El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció un nuevo esquema de tarifas bancarias a través de la Gaceta Oficial N.º 43.427, que introduce incrementos significativos en los costos por servicios financieros. El ajuste más drástico se observa en el piso mínimo de las comisiones para pago móvil y transacciones inmediatas, que pasó de 2 a 14 bolívares, lo que representa un aumento de siete veces respecto al tarifario previo de octubre de 2025.
El nuevo tarifario publicado por el BCV sustituye los límites máximos que estaban vigentes desde finales de 2025. Las cifras revelan incrementos que, en varios rubros, multiplican por siete los costos anteriores.
En el caso de los puntos de venta, las comisiones por el uso de tarjetas de débito oscilan ahora entre 1,5 % y 2 %, mientras que para las tarjetas de crédito el rango se ubica entre 3 % y 5 %. No obstante, el cambio de mayor peso para el comerciante es el mantenimiento mensual de los equipos propiedad del banco. El tope máximo para este concepto subió de 3.521,60 a 23.771 bolívares, lo que representa un incremento de casi siete veces.
El servicio de pago móvil, ampliamente utilizado tanto por personas naturales como jurídicas, también sufrió modificaciones en sus costos. Aunque las comisiones porcentuales para operaciones P2P (persona a persona) y C2P (comercio a persona) se mantienen entre 0,39 % y 2 % del monto transado, el cargo mínimo obligatorio se elevó a 14 bolívares. Este mismo monto mínimo de 14 bolívares se aplica ahora a débitos y créditos inmediatos, transacciones fallidas y reversos de transacciones.
Anteriormente, estos cargos por transacciones fallidas o reversos tenían un costo de apenas 2 bolívares.
Otros servicios bancarios básicos también registraron alzas considerables en sus topes máximos, entre ellos el mantenimiento mensual, referencias bancarias y estados de cuenta tienen ahora un tope de hasta 54 bolívares.
Comerciantes reaccionan
Ante esta realidad, los comerciantes manifiestan resignación e incertidumbre, al señalar que los nuevos costos operativos llegan en un momento de estancamiento en el consumo. Para el sector comercial, este incremento supone una presión adicional sobre márgenes de ganancia ya reducidos, lo que genera en algunos interrogantes sobre la viabilidad de mantener ciertos servicios de pago para sus clientes.
“Qué más nos van a cobrar, ya con lo que pagamos es demasiado”, dijo una comerciante caraqueña mientras consultaba las nuevas tarifas en su teléfono celular. En su establecimiento de venta de ropa, la decisión de aceptar ciertos métodos de pago se ha vuelto restrictiva debido a los altos costos asociados. “Solo a clientes muy específicos, que ya uno conoce, y de favor”, comentó la comerciante al explicar por qué prefiere evitar el uso de tarjetas de crédito en su local debido a las comisiones que debe pagar a la banca.
Pero la actualización de las comisiones no solo afecta a los comercios, sino que ha generado una ola de reacciones entre los ciudadanos en redes sociales, quienes ven cómo el uso de los servicios bancarios consumirá una porción mayor de sus ingresos.
En plataformas digitales, algunos usuarios plantean que estos costos obligarán a la población a retroceder en la digitalización de la economía. “Vamos a tener que volver al efectivo. Por todos lados quieren sacarnos la poca platica que hacemos para sobrevivir”, señaló Carlos Bencochea en redes sociales, añadiendo que los ciudadanos se sienten acorralados entre las políticas gubernamentales y la banca.
Otros usuarios, como Adelis Medina, cuestionaron la falta de billetes de alta denominación en circulación, sugiriendo que la banca “esconde el efectivo” mientras aumenta las comisiones por transacciones digitales.
Las nuevas tarifas ya están vigentes y los bancos comenzaron a aplicarlas a las transacciones de sus clientes, marcando u nuevo impacto en el costo de la vida.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.
Este domingo, 16 de agosto, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dignora Figuera pidió claridad en la cifras de presos políticos excarcelados desde el pasado viernes.
A través de su cuenta en X, Figuera quien lidera los diálogos con la presidencia interina, manifestó que “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.
Figuera aseguró que se mantienen vigilantes y haciendo esfuerzos para que se den las liberaciones. “Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena”, dijo.
