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Más de dos protestas laborales por día se registraron durante primera quincena de diciembre 

El sector educativo protagonizó el mayor número de manifestaciones 

 

32 conflictos laborales durante la primera quincena de diciembre contabilizó el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical (Inaesin).

La ola de manifestaciones fue encabezada por trabajadores y jubilados del gremio docente, quienes protestaron para exigir el pago del bono alimentación.

El sector de la educación protagonizó el mayor número de conflictos laborales con 36,36%, seguido del personal de salud con 18,18% y de los trabajadores de las industrias básicas con 15,15%.

Distrito Capital y el estado Bolívar estuvieron al frente de las demandas laborales con 18,18% cada uno, en tanto Lara y Anzoátegui los secundaron con 15,15% cada entidad. 

De acuerdo con Inaesin, 90,91% de las manifestaciones de descontentos corresponden al sector público, cuyos trabajadores son los más afectados por un salario mínimo fijado en Bs 130 (menos de 4 dólares) desde hace 22 meses.

La exigencia de salarios dignos encabezó la lista de quejas en la primera quincena de diciembre con 57,58%. Los incumplimientos de la convención colectiva ocuparon el segundo lugar (12,12%) y el tercero lo compartieron el acoso laboral y mejores condiciones de trabajo con 9,09% cada uno.

Del total de los conflictos, 75,76% fue canalizado a través de las denuncias, 21,21% fueron concentraciones y 3,03% se materializaron en marchas. Los sindicatos tuvieron una presencia de 66,67%.

Más de 3.000 protestas de docentes en 2023

De acuerdo con fuentes vinculadas a la docencia, durante 2023 el sector educativo protagonizó más de 3 mil protestas en todo el país.  

Docentes denunciaron que tienen más de cuatro años sin discutir un contrato colectivo, con lo cual se está violando la Constitución. 

Voceros del sector educativo también denunciaron que el pago de las utilidades en diciembre lo hicieron fraccionado.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) se necesitan 148 salarios mínimos mensuales para comprar la canasta alimentaria que en el pasado mes de noviembre se ubicó en $522,01 .

 

Con información de El Impulso 

 

LEA Consecomercio: Ventas cayeron un 5 % durante 2023

En Amazonas reina la impunidad de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia 

Más del 60% de los responsables de delitos están prófugos de la justicia 

 

El 62,7% de los victimarios que cometieron delitos durante el periodo de enero a noviembre de 2023 en Amazonas se encuentran prófugos de la justicia, de acuerdo con estudio hecho por el Observatorio Venezolano de Violencia.

Según el OVV, hubo un aumento de la impunidad en lo que respecta al mismo lapso de 2022 en Amazonas, en el que el porcentaje se ubicó en 54,8%. “Se evidencia así una posible disminución en la efectividad de los organismos de seguridad en la detención de los agresores”, reza el reporte.

De acuerdo al OVV, las motivaciones de los delitos responden en su mayoría a provecho ilícito (75%) seguido de las agresiones sexuales (8,3%) las tentativas de homicidios (8.3%) y los homicidios (8,3%).

Según el estudio, el 60,8% de los delitos fue consumado por un solo victimario, mientras que en el 25,3% participaron dos personas, solo en 1,3 % de los eventos registrados resultó un victimario fallecido.

Con respecto a la localización del delito, el 66,5% se consumó en la zona donde vive la víctima y el 33,5 % fuera de la misma.

“La eficacia de las políticas públicas preventivas y resolutivas no parecen estar dando resultados favorables en la reducción del número de delitos y consecuentemente se fortalece la impunidad, que podría resultar en un catalizador de la violencia”, prosigue el estudio del OVV.

