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OSH: La vida de 14 millones de venezolanos está comprometida por necesidades críticas

14 millones de venezolanos tienen necesidades críticas de acuerdo a un estudio elaborado por el Observatorio Social Humanitario (OSH).

“Eso se entiende como personas que tienen comprometida su vida, su integridad, su seguridad, a un nivel importante, que están enfrentando déficits de tal magnitud que pueden llegar a pasar a otro subgrupo que se llama el grupo de necesidades severas”, dijo Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma HUM durante un foro virtual celebrado el pasado 7 de marzo. 

D’Elia agregó que entre 4 y 5 millones de venezolanos estarían con necesidades severas.

“Que es el grupo de venezolanos que de no recibir asistencia inmediata o en un tiempo muy corto ya podrían sucumbir o causarles daños o traumas muy severos. Y esos daños y traumas están desde pérdida de la vida, a daños irreparables como rezagos desde un punto de vista educativo como situaciones de extenuación, de medios de vida”, advirtió.

El sociólogo recordó que no fue sino hasta el año 2020 cuando el Estado venezolano empezó a reconocer que necesitaba de la arquitectura humanitaria y finalmente permitió su instalación en el país.

Sin embargo, aún existen dificultades logísticas y restricciones que no han podido ser resueltas y que finalmente terminan afectando directamente a la población más vulnerable.

Venezolanos excluidos 

El economista Omar Zambrano sostuvo que la emergencia humanitaria compleja se ha ido agravando y profundizando durante estos últimos dos años de supuesta recuperación económica.

“Las condiciones de vida de las personas en las sociedades modernas dependen fundamentalmente de la evolución de los ingresos laborales, de los salarios, de lo que gana la gente por el intercambio de su trabajo en el mercado laboral. Esa transacción es fundamental en la constitución de los ingresos de los hogares, por lo tanto, en el bienestar de las familias y de las personas. Lo que pasó en Venezuela tiene que ver con lo que pasó en el mercado laboral” manifestó.

Zambrano recordó que Venezuela pasó de una situación de escasez absoluta en la mayoría de los bienes básicos entre 2016 y 2017 a anaqueles repletos con moderada demanda.

“Eso ha dado una sensación general de bienestar, de avance. Pero sigue siendo limitado en términos sectoriales, esto no pasó en toda la economía venezolana, esto pasó única y exclusivamente en un sector, en el sector de comercialización de bienes y servicios, y no en todo el territorio, sino en las tal vez diez o doce grandes ciudades de Venezuela”.

Zambrano explicó que las “burbujas económicas” son un síntoma de lo limitado del proceso de recuperación en Venezuela.

“No es que no se está recuperando la economía, sí se está recuperando, pero lo que se está recuperando es tan pequeño y tan limitado desde el punto de vista sectorial, que este brote es insuficiente para generar bienestar. Mucha gente continúa excluida de los beneficios de este supuesto crecimiento”, dijo.

 

Conflictos laborales disminuyeron 29,7 % en febrero según Inaesin

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El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) reportó que, durante febrero del año 2024, en Venezuela se registraron 52 conflictos laborales.

De acuerdo con las cifras del Inaesin, que difundió EFE este jueves, 7 de marzo, el total de conflictos laborales representa una disminución del 29,7 % con respecto a enero de 2024, cuando se documentaron 74.

Para el mes de febrero, la mayoría de las protestas las realizaron los educadores. El principal motivo fueron “salarios dignos, mejores condiciones de trabajo, contratación colectiva y libertad personal”.

El sector educativo denunció los “bajos salarios y malas condiciones laborales, mientras el Gobierno nacional hace caso omiso a las exigencias del personal”, según el Inaesin.

Por otra parte, el 92,3 % de los conflictos fueron del sector público, y en el 73 % participaron sindicatos, señaló el instituto, que documentó, principalmente, denuncias, además de concentraciones y paralización de actividades.

De acuerdo con datos del Inaesin, en Venezuela se registraron 1.003 conflictos laborales durante 2023, la mayoría para exigir “salarios dignos”, un 45,9 % menos que en 2022, cuando se contabilizaron 1.856.

Durante el año 2023, los reclamos estuvieron liderados por el sector público, pues el 90 % del total de peticiones y denuncias vinieron de este grupo.

158 salarios para adquirir la canasta

En enero del año 2024 se necesitaron 158 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria familiar, de acuerdo con cifras que difundió el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM).

Mediante un reporte, el Cendas-FVM indicó que la canasta alcanzó los 535,23 dólares en enero de 2024, lo que equivale a 48,36 dólares más respecto al mismo periodo del año 2023, cuando un hogar con cinco integrantes necesitó 486,87 dólares mensuales.

El pasado 16 de febrero, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) informó, en un comunicado, que espera, antes de abril, un aumento “significativo” del salario mínimo.