Dignora Figuera insistió en que “en un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos”.
En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para…
El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, Gonzalo Himiob, informó este domingo que hasta el momento ha podido confirmar la excarcelación de 78 de los 131 presos políticos que anunció la vicepresidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, a través de un comunicado.
#16Ago 9:30 a.m. Hasta este momento, desde el 14 de agosto, en el @ForoPenal hemos podido confirmar la excarcelación de 78 presos políticos. Seguimos revisando y verificando.
Este sábado, Rodríguez aseguró que 1.046 personas que se encontraban privadas de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos políticos.
“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con los nombres de todos los excarcelados ni ha precisado las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las medidas.
Excarcelados continúan sometidos a procesos judiciales
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) denunció que los presos excarcelados en las últimas horas continúan sometidos a procesos judiciales y restricciones. “Excarcelar no siempre significa liberar”, recalcó el comité.
El Clippve, a través de su cuenta en X, exigió las listas públicas, verificación independiente, cierre de las causas arbitrarias y libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos.
🚨COMUNICADO | La libertad no se anuncia, se concreta: plena, verificable y para todos
El Gobierno interino de Venezuela anunció 131 excarcelaciones, pero hasta este 15 de agosto solo se han podido verificar de manera independiente alrededor de 70. Los presos políticos… pic.twitter.com/ILnNbrv90a
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 15, 2026
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Este viernes, 14 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y advirtió a los beneficiarios afectados que podrían quedar sujetos a deportación si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
El organismo incluyó a Venezuela en una lista de países cuyas designaciones de TPS han sido terminadas. Entre los países que quedan fuera de la protección están: Haití, Siriam Yemen, Afganistan, Camerùn, Nepal, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía.
El organismo publicó un mensaje dirigido a quienes perdieron esta protección migratoria: “SALGAN AHORA o serán DEPORTADOS”.
El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo. Sin embargo, este beneficio no concede por sí mismo residencia permanente ni otro estatus migratorio.
Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries.
La situación de los venezolanos ha estado marcada por decisiones administrativas y litigios judiciales desde que el gobierno de Donald Trump comenzó a revertir las extensiones otorgadas durante la administración anterior.
Alrededor de 600.000 venezolanos llegaron a estar amparados por las designaciones de TPS de 2021 y 2023. Unos 250.000 beneficiarios del grupo de 2021 perdieron la protección en noviembre de 2025, mientras que la situación de otro grupo ha estado sujeta a distintas órdenes judiciales.
USCIS señala actualmente que determinados beneficiarios que recibieron documentos con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 antes del 5 de febrero de 2025 mantienen su autorización de empleo y la validez de esa documentación hasta esa fecha, como consecuencia de decisiones judiciales relacionadas con el TPS venezolano.
Impacto diferenciado
La terminación del TPS no significa que todos los venezolanos anteriormente protegidos queden automáticamente en la misma situación migratoria.
Algunos beneficiarios pueden contar con solicitudes de asilo pendiente, residencia permanente u otra base legal para permanecer en Estados Unidos. USCIS reconoce que una persona cuyo estatus haya terminado puede tener otra vía legal que le permita continuar en el país.
Por esta razón, la situación dependerá del expediente migratorio individual de cada beneficiario y de las protecciones o solicitudes que se mantengan vigentes ante las autoridades estadounidenses.
*Con información de TC
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Los sismos del pasado 24 de junio agravan la parálisis del mercado secundario de viviendas en Caracas y sus alrededores. Numerosas casas y apartamentos sufrieron daños por el doble terremoto y las opciones de las familias afectadas para tener un techo son limitadas ante la baja oferta de viviendas para la venta, la falta de financiamiento y la severa contracción de los alquileres.
La urgencia ocurre en momentos en que los sectores de la construcción y el inmobiliario no han logrado una recuperación total de los años de crisis causados por la menor disponibilidad de materiales para construir, las regulaciones como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que golpeó el mercado primario, y la Ley de Arrendamientos que inhibió los alquileres, la restricción del gasto público y la ausencia de créditos por los ajustes al encaje legal (depósitos congelados en el Banco Central) que ha dejado a los bancos con menos margen de maniobra para prestar.
