En vísperas de cumplirse un mes del doble terremoto del pasado 24 de junio, organizaciones comunitarias y vecinos afectados denuncian la lentitud en la respuesta institucional y la falta de un plan integral para la atención de las personas damnificadas.
Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, ofreció un balance de la situación desde la parroquia Altagracia, en el centro de Caracas. “Vivimos un terremoto que generó una destrucción no solamente en el estado La Guaira, con quienes somos solidarios y sentimos realmente una solidaridad”, expresó Rojas, y señaló que en el municipio Libertador “el nivel de destrucción y los estragos fueron brutales”.
El también dirigente vecinal afirmó que en un recorrido realizado por otras parroquias, como Altagracia, La Pastora, San Bernardino, Candelaria, San Martín y sectores de Catia, había constatado “un alto nivel de destrucción”, y señaló que “hubo una respuesta tardía por parte del gobierno de Delcy Rodríguez”.
“Tardaron 48 horas para que se instalaran los primeros refugios, y lo digo como afectado, porque mi apartamento quedó totalmente destruido”, relató Rojas. Indicó, además, que la inspección técnica de los inmuebles y la asignación de las etiquetas de habitabilidad (verde, amarilla o roja) comenzaron casi dos semanas después del evento, “luego de una presión ciudadana y del dolor de los vecinos”.
Citado en una nota de prensa, Rojas también cuestionó el manejo de las emergencias en los complejos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV): “En las misiones vivienda no ha habido un proceso serio y eso hay que decirlo, tuvo que haber una presión ciudadana además”.
Rojas sostuvo que numerosos ciudadanos continúan pernoctando en las calles o en condiciones precarias, pese a la proximidad de sus viviendas con las sedes de los poderes públicos. “Aun estando cerca del poder, aun estando alrededor de Miraflores, aún estando al lado del Tribunal Supremo de Justicia o del Panteón Nacional o de la Fiscalía, la respuesta fue lenta”, afirmó.
El coordinador del Frente Norte de Caracas resaltó el papel primordial de la solidaridad entre los propios ciudadanos durante la contingencia: “Aquí quien ayudó fue el pueblo, aquí el pueblo es el que se ayudó con una manta, se ayudó con una arepa”.
— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) July 23, 2026
*Con información de nota de prensa
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Casi siete meses después de su primera audiencia ante los tribunales de Estados Unidos, la apariencia física y la actitud de Nicolás Maduro y Cilia Flores causaron un gran impacto entre los asistentes a la más reciente comparecencia celebrada el 22 de julio en la Corte Federal de Nueva York.
Testimonios de abogados, caricaturistas y activistas que presenciaron la sesión coincidieron en señalar una pérdida de peso severa, rostros demacrados, abundantes canas y una conducta dócil que se diferencia de sus primeras audiencias judiciales.
El abogado Nizar El Fakih, quien ha estado presente en todas las audiencias desde enero, calificó este encuentro como el más impactante en lo que va del proceso judicial y detalló que la pérdida de peso en ambos resultó evidente desde el primer minuto que ingresaron a la sala. Agregó que a pesar de vestir la braga de prisión, el desgaste físico en sus rostros y contextura fue mucho más pronunciado que el observado en enero y marzo.
🚨 MADURO Y CILIA, FLACOS E IRRECONOCIBLES | "Me impresionó lo delgados que están"
"Maduro no está delgado porque esté haciendo ejercicios, es evidente que está así por su situación".
Casi 7 meses después de su primera comparecencia en Estados Unidos, Nicolás Maduro y Cilia… pic.twitter.com/uNYa94N2Au
La opinión de El Fakih fue respaldada por las representaciones gráficas del juicio realizadas por los ilustradores oficiales de la corte y encargados del registro visual de las audiencias anteriores. Según el abogado, al tratarse del mismo trabajo de profesionales con años de trayectoria en la corte, la ilustración permite evidenciar un cambio drástico en las facciones de los acusados.
