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Casi 30 mujeres murieron de manera violenta en Aragua durante 2023

Se reportaron 11 suicidios 

 

De acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia, 29 mujeres murieron de forma violenta en Aragua durante el 2023. Del total de fallecimientos, 18 fueron homicidios y 11 suicidios.

En el renglón homicidios, 12 fueron femicidios y seis asesinatos con causas relacionadas a amedrentamiento y venganza por parte de bandas delictivas organizadas, robos por delincuencia común, cobro de deuda por drogas y un homicidio no determinado de una mujer no identificado, cuyo cadáver fue encontrado con heridas de arma blanca en el municipio Sucre.

Los meses de agosto, enero, mayo, marzo y abril fueron los más violentos llegando a aportar el 69% de las víctimas femeninas. 

Por su parte, el 75% de los delitos en contra de mujeres ocurrieron en los municipios: Girardot Zamora, Ribas, Mariño, Mario Briceño Iragorry y Francisco Linares Alcántara.

La violencia afectó a cerca de 100 mujeres

De las 400 víctimas de violencia que reportó el OVV en 2023 en el estado Aragua, 93 eran mujeres (23,25%) con edades comprendidas entre 2 y 88 años de edad. 

El Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua explicó que, de los 93 delitos, 64 fueron no letales: maltrato físico (41,18%), lesiones (14,71%), rapto y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (NNA), (8,82% cada uno). 

Asimismo hubo femicidios frustrados (7,35%), abuso sexual (5,88%); amenazas de muerte (4,41%), secuestros y extorsión (2,94 % cada uno).

Los tipos de violencia se clasificaron en: de género (56,99%), autoinfligida (11,83%), interpersonal (10,75%), intrafamiliar (8,60%), delincuencial (7,53%), ocasionada por la delincuencia organizada (2,15%) y finalmente las violencias: estructural y policial con 1,08% cada una.

Aragua se ha caracterizado por ser uno de los estados más violentos y no en vano es cuna de la organización criminal más fuerte: el Tren de Aragua, cuyos tentáculos pasan las fronteras venezolanas e incluso llegan hasta Estados Unidos.

En Chicago, la policía detectó la movilización de integrantes de la  organización delictiva desde octubre de 2023. El Jefe de policía del suburbio de Willow Spring, Garry McCarthy informó que la facción del Tren de Aragua en esa ciudad está operando principalmente en el tráfico de personas latinas en Estados Unidos. 

 

Con información de Observatorio Venezolano de la Violencia

 

LEA TAMBIÉN: Tren de Aragua logró traspasar la barrera migratoria de Estados Unidos

Las consecuencias para los ciudadanos de una eventual aprobación de ley contra las ONG

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Alí Daniels señaló que con el proyecto de Ley contra las ONG, el gobierno está perjudicando a millones de venezolanos que están en “una situación muy difícil”

 

El codirector de la organización venezolana Acceso a la Justicia, Alí Daniels, analizó las consecuencias de la eventual aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

El pasado 12 de enero de 2024 la Asamblea Nacional retomó la discusión del proyecto que plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. El mismo contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Daniels enumeró, en entrevista a Provea,  varias consecuencias que podría traer esta ley y que recaerán principalmente en la sociedad civil más vulnerable producto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde hace varios años: 

“Implicará, si se aprueba, la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y, junto con ella, afectará otros muchos derechos porque al hacer prácticamente imposible la creación de ONG, la creación de asociaciones o fundaciones, imponiendo requisitos exorbitantes, se impide que la soberanía se organice y ejerza”.

“La participación en asuntos públicos también se verá afectada porque expresamente el proyecto de ley señala que, si una organización no ha cumplido con toda la infinidad de requisitos que allí se exigen, no puede participar porque no está registrado en el Registro que pretenden crear y que es adicional al ya existente”.

El proyecto de ley implicará que al final solo las organizaciones que el gobierno quiera tendrán personalidad jurídica y el resto serán declaradas de acuerdo a los propios términos de la Ley, inexistentes.

“Esta Ley no reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, las que ya se registraron, las que ya han cumplido con todos los requisitos de la ley actual y a esas organizaciones se les ilegalizan y se les obliga, a partir de cero, como que si nunca hubieran existido”.