“El provecho ilícito como motivador principal, la naturaleza de los bienes sustraídos y la concentración de la autoría de los eventos en individuos, podría asociarse a respuestas ante las carencias generalizadas derivadas de la prolongación de la crisis económica que afecta a la mayoría de la población, sin que estos hechos lleguen a representar el comportamiento de la sociedad. Esta situación tiene varias interpretaciones que giran en torno a una posible disminución en la efectividad de los organismos de seguridad en la detención de los agresores y por otra parte, ante las carencias generalizadas derivadas de la prolongación de la crisis económica que afecta a la mayoría de la población”, prosigue el documento.

 

Con información de Observatorio Venezolano de Violencia

 

LEA Casi 40 suicidios ocurrieron en Aragua entre enero y noviembre de 2023

Consecomercio: Ventas cayeron un 5 % durante 2023

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Consecomercio pidió recientemente la reactivación del crédito bancario para mejorar el consumo, como una de las medidas “urgentes” que, a su juicio, se deben implementar para el crecimiento económico de los sectores no petroleros

Las ventas comerciales en Venezuela cayeron un 5 % el año 2023 en comparación con 2022, a pesar de mejoras registradas en sectores como alimentos y salud, informó este miércoles, 10 de enero, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

“Estimamos una caída en las ventas del 5 % si comparamos el año 2023 con el 2022”, dijo el presidente de la organización gremial, Gustavo Valecillos, quien expresó que se tenían “grandes expectativas” sobre todo para el “último trimestre” del año.

De acuerdo con el gremialista, citado en una nota de prensa, “se estima que la economía” venezolana tuvbo un “leve decrecimiento del 0,5 %” en 2023 respecto al año anterior.

Por otra parte, indicó que los sectores que registraron una mejora durante el año pasado, además de alimentos y salud, fueron tecnología, motocicletas, cine y líneas aéreas.

Ante la disminución de sus ventas, cada vez más comercios en el país ofrecen a los consumidores la posibilidad de acceder a un bien o servicio mediante una modalidad de pago financiado conocida como ‘compra ahora, paga después’, o a través de un sistema de ‘apartado’, con el que el cliente hace un pago inicial y el resto en un plazo determinado, para luego poder retirar el producto.

Según expertos, esta “forma de financiamiento” es “resultado de la prolongada ausencia de crédito bancario al consumo” en la nación.

Consecomercio pidió recientemente la reactivación del crédito bancario para mejorar el consumo, como una de las medidas “urgentes” que, a su juicio, se deben implementar para el crecimiento económico de los sectores no petroleros.

Por su parte, el Gobierno asegura que, desde “finales” de 2021, el país registra 10 trimestres de “crecimiento económico continuo”, y calcula que el producto interno bruto (PIB) cerró el año pasado con un incremento del 4,5 %.

*Con información de EFE

PJ exige al CNE que anuncie cronograma electoral y fecha de presidenciales

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El dirigente político argumentó que el CNE debe informar cuanto antes las fechas de las presidenciales ya que que 3 millones de jóvenes no están actualmente inscritos en el Registro Electoral

 

Este miércoles, 10 de enero, el partido político Primero Justicia (PJ) exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que anuncie el cronograma electoral y la fecha de las elecciones presidenciales previstas para 2024.

A través de una transmisión por la red social X, antes Twitter, Ángel Medina, dirigente de la tolda aurinegra, aclaró que dicha exigencia no es un “capricho” del partido y resaltó que es necesario que esta información se de a conocer, pues no se sabe nada sobre el tema. 

“Lo único que hoy sabemos es que las elecciones serán en el segundo semestre del 2024, esto son unos largos 184 días. Esto es un avance frente a lo que teníamos antes de los acuerdos de Barbados, pero Venezuela necesita más información, necesitamos tener certezas”, dijo Medina.

El dirigente político argumentó que el CNE debe informar cuanto antes las fechas de las presidenciales, ya que cifras de la Asociación Civil Súmate indican que 3 millones de jóvenes no están actualmente inscritos en el Registro Electoral. 