Rostros grises y canas
Por su parte, el caricaturista Jorge Torrealba, quien estuvo presente para retratar a los presentes, describió el aspecto de la pareja como totalmente apagado. Torrealba afirmó que el cambio entre cómo se mostraban públicamente y la realidad actual es totalmente drástico, y llegó a referirse a ambos como “personajes en tonos grises”, debido a la palidez de sus pieles y la abundancia de canas.
El ilustrador detalló aspectos específicos del físico de Maduro: la presencia de canas en las cejas, el bigote y el cabello, así como una evidente flacidez en la piel como consecuencia de la brusca pérdida de peso.
“Ya vi los efectos de la dieta de Maduro y no se ve nada bien. Y como ellos decían también que el que se mete con Venezuela se seca, hoy yo fui testigo de cómo estas personas estaban totalmente secas allí sentadas frente al juez”, relató Jorge Torralba.
#LaGrieta💥 | Jorge Torrealba: "Vi a Maduro más delgado, demacrado y dócil" El caricaturista venezolano @jorgetorrealba conversó con @alejapola tras una nueva audiencia en la Corte Federal de Nueva York y reveló cómo vio a Nicolás Maduro y Cilia Flores dentro de la sala. Además,… pic.twitter.com/KlfxS8rh4G
De acuerdo con los relatos compartidos con los presentes, Cilia Flores lucía deprimida y completamente retraída. Durante la audiencia no mantuvo contacto visual con las personas del público ni con los reporteros; solo intercambió palabras y miradas con sus representantes legales.
El activista político César Calzadilla expresó que el estado de Flores generó múltiples reacciones en la sala, ya que parecía que presentaba dificultades para movilizarse por sí misma. Esta observación coincide con lo dicho por El Fakih, quien contó que ambos entraron con lentitud y por separado, aunque en el caso de Flores el aislamiento y la rigidez fueron más evidentes.
“Las condiciones de Cilia eran deprimentes. Incluso, cuando se retiró de la sala, la ayudaron un poco porque no podía caminar”, describió César Calzadilla.
En cambio, Nicolás Maduro intentó interactuar con el tribunal e iniciar contacto visual con los presentes saludando a su equipo de defensa, y Calzadilla cuenta que por momentos se mostró “hasta sonriente, aunque muy demacrado y descuidado”.
“Las condiciones de Cilia eran deprimentes. Incluso, cuando se retiró de la sala, la ayudaron un poco porque no podía caminar.”
Así describió César Calzadilla (@cesarcalzadilla ) activista venezolano que asistió a la audiencia en Nueva York, el estado en que vio a Cilia Flores… pic.twitter.com/xvC4qhDgLR
Más allá del impacto visual que causó a los presentes, esta audiencia sirvió para consolidar los pasos siguientes del calendario que enfrenta la pareja en Estados Unidos. Los asistentes confirmaron que la próxima cita de la corte quedó programa para el 17 de noviembre, cuando se realizará una consulta clave relacionada con la petición de inmunidad presentada por la defensa. La fecha definitiva para el inicio formal del juicio quedó fijada para el 1 de junio de 2027, momento en que comenzará la fase definitiva del caso.
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Los daños directos provocados por el doble sismo del 24 de junio en Venezuela alcanzan aproximadamente los 19 500 millones de dólares, de acuerdo con una estimación atribuida al Banco Mundial, una cifra que evidencia la dimensión económica de una emergencia que dejó afectaciones en viviendas, infraestructura, servicios públicos y edificaciones esenciales.
La evaluación del organismo ubica la reconstrucción como uno de los mayores desafíos económicos recientes del país, debido a que el monto requerido supera ampliamente los fondos disponibles anunciados hasta ahora por el Estado venezolano y sus aliados internacionales.