Aunque los años de menor liquidez y de restricciones en los créditos hipotecarios incidieron en los precios del mercado de compraventa de casas, donde los costos por metro cuadrado se ubicaron en mínimos históricos respecto a los de hace más de una década y representaban un escenario de oportunidad con valores rezagados, la falta de financiamiento impidió dinamizar las operaciones.
Persisten los cuellos de botella
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, los precios en el mercado inmobiliario subieron 30%, lo que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) aclaró que respondía a un cambio puntual en las expectativas y no a un aumento real de la demanda. Su presidente, Pablo González Travieso, dijo que, bajo una inflación de tres dígitos, brecha cambiaria y sin crédito hipotecario, el sector continuaba siendo un “mercado de compradores”, donde el incremento en el valor del metro cuadrado carecía de sustento macroeconómico.
Si bien los precios por metro cuadrado podrían bajar por la coyuntura, los cuellos de botella no se han terminado de corregir, pese a los anuncios de reformas legales y subsidios.
Las cifras oficiales muestran un panorama complicado. Según balances del Registro Único de Vivienda después del doblete sísmico, cerca de 18.000 personas quedaron sin hogar en las zonas afectadas por los sismos. De las más de 53.000 viviendas evaluadas al 10 de agosto, unas 12.411 están restringidas y 9.567 son de alto riesgo.
Aunque La Guaira absorbe el mayor peso de la devastación, en zonas de Caracas, así como en el eje mirandino y en Guarenas y Guatire, más de un millar de viviendas tienen compromisos estructurales y otras afectaciones de menor severidad. Y muchas familias no tienen la capacidad para costear los arreglos de sus inmuebles en medio de una inflación anual de 576%, de acuerdo con los datos del Banco Central y que, según analistas, se puede seguir acelerando.
La brecha entre el anuncio y la viabilidad
En paralelo, arrendar es una carrera cuesta arriba. El segmento de alquileres ya sufría una severa contracción de la oferta, no solo en Caracas sino también en La Guaira, San Antonio y el eje Guarenas-Guatire. En estas ciudades dormitorio de la región capital, la inseguridad jurídica acumulada llevó a numerosos propietarios a mantener inmuebles desocupados o a recurrir a contratos leoninos en divisas, con exigencias de pago de hasta un año por adelantado.
Frente a la urgencia de reubicar a miles de familias, el gobierno de Delcy Rodríguez apostó por reactivar el mercado de alquileres mediante la promulgación de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento. Y aunque el nuevo marco legal frena el exceso de garantías a un máximo de tres meses, promueve el arbitraje y formaliza el cobro en divisas, está por verse si la sola publicación en Gaceta Oficial será suficiente para mover a los propietarios a alquilar tras más de una década de desconfianza acumulada.
Junto al cambio de la ley de alquileres, en el parlamento también se prepara una modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria que buscaría que los privados impulsen el mercado primario de viviendas. Analistas señalan que la construcción podría crecer a tasas altas por la reconstrucción que se quiere no solo en vivienda, sino también en otras áreas de infraestructura. No obstante, la actividad depende del gasto público y del financiamiento interno y externo, que aún no se ha precisado.
¿Y la estructura financiera?
Adicionalmente, Rodríguez dijo que para la compraventa de viviendas habrá un plan de subsidios de hasta el 80% con créditos a 25 años por el monto restante. La efectividad de ese plan de subsidios y financiamiento —que según el Ejecutivo provendrá del Fondo Venezuela Renace— no depende de la banca comercial, la cual aclaró que actuará como simple administradora o adjudicatario de los recursos.
Y al igual que con los recursos para la construcción, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha detallado la estructura de financiamiento ni las fuentes de ingresos de dicho fondo para los subsidios, por lo que el éxito del esquema queda atado al 100% a la capacidad de caja del Estado. Sin respaldo presupuestario claro, el anuncio corre el riesgo de quedarse en el papel.
Hoy, con miles de familias desplazadas y viviendas inhabitables en las ciudades satélite, los planes gubernamentales no lucen como la solución inmediata que exigen quienes siguen durmiendo en carpas y refugios.
