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¿Para qué alcanzan los bonos de Patria?

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TalCual junto con seis medios del interior del país consultaron a venezolanos, beneficiarios de bonos mensuales, residenciados en Anzoátegui, Caracas, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Yaracuy y Zulia; ¿en qué invierten los bonos?, ¿para qué les alcanza? 

En 2017 el gobierno de Nicolás Maduro lanzó el Sistema Patria, plataforma digital del carnet de la patria, documento creado para «conocer el estatus socioeconómico de la población y mejorar la gestión del Sistema Nacional de Misiones». A tr;avés de ambos instrumentos los venezolanos registrados en el sistema reciben becas, ayudas y otros trámites; y desde hace un lustro bonos.

El pasado 1 de agosto la administración de Maduro aumentó seis de los bonos que entrega mensualmente: Hogares de la Patria, Economía Familiar y 100% Escolaridad, Parto Humanizado, Lactancia Materna y José Gregorio Hernández. Es el tercer aumento en lo que va de 2023 y ninguno pasa de 10 dólares.

TalCual junto con El Tiempo, La Nación, La Verdad, ElImpulso.com, Yaracuy al Día, y Runrunes consultaron a venezolanos, beneficiarios de estos subsidios, residenciados en Anzoátegui, Caracas, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Yaracuy y Zulia ¿en qué invierten los bonos?, ¿para qué les alcanza? 

Se entrevistaron a ocho mujeres, entre el 14 y el 17 de agosto. En este lapso el dólar, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, estuvo entre 31,50 Bs/$ y 31,75 Bs/$.

Bonos para «completar»

Las entrevistadas coincidieron en que los bonos solo les permiten «completar» servicios como telefonía móvil o algunos productos de la cesta básica, consideran que los montos «deben ser mayores».

«No es suficiente ni siquiera para pagar la electricidad», apuntó Isabel Hernández, residenciada en Los Teques, estado Miranda.

La mayoría manifestó estar de acuerdo con este programa de ayudas, solo una mujer resaltó la importancia de rescatar los sueldos y pensiones.

«Percibiendo un salario digno no es necesario la existencia de bonos, o que los bonos empiecen a tener incidencia salarial. Y que lo perciban las personas que efectivamente trabajan o que están jubilados o discapacitados», dijo Ángela Parra, residenciada en Macarao (Distrito Capital) y beneficiaria de más de un bono.

Mientras que la señora Diomary Gómez, de Barcelona (Anzoátegui) aclaró que «está de acuerdo con los bonos, al menos hasta que el país tenga mayores oportunidades de empleo para toda la población».

Bonos desde 2021

Otro punto de coincidencia es el tiempo que llevan percibiendo los subsidios: entre uno y dos años. Solo la entrevistada en San Cristóbal (Táchira), Rosaura Ruíz, explicó que suma un lustro con la ayuda y que recibe más de uno. «Además del bono Hogares de la Patria, esporádicamente, otros relacionados a fechas patrias», dijo.

De acuerdo a la página del sistema Patria, hay 31,8 millones de venezolanos «registrados» en la plataformas y 14,2 millones son atendidos de «manera directa mensualmente». Cuántos reciben bonos, cada cuánto tiempo y cuánto invierte el Gobierno en este programa no ha sido revelado, aunque debería estar reflejada en el Presupuesto de la Nación.

PCV se enfrenta a su ilegalización con “la moral en alto”

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La ONG Acceso a la justicia recordó que la medida contra el PCV fue impuesta también en años anteriores a más de una docena de formaciones, tanto opositoras como tradicionales de izquierda

 

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) vive la cuarta «ilegalización» de su historia desde su fundación hace 92 años -dos en dictaduras, una tras optar por la lucha armada y la última este agosto, con un Gobierno socialista-, luego de que el Supremo ordenara una intervención, que sus miembros -aseguran- afrontan con «la moral en alto».

El PCV nació en la ilegalidad y vivió episodios de clandestinidad durante los Gobiernos militaristas de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), y del socialdemócrata Rómulo Betancourt (1945-1948), cuando pasó a ser una guerrilla.

El 11 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un amparo constitucional, introducido en julio por supuestos miembros del propio PCV, que despoja a la dirección tradicional de sus siglas y tarjeta electoral, y nombra una «junta directiva ad hoc» para organizar «procesos democráticos internos».

