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Liberalismo de a pie

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Este liberalismo pedestre que no se deja dominar de dogmas y catecismos es el que deberíamos hacer un esfuerzo por analizar, de ello va a depender mucho el futuro del país cuando venga su reconstrucción

 

@juliocasagar

Como el escribidor de esta nota carece de la formación académica y profesional para debatir sobre el tema del liberalismo y su ventaja o no sobre otras doctrinas económicas, nos permitiremos relatar una experiencia concreta que probablemente ayude a echar un poco de luz sobre este debate, a ratos agrio y críptico, entre los especialistas.

Corría la última década del siglo pasado y en Venezuela ya había levantado vuelo el proceso de descentralización política, con la aprobación de la elección directa de gobernadores y alcaldes.

Electos estos funcionarios, el segundo paso fue trasladar competencias del poder central a las regiones. Se trató de un acto de justicia, porque en Venezuela, a pesar del triunfo de Zamora y Falcón, la Federación no paso de ser un monumento en el centro de Caracas frente a Miraflores. Los estados que integraban la República nunca tuvieron, en realidad, responsabilidades y competencias. Claro, en Venezuela, la Constitución ha solido ser “un librito amarillo”.

Entre estas competencias, se transfirió la de la administración de puertos y aeropuertos. El único requisito formal para asumirla, era el de aprobar una ley por parte de la entonces Asamblea Legislativa, regulando la materia y asumiendo el control de los espacios físicos.

El gobernador Salas Romer dispuso que el proyecto de ley que se fuera a presentar se discutiera con los más variados sectores que hacían vida en el puerto. Fue en una de esas sesiones de discusión, donde comienza la experiencia concreta que sirve de base a la conclusión que asomamos en esta nota. En realidad, fue una de esas anécdotas de las que uno aprende más que en cualquier clase de la universidad o cualquier tratado en la materia.

Veamos: habíamos ido a la Cámara de Comercio de Puerto Cabello a realizar una discusión del proyecto con representantes de las principales agencias navieras de la región, muchas de las cuales son centenarias en la prestación de este servicio.

Al regresar a mi oficina de Valencia, me dicen que tengo una llamada de uno de los asistentes a esa reunión a quien le urgía hablarme. Les resumo lo que contó este amigo: “Cuando te fuiste de la reunión, se quedaron los representantes de las empresas discutiendo cómo se podía hacer para formar una sola compañía que se encargara de la administración del puerto”.

Pues, así como lo leen: los piaches de la libre empresa, los líderes empresariales de la ciudad, estudiaban cuál era la mejor manera de monopolizar el servicio, una vez que fuera transferido al estado Carabobo (esta fue la primera pista de lo que no había que hacer).

Luego llego la segunda pista: estábamos en Curazao en una delegación encabezada por el gobernador, para observar el funcionamiento del puerto. Recorríamos las instalaciones en un autobusete. El puerto lucía limpio, pulcro, realmente se podía comer en el piso. El representante de la única empresa operadora hablaba de las virtudes del servicio y en un momento dado señaló: “una de las cosas que hemos logrado es que se acaben los robos, ya no hay ladrones en el puerto”. En ese momento, se pone de pie el representante de la Cámara de Comercio y le interrumpe diciéndole: “discúlpeme, todavía queda un ladrón”. Sorprendido, le pregunta el flamante administrador portuario: ¿cuál? El dirigente empresarial le responde: “ustedes, que cobran lo que les da la gana; cambian las tarifas sin consultar y no podemos reclamarle a nadie”.

Estas pistas, como se ha dicho, llevaron al gobernador a descartar el mecanismo de entregar el puerto en concesión a una empresa y a proponer en la ley graves sanciones a quienes trataran de cartelizar las tarifas o ejercieran prácticas monopólicas. El puerto seguiría en manos del estado y se OBLIGABA (mayúsculas ex profeso) a las empresas, a competir en precios y calidad de servicio.

Para no entrar en una discusión académica, para la que, lo repetimos, no estamos preparados, vamos a reseñar de seguidas cuáles fueron los resultados de esta decisión política, sobre la administración del servicio:

Cuando el servicio se administraba desde Caracas, por el INP que estaba en un edificio de Las Mercedes, donde ni siquiera se ve el mar, el puerto tenía en su nómina, entre fijos y eventuales, más de 3000 personas. El primer año de transferido, esa cifra llegó a 120. Aquí, vale pena anotar esta lindura: los trabajadores fijos (una “cortesía” del contrato colectivo) bastaba que trabajaran 4 días a la semana. En ese momento, pedían un reposo, entraba un eventual y el fijo recibía su salario completo, más el porcentaje que le correspondía al eventual por lo que hacía por carga, descarga, estiba y caleta. Esto, como era lógico suponer, generaba una mafia de tráfico de reposos en el IVSS, que llegó a ser de proporciones babilónicas.

Cualquiera preguntaría, a justo título: ¿pero no se entorpeció la labor del puerto con esa reducción dramática del personal? La respuesta es rotunda. No, no solo no se entorpeció, sino que el promedio de estadía de un barco pasó de alrededor de 110 horas atracado, a menos de 36, el primer año. En menos de un año, las aseguradoras abolieron las sobreprimas que cobraban a armadores y exportadores al puerto por conceptos de ineficiencia e inseguridad. Puerto Cabello se convirtió en el principal punto de llegada y salida de mercancías, no solo de Venezuela, sino también del Norte de Santander.

