedimiento de extradición contempla canales diplomáticos y actuaciones judiciales destinadas a examinar los documentos del caso, así como garantías relacionadas con el derecho a la defensa”, sostuvo el abogado.
Caso de Tareck El Aissami y las nuevas aristas penales
Mundaray también se refirió a la posibilidad de que el exministro y exvicepresidente de la República, Tareck El Aissami, enfrente una nueva imputación relacionada con el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Según explicó, el procedimiento estaría relacionado con la firma de un punto de cuenta que habría permitido desmantelar parte de una infraestructura industrial y venderla como chatarra sin cumplir los procesos previstos legalmente.
Es llamativo que este frente judicial se abra después de que concluyera otro proceso vinculado con la CVG”, sentenció.
A su juicio, estos hechos refuerzan la necesidad de examinar la crisis venezolana no solo desde una perspectiva política, sino también penal.
El control territorial y la llamada “Ley del Monte”
El exfiscal explicó que algunas organizaciones criminales han convertido determinadas zonas de Venezuela en espacios donde ejercen control territorial y condicionan la vida cotidiana de las comunidades.
“He tenido conversaciones con habitantes de Arauquita, al noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, donde estos grupos son «los dueños del territorio”, dijo.
Mundaray subrayó que desmontar ese control no es una tarea inmediata, debido a que las organizaciones han establecido economías, fuentes de ingresos y formas de convivencia bajo sus propias reglas.
“En estas comunidades se utiliza la expresión Ley del Monte para referirse a un orden impuesto por actores armados en ausencia de una institucionalidad efectiva”, agregó.
Investigaciones podrían alcanzar a otras figuras del poder
Mundaray sostuvo que las investigaciones estadounidenses no necesariamente se limitan a los acusados que ya han sido procesados. En su análisis, la información que aporten personas vinculadas con las redes investigadas podría permitir reconstruir operaciones económicas y establecer responsabilidades adicionales.
Mencionó la trama relacionada con el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como las investigaciones sobre el sector petrolero y el caso PDVSA-Cripto.
“Las investigaciones sobre Alex Saab continuaron pese a los cambios políticos relacionados con su situación judicial y que la Fiscalía estadounidense habría separado distintas líneas de investigación para avanzar sobre otros hechos”, indicó.
También sostuvo que parte de las estructuras vinculadas con estas operaciones permanece bajo investigación y que las pruebas obtenidas podrían tener consecuencias para otros actores.
“Los fiscales no van a dejar de trabajar”, expresó, al explicar que los cambios políticos no necesariamente detienen las investigaciones penales.
Denuncias sobre la estructura policial y el narcotráfico
Otro de los puntos abordados por Mundaray fue la intervención de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la detención de un capitán, hechos que vinculó con problemas estructurales dentro de los organismos de seguridad.
El exfiscal cuestionó las atribuciones de investigación antidrogas que ejerce la PNB y denunció presuntas irregularidades en el manejo de las incautaciones, la cadena de custodia y la destrucción de sustancias ilícitas.
A su juicio, estas prácticas podrían facilitar la circulación irregular de drogas y la existencia de redes de corrupción dentro de organismos policiales, fiscalías y tribunales.
“Algunos grupos civiles y colectivos han sido incorporados a operativos policiales, hay testimonios sobre la participación de personas sin formación policial en procedimientos de seguridad”, dijo el abogado.
Asimismo, cuestionó la presencia de mandos militares al frente de organismos policiales, al señalar que la legislación establece restricciones sobre esa estructura de mando.
Transición que deberá enfrentar estructuras criminales
Para Mundaray, uno de los mayores desafíos de una eventual reinstitucionalización democrática será desmontar las redes criminales que han penetrado distintas áreas del Estado y establecido mecanismos de control político, económico y territorial.
“No basta con sustituir autoridades o modificar decisiones políticas si permanecen intactas las estructuras que permiten el funcionamiento de esas redes”, indicó.
Consideró que las investigaciones sobre presunta corrupción, narcotráfico y otras actividades ilícitas pueden contribuir a esclarecer cómo operan estas organizaciones y cuáles son sus conexiones.
“Los fiscales estadounidenses están adquiriendo un mayor conocimiento sobre la forma en que estas estructuras han penetrado el Estado venezolano, esa es la clave de todo esto”, sentenció.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 19 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Este domingo, 18 de octubre, la PlataformaUnitariaDemocrática (PUD) presentó 14 propuestas para un “Acuerdo Nacional para laRecuperación de la República”, con el objetivo de impulsar la transicióndemocrática y la reconstrucción institucional del país.
La iniciativa contó con el respaldo de partidos como Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Copei y Convergencia, entre otros.
“Hoy, como está Venezuela, como es el ejercicio de la política en el mundo, de allí se emite y se genera la confianza para poder lograr los grandes movimientos que transforman las naciones. Y esa es la esencia y el pilar fundamental de nuestra lucha”, expresó María Corina Machado.