A un par de semanas del doblete sísmico, Síntesis Financiera advirtió en un informe que el plano fiscal y monetario, la escasez de reservas internacionales, la ausencia de espacio fiscal y mecanismos de financiamiento de contingencia, un régimen cambiario distorsionado y distorsionante, y con un sistema de pagos fracturado el margen de acción de las autoridades para mitigar el perjuicio a la actividad económica y financiar la reconstrucción sin recurrir al financiamiento monetario y reactivar la espiral inflación devaluación es limitado.
El dirigente político Juan Pablo Guanipa pidió este domingo la liberación de todos los presos políticos y afirmó que la justicia no puede aplicarse “por capítulos” en un país que busca recuperar la institucionalidad democrática.
En un mensaje público, insistió en que quienes permanecen detenidos por motivos políticos deben volver a sus hogares sin restricciones y retomar una vida normal.
Guanipa señaló que la persecución contra opositores “no se justifica” y acusó a la actual administración de haber sido “actora y cómplice” de detenciones sin delitos comprobados. Aseguró que la presidencia ejercida por el Gobierno es “totalmente ilegítima” y sostuvo que el país requiere un cambio político “pronto”.
El dirigente también instó a las autoridades a publicar medidas que garanticen la libertad plena de todos los detenidos por razones políticas. Recordó que el sistema judicial fue utilizado para perseguir a “decenas de miles” de ciudadanos y afirmó que ahora debe emplearse para corregir esas acciones y liberar a quienes permanecen privados de libertad.
En su mensaje, Guanipa reiteró que la liberación de los presos políticos es una condición indispensable para avanzar hacia un proceso democrático real. Subrayó que la exigencia central es que no quede ninguna persona detenida por motivos políticos en el país.
Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dignora Figuera pidió claridad en la cifras de presos políticos excarcelados desde el pasado viernes.
A través de su cuenta en X, Figuera quien lidera los diálogos con la presidencia interina, manifestó que “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.
El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, Gonzalo Himiob, informó este domingo que hasta el momento ha podido confirmar la excarcelación de 78 de los 131 presos políticos que anunció la vicepresidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Distintos candidatos con experiencia burocrática y relativo liderazgo en sus propias naciones, pero de conjunto representantes de corrientes ideológicas que han contribuido, en mucho, al desbarrancamiento de Naciones Unidas, a la pérdida de su norte desde inicios de los años 70, sobre todo a raíz del «quiebre epocal» de 1989, aspiran a dirigir a dicha organización. Es la que, teóricamente, habría de garantizar la seguridad y la paz en el mundo, privilegiando como límite de todo poder ―el universal y el de los Estados― el del respeto y la tutela efectiva de la dignidad de la persona humana.
António Guterres finalizará su mandato el venidero 31 de diciembre y ha dicho que la ONU se encuentra en el abismo. Se trata de un exprimer ministro, portugués, afiliado a la corriente socialista, que se dijo comprometido con los valores del catolicismo social, pero bajo la perspectiva pragmática de los socialistas democráticos.
Sus posibles sucesores son Michelle Bachelet, chilena, de izquierda neomarxista, que apoyó las desviaciones autoritarias del llamado socialismo del siglo XXI en América Latina; Rebeca Grynspan, costarricense, de extracción socialista democrática y exvicepresidenta de su país, con algunos años de recorrido dentro de la diplomacia multilateral.
Les siguen un argentino, Rafael Grossi, que se especializa en seguridad nuclear y es un diplomático de carrera entrenado para escuchar preguntas y saber cómo no responderlas; sumándose a la lista de aspirantes la ecuatoriana excanciller María Fernanda Espinosa, que se dice experta en lenguas, es progresista, léase, socialista del siglo XXI. Luego viene Carolyn Rodríguez-Birkett, socialista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas y trabajadora social, representante de su país, Guyana, en la Asamblea de la ONU, cerrando la nómina Macky Sall, expresidente senegalés. Es un ingeniero geólogo de centro derecha y liberal en lo económico, quien antes ejerció como primer ministro y se declara prooccidental.
Sall, sin embargo, siendo un reformista progresista según las redes, dio un viraje nada extraño a las desviaciones políticas en boga, al final de su mandato. Mostró que tras su máscara se oculta un autoritario legalista y conservador social. Intentó aplazar las elecciones en su país y dificultó la entrega pacífica del gobierno a su sucesor.