Y “last but not least”. El puerto, que daba 1500 millones de bolívares de pérdidas a la nación, comenzó a ingresar, el primer año, 800 millones al estado Carabobo, del cual, por la ley, el 10 % debía ser invertido en la ciudad de Puerto Cabello.

La moraleja de este cuento está escrita en mayúsculas (ex profeso) más arriba: la palabra así, escrita es OBLIGAR. Efectivamente, el Estado, que tiene las facultades de obligar, debe hacerlo cuando el sentido común lo recomiende.

Si el estado Carabobo, no se queda con el CONTROL (otras mayúsculas ex profeso) y procede a entregar el puerto a un privado, este pequeño milagro no se habría producido. Desgraciadamente para ellos y afortunadamente para los carabobeños, en otras regiones de país, procediendo de acuerdo con el manual (teóricamente liberal), se entregaron las instalaciones portuarias a empresas únicas y, en pocos meses, perdieron competitividad y eficiencia.

Como advertirá el lector, este liberalismo pedestre que no se deja dominar de dogmas y catecismos es el que deberíamos hacer un esfuerzo por analizar, de ello va a depender mucho el futuro del país cuando venga su reconstrucción.

Los amigos economistas y académicos en la materia se servirán disculpar la temeraria incursión de este lego de a pie en un tema tan complejo y espinoso.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

AN chavista con la mirada puesta en Consejo Moral Republicano

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Después de varios períodos vencidos y en víspera de una elección presidencial, el parlamento oficialista pretende renovar al Fiscal, Defensor del Pueblo y Contralor 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 274 de la Constitución Nacional, el Consejo Moral Republicano está llamado a “prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo”.

Según el texto constitucional, el Poder Ciudadano conformado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General tiene la misión de combatir la corrupción y garantizar el correcto funcionamiento del Estado.

Sin embargo,  informes de organismos internacionales han ubicado a Venezuela en los últimos lugares en materia de corrupción y Estado de derecho en las últimas dos décadas. 

Apenas el pasado 5 de enero, el recién reelecto presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, notificó que este año buscarán renovar al Consejo Moral Republicano, máximo organismo del Poder Ciudadano.

“Tenemos pendiente la elección, a través de los mecanismos que la Constitución establece, de los órganos del Poder Público que tienen ya sus periodos vencidos para este año. Nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscala general de la República, del contralor o contralora general de la República, y del defensor o defensora del Pueblo”, dijo el exministro de comunicación, alcalde de Caracas y rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es la primera vez que la AN “electa” en 2020 hace una oferta similar, puesto que en mayo de 2022 el asunto fue sacado a colación por el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, José Gregorio Correa, quien semanas después admitió que el asunto no estaba “en el radar”.

La última vez que la AN designó a los integrantes del Poder Ciudadano fue en diciembre de 2014, cuando reeligió a Luisa Ortega Díaz como jefa del Ministerio Público y nombró a Tarek William Saab y a Manuel Galindo como defensor del pueblo y contralor general de la República, respectivamente; para el período 2015-2022. 

Pero en agosto de 2017 Ortega Díaz fue destituida de su cargo por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y en su lugar fue nombrado Tarek William Saab.

La remoción de Ortega Díaz se produjo luego de que ella rompiera con el oficialismo y acusara a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de incurrir en una “ruptura del hilo constitucional”.

Pese a que el cargo de fiscal debe ser ocupado por una persona independiente, Saab fue gobernador del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en dos períodos, miembro de la ANC en 1999 y luego diputado de la primera AN.

En vista de los nexos de Saab con el Gobierno chavista, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) decidió en 2016 degradar a la Defensoría del Pueblo y  quitarle la posibilidad de hablar en las instancias de Naciones Unidas. 

“(La Defensoría del Pueblo) no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”, denunció la alianza en su momento.

Apenas el año pasado, la cercanía de Saab con el Gobierno alarmó a la ONU y durante el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recibió una reprimenda. 

“Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia”, declaró un miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Defensor que no defiende

A pesar de haber iniciado su carrera en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la labor del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ha sido reprobada nacional e internacionalmente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela lo acusó de ignorar “de manera sistemática y deliberada las denuncias de violaciones a los derechos humanos”. 

La ANC también designó a Elvis Amoroso como contralor general, esto, luego de que Manuel Galindo renunciara días después de admitir que la corrupción en el país era “galopante”.

Amoroso se desempeñó como secretario de la ANC del fallecido presidente Hugo Chávez y hasta 2015 fue diputado a la AN tanto por el oficialista Movimiento Quinta República (MVR) como por el PSUV. Luego de no ser reelecto en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, Nicolas Maduro lo designó consultor jurídico del Palacio de Miraflores y en 2017 participó en los comicios de la ANC. Hoy en día funge como presidente del CNE.

Actualmente el cargo de contralor está asignado temporalmente a Jhosnel Peraza, quien era el subcontralor y había sido llevado a la Contraloría por el mismo Amoroso. 