“La ley obliga a que todas las organizaciones reescriban sus actas constitutivas, incorporen nuevos fines que la ley establece, nuevos objetivos que la ley establece que incorporen actividades con el gobierno, ente otros aspectos”. De acuerdo con la ley, se obliga a que las asociaciones incluyan como miembro a funcionarios públicos, algo que es realmente insólito”.

“Las consecuencias, sobre todo para las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos, es que lo más probable no se les permita constituirse, no se les dé la posibilidad de continuar”.

“Si una organización trabaja con indígenas waraos, por ejemplo, eso implica que debería estar inscrita, no solo en el estado Delta Amacuro, sino también en los otros estados donde ellos habitan, con lo cual la organización debe estar inscrita en Monagas, Bolívar y, si por ejemplo, no está inscrito en alguno de estos estados y si tiene una medicina en el Delta, pero tiene que enviarlas al estado Bolívar porque lo necesitan, no los puede trasladar porque la ley obliga que deben estar inscritas en los tres estados para poder hacerlo. Entonces, no estamos hablando aquí de sutilezas legales, ni de cosas leguleyas. Estamos hablando de vicios que atentan contra los más elementales derechos humanos”.

Los costos de mantenimiento de las organizaciones, que tendrán que tener estructuras fijas para renovar constantemente estos permisos, serán muy onerosos y eso tiene una repercusión práctica. “Por ejemplo, si un donante da un dinero para alimentar personas o dar medicinas, si antes daba 10 dólares, por poner un caso, y de esos 10 dólares los costos administrativos eran 0,5; ahora puede ser uno o dos dólares por cada 10. Entonces eso implica que, en vez de llegarle más ayuda, le va a llegar menos ayuda a la gente porque los costos operativos para mantener la organización se encarecen”, explicó Daniels.

“La ayuda humanitaria se ejecuta a través de Naciones Unidas, esa ayuda no la ejecuta directamente Naciones Unidas sino que quienes están en el terreno ejecutando esa ayuda humanitaria son las ONG y de ahora en adelante, muchas dejan de operar y Naciones Unidas no va a poder suplir esa falta y de esto estamos hablando, de las vidas en riesgo que pone este proyecto”.

Comité de DDHH de la ONU falla a favor de familia desalojada arbitrariamente en una OLP

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Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentó siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta

 

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) falló a favor de una familia desalojada arbitrariamente de su vivienda en un Operativo de Liberación para el Pueblo (OLP). 

Omaira Del Carmen Ramírez y sus dos hijos fueron víctimas de desalojo arbitrario por parte de funcionarios de seguridad durante un OLP realizado el 24 de agosto de 2015 en la localidad de Tanaguarena, en el estado La Guaira.

Ramírez, beneficiaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), denunció el 11 de noviembre de ese año haber sido víctima de desalojo forzoso e ilegal bajo el argumento de que “no la habitaba de forma regular”.

Tras el desalojo, funcionarios de la policía regional de Vargas y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) informaron a Omaira que el desalojo se producía por la “mala conducta” de uno de sus hijos, Anthony Jesús Ramírez, de 25 años, quien no residía con la autora y que no tenía antecedentes penales. 

La lucha por recuperar su vivienda 

Omaira Ramírez, con la compañía y el asesoramiento del equipo de Provea, interpuso una acción de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el ex ministro Gustavo González López, por haber violado su derecho constitucional a una vivienda digna.

Entre el 07 de abril de 2016 y el 31 de enero de 2017, Ramírez, junto a Provea, presentaron siete diligencias ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando pronunciamiento sobre la solicitud de amparo, pero no hubo respuesta.

Ante la ausencia de respuestas por parte del TSJ, Ramírez envió una comunicación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alegando la violación, por parte del Estado venezolano de sus derechos y los de sus hijos protegidos por los artículos 2, 7, 14, 15, 17 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y conforme al Protocolo Facultativo del Pacto.

Finalmente, este martes, 6 de febrero, El Comité informó al Estado venezolano que desea recibir información, en un plazo de 180 días, sobre la adopción de las medidas establecidas en la resolución. Además pidió que el dictamen sea difundido ampliamente por las autoridades venezolanas como mecanismo adicional de reparación y garantía de no repetición.

Política de terror contra el derecho a la vivienda

Más de 18.000 viviendas fueron allanadas durante la ejecución del OLP, según Provea. En ninguno de los casos, esos allanamientos -denominados “inspecciones” y “auditorias” por los funcionarios actuantes-, contaron con una orden judicial.