La sentencia del TSJ 

Yul Jabour, miembro de la dirección tradicional del PCV, dijo a EFE que esta acción es una «judicialización», como ocurrió en dictaduras militares o en seudodemocarcias, lo que el buró político del comité central de la formación considera una aberración jurídica con errores inexcusables y marca un gravísimo precedente para la historia.

Explicó que el TSJ justifica la decisión con que «no se ha celebrado el correspondiente congreso de la organización», lo que -aseguró Jabour- «es falso», ya que la hubo cónclave en 2017 y en 2022, cuando se eligieron a los 62 miembros actuales del comité central, quienes ratificaron, por sexta vez, a Óscar Figuera en la Secretaría General.

Además, negó que quienes introdujeron el amparo sean militantes del PCV, como los identifica la sentencia, sino que varios de ellos «son activistas de otras organizaciones políticas», y precisó que solo dos de los que figuran en la «junta ad hoc» impuesta fueron miembros del partido, excluidos desde hace varios años por no cumplir con sus obligaciones estatutarias.

Nadie puede alegar un derecho en una organización a la cual no pertenece, subrayó Jabour.

Ante esta «aberración», el PCV presentó un «escrito de defensa» ante el TSJ, en el que señaló que este amparo contraviene la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haber sido introducido el 10 de julio, más seis meses después del último congreso del partido.

El PCV no es el único 

 La ONG Acceso a la justicia recordó que la medida contra el PCV fue impuesta también en años anteriores a más de una docena de formaciones, tanto opositoras -como Acción Democrática, Primero Justicia y Copei- como tradicionales de izquierda, como Bandera Roja o Patria Para Todos.

Según la organización, esta «parece ser una estrategia por confeccionar no solo una oposición a la medida, sino por silenciar toda disidencia dentro de sus propias filas».

#EnchufaDÍN | Felicita a Elvis Amoroso por su nuevo cargo

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, nacido en Cagua, estado Aragua, es un abogado y economista venezolano que ha desempeñado cargos como diputado, incluso desde la época del Congreso de la República.

Fue designado como contralor de la República por la extinta Asamblea Nacional Constiutuyente (ANC) en 2018, sustituyendo a Manuel Galindo Ballesteros. Con este cargo, se dio la tarea de inhabilitar políticamente a diversos dirigentes de oposición como Juan Guaidó, Antonio Ledezma, Julio Borges y también a Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la extinta constituyente, de la que Amoroso también formó parte.

Las actuaciones de Amoroso le han valido varias sanciones en el exterior por países como Estados Unidos, Suiza y hasta la Unión Europea.

Este jueves, 24 de agosto, Elvis Amoroso fue designado por la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La huella que no se borra: los huérfanos producto de las ejecuciones extrajudiciales

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Runrunes y Monitor de Víctimas realizaron, la noche del 24 de agosto, un Twitter Space para hablar sobre su más reciente investigación sobre los huérfanos producto de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, titulada La generación que perdió el sueño: huérfanos de la letalidad policial en Venezuela.

El espacio, que lleva el mismo nombre de la investigación, fue moderado por la periodista Ronna Rísquez (coordinadora de Monitor de Víctimas), y reunió a los expertos Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap; Mirla Pérez, miembro del Centro de Investigaciones Populares, y Lorena Meléndez, periodista de investigación y coordinadora del especial. 

A continuación, un resumen de las intervenciones de los participantes:

Abel Saraiba: “Es fundamental poder acompañar a las familias para poder guiar en estos procesos que son devastadores para los niños (ejecuciones extrajudiciales de padres o personas a cargo). Pueden quedar marcados para siempre (…) El fracaso escolar no es solo es un síntoma inmediato. Que esto se produzca transforma la muerte en un evento que no solo causa dolor en el momento, sino que condena a los niños a vivir en un ambiente de pobreza con opciones muy límitadas (…) En medio de todas las dicultades que hay en este sombrío panorama, es importante dibujar espacios donde se puedan construir respuestas… Creo que cualquier programa sensato en este momento debe empezar por dar apoyo a las familias al menos en lo psicológico, y fortalecer las capacidades de las escuelas para que los niños que sean víctimas no queden fuera del sistema escolar (…) Cuando pensamos en el impacto de esto (ejecuciones extrajudiciales de padres o personas a cargo), una de las palabras clave que van a aparecer es la idea del trauma y yo creo que es importante entender la idea misma del trauma como un punto de partida, sobre todo porque el trauma tiene que ver con un hecho que sobrepasó un evento que por lo general ocurre de forma súbita y que sobrepasa la capacidad que tiene una persona para procesar aquello y por lo tanto este evento deja huellas, deja marca, deja efectos que más adelante se transforman en síntomas y que por supuesto nos hablan del impacto que ha tenido un cierto tipo de de episodio en la vida de un ser humano. Entonces, qué sucede que en este caso, pues encontramos que el los niños que han vivido este tipo de situaciones comparten la experiencia de lo traumático, ¿y por qué? Es fácil entender que ningún ser humano tendría por qué estar preparado. Para vivir algo como esto, o sea, el orden aparentemente natural de la de la vida, supone que los hijos enterrarán a sus padres, pero esto en el marco de causas naturales de muerte y, por lo general, cuando los hijos son adultos y han tenido la ocasión de desarrollar recursos para poder enfrentar este tipo de pérdidas. Sin embargo, acá encontramos que la pérdida se produce de forma anticipada producto de la violencia, sin que los niños tengan, por supuesto, los recursos emocionales como para poder procesarlos”.

Lorena Meléndez: “[El trabajo también contempló] la precariedad en la que viven los niños y adolescentes después de que murieron sus padres, víctimas de letalidad policial, pues habían tenido en muchos de los casos una actividad bastante integrada con la educación de ellos, por un lado, pero también eran sostenes de familia en la mayoría de los casos. Entonces, esto condujo también a que todo el peso económico de los niños recayó sobre las madres, muchas de las cuales habían tenido que migrar y estos niños quedaron al cuidado de abuelas o de tías. En fin, al cuidado de de terceros, justamente cuando están atravesando estas experiencias (…) Dentro de los nueve casos que investigamos, en tres se repite un patrón en el que las madres se ven obligas a migrar para enviar remesas a las personas que quedan a cargo de los niños (…) En el último capítulo de esta investigacion ahondamos en el tema escolar. Muchos niños abandonan la escolaridad antes de un año después de que ocurriera el asesinato de un familiar. Esto se mantuvo en el tiempo: o salieron totalmente del sistema escolar o bajaron tanto el rendimiento que se terminaron rezagando”.

Mirla Pérez: “Estamos en un contexto de emergencia humanitaria compleja, que empobrece a la familia y a la comunidad. En una Venezuela matricentrada, se había creado un tejido que permitía que las deficiencias familiares las solventara la comunidad (…) El Estado no sirve de contención en estos casos aunque es el responsable y debe dar las condiciones de repación, pero no lo hace, por lo que hay un estado de desprotección para los niños, para las familias y para la sociedad (…) En Venezuela se había creado un tejido comunitario relacional que hacía que las deficiencias que podía haber en la familia eran solventadas en la comunidad. En este momento estamos teniendo una familia muy empobrecida dentro de un contexto comunitario también empobrecido, entonces el este niño que vive esta experiencia que además hay que sumarla a la misma experiencia de emergencia humanitaria compleja, porque esto que está viviendo el niño es producido también por el Estado, o sea, el Estado está produciendo condiciones humanitarias complejas, porque es precisamente de origen político y por el otro lado te está también produciendo caos en el propio niño, está produciendo vivencias que el niño no debió haber vivido. Eso no debió haber ocurrido nunca en en la vida del niño y precisamente ocurre porque el responsable de la letalidad es precisamente el Estado. Entonces, claro, la deficiencia que nosotros estamos viendo a nivel social, económica, toca también la arista de la educación, pero no la educación del niño en cuanto a continuidad o no de su proceso particular, sino el deterioro estructural de la educación en Venezuela. (…) Este es un trabajo que hay que seguir haciendo. Estamos en un situación de violencia permanente dentro de las comunidades, en la que no vislumbramos una respuesta del Estado. Lo que nos toca como organizaciones es documentar y hacer público el sufrimiento de estos niños”.

Ronna Rísquez: “Es mas doloroso cuando la muerte ocurre de manos de los cuerpos de seguridad del Estado que en otros contextos como un robo, porque se supone que deben protegerte. Si ocurre en el entorno de vivienda de las víctimas, además pierden su lugar seguro”.