En los nombramientos de Saab, Ruiz, Amoroso y ahora Peraza, la ANC no aplicó el procedimiento previsto en el artículo 279 de la Constitución de 1999, que obliga a convocar un comité de evaluaciones de postulaciones, el cual se encarga de recibir las candidaturas de los interesados y revisar sus credenciales.

Con información de Acceso a la Justicia

 

LEA. Las perlas sin brillo de Maduro en su Memoria y Cuenta

Informe Otálvora | Maduro se escuda en Lula tras amenazar a Guyana

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El jefe militar guyanés Omar Khan recibe honores militares al abordar la nave británica HMS Trent el 29DIC23. Foto: @HMSTrent.

Despliegue militar ordenado por Maduro, en caso de realmente haberse realizado, fue una reacción propagandística

 

@ecotalvora

El barco de guerra británico HMS Trent, cuya presencia en Guyana desató histeria militar en la dictadura venezolana, no estuvo anclado frente a costas del territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, según información develada por la propia propaganda del régimen.

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A raíz de la amenaza de acción militar contra Guyana hecha por el canciller del régimen chavista, Yvan Gil, durante una reunión de ministros de exteriores y defensa celebrada en Brasilia el 22NOV23, el gobierno guyanés informó a sus socios internacionales sobre la posición anunciada por el enviado de Maduro. Guyana, en tanto miembro de la Commonwealth, mantiene una relación especial con el Reino Unido, su antigua metrópolis y el 24DIC23, el Ministerio de Defensa británico anunció que su buque patrullero HSM Trent (P224) que iniciaba operaciones en el Caribe, realizaría una visita a aguas guyanesas. “El HMS Trent visitará Guyana, aliado regional y socio de la Commonwealth, a finales de este mes como parte de una serie de compromisos en la región durante su despliegue de la Tarea de Patrulla Atlántica”, dijo el 23DIC23 una fuente del ministerio británico a la BBC.

La presencia del HSM Trent en aguas del Caribe, procedente de la costa occidental de África, respondió a una rotación de naves de guerra británicos. El Trent reemplazó al HMS Medway (P223) que previamente realizaba tareas antinarcóticos en el Caribe y pasó a mantenimiento en Gibraltar. El 29DIC23 el HSM Trent, anclado frente a las costas de Guyana al este del río Esequibo, recibió la visita de brigadier Omar Khan, jefe del comando militar de Guyana quien llegó acompañado de la Alta Comisionada británica en Guyana Jane Miller. Se trató de una visita de diplomacia militar y no de realización de ejercicios militares. El armamento principal de la patrullera británica lo constituye un cañón de 30mm y dos ametralladoras pesadas calibre 50, muy eficiente en operaciones de interceptación de navíos, pero sin representar una amenaza militar contra algún país.

En tanto, en Caracas, el régimen había ordenado la ejecución de una operación militar “defensiva” desde el 28DIC23 para enfrentar a la patrullera británica. El régimen anunció que en la “Acción Conjunta general Domingo Sifontes” participarían más de cinco mil efectivos militares del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana, con movilización de aviones de combate, incluyendo los pocos aviones de combate F16 que permanecen operativos en Venezuela, aeronaves de combate Sukhoi, helicópteros, además de fragatas, buques de transporte y un largo listado de equipos militares. A su vez, Maduro se quejó ante Lula da Silva acusando al presidente guyanés, Irfaan Ali, de violar la llamada “Declaración de Argyle” firmada en San Vicente de Las Granadinas el 14DIC23 en la cual Maduro e Irfaan Ali acordaron “que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia”. Dado que esa declaración convirtió a Lula en virtual árbitro de la Guyana Esequiba, el 29DIC23 la cancillería brasileña emitió un comunicado, ante la solicitud de Maduro, en la cual manifestó que “el gobierno brasileño cree que deben evitarse manifestaciones militares de apoyo a cualquier partido, para que el proceso de diálogo en curso pueda dar resultados”.

El 31DIC23 el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino, hizo saber que su jefe había ordenado el “repliegue” de parte de los “medios aeronavales” supuestamente movilizados por la visita del barco británico a Guyana. A esa hora ya el HMS Trent navegaba en dirección a Barbados para continuar con sus operaciones antinarcóticos. Según un gráfico mostrado por canales de Tv del régimen, la nave partió desde aguas de Guyana que no están en disputa. El despliegue militar ordenado por Maduro, en caso de realmente haberse realizado, fue una reacción propagandística que confirma el motivo de política interna que mueve el repentino interés del chavismo en el tema del reclamo territorial de la Guyana Esequiba.

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Pese a que Venezuela sufre una recurrente crisis de generación de electricidad que conlleva a rutinarios apagones y racionamientos en el interior del país, los gobiernos de Maduro y Lula da Silva, en compañía de un grupo empresarial brasileño amigo del chavismo, planea negocios para la exportación de electricidad a Brasil.

