El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años, quien permanecía en el Centro de Formación Hombre Nuevo “Francisco Delgado”, antiguo retén de El Marite, en el estado Zulia.
La organización informó que el hombre padecía VIH, cirrosis hepática y otras enfermedades.
El OVP alertó sobre el hacinamiento, las deficiencias en la alimentación y la falta de atención médica en el centro penitenciario ubicado en el occidente del país.
El fallecimiento vuelve a poner el foco sobre las condiciones de reclusión y las deficiencias en la atención sanitaria de la población penitenciaria en Venezuela.
De acuerdo con la organización, el centro alberga a más de 1100 presos, pese a que su capacidad es de 659 personas, lo que representa un hacinamiento superior al 66,9%.
A la sobrepoblación se suman las denuncias sobre alimentación deficiente, condiciones de reclusión inhumanas y falta de atención médica, factores que según el OVP agravan la situación de vulnerabilidad de quienes permanecen bajo custodia del Estado.
El OVP advirtió que la permanencia de personas con enfermedades graves en centros penitenciarios sin atención médica integral las expone a complicaciones que pueden comprometer su vida.
“Mantener a personas con enfermedades graves bajo custodia del Estado, sin garantizarles atención médica integral, es exponerlas a complicaciones que pueden costarles la vida”, señaló la organización en su cuenta de X.
El caso también pone de relieve los riesgos que enfrentan las personas con VIH privadas de libertad cuando no reciben los medicamentos necesarios.
El observatorio alertó que la interrupción o negación del tratamiento antirretroviral puede tener consecuencias fatales para quienes viven con esta condición.
Según el OVP, el Ministerio Público no investiga estos hechos, la Defensoría del Pueblo guarda silencio y el Ministerio para el Servicio Penitenciario evade su responsabilidad de proteger la salud y la vida de los reclusos.
El observatorio exigió que se investiguen las circunstancias de la muerte de Vásquez Saldarriaga y que se garantice atención médica oportuna a todas las personas privadas de libertad en el país.
“Los presos no deben estar condenados a morir por falta de atención médica”, enfatizó la organización.
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