La agencia AFP informó, citando cálculos del Banco Mundial, que los daños ocasionados por los movimientos telúricos rondan los 19 500 millones de dólares. Esta cifra contempla pérdidas materiales directas, pero no representa necesariamente el costo final de reconstrucción, que podría aumentar al incorporar la rehabilitación de servicios, nuevas obras de prevención sísmica y recuperación económica de las zonas afectadas.
La magnitud del impacto también ha sido advertida por otros organismos. Un reporte citado por BBC News Mundo, publicado el 8 de julio, señaló que las estimaciones varían según la metodología utilizada. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó daños físicos directos por unos 6700 millones de dólares, mientras especialistas como el economista Asdrúbal Oliveros ubicaron el costo de reconstrucción entre 12 000 y 15 000 millones de dólares. Por su parte, Alejandro Grisanti, de Ecoanalítica, estimó que la cifra podría acercarse a los 20 000 millones de dólares.
Los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Caracas concentran parte de las zonas más afectadas, donde cientos de edificaciones sufrieron daños y miles de personas quedaron sin vivienda.
Los recursos disponibles apenas cubren una parte de la emergencia
Frente a una factura que alcanza decenas de miles de millones de dólares, Venezuela cuenta inicialmente con recursos limitados para iniciar la recuperación.
El 17 de julio, Delcy Rodríguez anunció la liberación de 346 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el reporte, estos recursos corresponden a fondos propios de Venezuela que permanecían en la institución financiera y serían destinados a vivienda, infraestructura y servicios públicos esenciales.
De ese monto, el Gobierno venezolano anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares para atender las necesidades de reconstrucción, según información difundida por medios internacionales. Estos recursos están separados de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a Venezuela en el FMI y valorados en alrededor de 5000 millones de dólares, cuyo acceso sigue sujeto a las condiciones financieras y políticas de la relación del país con el organismo.
La ayuda internacional anunciada hasta ahora también representa una fracción frente al costo estimado. BBC News Mundo reseñó que Estados Unidos anunció más de 300 millones de dólares en asistencia humanitaria, China comprometió 17 millones de dólares y el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de Naciones Unidas (CERF) liberó 15 millones de dólares para atender la situación en Venezuela.
Además, la Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció la creación del Fondo de Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, con un aporte inicial de unmillón de dólares para activar un mecanismo destinado a recibir contribuciones públicas, privadas e internacionales. La institución señaló que el fondo buscará canalizar recursos hacia las prioridades de recuperación definidas para el país.
Venezuela busca ampliar financiamiento para una reconstrucción de largo plazo
La recuperación del país dependerá de la capacidad de Venezuela para acceder a nuevos mecanismos de financiamiento y cooperación internacional. El Gobierno venezolano ha planteado la posibilidad de recuperar recursos bloqueados en organismos multilaterales y avanzar en conversaciones con instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, especialistas citados por BBC News Mundo advierten que existen obstáculos financieros importantes. Entre ellos están la deuda externa venezolana, estimada en más de 170 000 millones de dólares, la falta de acceso regular a mercados internacionales y las restricciones derivadas de sanciones económicas, pero la reconstrucción no solo implica levantar edificios dañados. También requiere recuperar redes eléctricas, sistemas de agua, hospitales, carreteras, escuelas y desarrollar infraestructura con mayores estándares de resistencia ante futuros eventos sísmicos.
La CAF señaló que su fondo de reconstrucción funcionará como un mecanismo para concentrar aportes de gobiernos, organismos internacionales, empresas y otros actores, con procesos de seguimiento y auditoría para garantizar la trazabilidad de los recursos. Mientras avanzan las evaluaciones técnicas, Venezuela enfrenta una brecha entre el costo estimado del desastre y los fondos disponibles. El desafío será convertir los aportes iniciales en un plan de reconstrucción sostenible que permita atender las pérdidas inmediatas y reducir la vulnerabilidad ante nuevas emergencias.
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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este jueves 23 de julio, que dos privados de libertad fallecieron bajo custodia del Estado en el Centro Penitenciario Fénix Lara.