El 07MAR19, ante la sistemática caída del suministro eléctrico desde Venezuela y agravado por las tensiones políticas entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el gobierno de facto de Maduro, Brasil decidió suspender el consumo de electricidad procedente de la represa de Guri en Venezuela. La línea que une Guri con el estado Roraima en el norte amazónico brasileño comenzó a ser negociada durante los gobiernos de Rafael Caldera en Venezuela y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Finalmente, su construcción fue adelantada por Hugo Chávez quien ordenó a fuerzas militares reprimir violentamente a comunidades indígenas que se oponían al proyecto. En 2001 la conexión para surtir de electricidad venezolana al estado Roraima, fue inaugurada por Chávez, Fernando Henrique Cardoso y Fidel Castro. El negocio de la electricidad quedó en manos estatales: Electronorte por Brasil y Corpoelec por Venezuela.

El deterioro del sistema eléctrico venezolano a lo largo de dos décadas de gobierno chavista comenzó a impactar también a Roraima por caídas de tensión y apagones, el único estado brasileño no conectado a la red de generación y distribución eléctrica de Brasil. El megaapagón del 07MAR19 en Venezuela impactó igualmente al norte brasileño dependiente de la electricidad de la represa Guri. La decisión del gobierno Bolsonaro fue suspender indefinidamente la compra de electricidad venezolana por lo cual Roraima regresó a la utilización de generación local termoeléctrica.

En 2019, Bolsonaro retomó el proyecto de construir una línea de poco más de 700 kilómetros que conecte a Roraima con el estado Amazonas. Pese a que el tendido eléctrico sería construido en paralelo a la carretera BR-174 ya existente, la izquierda brasileña se ha opuesto al proyecto alegando que atraviesa tierras del “Territorio Indígena Waimiri Atroari”. Permisos ambientales y el supuesto rechazo de los indígenas Waimiri-Atroari mantiene paralizado la ejecución de un proyecto que Bolsonaro había declarado como de “interés para la defensa nacional” de Brasil.

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Los empresarios brasileños Joesley e Wesley Batista, dueños de la empresa JBS, tenida como la mayor productora de proteínas animales en el mundo, diseñaron el esquema para hacerse del negocio de la importación de electricidad de Venezuela y de la eventual obtención de subsidios estatales brasileños. Los Batista han sido proveedores del régimen venezolano y en 2015 fueron anfitriones de Diosdado Cabello, el cogobernante jerarca chavista, quien visitó Brasil para revisar negocios de compra de carne por parte de Venezuela. En 2017, Joesley Batista ingresó al Palacio de Planalto, sede presidencial brasileña, para una audiencia con el entonces presidente Michel Temer. Con un sistema de grabación oculto, Batista obtuvo un audio de Temer como parte de un acuerdo de colaboración con la fiscalía brasileña. Los Batista habían sido notorios financistas de la campaña electoral de 2014 a favor de la petista Dilma Rousseff.

A pocos meses del regreso de Lula a la presidencia de Brasil, el 01ENE23, ya los hermanos Batista estaban en conexión con el régimen chavista para armar un negocio sobre electricidad venezolana.

Según reportó la revista brasileña Piauí el 19DIC23, los hermanos Batista por intermedio de su empresa Ambar Comercializadora de Energía, negociaban en marzo de 2023 con una empresa privada de Venezuela la compra de electricidad. En aquel entonces, según Piauí, Ambar notificó oficialmente al gobierno Lula sobre las negociaciones en proceso “con la empresa privada venezolana autorizada [por el régimen chavista] para exportar energía desde Guri”. Dado que la generación de electricidad en Venezuela está en manos estatales, el negocio implicaría que la dictadura chavista se dispone a venderle electricidad a una empresa privada venezolana, no identificada, la cual a su vez se la vendería a los empresarios brasileños quienes finalmente la facturarían a los consumidores brasileños. El tema fue tratado directamente por Lula y Maduro el 29MAY23 en Brasilia.

Lula ha mostrado particular prisa en iniciar el negocio de la electricidad en el esquema inventado por los hermanos Batista. Además de anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Maduro a pocas horas de regresar a la Presidencia, el gobierno Lula dejó saber el interés por reestablecer el abastecimiento eléctrico venezolano acusando a Bolsonaro de haberlo cortado por razones “ideológicas”. A principios de marzo, Ambar notificó al ministro de Minas y Energía de Brasil sobre el avance en las negociaciones con una empresa privada venezolana. El 04AGO23, Lula emitió un decreto para facilitar la importación de electricidad desde Venezuela.

El 13SEP23, Ambar informó al gobierno Lula que ya había firmado un contrato con la “empresa privada” autorizada por Maduro para negociar la electricidad venezolana. En esa comunicación, según reportó el diario Folha de São Paulo el 11DIC23, la empresa de los Batista incluyó el documento “Proposta de Importação de Energia Elétrica da República Bolivariana da Venezuela” el cual incluía los precios a los cuales se disponía vender la electricidad a Brasil. Esa propuesta fue remitida el 19SEP23 al “Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico” presidido por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, el cual aprobó la oferta de Ambar el 25OCT23 y la encaminó a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. El 24OCT23, Silveira estaba en Caracas para acordar detalles con su homólogo Néstor Reverol. El 30NOV23, fue publicada en el Diario Oficial de la Union, la resolución ministerial autorizando a Ambar como único importador de electricidad desde Venezuela.  El 19DIC23, la Agencia Nacional aprobó la estructura de precios propuesta por Ambar, el cual no se corresponde con electricidad generada en una hidroeléctrica. Todo indica que el gobierno de Lula ha favorecido a la empresa de los hermanos Batista aprobando sin licitación su negocio y autorizando el cobro de tarifas comparables con las de generación de electricidad térmica.

