La reconstrucción posterior al doble terremoto del 24 de junio no debería limitarse a reparar la infraestructura afectada. ONG ambientalistas como Clima21 consideran que el proceso representa una oportunidad para corregir las condiciones que incrementaron el impacto del desastre y avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente, democrático y sostenible, una visión compartida por activistas locales que exigen priorizar la restauración ecológica y el manejo seguro de los escombros.
A través de una publicación difundida este 23 de julio en Instagram, Clima21 afirma que el ambiente debe ocupar un lugar central en la planificación de la recuperación, al considerar que de él dependen la seguridad de las personas, la recuperación económica y el bienestar de las comunidades.
“La reconstrucción es una oportunidad para reducir las vulnerabilidades que incrementaron el impacto de los desastres socionaturales y así avanzar hacia un modelo de desarrollo resiliente, democrático y sostenible”, expresa.
Experiencia para reconstruir
En su comunicado, Clima21 recordó que el movimiento ambiental venezolano ha acumulado durante décadas conocimientos técnicos que pueden contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.
Entre las áreas de experiencia menciona la gestión comunitaria del agua, la agricultura sostenible, la conservación de la biodiversidad, el manejo de residuos, la gestión del riesgo de desastres, la educación ambiental y la comunicación para la prevención. Asimismo, destaca el manejo de herramientas como las soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la resiliencia climática, la justicia ambiental, los derechos humanos ambientales y la transición justa, enfoques que considera esenciales para disminuir riesgos futuros y fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades.
Capacidades para la recuperación
Clima21 sostiene que ese potencial solo podrá aprovecharse si existen condiciones que favorezcan el trabajo de la sociedad civil. En ese sentido, plantea eliminar las restricciones legales que limitan su actuación, garantizar el acceso a la información pública, ampliar las oportunidades de financiamiento nacional e internacional y promover mecanismos efectivos de participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la reconstrucción. Además, resalta la capacidad del sector para desarrollar proyectos comunitarios, construir alianzas con organismos internacionales, empresas y organizaciones religiosas, así como incorporar nuevos conocimientos y metodologías sin perder su autonomía.
En Venezuela existen organizaciones ambientalistas de amplia trayectoria cuyas áreas de trabajo guardan relación con varios de los desafíos que plantea una reconstrucción sostenible. Provita desarrolla proyectos de conservación de la biodiversidad, restauración de ecosistemas y adaptación al cambio climático; Fundación Tierra Viva impulsa iniciativas de desarrollo sostenible, educación ambiental y fortalecimiento comunitario; Fudena concentra parte de su labor en la protección de ecosistemas, el manejo de recursos naturales y la conservación marino-costera; Vitalis elabora diagnósticos sobre la situación ambiental del país y promueve políticas públicas en materia de sostenibilidad, agua, residuos y biodiversidad; mientras que Azul Ambientalistas, con sede en Zulia, trabaja en educación ambiental, reciclaje, protección del Lago de Maracaibo y participación ciudadana.
Todas ellas cuentan con experiencia que podrían aportar a los procesos de recuperación y reducción del riesgo. Hasta ahora, Clima21 ha sido la única en fijar expresamente una posición pública sobre el papel que este sector puede desempeñar en la reconstrucción posterior al terremoto del 24 de junio. Una visión que plantea la recuperación no solo como la reposición de infraestructura, sino también como una oportunidad para disminuir las vulnerabilidades del país frente a futuros desastres.
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