De acuerdo con el OVP, el primer muerto fue identificado como José Antonio Rodríguez Ruiz, quien falleció a causa de tuberculosis (TBC), mientras que el segundo caso corresponde a Alfredo José Febres, quien murió tras presentar un cuadro de deshidratación y diarrea.
El observatorio señaló que la muerte de Ruiz y Febres desmonta el discurso oficial de un sistema penitenciario “humanista”.
La organización denunció que las cárceles en Venezuela continúan “marcadas por la escasez de agua potable, la mala alimentación, la falta de medicamentos, la ausencia de atención médica permanente y el incumplimiento de las Reglas Mandela“, que obligan a garantizar a las personas privadas de libertad un nivel de atención sanitaria equivalente al disponible para el resto de la población.
“Cada muerte bajo custodia constituye una grave violación de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Gobierno venezolano”, recalcó el OVP y sumó que mientras los privados de libertad sigan muriendo por enfermedades prevenibles o tratables, no podrá hablarse de un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación.
Finalmente, el observatorio afirmó que continuarán documentando y enunciando cada caso ante los mecanismos nacionales e internacionales.
Hasta el momento, ya son 28 los fallecidos en custodia del Estado en lo que va de año.
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La reconstrucción posterior al doble terremoto del 24 de junio no debería limitarse a reparar la infraestructura afectada. ONG ambientalistas como Clima21 consideran que el proceso representa una oportunidad para corregir las condiciones que incrementaron el impacto del desastre y avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente, democrático y sostenible, una visión compartida por activistas locales que exigen priorizar la restauración ecológica y el manejo seguro de los escombros.
A través de una publicación difundida este 23 de julio en Instagram, Clima21 afirma que el ambiente debe ocupar un lugar central en la planificación de la recuperación, al considerar que de él dependen la seguridad de las personas, la recuperación económica y el bienestar de las comunidades.
“La reconstrucción es una oportunidad para reducir las vulnerabilidades que incrementaron el impacto de los desastres socionaturales y así avanzar hacia un modelo de desarrollo resiliente, democrático y sostenible”, expresa.
Experiencia para reconstruir
En su comunicado, Clima21 recordó que el movimiento ambiental venezolano ha acumulado durante décadas conocimientos técnicos que pueden contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.
Entre las áreas de experiencia menciona la gestión comunitaria del agua, la agricultura sostenible, la conservación de la biodiversidad, el manejo de residuos, la gestión del riesgo de desastres, la educación ambiental y la comunicación para la prevención. Asimismo, destaca el manejo de herramientas como las soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la resiliencia climática, la justicia ambiental, los derechos humanos ambientales y la transición justa, enfoques que considera esenciales para disminuir riesgos futuros y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades.
Capacidades para la recuperación
Clima21 sostiene que ese potencial solo podrá aprovecharse si existen condiciones que favorezcan el trabajo de la sociedad civil. En ese sentido, plantea eliminar las restricciones legales que limitan su actuación, garantizar el acceso a la información pública, ampliar las oportunidades de financiamiento nacional e internacional y promover mecanismos efectivos de participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la reconstrucción. Además, resalta la capacidad del sector para desarrollar proyectos comunitarios, construir alianzas con organismos internacionales, empresas y organizaciones religiosas, así como incorporar nuevos conocimientos y metodologías sin perder su autonomía.
En Venezuela existen organizaciones ambientalistas de amplia trayectoria cuyas áreas de trabajo guardan relación con varios de los desafíos que plantea una reconstrucción sostenible. Provita desarrolla proyectos de conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas y adaptación al cambio climático; Fundación Tierra Viva impulsa iniciativas de desarrollo sostenible, educación ambiental y fortalecimiento comunitario; Fudena concentra parte de su labor en la protección de ecosistemas, el manejo de recursos naturales y la conservación marino-costera; Vitalis elabora diagnósticos sobre la situación ambiental del país y promueve políticas públicas en materia de sostenibilidad, agua, residuos y biodiversidad; mientras que Azul Ambientalistas, con sede en Zulia, trabaja en educación ambiental, reciclaje, protección del Lago de Maracaibo y participación ciudadana.