Igualmente, en muchas de las situaciones de allanamientos masivos, los habitantes de las comunidades dijeron que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se reportaron numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales.

Otras 1.490 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron “recuperadas” durante la ejecución de OLP a nivel nacional. Es decir, los habitantes fueron desalojados de forma arbitraria por las autoridades luego de haber sido estigmatizados y criminalizados.

Provea recibió denuncias de personas de nacionalidad colombiana residentes de urbanismos de la GMVV, quienes señalaron el trato discriminatorio y los atropellos recibidos por parte de funcionarios policiales y militares debido a su nacionalidad.

Programa de prevención del suicidio de la UCAB adelanta acciones para salvar vidas

Danny Socorro, S.J., director de la Escuela de Psicología de la UCAB, advirtió que la salud mental es un tema “tabú” y que el suicidio lo es aún más, “es invisible”

La Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) puso en marcha el “Programa de Prevención del Suicidio”, ante el aumento de la tasa de muertes por violencia autoinfligida en Venezuela.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2023 la tasa de suicidios subió a 8,2 por cada 100 mil habitantes, 6,5% más que en 2022. Los hombres protagonizan más de 80 % de los casos) y la depresión es el móvil en 86,1% de los sucesos reportados.

Desde el año 2002, Mérida lidera las cifras de suicidio: en ese estado andino, 15.5 ciudadanos de cada 100.000 habitantes se quitan la vida. Le siguen Táchira (13.6 personas por cada 100.000 habitantes), Distrito Capital (13.3), Trujillo (11.9) y Lara (10.2).

A juicio del director de la Escuela de Psicología de la UCAB, Danny Socorro, S.J., las cifras son preocupantes y constituyen un llamado a la acción.

De allí nació el Programa de Prevención del Suicidio, iniciativa que la Escuela puso en marcha como propuesta académica y de extensión para enfrentar este problema de salud pública.

De acuerdo con Socorro, el Programa tiene como propósito investigar este fenómeno e intervenir educativa y psicosocialmente en comunidades de Mérida, Zulia y Caracas. 

“Queremos salvar vidas”

Socorro comentó que en octubre del 2023, cuatro psicólogos investigadores de la Escuela de Psicología viajaron a Mérida y al Páramo para ejecutar la primera aproximación investigativa.

“Fue una experiencia profundamente movilizadora ante una realidad tan cruda y dura», comentó el sacerdote jesuita sobre los primeros pasos del proyecto”, señaló el sacerdote jesuita.

En ese sentido, informó que el plan de trabajo contempla ejecutar varias actividades, la primera de ellas el  «Campamento Psicosocial 2024», el cual se realizará en Santo Domingo, en el páramo merideño, del 18 al 25 de febrero. 

«También queremos replicarlo en otros estados como el Zulia, donde hay la menor tasa de suicidios, pero también en Caracas y a mediano plazo en todo el país. La finalidad es darle apoyo a la gente que ha sido víctima o está pasando por el duelo del suicidio y también ofrecer herramientas para prevenirlo. Queremos salvar vidas. Hemos encontrado que en las familias donde ha habido suicidios, hay intentos de otros. Es terrible. Además, sabemos que no es solo acercarnos e intervenir. La idea es que haya continuidad y esto lo lograremos con talleres formativos, actividades especiales y entrenamientos», dijo el director.

Socorro explicó que trabajarán con un equipo multidisciplinario que incluye a psiquiatras, psicólogos, criminólogos, abogados, periodistas, fundaciones, la Iglesia, el OVV, educadores y politólogos.

Un tema no visibilizado

Las razones por las que una persona comete suicidio son diversas y dependen de cada caso. Sin embargo, existen circunstancias externas  que afectan directamente al bienestar físico y mental de las personas. Advirtió que los suicidios son multicausales, pero se ha demostrado que las inestabilidades políticas y sociales generan muchos más.

«Una de las variables se confirma en Santo Domingo (Mérida), un poblado montañoso, y hay datos que indican que los países con esta topografía tienen más incidencia. Pero hay muchos más elementos. También es una población deprimida (en el sentido económico y social), era una localidad con una importante producción agrícola, de artesanías y turística, pero con los cambios políticos, sociales y económicos, están por el suelo», aseveró.