Haciendo clic aquí puedes leer el trabajo completo La generación que perdió el sueño: huérfanos de la letalidad policial en Venezuela.

Comenzó la campaña electoral: ¿Tienen los precandidatos respuestas a las siguientes preguntas?

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Ante la grave crisis económica que castiga a las familias, empresas e instituciones venezolanas, ¿cuál es la propuesta económica de los precandidatos?

 

@victoralvarezr

En Venezuela, la mayoría de las encuestas coinciden en que el problema que más afecta y preocupa a las familias, empresas e instituciones es el económico:

  • En el primer semestre de 2023, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) registró una caída de la actividad económica de -7 %.
  • La inflación mensual de julio fue de 7,2 %, la acumulada entre enero-julio llegó a 115 % y la anualizada entre julio 2022 y julio 2023 registra 439 %.
  • La Encuesta de Coyuntura de Conindustria para el primer semestre de 2023 registra una caída de la producción industrial de 7.6 %.
  • Una encuesta nacional realizada por Consecomercio reporta una caída promedio de 40 % en las ventas en los sectores de comercio y servicios.
  • El índice de ventas de Ecoanalítica registra una caída sostenida a lo largo del primer semestre.
  • En una encuesta de Datanálisis, el 77,8 % evalúa como negativa la situación actual.
  • El salario mínimo y las pensiones han quedado reducidas a menos de 5 $/mensuales y el costo de la canasta alimentaria supera los 500 $/mes.
  • El 81,5 % no alcanza a cubrir la canasta básica y está en condición de pobreza.
  • El 53,3 % no puede comprar la canasta alimentaria y está en pobreza extrema.

Ante esta grave crisis económica que castiga a las familias, empresas e instituciones venezolanas, ¿cuál es la propuesta económica de los precandidatos?

¿Alguno tiene un programa de estabilización bien diseñado, con las medidas correctas, aplicada en orden lógico y a la velocidad adecuada?

  • ¿Qué proponen para corregir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario?
  • ¿Cuál será su política monetaria, cómo manejarán el encaje legal que aplica el BCV, que harán para reactivar el crédito a la producción y el consumo?
  • ¿Tienen alguna propuesta para estabilizar el tipo de cambio y frenar el alza del dólar?
  • ¿Cómo abordarán la apertura comercial a toda clase de importaciones y la competencia desleal que arruina a la producción nacional?
  • ¿Cuáles medidas tienen previstas para mejorar los servicios de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones, y para repotenciar la infraestructura vial, ferroviaria y de puertos y aeropuertos?
  • ¿Qué harán para garantizar la seguridad jurídica y generar confianza en los inversionistas?
  • ¿Cuál es su posición frente a las sanciones petroleras?
  • ¿Qué proponen para evitar el remate de CITGO?
  • ¿Bajo qué criterios renegociarán la deuda externa para reinsertar a Venezuela en los mercados financieros internacionales?
  • ¿Están de acuerdo con canjear deuda externa por participación accionaria en empresas públicas?
  • ¿Cuál será el tratamiento que darán a los bonistas venezolanos?
  • ¿Qué harán con las empresas expropiadas que terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción?
  • ¿Están de acuerdo con la privatización de PDVSA y la apertura de la industria petrolera la inversión privada nacional y extranjera?
  • ¿Cómo entienden la soberanía nacional sobre los yacimientos de petróleo y sobre las instalaciones de la industria petrolera?
  • ¿Cuál es su concepto de regalía petrolera y cómo la aplicaría para estimular al inversionista extranjero sin detrimento del interés nacional?
  • ¿Cuáles actividades estratégicas, medulares y conexas deben quedar reservadas al Estado y en cuáles puede incursionar la inversión privada?
  • ¿Cuál es el límite de la propiedad estatal y hasta dónde puede llegar la inversión privada?
  • ¿Cuál es su propuesta para generar empleos estables, bien remunerados y para proteger el poder adquisitivo del ingreso de los hogares?
  • ¿Dolarizarán oficialmente la economía venezolana?
  • En fin, ¿cómo piensan reactivar la económica y abatir la inflación?