Lo que rompe en redes
📢COMUNICADO: La reforma de la Ley contra el Odio elimina la cárcel pero mantiene la censura🤐#18Oct
El #15Oct, la Sala Constitucional del TSJ declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Ayer #17Oct, se hizo público el texto de la propuesta. 👇🧵
La búsqueda de notoriedad en redes sociales le salió bastante cara a un grupo de jóvenes en Caracas, luego de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmara la detención de varias personas implicadas en una indignante agresión contra el personal de la reconocida cadena Farmatodo. Vea aquí el video
La ñapa (recomendamos…)
Para los apasionados de la memoria histórica, llega a las salas de cine el largometraje documental ‘1936’. Una pieza fundamental que retrata el histórico primer año de transición democrática en Venezuela tras el fin de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Mirar al pasado para entender nuestro presente.
Hace años, en una reunión social, un curador se le acercó a mi amiga Surpik Angelini para preguntarle qué coleccionaba. «¡Personas!», respondió. Y, ante la sorpresa de su interlocutor, añadió que llevaba coleccionando personas extraordinarias desde 1997. La lista, le informó, estaba disponible en su página web.
La anécdota tiene algo de provocación, pero también contiene una declaración de principios. Para Surpik, el arte no se agota en el objeto ni en la firma de quien lo produce. Está también en las conversaciones que suscita, en las preguntas que abre, en las relaciones que hace posibles y en las ideas que, al encontrarse, pueden transformar nuestra manera de mirar el mundo.
Conocí a Surpik a través de Sada Zarikian, su madre, con quien tuve una larga y fructífera amistad. Lo mismo me pasó con Surpik: nuestra relación se convirtió en uno de esos espacios privilegiados en los que una puede pensar en voz alta. No es poca cosa. Hay amistades que nos ofrecen compañía y otras que, además, nos ofrecen libertad: la libertad de disentir, de explorar una idea antes de saber adónde nos llevará, de formular preguntas incómodas y de reírnos en el camino. Surpik pertenece a esa segunda categoría.
Es una mujer de opiniones firmes, conversación inagotable, humor y franqueza. Tiene una generosidad que no necesita anunciarse y una lealtad que se reconoce en los hechos. No parece especialmente interesada en el halago, sobre todo cuando sospecha que detrás de él hay una intención. Le interesa mucho más la sustancia: lo que una persona piensa, lo que hace con ese pensamiento y lo que está dispuesta a poner en juego.
Quizá por eso Transart Foundation, la institución que ha impulsado durante décadas, resulta tan reveladora de su personalidad.
En 2018, cuando se inauguró el edificio de Transart en West Alabama, en Houston, la periodista y crítica Molly Glentzer escribió sobre una característica singular de Surpik: durante décadas había preferido mantenerse fuera del foco, hasta el punto de afirmar que había «borrado su propia presencia de la ecuación». La construcción de una sede para la fundación hizo más difícil conservar ese anonimato voluntario.
Fue su hijo Giorgio quien insistió en que tuviera «una habitación propia». El edificio, diseñado por el arquitecto Troy Schaum, terminó por hacer visible lo que durante años había crecido sin demasiado ruido: una plataforma de investigación, creación y encuentro en torno al arte y la cultura contemporáneos.
La paradoja es hermosa. Surpik, que había preferido trabajar desde un discreto segundo plano, terminó construyendo un lugar que la obligó a hacerse visible. Pero la visibilidad nunca fue el propósito último. Lo importante era que existiera un espacio en el que otros pudieran trabajar, investigar, crear y encontrar interlocutores.
En su discurso al recibir el premio a la trayectoria de Art League Houston, Surpik describió Transart como un portal para el aprendizaje y el activismo. Allí, artistas, académicos, escritores e intérpretes pueden desarrollar proyectos, dialogar con otras disciplinas, cuestionar los cánones culturales y vincular sus preocupaciones éticas con la búsqueda de un mundo mejor.
Mientras acompaña esos procesos, Surpik observa el hilo que atraviesa la creación de cada colaborador y escribe sobre él. No se limita a facilitar un espacio: escucha, estudia, interpreta y establece conexiones. Su trabajo tiene algo de antropológico —no en vano esa disciplina forma parte de su formación y de su mirada— y algo de curaduría entendida en su sentido más profundo: descubrir relaciones significativas entre personas, ideas y obras.
El resultado no se mide únicamente en exposiciones o proyectos realizados. Surpik habla con especial emoción de la amistad y el apoyo mutuo que persisten entre sus colaboradores. Ellos son, dice, su verdadera recompensa.
En tiempos en que tantas instituciones culturales parecen empeñadas en convertir el arte en una competencia por la atención, hay algo profundamente valioso en esta manera de entenderlo. Crear las condiciones para que otros puedan pensar, producir y encontrar su propia voz es también una forma de creación. Y acaso una de las más generosas, porque su éxito no depende de ocupar el centro de la escena.