En tanto, en Venezuela persisten los racionamientos eléctricos diarios y por varias horas, en la mayoría de las ciudades del país.

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La dictadura de Nicaragua habría creado y puesto en operación un comando para el seguimiento y eventual asesinato de opositores exilados en Costa Rica. La versión corre en medios políticos costarricenses luego del atentado que sufriera el nicaragüense Joao Maldonado el 10ENE24.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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SOS Orinoco: la minería ilegal en Yapacana aumentó 15 hectáreas después de la «Operación Autana»

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La ONG advierte que el operativo militar no es efectivo, y que las comunidades mineras se desplazan a otras zonas del estado Amazonas para mantener sus actividades extractivistas e ilícitas o amparadas por cuerpos de seguridad del Estado

Con información de EFE

La ONG SOS Orinoco denunció este 16 de enero que está aumentando la minería ilegal y desplazamiento de las zonas minetas en la Amazonía venezolana pese al despliegue militar denominado «Operación Autana» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que tenía el fin de «erradicar» el extractivismo.

«La minería ilegal sigue aumentando en (Parque Nacional) Yapacana, a pesar del show mediático de la FANB», denunció la ONG en la red social X (antes Twitter).

La organización aseguró que el efecto del operativo ha sido «la propagación» de los mineros desalojados que «abren nuevas minas en el mismo ecosistema» en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia.

Aseguró que se están creando nuevas minas ilegales con «el visto bueno de la FANB».

Además, agregó que se calcula un daño ambiental de «15 hectáreas nuevas destruidas por la minería» en los meses recientes, que se puede ver desde imágenes satelitales.

En los últimos dos años, el Gobierno venezolano ha intensificado la lucha contra la minería ilegal en los estados amazónicos (Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas), lo que ha dejado decenas de detenidos y numerosas denuncias de ONG sobre presuntos abusos de autoridad por parte de militares contra comunidades indígenas.

En el tercer trimestre de 2023, las FANB desalojó a más de 12.000 «mineros ilegales» de los estados Bolívar y Amazonas, según los voceros de la institución, luego de que el mandatario Nicolás Maduro ordenase a los militares una «batalla» en el sur del país para «limpiar» la porción venezolana de la Amazonía.

Yo tengo un sueño

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Al fracaso reinante que nos despoja en la quiebra, lo derrotaremos unidos con el gran acuerdo de salvación nacional guiados por la Constitución

 

Hace 60 años, en agosto de 1963, Martin Luther King reveló la fuerza transformadora de los sueños cargados de verdades humanas fundamentales. En una marcha multitudinaria en Washington contra las cadenas seculares de la discriminación racista, el líder negro liberador invitó a compartir su sueño y convertirlo en una fuerza espiritual indetenible: I have a dream, “Yo tengo un sueño, sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel”. Ese sueño, portador de la más radical verdad, prendió el fuego inapagable en millones decididos a afirmar su humanidad sin fronteras y construir el mundo soñado.

Con el nacimiento del año nuevo en cada venezolano despierta un sueño. Tal vez no nos atrevemos a volar con él, pero soñamos un 2024 de CAMBIO. Cambio de la muerte que arrastra Venezuela a la vida que necesitamos y podemos. No importa el color político, los venezolanos más diversos y enfrentados amanecemos unidos en el silencioso clamor por el cambio.

No dudo de la buena fe de muchos que hace un cuarto de siglo sacudieron la política reinante, porque querían que Venezuela se abriera a quienes sufrían la exclusión. Pero luego de 25 años de “revolucionario” disfrute y manoseo del poder, es terrible el resultado: destruido el servicio público de salud, maltratada la educación pública en todos los niveles, con millones de niños con solo dos días de clase a la semana y educadores que no reciben sino 10 % de lo necesario para vivir y con más de la mitad de los centros educativos en condiciones físicas lamentables.

Miles de empresas cerradas y en fuga por el irresponsable “exprópiese”, otras arrebatadas por el Estado y no pocas en quiebra. En 8 años el producto nacional perdió el 70 % y la hambreadora inflación venezolana alcanzó en el 2023 el primer puesto mundial. Millones de desempleados y subempleados rebuscando para sobrevivir y 7 millones de venezolanos obligados a buscar su vida en países extraños, porque aquí no hay lugar para ellos. La Venezuela, antes considerada “rica”, está en la indigencia con el salario mínimo más bajo de toda América Latina, con el debate público silenciado por imposición del monopolio excluyente del partido “socialista”, con persecución y presos políticos y la libertad de los medios de comunicación social secuestrada por la sola y única verdad oficial. Hasta la gasolina, el agua y la luz se nos esconden…

No voy a seguir con esta letanía de desastres, pues tengo la convicción de que los venezolanos, militares y civiles, conocemos y sufrimos este cuadro de destrucción catastrófico que solo se da en las peores posguerras. Por eso todos queremos CAMBIO. Nadie (ni de un lado ni de otro) se resigna a que sus hijos queden condenados a la “no vida” actual. Todos tenemos un sueño de nueva vida, aunque nos parezca casi irrealizable.