Estas son algunas preguntas sobre la grave problemática económica que azota a las familias, empresas e instituciones venezolanas y que los precandidatos están llamados a responder en los debates que se organicen al calor de la campaña electoral, para así motivar a los electores, vencer la apatía electoral y movilizar una masiva participación de los ciudadanos a la elección primaria convocada para el próximo 22 de octubre.

Escuche el nuevo pódcast de Pedagogía Económica y Electoral

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El progresismo

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Caricatura de Pedro León Zapata (1929 – 2015 †)

En la práctica, algunos regímenes, autodenominados progresistas, se han valido de la democracia para desmontarla, de la idea de la redistribución de la riqueza para acabar con ella y generar nuevas oligarquías sustentadas en la corrupción

 

@laureanomar

La idea de «progreso», pero, sobre todo, el llamado «progresismo», se ha convertido en la ideología de moda de nuestro tiempo. Unos lo usan como etiqueta para autocalificarse de gente o movimiento político de avanzada, de garantes de prosperidad y bienestar para el género humano, mientras catalogan de retrógrados y fascistas –uno de los apelativos de descrédito político que ha cobrado más fuerza en los últimos tiempos– al resto, no porque el resto esté necesariamente contra el progreso, sino porque, en muchos casos, lo entiende de una manera diferente a la imperante. Como contraparte, la idea de progreso, que parece consustancial al género humano y a su evolución histórica, cuando se asocia al progresismo aludido, ha comenzado a asustar y ahuyentar a un gran número de ciudadanos.

Etimológicamente, la palabra progreso viene del latín y en esta lengua significa «avance». Está asociada a lo bueno: progresa el sol en el transcurso del día, las raíces de las plantas cuando se fortalecen, progresan los niños en su crecimiento, los atletas en sus marcas, progresa la ciencia cuando descubre algo nuevo y útil para la humanidad, etc. El progreso nos orienta hacia un fin: las plantas a los frutos, los niños a la madurez, los atletas a las medallas y la ciencia a nuestro bienestar.

Aquí tenemos ya una connotación ética del término: de alguna manera implica esfuerzo, pero también el avance hacia una situación mejor. Marchar rumbo a un abismo, por ejemplo, no es progresar, y aunque parezca absurdo, se dan muchos casos, especialmente los acantilados de la política. Dicho de otra manera, el progresar supone que lo nuevo no constituya un trastorno, sino el transitar a un ser más y mejor, buscando la perfección. Aquí ya nos metemos en grandes problemas, en el terreno hostil de los desacuerdos.

Uno de los dilemas que plantea la idea de progreso es si este es constante y continuado a lo largo de la historia o si, por el contrario, se interrumpe e incluso se «desprogresa» en determinados momentos. En el terreno político se identifica tradicionalmente el progresismo con la búsqueda de un modelo político inclusivo, igualitario, democrático, defensor de los derechos civiles y promotor de una distribución equitativa de la riqueza que conduzca a la igualdad. En la práctica, algunos regímenes, autodenominados progresistas, se han valido de la democracia para desmontarla, de la idea de la redistribución de la riqueza para acabar con ella y generar nuevas oligarquías sustentadas en la corrupción.

El pacifismo progresista ha terminado –en algunos casos– apoyando revoluciones violentas que cercenan los derechos humanos. La idea de inclusión progresista, nacida en su momento para dar respuesta a la intolerancia frente a la diversidad, llevada a extremismos radicales, termina volviéndose intolerante frente a determinadas diversidades.

En definitiva, parte de los problemas sociopolíticos que genera en la actualidad la idea de progreso y el progresismo, tienen que ver con las contradicciones que se producen entre las buenas intenciones motivadoras y los imprevistos resultados negativos de sus acciones. Por poner solo un ejemplo, lo que le sucedió hace poco al progresismo español, que ha aprobado una ley conocida popularmente como «Ley del sí es sí», formalmente Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esta norma, concebida, entre otras cosas, para castigar con mayor severidad los delitos de agresión sexual, eliminado la distinción entre abuso y violación (en ello estaría uno de sus avances), terminó –al cambiar las penas según la categoría del delito– reduciendo las penas de 1157 agresores sexuales de los cuales 115 han sido excarcelados (según datos acumulados hasta el mes de julio de 2023).