Todas ellas cuentan con experiencia que podrían aportar a los procesos de recuperación y reducción del riesgo. Hasta ahora, Clima21 ha sido la única en fijar expresamente una posición pública sobre el papel que este sector puede desempeñar en la reconstrucción posterior al terremoto del 24 de junio. Una visión que plantea la recuperación no solo como la reposición de infraestructura, sino también como una oportunidad para disminuir las vulnerabilidades del país frente a futuros desastres.
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El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) pidió el pasado 22 de julio a la Defensoría del Pueblo mediar ante el Ejecutivo nacional y las autoridades municipales para que se establezcan mecanismos más expeditos que permitan la revisión y reactivación de los ascensores suspendidos luego del doble terremoto del 24 de junio.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV, encabezada por su vicepresidente, el arquitecto Richard Casanova, solicitó fijar un lapso de 24 horas para la evaluación técnica de los equipos por empresas registradas o profesionales colegiados, y otras 24 horas para que las juntas de condominio restablezcan el servicio una vez aprobadas las inspecciones.
El gremio advirtió que la paralización prolongada de los ascensores puede generar un “confinamiento indirecto” en edificios multifamiliares, especialmente para adultos mayores, personas con movilidad reducida y habitantes que requieren atención médica o acceso constante a servicios básicos.
Diferencias sobre el proceso de certificación
El CIV recomendó suspender temporalmente la obligatoriedad de la certificación del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) durante la contingencia y permitir la validación de las empresas mediante su Registro Mercantil vigente o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.
Esta propuesta surge en medio del proceso establecido por las autoridades para autorizar nuevamente el funcionamiento de los ascensores. Tras el terremoto y sus réplicas, los Bomberos de Caracas subrayaron que la reactivación de estos equipos requiere una evaluación técnica previa realizada por empresas de mantenimiento registradas ante Sencamer.
El procedimiento establece la emisión de un informe técnico que certifique las condiciones del ascensor, determine que el sistema no presenta riesgos para usuarios y habitantes del edificio, y avale el cumplimiento del denominado Criterio Verde, una clasificación utilizada para verificar condiciones de seguridad y operatividad del equipo.
El cuerpo de bomberos indicó que estos requisitos deben ser cumplidos por las juntas de condominio, administradores y empresas responsables antes de poner nuevamente en funcionamiento los ascensores, luego de que el 29 de junio se ordenara la suspensión preventiva del servicio en edificaciones de Caracas debido a la actividad sísmica.
Ante este esquema, el Colegio de Ingenieros sostiene que el proceso puede convertirse en un cuello de botella durante la emergencia, al considerar que Sencamer no cuenta con capacidad operativa suficiente para atender la certificación masiva de equipos y empresas en el corto plazo.
Gremio alerta sobre efectos de la paralización
El arquitecto Richard Casanova señaló que la suspensión indefinida de los ascensores responde, según el CIV, a “instrucciones burocráticas e interpretaciones ambiguas” que han generado temor a sanciones entre las juntas de condominio.
El representante gremial explicó que estándares internacionales, como la norma europea EN81-77 y protocolos aplicados en Japón, prevén dos fases posteriores a un evento sísmico: una detención automática inmediata como medida preventiva y una inspección expedita para determinar si el equipo puede continuar operativo.
Según Casanova, estas referencias establecen ventanas de revisión que permiten restituir el servicio en períodos breves cuando no existen daños que comprometan la seguridad.
“Mantener un edificio de gran altura sin ascensores por casi un mes no incrementa la seguridad; por el contrario, degrada la habitabilidad de la estructura y traslada el riesgo hacia emergencias médicas, desabastecimiento e inmovilización forzosa, lo que afecta críticamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida”, afirmó.