Agregó que, durante la primera aproximación que el equipo de Psicología UCAB tuvo en Mérida, en octubre de 2023, constataron que la violencia intrafamiliar y el alto consumo de alcohol son disparadores para los suicidios. Advirtió que estos resultados representan una pequeña parte, pues existen otros desencadenantes.

Entre ellos, uno de los aspectos que más llama la atención de los psicólogos de la UCAB es lo difícil que es para la sociedad buscar ayuda, hablar de salud mental. «El suicidio es un tema no visibilizado», comentó el padre Socorro, para quien son necesarias políticas públicas para atender y frenar esta situación.

«La salud mental sigue siendo un tabú y mucho más el suicidio es un tabú, un tema invisible. Familias que enfrentan el suicidio de un ser querido, por supuesto, están cargadas de muchas connotaciones sociales; entre ellas, la vergüenza. Pero también genera una gran culpa y eso hace que la gente se aísle mucho más y no hablan porque, además, genera mucho dolor», puntualizó.

Fedecámaras pide a la AN oficialista que presidenciales respeten acuerdos de Barbados

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Adán Celis también resaltó que las elecciones son «una ventana de expresión, a través de la cual es posible crear confianza, fomentar la reinstitucionalización del país y consolidar las bases para el crecimiento económico»

El presidente de Fedecámaras, Adán Celis, solicitó este martes 6 de febrero a la Asamblea Nacional (AN) chavista que las elecciones presidenciales se realicen «respetando lo suscrito en los Acuerdos de Barbados».

«La economía requiere de institucionalidad para desarrollarse. Es preciso que estos se realicen respetando lo suscrito en los Acuerdos de Barbados», dijo Celis durante una reunión con diputados de la AN chavista que elaboran una propuesta de «calendario electoral».

El acuerdo de Barbados estipula que presidenciales venezolanas se hagan el segundo semestre de 2024, así como una serie de garantías que incluyen la actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país, observación internacional y las auditorías previstas en las leyes, entre otros puntos.

El sábado 27 de enero, Gerardo Blyde comentó que ese cronograma debe ser discutido directamente con la Plataforma Unitaria.

Además de Fedecámaras, en la reunión de la AN oficialista también participaron representantes de Fedeindustria, Consecomercio, además de trabajadores de centrales ligadas al oficialismo.

«Los empresarios tenemos un rol importante que desempeñar en el futuro de Venezuela, por lo que debemos participar en aquellas instancias en las cuales se nos solicite nuestra opinión como ciudadanos, bajo un marco de respeto y reconocimiento como actores fundamentales en la dinámica económica y social del país», puntualizó Celis.

Celis también resaltó que las elecciones son «una ventana de expresión, a través de la cual es posible crear confianza, fomentar la reinstitucionalización del país y consolidar las bases para el crecimiento económico».

Recordó que corresponde al CNE organizar este proceso, y mencionó que no debe faltar la observación internacional, la revisión y actualización del Registro Electoral, así como la auditoría pre y post electoral.

https://twitter.com/adancelism/status/1754960070033412134

¿EEUU se acerca a Petro para que medie?

Estados Unidos y Colombia coincidieron este lunes, 5 de febrero, en que los acuerdos de Barbados, firmados por el gobierno y la oposición venezolana, deben respetarse. 

El presidente Gustavo Petro y el Asesor Principal Adjunto de Seguridad Nacional, Jon Finer, se reunieron en Bogotá para discutir a profundidad la situación en Venezuela y reafirmar la importancia de implementar todos los elementos del Acuerdo de Barbados.

En días previos, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió a Gustavo Petro que interceda ante Nicolás Maduro para revocar la inhabilitación política de María Corina Machado.

Instan a Corte IDH a sentenciar violación a derechos políticos en presidenciales de 2013

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En la audiencia pública del caso Capriles vs Venezuela, celebrada en la corte IDH el #7Feb, se instó a sentenciar que el
Estado venezolano violó derechos políticos, a garantías y protección judicial y a la libertad de expresión en presidenciales de 2013
Henrique Capriles estuvo representado en la audiencia en la Corte IDH por el abogado Ramón José Medina. El gobierno de Maduro no envió a ningún representante

 

En la audiencia pública del caso Henrique Capriles vs Venezuela, celebrada en la corte IDH el pasado 7 de febrero, se analizó la demanda contra el Estado de Venezuela por violaciones a los derechos políticos del excandidato presidencial, Henrique Capriles durante el proceso comicial extraordinario de abril de 2013, cuando se convocaron presidenciales por el fallecimiento de Hugo Chávez.