Bueno, no sé por qué me metí en un tema tan serio y complejo. Toda esta reflexión surgió porque al leer que todos los medios definen al nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, como un progresista y como el picado de culebra cuando ve bejuco tiembla, no deja uno de sentir un sustico solidario. En todo caso, al investigar un poco más profundamente al personaje, nos encontramos con un académico de amplia formación filosófica y de gran experiencia política, especialmente en el terreno de la diplomacia. De modo que cabe ser optimista en torno a que el calificativo de progresista que se le atribuye termine significando un auténtico progreso de Guatemala hacia el bienestar y la felicidad de su pueblo.

De todas maneras, rosas, por si acaso hay malas interpretaciones, finalizo aclarando mi posición sobre el asunto con una frase que se me acaba de ocurrir: Yo no estoy contra el progreso si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros eso es lo que pienso.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Oposición rechaza designación de nuevos rectores del CNE

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El dirigente Henrique Capriles criticó el nombramiento del actual contralor general de la República, Elvis Amoroso, como uno de los rectores principales del CNE, al considerar que es una “estrategia” del gobierno para “ahuyentar el voto” y sacar a la oposición “de la ruta” de los comicios

 

El nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), designado este 24 de agosto por la Asamblea Nacional, estará conformado por tres rectores chavistas y dos opositores para un período de siete años.

Los miembros del CNE fueron elegidos entre 104 candidatos, de los que salió el quinteto formado por los chavistas Elvis Amoroso, Rosalba Gil y Carlos Quintero, y los opositores Aime Nogal y Juan del Pino.

Dirigentes de la oposición rechazan nombramiento

El dirigente Henrique Capriles criticó el nombramiento del actual contralor general de la República, Elvis Amoroso, como uno de los rectores principales del CNE, al considerar que es una “estrategia” del gobierno para “ahuyentar el voto” y sacar a la oposición “de la ruta” de los comicios.

Capriles, que ya da por hecho que Amoroso será el presidente del CNE, aseguró que la intención es distraer “del objetivo” que “une a todos los venezolanos”, que es “dejar atrás al peor gobierno de la historia y de abrir las puertas al futuro”.

Según Capriles, las nuevas designaciones no suponen el “cambio” que quieren “siete de cada 10 venezolanos” que forman parte de un pueblo “que sabe que las conquistas más grandes” se logran “unidos y permaneciendo en la ruta electoral”.

“Todos los venezolanos sabíamos que los privilegiados de la corrupción, los enchufados de (el presidente) Nicolás Maduro, se aferrarían a sus privilegios malhabidos y ensuciarían la ruta, la llenarían de obstáculos, provocaciones y violencia. Pero ellos van pa’ fuera”, agregó.

Este nuevo nombramiento da lugar a que el “compromiso” sea “aún mayor, para alcanzar el objetivo de todos los venezolanos” que consiste en “el rescate de los salarios, el aumento de las pensiones, el regreso de los servicios públicos de calidad” y para ello ve necesario “construir el ánimo electoral” y “lograr la participación masiva”.

El exalcalde metropolitano Antonio Ledezma también rechazó la designación de los rectores del CNE. A través de su cuenta en la red social X, expresó:” ¿Cuáles legítimos voceros de la sociedad civil postularon al Contralor “inhabilitador” de la dictadura, para que ahora sea el responsable de organizar elecciones libres en Venezuela?”.

En otro mensaje añadió: “Preguntan cuál rector tiene ⁦María Corina Machado? ¡Ninguno! Ella cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. ¡Conque la dejen participar basta!

Por su parte, el dirigente Juan Guaidó señaló: “El encargado de inhabilitar a los lideres de la oposición es quien pone Maduro en el CNE. Maduro y su dictadura no confían ni en su sombra, por eso nombran un incondicional y cómplice de tareas sucias. La respuesta tiene que ser unidad, fortalecer la primaria y organización”.

El precandidato presidencial Andrés Caleca no se refirió directamente a la designación de los rectores del órgano electoral, pero a través de su cuenta en X publicó lo que parece ser un guiño a este nombramiento: “Candidato único de la oposición; ganar de forma aplastante; demostrar el triunfo con actas en la mano: ni una mesa sin testigos, ni un centro electoral sin presencia activa de los ciudadanos organizados. Nada detiene a un país que quiere ser libre”.

Con información de EFE