Al recibir el reconocimiento de Art League Houston, Surpik dedicó el premio a su esposo fallecido, el doctor Paolo Angelini. Lo recordó como un investigador pionero de las anomalías cardíacas, un hombre de extraordinaria amplitud intelectual y un artista de corazón. A él atribuyó la libertad creativa y el amor incondicional que dieron forma a la vida familiar. «Fue el viento bajo mis alas», dijo.
La imagen revela una dimensión íntima de su historia. La autonomía creadora no nace necesariamente del aislamiento; también puede alimentarse de un amor que no pretende domesticarla, sino darle espacio para desplegarse.
Al final de su discurso, Surpik se reconoció como un eslabón de una cadena que su abuela y su madre habían dejado, gracias a toda una vida de servicio a sus comunidades. Y celebró que esa vocación continuara en sus hijos, a través de la antropología comunitaria y la realización de documentales socialmente relevantes.
Hay, por tanto, una continuidad entre generaciones: el compromiso con los demás como una forma de vida. No se trata de una herencia que se transmite por decreto, sino por el ejemplo, por las decisiones cotidianas y por la convicción de que el talento adquiere una dimensión distinta cuando se pone al servicio de algo que nos trasciende.
Surpik recibió un premio a la trayectoria. Pero su discurso permite comprender que una trayectoria no siempre se construye acumulando reconocimientos ni ocupando espacios. A veces se construye abriéndolos para otros.
Y quizá esa sea la lección que mejor resume su vida: hay personas que dejan una colección de objetos, otras que dejan una obra y otras que dejan instituciones. Surpik ha hecho algo más difícil de medir y, por eso mismo, quizá más perdurable: ha creado una comunidad de personas que, gracias a ella, han podido encontrarse, pensar, crear y hacer algo con sus ideas.
Su colección no cabe en una vitrina. Está viva. Y su verdadero valor reside en todo lo que todavía puede producir.
La segunda Consulta Popular Nacional de este domingo, 18 de octubre, someterá a votación más de 37.600 proyectos comunitarios en 5.418 circuitos comunales de Venezuela, con la incorporación de más de 120.000 juntas de condominio.
La jornada se desarrolla en medio de una estrategia oficial para aumentar la participación y de cuestionamientos ciudadanos por las fallas en los servicios públicos y el destino de los recursos.
Durante un encuentro nacional celebrado en el teatro Cristo Rey, en la parroquia caraqueña del 23 de Enero, la alcaldesa Carmen Meléndez anunció que los proyectos que ocupen el primer y segundo lugar recibirán financiamiento directo. Las autoridades también plantearon incentivos presupuestarios para los consejos comunales que logren mayores niveles de movilización, mientras en algunas localidades se establecieron metas de participación por calle y se organizaron operativos para promover el voto.
El llamado institucional contrasta con el descontento de vecinos que cuestionan la efectividad de las consultas anteriores. En sectores como Las Lluvias, en La Guaira, residentes aseguran que algunos beneficios se distribuyeron de manera discrecional y que no existe suficiente información sobre la asignación de créditos y materiales. “Se regó la voz de que dieron unos créditos, pero no sabemos a quién y no explicaron nunca nada”, contó Martha Ramos, habitante de la comunidad.
Trabajadores públicos denuncian presiones para votar
Las denuncias también apuntan a presiones dentro de la administración pública. Funcionarios policiales consultados por TalCual aseguraron haber recibido instrucciones para acudir a votar y dejar constancia fotográfica de su participación.
Una trabajadora del Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que el personal recibió lineamientos para participar y reportar su asistencia mediante un sistema digital, incluso con la posibilidad de trasladarse a otra localidad si en su lugar de residencia no había un proyecto registrado.
El malestar laboral se relaciona, además, con los bajos ingresos y las diferencias salariales dentro de las instituciones. “A nosotros, los empleados públicos, no nos vas a ver contentos en marchas ni por las consultas ni por nada. Hay descontento por el tema del salario”, señaló la trabajadora, quien pidió mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias.
En redes sociales se han multiplicado los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los consejos comunales y la supervisión de los fondos. Algunos usuarios sostienen que las reparaciones de servicios básicos y el mantenimiento urbano son responsabilidades ordinarias de alcaldías, gobernaciones y ministerios, por lo que no deberían depender de consultas sectoriales. Las fallas de agua, electricidad, gas doméstico y aseo urbano figuran entre los reclamos recurrentes.
La consulta de este domingoi representa una nueva prueba para el modelo de participación impulsado por el oficialismo. Mientras las autoridades buscan mostrar capacidad de movilización, parte de la ciudadanía reclama resultados verificables, información sobre los recursos asignados y soluciones sostenidas a los problemas cotidianos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