Es este el cuadro, no otro. Y, probablemente, ninguno de estos es consciente de que les espera como única tarea la del síndico de una quiebra dentro de una empresa sin destino. Ninguno, a todo evento, calza como para enfrentar y mirar a la cara de los titanes del viejo Oriente de las luces y del agónico Occidente de las leyes, Xi Jin Ping y Donald Trump, los verdaderos parteros del orden nuevo que a todos nos espera.
Lo que sí es real, en medio de esos liderazgos fuertes que se debaten por dibujar el orden mundial o global sucedáneo al del Holocausto, que rigió desde 1945, es que la salida de Trump no cambiaría el ya desprendido impulso que ha tomado Norteamérica como repartidora suprema del poder en los espacios de Occidente.
Ninguno de los señalados candidatos a secretario del organismo mundial califica, dada sus alineaciones previas, como para forjar una línea de equilibrio que, por una parte, no desconozca las realidades inéditas que han dejado de ser emergentes, a objeto de que encuentren su mejor descripción en el plano de lo normativo o prescriptivo: ¿una nueva Carta de San Francisco?; pero que a su vez, desde dichas dimensiones, la real y la jurídica, al término se acepte que siempre requerirán ambas de una tercera pata o dimensión para que puedan asegurar una paz y seguridad duraderas y estables en la Madre Tierra. Me refiero a la que ha de conjugar y resolver tras cada crisis internacional, desde el plano de la justicia, es decir, aplicando la fórmula que mejor predique en favor de la dignidad y libertad de la persona humana, lo que no es un imposible, tampoco una quimera.
Los padres del sistema mundial que nos legara la Primera Gran Guerra del siglo XX, la Sociedad de Naciones, creyeron que les bastaban los equilibrios de poder para sostener la paz entre todos. Y fracasaron. En búsqueda de ese equilibrio, humillaron tanto a los alemanes que abrieron las puertas del infierno con el nazismo.
Tras la Guerra de 1939, la segunda, aleccionadora y que desgarró severamente la conciencia universal con las cámaras de gas, fue posible construir ―de allí el impacto de los juicios de Núremberg― una arquitectura inteligente para la gobernabilidad y la gobernanza planetarias. Así como Alemania pudo levantarse y alcanzar su modernidad y liderazgo contemporáneos asumiendo como eje vertebrador de su orden constitucional, en 1949, el respeto de la dignidad humana, Naciones Unidas la asumió desde antes como su principio ordenador, por ende, limitante de la independencia y soberanía de los Estados.
Sensiblemente, la lógica del poder en el Consejo de Seguridad con sus esferas de influencia bipolar presentes impulsó al resto de los Estados, los no potentes o receptores del poder ajeno detentado por las grandes potencias, a atrincherarse tras los muros de la vieja soberanía. Los países africanos esgrimieron su derecho a la autodeterminación.
Así, a la par que se postergó y hasta banalizó desde el mencionado Consejo, en la Asamblea General y hasta en la Secretaría General, a ese eje de equilibrio crítico que desarrolla la Declaración Universal de Derechos Humanos, al final terminaron todos en el banquillo de los acusados. Se les ha hecho responsables de los genocidios y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del corriente, que estaban llamados a prevenirlos. Una vergüenza que aún escandaliza a las generaciones del presente.
Del liderazgo a la parálisis
Debido a la pandemia y la división global, dice Guterres en 2021 que “estamos al borde del abismo y avanzamos en la dirección equivocada”. Lo repite en 2024: “nuestro planeta está al borde del abismo”, eso sí, sin referirse a lo que hace o deja de hacer la ONU al respecto y sobre el poder real o virtual que detenta. Y en 2025, otra vez señala, ante las escaladas bélicas en el Oriente Medio y dados los enfrentamientos internacionales que “se encontraban al borde del abismo o amenazaban con caer en él.”