Al comienzo del año lo importante y necesario es descubrir que ese sueño mío es de todos, y que treinta millones de venezolanos estamos unidos en el mismo sueño. La oportunidad y el reto de este año es hacerlo realidad, pasando de “yo tengo un sueño” a “nosotros tenemos un sueño”.

Este año 2024 es privilegiado para la vida política y para el CAMBIO que toda Venezuela necesita y anhela. Basta con que tomemos en serio la Constitución (unos y otros, los que la hicieron y los que se opusieron) y que renazcan liderazgos políticos renovados y centrados en el único y difícil reto: el CAMBIO DEMOCRÁTICO. Millones de venezolanos nos encontramos en la encrucijada electoral, esperanzados y dispuestos a hacer valer el voto unido en la candidatura de cambio, como expresión de la voluntad soberana de su sufrimiento.

Elecciones libres y competitivas y al mismo tiempo acuerdos por encima de las locuras vividas en las últimas tres décadas en las que nos excluimos unos a otros. Nosotros tenemos un sueño. Este paso del “yo” al “nosotros” es la clave del resurgir nacional y es lo que tenemos que defender los civiles y los militares por encima de pequeñeces partidistas que nos han traído a la ruina.

No es solo un buen deseo, es la esperanza y la responsabilidad común luego de escoger entre la muerte continuada y la vida que rebrota con vigor. Al fracaso reinante que nos despoja en la quiebra, lo derrotaremos unidos con el gran acuerdo de salvación nacional guiados por la Constitución.

Ya destacan liderazgos que son novedosos en la medida en que su propuesta de cambio está centrada en el dolor de millones de víctimas hoy carentes de educación, empleo, ingreso, salud, libertades, democracia… Esa es la condición indispensable para que el Acuerdo de Salvación Nacional tenga raíces fuertes en toda la población. Quienes dirijan esta novedad y este CAMBIO encarnan la esperanza inclusiva y activarán en toda la población las energías necesarias para la reconstrucción. Este sueño de todos los venezolanos necesita también una gran solidaridad mundial, para la muy ardua tarea de renovación nacional, a partir de las actuales ruinas.

En esta dirección tenemos que ir unidos todos los demócratas para la elección presidencial de 2024 y todas las otras renovaciones político-electorales que están previstas en la Constitución. Si tomamos en serio este sueño de Año Nuevo, se convertirá en una fuerza indetenible para rescatar y reconstruir el país.

Caracas, 12 de enero de 2024.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Contabilizaron 1003 conflictos laborales en 2023, la mayoría por conflictos salariales

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Durante el mes de diciembre, esta organización contabilizó 46 conflictos laborales, 22 menos con respecto a noviembre, protagonizados -en su mayoría- por trabajadores de escuelas y liceos

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó este martes, 16 de enero, que en Venezuela se registraron 1.003 conflictos laborales durante el año 2023, la mayoría motivados por la exigencia de “salarios dignos”.

“El Inaesin registró 45,95 % menos casos en 2023 que los 1.856 de 2022, un año de alta conflictividad laboral”, explicó la organización en los datos difundidos.

Asimismo, la organización señaló que los reclamos del año pasado estuvieron liderados por el sector público, pues el 90 % del total de peticiones y denuncias vinieron de este grupo.

El Inaesin remarcó que, además de las quejas por el salario, los detonantes de protestas laborales en 2023 fueron la exigencia de mejores condiciones laborales y la negociación de convenciones colectivas.

Durante el mes de diciembre, esta organización contabilizó 46 conflictos laborales, 22 menos con respecto a noviembre, protagonizados -en su mayoría- por trabajadores de escuelas y liceos, quienes exigieron una mejora de sus remuneraciones.

Este lunes, durante su rendición de cuentas anual a la nación, Nicolás Maduro aumentó a 100 dólares el ingreso mínimo de los empleados públicos a través del Bono de Guerra Económica (que llevó a 60 dólares), el cual no genera pasivos laborales, mientras que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.

En paralelo, y a propósito de la conmemoración del Día del Maestro en el país, los docentes tomaron el lunes 15 de enero las calles de Caracas y varias regiones en la que fue la segunda jornada de protestas del año, a fin de rechazar los “salarios de hambre” y exigir un aumento, entre otras solicitudes.

*Con información de EFE

Imponen régimen de presentación al equipo de María Corina Machado

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El abogado Omar Mora Tosta informó que Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Henry Alviarez y Roberto Abdul, integrantes del equipo de trabajo de María Corina Machado tienen orden de presentación cada 15 días

 

El abogado penalista Omar Mora Tosta acompañó el lunes 15 de enero a varios integrantes del equipo de María Corina Machado a los tribunales. Informó que se les  impuso como medida cautelar presentarse cada 15 días por delitos relacionados con una supuesta conspiración.

El pasado 6 de diciembre, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, dijo que las ciudadanos Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela; Pedro Urruchurtu, Coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela; Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela; y Roberto Abdul, co-fundador de la ONG Súmate, quien en días previos había sido citado por la Fiscalía para ofrecer declaraciones tras la celebración de las elecciones primarias, formarían parte de los operadores políticos afines a Guyana.

El abogado Mora Tosta indicó que Macero, Alviarez Urruchurtu y Abdul tienen una medida cautelar que les permite «continuar con su vida, pero limitada».