El CIV también cuestionó que empresas de mantenimiento pretendan realizar cobros adicionales por las inspecciones posteriores al sismo, al considerar que estas evaluaciones forman parte de las responsabilidades asociadas a la conservación y funcionamiento adecuado de los equipos.
Tras el doble terremoto del 24 de junio, que afectó principalmente a La Guaira y Caracas, las autoridades mantienen medidas preventivas sobre edificaciones mientras continúan los procesos de evaluación de daños y revisión de sistemas internos. El debate ahora se centra en cómo garantizar la seguridad de los ascensores sin prolongar indefinidamente la paralización de un servicio esencial para miles de habitantes.
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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles 22 de julio que la cifra de fallecidos por los terremotos registrados el pasado 24 de junio asciende a 5398 personas, mientras que 16 740 resultaron heridas y 6462 fueron rescatadas en distintas operaciones de emergencia.
Según el parte oficial, difundido a través de un post en Instagram, 128 324 familias han recibido atención directa y 107 campamentos transitorios albergan actualmente a 23 335 personas.
La información oficial señala que actualmente 17 907 ciudadanos permanecen damnificados tras el colapso de 190 edificios y daños estructurales en otros 856.
El informe detalla la magnitud del despliegue humanitario: se han distribuido 10 964 toneladas de alimentos y 44,5 millones de litros de agua.
De acuerdo con la información oficial, en las labores de rescate participan 2 278 especialistas internacionales, 30 989 efectivos nacionales y 31 745 voluntarios.
Hasta la fecha, se han registrado 1463 réplicas sísmicas.
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Defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y familiares de presos políticos agrupados en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) se congregaron este 22 de julio en la conferencia de prensa titulada “La libertad también salva vidas”. La actividad tuvo como eje central exigir al Estado venezolano la inmediata liberación incondicional de los detenidos como una medida urgente de protección de la vida y la integridad física, gravemente amenazadas tras el empeoramiento de las condiciones de reclusión debido al reciente doblete sísmico en el país.
Durante su intervención, Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel e integrante del Clippve, ofreció un balance sobre las horas posteriores a los movimientos telúricos del pasado 24 de junio y la vulnerabilidad en que se encuentran los detenidos en los distintos centros de reclusión, militares y civiles.
Baduel denunció la falta de protocolos eficaces e inmediatos por parte de las autoridades para resguardar a la población penal tras la emergencia sísmica. Aseguró que “tardaron más de 50 minutos” en iniciar cualquier procedimiento de evacuación o auxilio hacia los internos.
Asimismo, alertó de que los centros penitenciarios de Ramo Verde y El Rodeo I figuran entre los recintos con mayores daños estructurales evidentes. Denunció que la respuesta gubernamental no estuvo dirigida a la atención técnica o médica, sino a intentar invisibilizar lo ocurrido mediante tácticas de coacción, amedrentamiento, denuncias de tortura y arremetidas violentas contra los familiares que acudieron desesperados a solicitar información.
Baduel informó asimismo que seis familias de presos políticos permanecieron desaparecidas temporalmente tras el sismo. Se confirmó posteriormente que tres de ellas sufrieron lamentables pérdidas humanas y materiales a causa del movimiento telúrico.
Finalmente, reiteró que en Venezuela la cifra de personas privadas de libertad por razones políticas supera las 500, dispersas en recintos como El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro, Ramo Verde, INOF, La Crisálida, Tocorón, Tocuyito, así como en múltiples comandos policiales y destacamentos militares a lo largo del territorio nacional.
Ausencia de voluntad política e indiferencia estatal
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, centró su exposición en la indolencia del aparato estatal y el sistemático desacato a las peticiones formales elevadas por las víctimas y sus representantes legalmente constituidos.