El propósito de la audiencia, como lo explicó el secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, fue “escuchar los alegatos finales del representante de la presunta víctima, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre la excepción preliminar y las eventuales reparaciones del caso”.

La representación de la Comisión Interamericana estuvo conformada por Erick Acuña Pereda Y Daniela Saavedra, ambos abogados asesores. Mientras que Henrique Capriles estuvo representado por el abogado Ramón José Medina, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. 

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron a la Corte IDH A sentenciar que el Estado venezolano violó derechos políticos, a garantías y protección judicial y a la libertad de expresión en las elecciones presidenciales de 2013. Además, el representante de Capriles denunció que en el país es una constante desde 1999 la “falta, falla y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales”.

Gobierno de Maduro, cuestionado y ausente

Al inicio de la audiencia, la jueza de la Corte IDH, Nancy Hernández López, destacó que el gobierno no envió a sus representantes: “El Estado de Venezuela no acreditó a gente que los represente en esta audiencia”

Erick Acuña Pereda, especialista en Derechos Humanos en la sección de casos de la CIDH, lamentó la no comparecencia del Estado venezolano en esta audiencia y recordó que la participación activa de los Estados “permite que este tribunal realice un mejor escrutinio de los argumentos materia del proceso”.

Acto seguido, Acuña Pereda comentó que la Comisión Interamericana, a través de sus diversos mecanismos de monitoreo, ha documentado y constatado “el serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela”. Como muestra de lo dicho antes, agregó que han identificado a lo largo de todos estos años represalias contra opositores, obstáculos y falta de independencia del órgano electoral.

https://twitter.com/CIDH/status/1755252724499636498

En concreto, y sobre el proceso electoral de 2013, recordaron que el 9 de marzo de 2013 el CNE convocó a elecciones presidenciales que se celebraron el 14 de abril del mismo año. El CNE proclamó como ganador a Nicolás Maduro con 50,61% frente al 49,12% de Henrique Capriles.

El representante de la CIDH recordó que Capriles solicitó la realización de una auditoría completa de los votos alegando múltiples irregularidades en el proceso, lo cual le negaron, así como también desestimaron otros recursos que el dirigente político intentó ante el Tribunal Supremo de Justicia

“En su informe de admisibilidad y fondo, la Comisión determinó la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de derechos políticos de Capriles, por las múltiples acciones del Estado destinadas a evitar que participara en el proceso electoral en condiciones de igualdad y sin ninguna
desventaja ilegítima”, recalcó Acuña Pereda.

Entre las irregularidades detectadas por la CIDH en las presidenciales de 2013 se identificó, en voz de Acuña Pereda, “el uso de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del PSUV, Nicolás Maduro, que era entonces presidente encargado. Se evidenció igualmente el uso de bienes públicos con propósitos proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en campaña electoral, el manejo
desproporcionado de medios de comunicación del Estado a favor del PSUV, la presencia de militantes con identificación del PSUV en los centros de votación y la represión contra grupos opositores, entre otras irregularidades y omisiones”.

La comisión también determinó la responsabilidad de Venezuela en la violación de derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Capriles. En ese sentido, enfatizaron que los recursos presentados por la víctima “no resultaron adecuados ni efectivos para remediar las violaciones descritas” y consideraron también que la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de “abocarse de oficio y rechazar sin motivación todas las causas del proceso electoral no fue adecuadamente justificada, en desmedro del principio de imparcialidad”.

Asimismo, denunciaron que las recusaciones formuladas contra la presidenta y miembros de la Sala Constitucional en el marco de estos recursos fueron declaradas inadmisibles por la propia autoridad judicial involucrada “sin considerar un análisis de los temores legítimos por la imparcialidad”.

La CIDH también determinó que el Estado vulneró la libertad de expresión de Capriles, tras comentar que se le impuso una multa por supuestamente ofender al Poder Judicial

El abogado de la CIDH reveló que este informe de admisibilidad y fondo sobre el caso fue consignado ante el Estado venezolano el 28 de enero de 2022, y le otorgaron dos meses para el cumplimiento de las recomendaciones.