“No podemos permitir que hayan 3 millones de jóvenes sin inscribirse en el Registro Electoral. Es necesario conocer el cronograma electoral para que estos jóvenes tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto”, enfatizó.

Medina añadió que también es importante conocer la fecha de los comicios para preparar las misiones de observación electoral de la Unión Europea, Unión Africana, Centro Carter, Unión Interamericana de Organismos Electorales y expertos de las Naciones Unidas.

Sobre la candidatura de María Corina Machado, el dirigente político indicó que de igual manera es necesario que el CNE se pronuncie para conocer cuándo debe decidir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el mecanismo para resolver las inhabilitaciones políticas. 

Súmate insta al CNE a activar un proceso masivo de inscripción y actualización del registro electoral

La Asociación Civil Súmate también instó al CNE a activar un proceso masivo de inscripción y actualización del registro electoral para las presidenciales.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, Súmate recordó que el máximo órgano electoral dispone de seis meses para activar un proceso de inscripción y actualización masivo y suficiente en el Registro Electoral dentro y fuera del país.

La organización enfatizó que el CNE debe activar jornadas especiales con un despliegue de más de 1.500 puntos en todo el país y habilitar centros para el Registro Electoral en los 335 municipios del país. 

La Constitución establece que uno de los deberes del CNE es «mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Electoral». Cumplir este deber le exige acercarlo dentro y fuera del país a todos los venezolanos en edad para votar en las presidenciales de este año 2024″, se lee en un mensaje de Súmate en X.

Cronograma electoral

Por repunte de enfermedades respiratorias en algunos colegios de Anzoátegui retomaron uso de tapabocas

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Uno de los planteles donde se retomó esta norma fue en la Unidad Educativa José Leonardo Chirinos (público), así como en la Unidad Educativa Martín J. Sanabria (privado), ambos ubicados en Barcelona

En las últimas semanas, en algunos planteles educativos públicos y privados de la zona norte del estado Anzoátegui se retomó la norma del uso obligatorio del tapabocas por una presunta ola de enfermedades respiratorias que ha azotado a la población.

De acuerdo con un artículo de El Tiempo, la vocera de la Federación Nacional de Padres y Representantes (Fenasopadres) en la entidad, Gladys Kumbo, informó que no han sido notificados oficialmente sobre la decisión, por lo que, hasta el momento, no todas las instituciones se encuentran en el deber de cumplirla.

“Ante el elevado número de contagiados por gripe y otras afecciones respiratorias, algunos colegios, por decisión propia, han pedido el uso del tapaboca a su personal y otros incluyeron al alumnado”, indicó.

Obligatorio

Tras consultar a varios padres acerca de si tenían conocimiento de esta orden, se supo que en varias escuelas, sobre todo en Barcelona, comenzó a ser ley nuevamente la utilización del tapabocas desde este martes 8 de enero.

El citado medio añadió que, tal como en la época de clases semipresenciales por la pandemia de COVID-19, los estudiantes que no lo tengan, presuntamente, no podrán acceder a las instalaciones.

Uno de los planteles donde se retomó esta norma fue en la Unidad Educativa José Leonardo Chirinos (público), así como en la Unidad Educativa Martín J. Sanabria (privado), ambos ubicados en la capital anzoatiguense.

“Por más que parezca incómodo, me parece acertada la decisión de solicitar el uso del tapabocas, principalmente por la salud de los niños, que son los que suelen enfermarse más rápido. Sé de otras escuelas donde solicitan a los representantes no mandar a los niños con gripe, lo que también es positivo”, dijo Elvira Rojas.

*Con información de El Tiempo

Productos y canales: el cambio que trae la nueva ley de seguros

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Los microseguros y seguros inclusivos, así como las FinTech y los canales alternativos para la venta de pólizas desencadenarán un cambio relevante en el sector

Víctor Salmerón/  @vsalmeron

El próximo 29 de marzo entrará en vigencia la reforma a la Ley de la Actividad Aseguradora, un texto que introduce cambios que deberían traducirse en productos para sectores excluidos, canales no tradicionales para la venta de pólizas y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la atención a los asegurados y disminuir costos.