“En Venezuela no hay voluntad política para atender el dolor de las familias víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos (…) “Hemos dirigido solicitudes al Ministerio Penitenciario, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Estas instituciones pueden tomar medidas con voluntad política, pero ninguna ha respondido (…) No hay voluntad política. Nos preocupa muchísimo la desatención al dolor y por eso el pronunciamiento de hoy, puesto que en Venezuela, desde las autoridades, no hay atención al dolor ni al sufrimiento de las familias que han sido víctimas de violación de Derechos Humanos”, arguyó.
Murillo remarcó que las instancias del Poder Público poseen las atribuciones constitucionales directas para otorgar medidas cautelares y salvaguardar vidas humanas; sin embargo, la omisión sostenida refleja a su juicio un patrón de desatención hacia el sufrimiento de quienes han sufrido violaciones de sus garantías fundamentales.
La tortura se traslada a las familias
El coordinador del área Jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), Ronnie Boquier, contextualizó la crisis penitenciaria en el marco de los hallazgos recientes de organismos internacionales especializados. “Estamos preocupados por la situación de los presos políticos y sus familias tras los terremotos. La OMCT publicó un día antes de los sismos su índice sobre tortura en donde destacó que en Venezuela hay un alto riesgo de ser torturado (…) Los familiares de los presos políticos agrupados en Clippve y en otros grupos han estados sometidos a un entorno torturante“, denunció.
Boquier insistió de forma vehemente en que los familiares de los presos políticos que se organizan, visibilizan la verdad y exigen justicia no son simples observadores, sino personas defensoras de derechos humanos en ejercicio activo, amparadas formalmente por los mecanismos de protección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El texto califica el estado de los privados de libertad como “crítico” y enfatiza que el doblete sísmico del 24 de junio agravó una emergencia previa producto del deterioro institucional y desatención sistemática en el sistema penitenciario. Alerta sobre los riesgos de infraestructura y tratos inhumanos, pues en recintos como El Rodeo I existen severas fracturas en estructuras de cemento y literas donde los reclusos pernoctan bajo temor a colapsos.
Adicionalmente, se advierte que han sufrido arremetidas violentas injustificadas como medida de coacción. Mientras tanto, en Guaicaipuro persisten cuadros de desnutrición y falta de información oficial.
Los defensores recalcan que continúan las violaciones graves de los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, aislamiento, desapariciones forzadas de corta duración, restricciones al contacto con defensores o familiares y uso de los detenidos como instrumentos de presión política. También, rechazaron las declaraciones e intimidaciones del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, emitidas, de acuerdo con sus denuncias el pasado 13 de julio contra familiares en vigilia.
Asimismo, señalan la responsabilidad política directa de Delcy Rodríguez como autoridad ejecutiva interina de mayor jerarquía, la insuficiencia de las medidas cautelares y anuncios engañosos de libertad y las excarcelaciones sujetas a presentaciones periódicas y prohibición de salida, que prolongan el castigo psicológico y económico.
Las 13 ONG firmantes exigieron al Estado venezolano la excarcelación incondicional y libertad plena de todos los presos políticos y sobreseimiento de causas para personas sujetas a medidas cautelares o excluidas arbitrariamente de la amnistía.
También, pidieron el acceso a organismos de verificación internacional para que se realicen evaluaciones técnicas independientes de los penales y que se permita el ingreso inmediato a delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y oficiales de la Acnudh.
En este sentido, exhortaron a los actores multilaterales a poner la dignidad humana y la vida de los detenidos en el centro de cualquier agenda de mediación o respuesta humanitaria para Venezuela.
Reiteraron, finalmente, la demanda de que se permitan visitas regulares de familiares y abogados y asistencia médica integral, así como el cierre definitivo de centros señalados por torturas, y el desmantelamiento de aparatos represivos al margen de la Constitución.
Las organizaciones que firmaron el comunicado son el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve); Justicia, Encuentro y Perdón (JEP); Acceso a la Justicia; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Consorcio Justicia (CJ); Foro Penal Venezolano; Defiende Venezuela; Laboratorio de Paz; Voces de la Memoria; Un Mundo sin Mordaza; Amnistía Internacional; Caleidoscopio Humano, y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
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