“Sin embargo, el Estado no informó sobre medidas adoptadas para el cumplimiento de estas recomendaciones ni pidió prórroga. En vista de ello y ante la necesidad de justicia y reparación para la víctima, la comisión presentó este caso ante la corte”, precisó. 

 

Daniela Saavedra, abogada de la Sección de Casos de la CIDH, destacó que el Estado venezolano debe adoptar medidas reales que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos. 

“La suma de todos los elementos señalados permiten concluir que tanto las omisiones como las acciones deliberadas del Estado venezolano constituyeron una afectación al derecho a tener acceso, en  condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país en el marco de comicios electorales de 2013 en perjuicio de Henrique Capriles. La comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación del derecho establecido en el artículo 23 de la Convención Americana”.

Este artículo se refiere a los derechos políticos de los que deben gozar todos los ciudadanos,  “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Los abogados de la comisión interamericana también pidieron a la Corte IDH sentenciar la responsabilidad del Estado venezolano por la violación a derechos a garantías judiciales, protección judicial y derecho a la libertad de expresión de Capriles. También, exhortaron a que se apliquen medidas de indemnización y reparación al excandidato presidencial.

Respecto a la garantía de no repetición, la CIDH insistió en el que el Estado venezolano debe adoptar medidas que garanticen “la igualdad de candidaturas, salvaguardando la obtención de ventajas indebidas por el uso de recursos y bienes públicos” y recordaron a la Corte IDH que cualquier sentencia que emitan sobre el caso será “sumamente importante” en el marco del debilitamiento democrático en Venezuela para asegurar “un necesario proceso de reconfiguración de la institucionalidad y que los procesos electorales se desarrollen garantizando la igualdad de todos los candidatos, así como la relevancia del desarrollo de elecciones auténticas y libres”.

Piden señalamiento preciso contra el Estado

El abogado Ramón José Medina, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y en representación de Capriles, destacó al inició de su intervención que esperan que no solo queden en evidencia las violaciones a derechos políticos en el proceso electoral de 2013, sino que también “una normativa que dependa de una decisión de la corte pueda ser introducida en Venezuela de nuevo como un requisito fundamental para aplicación de las leyes en competencia electoral”.

Al mismo tiempo, recordó que en Venezuela desde 1999 se han vivido “serios conflictos con la aplicación de normas constitucionales”. 

“La intención del gobierno ha sido conculcar las instituciones, que han sido tomadas por representantes del partido del gobierno. Tanto en el TSJ como el CNE, o el Poder Moral, sus funcionarios son personeros abiertamente afectos al gobierno o han sido funcionarios o miembros activos del partido del gobierno, lo que evita la aplicación racional de la legislación venezolana y hace que el Estado de Derecho no exista en el país”, denunció. 

Respecto al 2013, recordó que la postulación de Maduro fue inconstitucional, porque ejercía doble cargo como presidente encargado tras la muerte de Chávez y también como vicepresidente de la República. “Él no podía ser postulado para las elecciones, pero el TSJ se valió de un artilugio, y utilizó un argumento de que no se había juramentado como lo ordena la Constitución porque había continuidad administrativa y no lo ameritaba, lo que trajo como consecuencia la convocatoria atropellada de elecciones siendo el propio Maduro el candidato a la presidencia”.

Destacó que también que el triunfo de Maduro fue proclamado pese a las “múltiples irregularidades” del proceso que denunciaron oportunamente y que enlistó: acortamiento del lapso de campaña, presencia excesiva del gobierno en medios públicos y privados, padrón electoral desactualizado, cierre de fronteras con cinco días de anticipación a la elección, voto asistido que violó el principio del voto secreto, propaganda electoral oficialista en centro de votación con presencia de  partidarios de gobierno, uso de recursos públicos para impulsar candidatura oficialista, abocamiento de oficio de la Sala Constitucional para conocer los recursos que había admitido la Sala Electoral cuando se presentaron, vinculación política de rectores del CNE con el gobierno (cuatro provenían de cargos públicos en el gobierno), desproporción en la multa a Capriles y violación al derecho a garantías judiciales de Capriles, entre otras.

Medina lamentó el retraso en las decisiones tanto de la comisión como de la corte por las limitaciones que tienen y que entienden “perfectamente”. No obstante, destacó que es vital que haya un “señalamiento preciso de la falta, falla y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales de Venezuela, que ha sido una constante desde 1999 hasta acá”. 