«Esto es una descabellada versión en la que supuestamente hay una conspiración que no existe. Esto es la muestra de un nuevo episodio de la persecución en contra de estas personas», detalló el abogado Omar Mora Tosta.

De la misma manera, el representante legal indicó que esperan que esta causa sea sobreseída en la audiencia preliminar que debe estar por celebrarse.

Sobre Roberto Abdul, el abogado Mora Tosta recordó que fue víctima de una desaparición forzada tras haber sido detenido el pasado 6 de diciembre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin haber una investigación que soportara esa medida, ni sus abogados ni familiares supieron de él hasta que lograron la libertad por medio de una medida cautelar.

El abogado se interrogó en este caso específico si exaltar el ejercicio democrático y la vigencia del voto por medio de una ONG es es una conspiración.

Claves | El bullying en la educación es una constante para miembros de la comunidad LGBTIQ

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Se aproxima que en Venezuela hay alrededor de tres millones de personas de la comunidad LGBTIQ, de acuerdo a Quiteria Franco, Coordinadora General de la ONG Unión Afirmativa

Foto: País Plural

La Organización No Gubernamental País Plural compartió su «Informe final de presentación de datos de investigación 2023», un texto de 100 páginas que se puede encontrar en el sitio web de País Plural en el que  describen la realidad y retos a los que se enfrentan las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, específicamente en Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua y La Guaira. 

El informe final “Nuestra Comunidad” está dividido en siete capítulos: caracterización de la muestra, seguridad personal y no violencia, participación política, discriminación en el ámbito laboral, necesidades y condiciones acceso a la salud, ámbito educativo y necesidades y condiciones de vida.

Entre los resultados más relevantes, destacan los altos niveles de bullying en el ámbito educativo que reportan los encuestados en esta investigación. Así como también la discriminación en el sistema sanitario y la violencia o abusos de autoridades a los que se enfrentan en su cotidianidad.

Desde Runrun.es resumimos los hallazgos más importante de la investigación en forma de claves. 

Caracterización de la comunidad LGBTIQ+

Antes de iniciar, el texto advierte que: «Este estudio es de carácter exploratorio, lo que implica que los datos no pueden generalizarse a toda la población LGBTIQ+ de Venezuela, pero proporciona una valiosa primera aproximación a las características de esta comunidad».

Para la investigación, el grupo étnico con mayor porcentaje fue el de blanco-mestizo, con un 51.69%. El resto de los grupos étnicos estudiados fue: afro venezolano, blanco y otros.

La identidad de género más recurrente fue la de hombre cisgénero, la cual representó el 50% de la muestra. El segundo lugar lo ocupó mujer cisgénero, con 33.54%. El resto del porcentaje se dividió entre personas no binarias, personas trans y no definido.

Tabla sobre caracterización de la muestra 1
Tabla 1. Imagen: País Plural

En cuanto a la orientación sexual, el 41% se definió como gay y un 33% como bisexual. El otro 26% quedó distribuido entre lesbiana, pansexual, asexual y heterosexual. La edad más encuestada fue el grupo de 21 a 25 años, con un 42.55% del total. Seguido del grupo de 18 a 20 años (23.78%), 26 a 29 años (19.90%) y 30 a 36 años (13.77%).

Abuso de autoridad y violencia

El capítulo dos presenta datos sobre la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra la comunidad LGBTIQ, y se enfoca en los actos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Destacar que la mayoría de los encuestados no han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero el 35% ha sufrido al menos un tipo de abuso por parte de las autoridades venezolanas, ya sea violencia física, sexual o psicológica, detención arbitraria o extorsión.

Entre los grupos de personas con orientaciones sexuales específicas, la victimización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado varía, con tasas del 43% entre las personas que se declaran gay, 31% entre los bisexuales, 25% entre los pansexuales y 20% entre las lesbianas.

Víctima de violencia por identidad de género en Venezuela 2023
Tabla 5. Imagen: País Plural

Por otra parte, a pesar de ser una práctica retrógrada, el 13.28% de las personas encuestadas afirmó haber sido sometidas a terapia de conversión en algún momento.

Además, 42% de los hombres cisgénero, las personas no binarias y aquellas con otras identidades o que no se han definido han sufrido uno o más violaciones a sus derechos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Casos como el de los 33 detenidos en el estado Carabobo durante una fiesta privada en 2023 son muestra de lo vulnerable que son los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.

La comunidad LGBTIQ+ y su participación política

En el ámbito político, los miembros de la comunidad encuestados tuvieron una postura similar: hay desconocimiento o desinterés político; pero muchos conocen sus derechos ante la ley.

El informe concluye, en este capítulo, que el conocimiento sobre los derechos civiles y la participación política de la comunidad LGBTIQ+ es limitado.

Hasta un 84.09% de los encuestados no está al tanto de campañas gubernamentales de sensibilización destinadas a fomentar la aceptación y reducir la discriminación hacia las personas LGBTIQ+.

Asimismo, 89% de los encuestados indicó que no conocía de la existencia de políticas públicas que protejan y promuevan la igualdad de derechos para las personas trans, intersex o no binarias.