No yerra papa León XIV, entonces, al observar y alertar, con tino y sin estridencias, que Naciones Unidas ha perdido su capacidad para el multilateralismo. Le ha exigido a la organización, a la misma ONU, que vuelva a colocar a la persona humana en el centro de la lucha contra el hambre y la construcción de la paz. Ha criticado que la ONU haya perdido fuerza para fomentar el diálogo y resolver los conflictos internacionales. E insiste, en suma, que esta o retoma el camino de la cooperación o habrá que hacerlo “mediante otros medios” que privilegien lo humano. Pone a la ONU sobre el camino del drama, del ser o el no ser.
Atrás queda, por lo visto, aquella reflexión que daba cuenta, desde el plano de la razón práctica, del esfuerzo ingente realizado en la hora luminosa que siguió al señalado Holocausto; pues así como Hanna Arendt, desde su visual de periodista describe lo ocurrido durante la guerra como la “banalidad del mal”, a su turno Jacques Maritain, reseñando el debate habido para la adopción de ese nuevo Decálogo de la humanidad que quiso ser la Declaración Universal de 1948, afirmó que: «estamos de acuerdo en los derechos, a condición de que no se nos pregunte el por qué».
En los debates sobre dicha declaración hubo, sí, discrepancias teóricas al respecto, pero se resolvieron sobre la base de consensos prácticos (nada espurios ni relativos) al aceptar todos, léase todas las culturas y religiones, que compartían una conciencia moral común. “La humanidad comparte una misma intuición práctica sobre la dignidad humana, la cual no requiere una sola escuela de pensamiento para ser aplicada”, fue la máxima acogida durante los diálogos que promovió la UNESCO.
El peso de la ideología
Pues bien, tras ser señalados los órganos de Naciones Unidas ―el Consejo de Seguridad y la Secretaría General― de omisión sacrílega responsable por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Ruanda, en 1994, y abiertamente cuestionada por su incapacidad para afrontar la pandemia universal del covid-19 como para fijar las responsabilidades internacionales por los daños del riesgo transfronterizo causado desde China, los caricaturescos saldos que deja sobre sus caminos de desviación, y dados los antecedentes, son, entre otros, la Declaración de 2020 de los jefes de Estado en la que se comprometen con 12 mandatos para “proteger el planeta, promover la paz, garantizar la justicia internacional, y mejorar la gobernanza digital”. Una verdadera aporía, ante la ausencia de autocrítica. A uno de esos jefes de Estado, Nicolás Maduro, por cierto, lo extrajo Estados Unidos de su búnker y lo encarceló en Nueva York.
En segundo lugar y para no abundar más, queda la malhadada Agenda 2030, aprobada en 2015, que, a la par de haber acelerado la deconstrucción cultural en Occidente, y en nada comprometida con la reconstitución de la democracia y el Estado de derecho, se la reconoce por sus autores como otro fracaso.
Su errada premisa fue el hacer crecer hasta el infinito los derechos humanos, hasta alcanzar a los animales; pero sin democracia ni respeto alguno por los órdenes constitucionales y la Justicia. Y luego de 15 años sin resultados, a 7 años de vencerse, los jefes de Estado, tozudamente se han comprometido a acelerar, este 2023, el compromiso con el desarrollo sostenible ―el de la deconstrucción y el del cambio climático― en medio de la guerra de nueva generación que a todos envuelve y lo hace sin ruido, salvo el que provocan las redes.
La persona humana desplazada
Si volteásemos la cara, sin volvernos estatuas de sal, cabría dar cuenta que tras décadas de esfuerzos loables y desde distintos ángulos para que se retome el único sendero susceptible de humanizar la vida en el planeta, el del respeto a la persona y el ofrecerle a la persona garantías para la tutela y protección efectivas de sus derechos fundamentales con independencia de sus Estados de adscripción, lo constatable es la burla que a la misma Humanidad le significa la Corte Penal Internacional que nació con el siglo que avanza.
Mientras que la Asamblea de los Estados Parte de la Corte ha destituido al fiscal Karim Khan por “conducta inapropiada grave”, cuya hermana, además, asesora a Delcy Rodríguez, hoy designada por el presidente norteamericano como la dictadora interina de Venezuela, esta, referida durante una década como presunta criminal de lesa humanidad en los informes de la ONU, ayer anunciaba que retiró a su país de la Corte. Lo celebró, por si no bastase, el Departamento de Estado.