Al mismo tiempo, las nuevas exigencias de capital y reservas podrían desencadenar un proceso de fusiones en un sector donde pocas empresas controlan la mayor parte de un negocio que se redujo tras la hiperinflación y el colapso de la economía.

Si bien la Superintendencia de la Actividad Aseguradora debe publicar normas específicas durante los 180 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley, fuentes explican que ya hay un trabajo previo y en el primer semestre de este año podrían entrar en vigencia buena parte de las transformaciones.

La base de la pirámide

La nueva ley introduce los microseguros, que básicamente deben enfocarse en el diseño de pólizas para la población que está excluida o como lo define el texto, “sectores socioeconómicos vulnerables”.

Los microseguros podrán ofrecer cobertura en áreas como salud, funerarios, accidentes personales, vida individual, vida colectivo, incendio, automóvil y “otras coberturas de daños para residencias o comercios”.

La ley también crea la figura de seguros inclusivos que deberán estar diseñados para sectores “excluidos o desatendidos” como jubilados, pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, microempresarios, emprendedores, artesanos y población rural, entre otros.

La clave para las empresas que decidan aumentar la base de clientes será el diseño de productos estandarizados que se amolden a la economía informal, con distribución rápida y masiva para ahorrar costos porque los márgenes son pequeños.

Nuevos canales

Aparte de las empresas de seguros y los corredores las pólizas, a fin de ampliar la penetración, podrán venderse a través de “canales alternativos” como la banca, empresas de servicios públicos y privados, establecimientos comerciales como farmacias, gremios y asociaciones.

Además, se amplía el espectro con la inclusión en la ley de las FinTech, empresas que utilizan nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas o el Blockchain para ampliar la penetración, disminuir costos y mejorar el servicio de las empresas de seguros y los canales alternativos.

Un aspecto clave es que, por ahora, los canales alternativos no podrán vender pólizas de salud. No obstante, María del Carmen Bouffard, presidenta ejecutiva de la Cámara de Seguros, explica que la Superintendencia puede ampliar el tipo de pólizas a ser vendidas a través de canales alternativos.

“El microseguro puede ser de salud pero no está contemplado en el canal alternativo y esto limita la posibilidad de que llegue a la mayor parte de la población”, dice María del Carmen Bouffard.

Mediante la figura de la asistencia financiera, donde el cliente recibe una suma de dinero que puede emplear para cualquier necesidad en caso de ocurrir alguno de los eventos previstos, ya hay experiencias en Venezuela en el mercado de bajos ingresos.

Por ejemplo, a través de sumas pequeñas como diez dólares al mes, una familia de hasta seis miembros pude estar cubierta con una asistencia de 50 dólares diarios por cinco días en caso de accidentes, hospitalización o cirugía.

Esas empresas utilizan canales digitales para que la distribución sea masiva. Una de las tecnologías más utilizadas en Latinoamérica es la de Paralife, una compañía suiza con una plataforma tecnológica que facilita la protección financiera en sectores desatendidos.

Menos tiempo

La Ley disminuye desde treinta hasta veinte días el plazo máximo que tienen las aseguradoras para pagarle a los asegurados. Los días comienzan a contarse una vez se haya entregado el último recaudo o del informe de ajuste de pérdidas, si fuese el caso.

En el caso de retardo el asegurado podrá reclamar “la corrección monetaria que acuerde la jurisdicción ordinaria”.
Pedro Raaz, abogado experto en seguros, considera que en la ley hay un vacío importante porque no se establece plazo alguno para que las aseguradoras paguen a las clínicas y esto abre la puerta para que algunas aseguradoras incurran en retrasos.