“Queremos que queden por sentado esas fallas en las que se incurrió, más la aplicación de la normativa que garantice elecciones libres, justas y democráticas en el país”, acotó Medina. 

Espacio Público: El Estado se mantiene como principal agresor de la libertad de expresión en Venezuela

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En noviembre de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura”

La organización no gubernamental Espacio Público reportó que en enero de 2024 se registraron 24 violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país, siendo el Estado el principal agresor.

De acuerdo con el reporte de la ONG, el total de casos representa una disminución del 29,4 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se computaron 34, según datos difundidos este miércoles, 7 de febrero.

En una nota de prensa, la organización precisó que la mayoría de las violaciones documentadas fueron “actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil”.

Aseguró que el Estado “se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país”, al señalar a instituciones, cuerpos de seguridad y funcionarios, además de “simpatizantes del oficialismo”, entre los responsables de estas violaciones.

En su reporte, Espacio Público incluyó el caso de dos periodistas a los que funcionarios de una empresa estatal “obligaron a borrar el material fotográfico y audiovisual” que habían tomado en una actividad de la compañía, y el de otro comunicador y activista social de Caracas que fue víctima de “intimidación y acoso” a través de redes sociales por parte de “simpatizantes del oficialismo”.

En noviembre de 2023, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en Venezuela, “igual que por muchos años”, se mantiene el “constante y sistemático régimen de censura” que “genera autocensura entre los medios” independientes.

Según dijo entonces la SIP, en el país “al menos dos emisoras salen del aire cada mes” por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a cuyo “criterio discrecional” están sujetos medios televisivos y radiales.

De acuerdo con datos preliminares de Espacio Público suministrados en enero a EFE, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión, una disminución del 17,4 % respecto a 2022, cuando se computaron 464.

*Con información de EFE

La matricula escolar disminuyó 10 % en Venezuela por la diáspora

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 Romeo indicó que actualmente los padres y representantes hacen un esfuerzo para mantener a sus hijos en los colegios.  Sin embargo, el tema de los pagos no es la única dificultad para la educación, debido a que factores como la deficiencia en los servicios públicos afectan el rendimiento de los planteles y quienes hacen vida en ellos.

Foto: EFE 

En al menos 10% ha disminuido la matrícula escolar como consecuencia de la migración en Venezuela, así lo afirmó Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) en una entrevista con José “Cheo” Noguera para “En Este País Radio”.

La cifra se conoció en un estudio realizado en  2023. El número más preocupante se presentó en el estado Nueva Esparta, donde el déficit y disminución es del 30%. “Muchos de estos padres y representantes prefieren mudarse a hacia algunas ciudades de tierra firme y eso afecta a los estudiantes”, explicó Romeo. 

Respecto al pago de los docentes en el sector privado, reveló que están devengando entre “180 y 250 dólares, incluyendo bonos, tickets de alimentación y todo lo que llaman trabajo integral”. Por otra parte, hay unos colegios muy reducidos que están pagando entre 400 y hasta 500 dólares mensuales. 

El presidente de Andiep agregó que “la Ley Orgánica del Trabajo hay que modificarla”, y que si se quiere pagar buenos sueldos, debe haber un incremento en el precio de la escolaridad.

Destacó que los padres que tienen que pagar entre sesenta y doscientos dólares por una mensualidad “están haciendo un gran sacrificio”. Advirtió que al día de hoy se está llegando a un 30% de morosidad, lo cual impide pagar en muchos casos los servicios de los colegios y a los trabajadores.

Los servicios públicos, otro dolor de cabeza

Sin embargo, el tema de los pagos no es lo único que afecta a colegios y docentes, pues la baja calidad de los servicios públicos también es un problema. En los centros educativos privados hay deficiencias, como en todos los niveles, y a pesar de elevarse los pagos en algunos servicios, aún no hay mejoría.

“La calidad no se mide únicamente por la infraestructura y un buen sueldo que tiene que tener un trabajador sino que también cómo te afecta el tema de los servicios, todo lo que tiene que ver en tu contexto, en tu alrededor, por ejemplo, la recolección de la basura”, explicó Romeo.

En los colegios de Caracas, mencionó Romeo, los colegios deben esperar de tres a cuatro días para la recolección de basura. En el caso de los que tienen contenedores cerca deben “pagarle a un particular” para que se lleve la basura.