Lo veraz es que el escapismo sigue dominando en la ONU, mientras el terremoto de la guerra ―he allí a Ucrania, en las puertas que dividen al mundo― sigue su curso. Se distraen en la ONU dialogando sobre “medidas globales urgentes para mejorar la calidad del aire”, en Nairobi. Y Guterres, asumiendo su barranco, como para que algo de él registre su historia, mientras, vemos a la ciencia y al ingenuo humano avanzando con celeridad, sentencia la “falta de voluntad política, el egoísmo y la desconfianza” que observa. Esas tenemos.
Las variables que dominan sobre el vacío son otras. Avanza la gobernanza global por las plataformas sin Estado ni leyes capaces de sujetarlas; las naciones, antes agrupadas en Estados se dispersan, migran por sobre el planeta y asumen identidades varias; insurge y domina la virtualidad económica desde las finanzas y sus criptomonedas, que no plantan vides ni las podan o riegan y que es ajena a las manos callosas que vendimian y depositan los jugos en odres antes de venderlos para que sean catados y después escanciados en cada fogón familiar.
Un mundo sin árbitro
Entre tanto, repitiéndose el distanciamiento social que estrena en el planeta el covid-19, vivencia ominosa, ahora los migrantes se encierran y también distancian para salvarse; para que no los arrastren las “camisas pardas” (Sturmabteilung) o las SS (Schutzstaffel) de nuevo cuño. En distintas partes del planeta, no solo en USA, se planifican y ejecutan fríamente deportaciones en masa, previa escala en campos de concentración en los que recogen a sus miles de víctimas para hollarlas y hasta separarlas de sus hijos, los huérfanos del siglo XXI.
Eso sí, mientras el fuego envuelve a la Humanidad, diría el presocrático Heráclito de Éfeso que todo fluye y nada permanece inmóvil. Así el mismo fuego provocará la lógica de los contrarios, el equilibrio de los opuestos. Y para que esto último pueda ocurrir, otro secretario con auctoritas mundial suficiente ―no los burócratas del caso― habría de conducir el asentamiento de las capas tectónicas que trepidan y la organización de la globalización que posteriormente las asegure.
El 2026 arrancó con un giro inesperado: el 3 de enero se produjo la captura de Nicolás Maduro y su inmediato traslado a New York para enfrentar cargos por corrupción y narcoterrorismo. Cinco días después del hecho —que generó gran conmoción en todo el país— el Gobierno Nacional encabezado por Delcy Rodríguez, bajo la tutela de los Estados Unidos, ya hablaba de la liberación de “un número importante de presos políticos”.
El 8 de enero, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, en cadena nacional presentó las venideras liberaciones como un “gesto unilateral para afianzar la paz y la convivencia pacífica” en el país.
El 13 de enero, el titular de la Asamblea Nacional aseguró que más de 400 presos habían sido excarcelados. Aunque prometió una lista con los nombres, hasta el momento no ha sido difundida.
La cifra de excarcelaciones anunciada por Rodríguez contrastaba ampliamente con las registradas por el Foro Penal Venezolano, organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad. A finales de enero, la ONG informó que solo había podido constatar la liberación de 297 personas.
Febrero: la Ley de Amnistía
El 19 de febrero de 2026 fue aprobada por la Asamblea Nacional la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, la misma prometía otorgar el perdón a los ciudadanos procesados o condenados por cometer delitos políticos en Venezuela desde el año 1999.
El 20 de febrero, en rueda de prensa, directivos del Foro Penal analizaron en detalle la Ley de Amnistía y advirtieron que el instrumento presentaba vacíos críticos que mantenían vivo el engranaje represivo en Venezuela.
El 22 de febrero, Alfredo Romero, presidente de la ONG, recordó que desde el anuncio de Jorge Rodríguez solo se habían materializado 448 excarcelaciones.
Para el 23 de abril, el Foro Penal expuso en un publicación de X que desde el 8 de enero se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 (24,21%) han ocurrido en el marco de la Ley de Amnistía.
Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron la discrecionalidad con la que operaba la Ley de Amnistía, al excluir a personas acusadas o imputadas por violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, lesiones gravísimas, corrupción, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como a quienes hubiesen promovido o instigado sanciones e intervenciones extranjeras.