“La Ley debería observar el tema como un ecosistema en el que también debe protegerse a las clínicas porque son una pieza esencial en la cobertura de salud”, dice Pedro Raaz.

Sector exigido

El capital mínimo para operar aumenta porque de estar fijado en 290 mil unidades tributarias pasa a estar relacionado con el tipo de cambio de referencia que es el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor negociada en las mesas de cambio de la banca.

Para las empresas que aspiren a operar en ramos generales y ramos de vida simultáneamente el capital mínimo, en bolívares o títulos del estado indexados, debe ser equivalente a 590 mil veces el tipo de cambio de referencia.

Pedro Raaz resume que hay un entorno de mayor exigencia porque “hay nuevos controles y más atribuciones de supervisión para el órgano regulador, se crea una nueva reserva por insuficiencia de primas y se incrementan los capitales mínimos para constituir y operar en el sector”.

“Esto pudiera conducir a la desaparición o al redimensionamiento de muchos actores, quienes a la fecha han visto mermada su capacidad de colocación de negocios, debido a la compleja situación económica imperante en el país” agrega Pedro Raaz.

María del Carmen Bouffard explica que el sector va a plantear la posibilidad de que cada empresa de seguros presente un plan de ajuste a ser aprobado por la Superintendencia para adecuarse a las nuevas normas de capital.

El concentrado

Un termómetro para evaluar al sector asegurador es que el ingreso por las primas no es suficiente para cubrir el costo de los siniestros, los gastos de funcionamiento y las comisiones de los corredores que captan clientes. Cuando esto ocurre, las compañías registran pérdidas técnicas, es decir, la actividad medular del negocio reporta cifras rojas.

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora registra que al cierre de octubre de 2023 las pérdidas técnicas suman 2 mil 735 millones de bolívares.

No obstante, gracias a los ingresos provenientes de la gestión del reaseguro, a las posiciones en dólares que impactan positivamente el balance cuando el Banco Central ajusta el tipo de cambio oficial y a la inversión de las reservas, el sector obtiene al final un resultado positivo por el orden de 341 millones de bolívares.

Una característica clave de los seguros en Venezuela es la concentración del negocio en pocos actores en momentos en que la torta a disputarse se ha reducido notablemente.

Las cifras de la Superintendencia indican que cinco empresas de seguros (Mercantil, Caracas, Pirámide, Internacional y Mapfre) controlan 66,8% del mercado y las 45 empresas restantes se reparten el resto.

El empobrecimiento y achicamiento del mercado queda claro al observar que 78% de las primas cobradas corresponden al ramo de salud y solo 5,9% a automóviles.

Rescatan a más de 40 adolescentes de una facción peruana del Tren de Aragua

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La Policía Nacional del Perú informó que detuvieron a nueve peruanos y un venezolano como principales imputados de la red de trata de personas ubicada en los distritos occidentales de Lima

Con información de EFE y La República (de Perú)

La Policía Nacional del Perú rescató el 7 de enero a más de 40 niñas y adolescentes en Lima, Perú, que eran explotadas sexualmente y ofrecidas mediante un catálogo virtual de la banda peruana «Los hijos de Dios», vinculada a la organización delictiva venezolana «El Tren de Aragua», como presunta responsable de trata de personas y explotación sexual.

La Policía Nacional  del Perú informó, a través de su cuenta en X (antes Twiter), que agentes de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN) y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), así como efectivos de la comisaría Barboncitos en el centro de Lima desarticularon a la banda «Los hijos de Dios» durante un allanamiento de 14 inmuebles.

Entre esos inmuebles hubo cuatro discotecas en los distritos de San Martín de Porres, Callao y San Miguel, en el este de la capital peruana.