La CTV propuso un incremento superior a los 200 dólares mensuales, lo que supondría un ajuste del 5.714 %.

“Simón” reaviva el debate sobre las protestas y la tortura en Venezuela

A pocos días de su estreno el 1 de marzo en la plataforma de streaming Netflix, la película “Simón”, del director Diego Vicentini, escaló hasta el puesto número uno de las más vistas en Venezuela. También se metió entre las diez más reproducidas en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y el 5 de marzo se ubicó entre las diez películas más vistas en todo el mundo en Netflix. 

La cinta, que relata la historia de un activista venezolano que fue detenido y torturado tras liderar un grupo estudiantil que protestaba contra el gobierno y que huyó a Estados Unidos, fue estrenada en 2023, proyectada en las salas de cine del país y hasta recibió una nominación a los Premios Goya. Pero fue su incorporación en Netflix lo que movilizó un amplio debate  en redes sociales y masificó su impacto. 

No en vano el tópico #Simón permaneció entre las tendencias más comentadas en la red social X  en Venezuela durante los primeros cinco días de marzo de 2024, en una especie de ejercicio colectivo de catarsis, reflexión e identificación con los temas que trata, que no son ajenos a la vivencia de miles de venezolanos en la convulsionada y compleja última década de crisis política y económica, en donde las detenciones arbitrarias y denuncias de tortura han originado investigaciones de organismos internacionales, como la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. 

Testimonial abierto sobre la represión y la tortura

En X predominan los comentarios de quienes se vieron tocados de cerca por “Simón”, tanto por ser víctimas directas o indirectas de persecución, detenciones arbitrarias y/o torturas o tratos crueles por motivos políticos o por participar en las masivas protestas tanto del año 2014 como de 2017. 

Benjamín Scharifker, exrector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana, opinó que la película “expone descarnadamente la barbarie de la tiranía en Venezuela”.

“Miles de jóvenes lo han sufrido en carne propia. Muchos, millones de venezolanos, se han visto obligados a desplazarse fuera del país”, señaló Scharifker en su cuenta de X.

https://twitter.com/bscharifker/status/1764491593719894287

Elisa Trotta, defensora de DDHH y fundadora del Foro Argentino por la Democracia, también coincidió en que la película es un testimonial de  “la tortura, la represión, el terror, la detención arbitraria, los calabozos hechos para martirizar a los presos políticos del chavismo”.

“La película ha provocado lágrimas y conmoción en algunos, destapando realidades ocultas (e ignoradas) por demasiado tiempo. Otros sienten temor al enfrentar el dolor y revisar sus acciones durante esos años críticos. Estas reacciones, humanas, evidencian que como sociedad e individuos, aún nos queda camino por recorrer”, reflexiona Trotta en una publicación de redes sociales.

https://twitter.com/EliTrotta/status/1764315598362669247

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, consideró que el régimen venezolano “convirtió en mártires a los miles de ‘Simón’ que salieron a las calles a protestar por la economía, la inseguridad, el hambre y la falta de oportunidades”.

“Simón es una película que nos interpela, nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer memoria histórica y nos ayuda a recordar siempre que los responsables son aquellos que han usado y disparado las armas de la República contra su pueblo, esos que hoy son investigados ante la CPI por crímenes de lesa humanidad”, añadió Guanipa en un mensaje que publicó en X.

https://twitter.com/JuanPGuanipa/status/1765050104103248193

Y más allá de las reflexiones, afloraron las historias de quienes vivieron en papel protagónico lo que “Simón” recrea en ficción.  Leonardo Manrique, coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue preso político en Venezuela. Lo detuvieron en el estado Táchira en el año 2014, momento político del país al que justamente hace referencia “Simón”. Fue la primera oleada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de un movimiento denominado “La Salida”.

A propósito del filme, Manrique consideró que todo lo que refleja  el personaje principal  “es verdad”, y expresó que respecto a estos temas “hay heridas abiertas, sentimientos encontrados y miles de personas que quieren olvidar lo que ha pasado en sus vidas”.

“No sé si llamarlo resiliencia o aprendizaje, mi admiración a todos los que hemos vivido algo similar”, escribió Manrique en X.

https://twitter.com/ljmanriquef/status/1764472402681954619

Una ciudadana que pidió asilo fuera de Venezuela y quien prefirió mantener su identidad bajo resguardo comentó a Runrun.es que no ha sido capaz de ver la cinta. ¿La razón?: “Mi hijo, de alguna forma, fue Simón. No puedo recordar todo lo que pasó sin llorar”.

“A él lo detuvieron en una protesta, lo torturó un funcionario con acento cubano disfrazado de guardia nacional y le dispararon perdigones a quemarropa, aún cuando ya lo tenían esposado en el suelo. Fueron días de no saber de él, de angustias. Lo querían responsabilizar por terrorismo. Finalmente, logramos su libertad y tomé la decisión de sacarlo del país”, expresó.