Dos meses después de la promulgación de la Ley, a Delcy Rodríguez se le quitaron las ganas de seguir dando amnistía: “Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la ley, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo Rodríguez, en horas de la noche del 23 de abril.
según cifras oficiales, la Ley de Amnistía benefició a 7654 personas, entre ellas 247 que estaban privadas de libertad y más de 7400 bajo medidas cautelares.
Reactivación del proceso
Seis meses después de la eliminación de la Ley de Amnistía, las liberaciones de los presos políticos se reactivaron tras el primer ciclo de diálogo entre el gobierno tutelado por los Estados Unidos y una fracción de la oposición dirigida por Dinorah Figuera.
La tarde del viernes, Delcy Rodríguez informó a través de un comunicado el “otorgamiento de medidas cautelares alternativas” a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban detenidas.
En el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, Rodríguez ratificó que continuará “apoyando las iniciativas del Gobierno Nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz de la República”.
Hasta el momento, el Foro Penal informó que han podido corroborar la excarcelación de 73 personas: 55 hombres y 18 mujeres.
Alfredo Romero precisó que 24 militares fueron excarcelados, pero quedan 141 militares tras las rejas. El director del Foro Penal insistió en que aún quedan más de 300 personas privadas de libertad por motivos políticos.
Delcy Rodríguez: 1.046 detenidos han regresado a sus hogares tras acuerdos
La vicepresidenta encargada aseguró este sábado, 15 de agosto, que 1.046 personas que se encontraban privadas de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos políticos.
“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con los nombres de todos los excarcelados ni ha precisado las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las medidas.
La cifra publicada por Rodríguez coincide exactamente con la que posteó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ayer.
“1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar”, manifestó el secretario.
Dirigentes opositores, activistas y ONG han reiterado que las excarcelaciones deben avanzar hacia la libertad plena de todas las personas consideradas presos políticos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) informó que las protestas en Venezuela aumentaron casi 180 % en el primer semestre de 2026, un aumento del 179,8 % respecto al mismo período del año pasado.
De acuerdo con el informe divulgado en redes sociales, se contabilizaron 3.495 protestas en el primer semestre de 2026, equivalente a 20 manifestaciones diarias en promedio.
La conflictividad social documentada durante el primer semestre de 2026 mantuvo una amplia cobertura territorial, con manifestaciones registradas en prácticamente todo el país.
Entre los estados que concentraron más protestas están: Distrito Capital (462), seguido por Miranda (414), Sucre (274), Bolívar (265) y Lara (263). La elevada incidencia registrada en estas entidades responde, en buena medida, a la convergencia de factores políticos, institucionales, económicos y demográficos.
La ONG señaló en el informe que las protestas relacionadas con los derechos civiles y políticos predominaron durante el primer trimestre, particularmente las exigencias de libertad para presos políticos, el respeto al debido proceso y el restablecimiento de las garantías democráticas.
📌 3.495 protestas durante este semestre ⭕️ 1.749 protestas por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) y 1.746 protestas por Derechos Civiles y Políticos (DCP) lo que marca una tendencia en la espiral de… pic.twitter.com/VogU4AVYAU
Estas demandas estuvieron “estrechamente vinculadas al nuevo escenario político derivado de los acontecimientos del 3 de enero”, cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro durante una operación militar, y al proceso de transición “bajo el tutelaje” de Washington, según el Ovcs.
En los primeros seis meses de 2026 se produjeron protestas para exigir derechos económicos y sociales. Trabajadores del sector público tomaron las calles para demandar salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el respeto a las contrataciones colectivas y la restitución de derechos laborales.
Los servicios públicos también fueron reclamados en el primer semestre de este año. Según el observatorio los venezolanos exigieron el acceso regular a servicios públicos de calidad, atención oportuna en salud, vivienda digna y justicia, demostrando que las demandas estructurales derivadas de la emergencia humanitaria compleja permanecen sin respuestas efectivas.
En el tiempo analizado, el Ovcs documentó 46 protestas reprimidas y acciones como “tratos crueles, amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y el despliegue de dispositivos de control para impedir el desarrollo de las protestas”.
La organización advirtió de que estos casos documentados “reflejan la continuidad de mecanismos de control e intimidación que limitan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.