En el operativo se detuvo a 10 personas, nueve de nacionalidad peruana —José Luis Yaulli Chanamé (de 30 años), Shirley Stefanni Palomino Neyra (36), Junior Omar Reyes Bermejo (40), Julio Raúl Molina Achulle (63), Deivid Hernán Alféres Toribio (26), Giovanni Nelson López Quintana (39), Fernando Dionicio Vásquez (40), Moisés Aldave Barzola (53) y Kathy Liliana Cóndor Torres (48)— y una de nacionalidad venezolana, Keiber José Mendoza Adarfio (23). 

Redes de trata más allá del Tren de Aragua

Las operaciones policiales han sido supervisadas por el comandante general de la Policía peruana, Jorge Angulo, y por el jefe de la Región Policial en Lima, general Roger Pérez.

Angulo declaró a la emisora RPP que los detenidos son 8 hombres y 2 mujeres «los cuales pertenecen a una organización criminal de trata de personas y explotación sexual en San Martín de Porres (un distrito de Lima)».

«Así como esta organización, hay muchas otras también. Nosotros estamos trabajando permanente con el Ministerio Público y el Poder Judicial, de tal manera que podamos tener tras las rejas a sujetos que aprovechan la vulnerabilidad de los menores», agregó el jefe policial.

Añadió que, tras el operativo contra la explotación sexual y rescate de adolescentes a cargo de la Policía y la Fiscalía, se coordina a través de la Unidad de Protección Especial con la Fiscalía Especializada contra la Trata de Personas de Lima Norte, para «brindar atención y cuidado a las adolescentes rescatadas».

La mayoría de las víctimas eran venezolanas

La Policía Nacional  del Perú destacó que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad venezolana.

En una investigación realizada por la Alianza Rebelde Investiga (conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual) junto al medio colombiano El Espectador se reveló que el Tren de Aragua extorsiona a las niñas, adolescentes y mujeres adultas a través de WhatsApp bajo la promesa de ofertas laborales en establecimientos de comida o concursos de belleza, para luego ser llevadas a una red de explotación sexual que abarca a Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 

Si sospechas que eres una víctima de explotación sexual, puedes contactar a los siguientes números de emergencia por país: 

Colombia: 018.000.2020 o desde la aplicación de teléfonos móviles LibertApp

Ecuador: 1800 Delito (335486)

Perú: 51-1-2043270 o 51-1-2043272

Chile: +562-2708-1043 (Brigada Investigadora de Trata de Personas) o al 600-400-01-01 (Call Center de Denuncia Anónima)

Espacio Público registró 383 violaciones a la libertad de expresión en 2023

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En diciembre, la ONG documentó, al menos, 32 violaciones a la libertad de expresión, de las cuales 7 se registraron durante la cobertura del referendo consultivo del 3 de diciembre

La organización no gubernamental Espacio Público documentó 383 violaciones a la libertad de expresión durante el año 2023.

De acuerdo con dados preliminares de la ONG, que suministraron a EFE, esta cifra representa una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.

Asimismo, el registro indica que la mayoría de las violaciones fueron “intimidación” y “censura”, con 121 y 99 hechos, respectivamente, seguidos de “hostigamiento verbal”, con 47, y “amenaza”, con 38.

Según la organización el año pasado cerró con, al menos, 31 restricciones administrativas, 30 hechos relacionados con “hostigamiento judicial”, 16 agresiones y un “ataque”.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (120), que representan el 44,9 % del total, además de la “ciudadanía en general”, con 40 víctimas, el 14,9 %, señaló Espacio Público.

Por otra parte, el 35,5 % de los “victimarios” fueron “instituciones del Estado”, seguidos de “funcionarios”, que representan el 21,4 % del total, y “cuerpos de seguridad”, con un 20,6 %, según la organización.

En diciembre, la ONG documentó, al menos, 32 violaciones a la libertad de expresión, de las cuales 7 se registraron durante la cobertura del referendo consultivo celebrado en Venezuela el 3 de diciembre sobre la disputa territorial con Guyana por el Esequibo.

El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.

Según la SIP, en el país “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.

*Con información de EFE