Conocimiento y participación en campañas o políticas de no discriminación
Tabla 17. Imagen: País Plural

Solamente el 7.77% de los encuestados indicó conocer reformas legales destinadas a eliminar la penalización de las conductas de las personas LGBTIQ.

Por otra parte, el 54.08% de los encuestados afirmó conocer el artículo 21 de la Constitución de Venezuela (todas las personas son iguales ante la ley). Pero, inversamente, 95% de los encuestados no ha participado en consultas públicas sobre temas relacionados con la comunidad LGBTIQ.

Menciona además el reporte que menos del 3% es militante de algún partido político. Y solo un 11.68% pertenece o trabaja con alguna ONG.

Discriminación laboral

Cerca del 70% de los encuestados no ha enfrentado discriminación en el trabajo. Mientras que el 30.84% restante ha experimentado situaciones de discriminación que los han llevado a considerar renunciar o incluso han sido despedidos.

La forma en que se presenta la discriminación laboral para la comunidad es variada. Por ejemplo, la necesidad de ocultar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, exclusión laboral y obstáculos o barreras injustas en el lugar de trabajo.

En el caso de las personas asexuales, 93% ha sentido la necesidad de ocultar aspectos de su identidad en el trabajo. Caso similar padecen las personas bisexuales, entre los cuales hasta un 80% ha experimentado este problema.

Discriminación en el trabajo según orientación sexual
Tabla 18. Imagen: País Plural

En cuanto a la discriminación en el trabajo por etnia, hasta un 74% de los encuestados afrovenezolanos respondió que no ha enfrentado situaciones de exclusión laboral en función de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

El capítulo cierra con una serie de recomendaciones para abordar la discriminación laboral contra la comunidad LGBTIQ+, tales como la implementación de políticas y prácticas inclusivas, la capacitación de los empleados y la promoción de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

Comunidad trans, la más discriminada por el sistema sanitario

El sistema sanitario de Venezuela representó un lugar incómodo de acudir para miembros de la comunidad LGBTIQ+. Casi el 43% de las personas trans afirman haber experimentado discriminación por parte del personal de salud.

Por otra parte, el 20.74% de las personas cisgénero masculinas indica haber experimentado discriminación por parte del personal de salud. Cifra que se reduce hasta el 13.26% en el caso de las mujeres cisgénero.

Discriminación por parte del personal de salud según identidad de género
Tabla 36. Imagen: País Plural

A pesar de estos datos, al acudir a una institución o empresa sanitaria, el 60% de los encuestados ha ido a una revisión médica en los últimos 6 meses. Y poco más del 50% decidió ir a una clínica privada para hacer su chequeo médico.

El grupo que más acude a revisiones médicos resultó ser el de personas gay y bisexuales. Siendo los que más han ido a una revisión médica en los últimos 3 meses.

La comunidad trans venezolana ha sufrido pérdidas importantes. Específicamente, desde 2008 hasta la fecha, se han reportado 93 mujeres trans víctimas de asesinato en el país.

El 100% ha sufrido bullying

En el ámbito educativo, hay datos que despiertan preocupación por el alto porcentaje en cuanto a discriminación y acoso

El 100% de los encuestados sufrieron alguna forma de acoso en la institución educativa en la que estuvieron.

Tabla 36. Imagen: País Plural
Gráfico 31. Imagen: País Plural

Tan solo un 16.23% afirmó haber recibido planes educativos sobre diversidad, expresión de género, identidad de género y no discriminación.

En cambio, el 90% aseveró desconocer la existencia de políticas contra el acoso escolar o académico relacionado con la identidad de género, orientación sexual o expresión de género en su escuela.

Solo un cuarto de los encuestados comentó que sabían de la posibilidad de denunciar casos de acoso escolar o académico por razones de identidad de género, orientación sexual o expresión de género.

Necesidades y condiciones de vida

Finalmente, respecto a la situación de vida actual, se categoriza en dos rubros: trabajo y vivienda.

El informe menciona que, sin importar su identidad de género u orientación sexual, más del 55% de los encuestados tiene empleo. Algunos casos, como las personas asexuales, bisexuales y gay, este número se eleva hasta 73%, 66% y 81% respectivamente.

Nivel de ingreso comunidad LGBTIQ+ Venezuela 2023
Tabla 4. Imagen: País Plural

En términos de identidad de género, el 80% de hombres cisgénero trabaja. Mientras que 66% de las mujeres cisgénero, 65% de los no binaries y 56% de Otro o no definido también tienen una actividad laboral remunerada.

En contraste, 56% de las personas trans no tienen trabajo, una de las cifras más llamativas en este aspecto. 

Ingresos  entre  201$  a  500$  son los más  frecuentes,  representando  el 24.66%. Le sigue el rango de ingresos de 101$ a 200$, con 23.28%. Mientras que el 18.97% informó ingresos superiores a 501$ mensuales. Otros rangos de ingreso incluyen de 61$ a 100$ (14.66%), 11$ a 60$ (12.24%). Solo el 5% de los encuestados informó que sus ingresos mensuales son 10$ o inferior.

En cuanto al lugar de residencia, la opción más común es en casa de un familiar o amigo, con el 52.32%. Seguido por el 27.03% que tienen su propia vivienda y el 19.27% que vive en una vivienda alquilada.