Dylan Canache, quien fue detenido aún siendo menor de edad el 14 de enero de 2018 por el Sebin, también publicó en X memorias de su experiencia como preso político. Su detención se produjo en enero de 2018. Había protestado en 2017, pero meses después su familia denunció que le tendieron una emboscada mediante una “amiga” y lo arrestaron en una estación del Metro de Caracas. Fue excarcelado en junio de 2018.

“Cuando entré a El Helicoide (una de las sedes del Sebin) , luego de la primera sesión de golpes en busca de una confesión (que no obtuvieron), me llevaron al ‘C2’. Ahí me sentaron en un típico escritorio, frente a un comisario que me dice: ‘¿No te acuerdas de mí? ‘Yo soy el diablo, y tú estás en mi infierno”, narró a partir de lo que asegura fue su experiencia.

El comentario lo hizo tras citar en X un extracto de una escena de “Simón” en la que el actor  Franklin Virgüez, quien personifica al “coronel Lugo” – un militar de rango superior que da órdenes en los centros de tortura- incita al protagonista a firmar una orden para llamar a detener las protestas, no sin antes sugerir que un grupo de muchachos “que usan mascaritas de terroristas” son incapaces de lograr  con esas acciones un cambio político en el país.

https://twitter.com/minimopec/status/1764317582700445981

Según lo relatado por el expreso político Canache su historia, sin duda, tiene muchos paralelismos con lo que se exhibe en “Simón”.

“Me dieron un guion donde decía que yo era el líder de una célula terrorista financiada por María Corina, y estaba organizando actos desestabilizadores. Obviamente, no grabé nada diciendo esto, por ende, me golpearon una vez más antes de llevarme a poner las huellas. Me toman mis datos, y entra el tercero al mando del Sebin y me pregunta: ‘Que querías hacer tú, carajito? ¿Tú no sabes que eres un terrorista? ¿Sabes  lo que es un terrorista? Tú eres un terrorista, con tu mascarita, asustando a la gente, causando terror”, recordó. 

https://twitter.com/minimopec/status/1764317585976209580

Esta escena a la que hizo alusión Canache también despertó la frustración de algunos ciudadanos por las detenciones y las bajas civiles en las protestas y por la impunidad en estos casos.

La usuaria en X @MMvickitoria expresó que este monólogo le afectó sensiblemente porque  “los muertos quedaron en el 2014, los presos siguen presos, y no pasó nada”.

https://twitter.com/MMvickitoria/status/1763702583972016417

El debate pospuesto de una herida nacional

Rafael Uzcátegui, defensor de los derechos humanos y codirector del Laboratorio de Paz, comentó que una película como “Simón” abona en el proceso de construir memoria colectiva, una reconstrucción que la sociedad hace de su pasado y que solo es posible con la suma de todos los recuerdos individuales que le dan sentido y explicación a un hecho sociopolítico.

Para Uzcátegui, la importancia de una película como “Simón”  es que “rompe un silencio impuesto y nos obliga a recordar que estas consecuencias crudas y horribles de la represión que, insisto, motivaron a la primera investigación en América Latina por parte de la Corte Penal Internacional continúan allí, impunes. esas prácticas continúan siendo ejercidas en el presente por el gobierno y por los organismos policiales y militares y, por supuesto, necesitamos mecanismos para que eso se investigue y se sancione”.

En Venezuela, así como es tarea pendiente la justicia y la reparación de las víctimas, también lo es reconstruir un aprendizaje colectivo sobre los sucesos sociopolíticos que han marcado esta última década. 

“Lamentablemente, esa suma de recuerdos individuales no la hemos hecho en Venezuela con respecto a las protestas del año 2017 En mi opinión, esas manifestaciones han sido las más importantes, tanto por su magnitud como por su duración, después de las ocurridas en el año 1958 (…) Las de 2017 han sido un fenómeno que, en una situación normal, hubiese generado discusiones, libros, debates interminables sobre aquello que generó y significó ese proceso de movilización ciudadana”, argumentó.

Uzcátegui recordó que la represión y la instauración por vía ilegítima de una Asamblea Nacional Constituyente derrotaron esas protestas.  Y a pesar de que han transcurrido siete años, desde entonces,  “no hemos podido procesar como país ni como movimiento democrático esa derrota, no hemos podido hablar sobre lo que pasó para extraer los aprendizajes necesarios que le den sentido al momento en el que estamos ahora”.

La represión, el temor y el miedo entre los ciudadanos ha impedido tener esa conversación abierta. “En 2017 más de 140 personas perdieron la vida, muchas fueron detenidas, hubo casos horribles que motivaron la actuación de organismos internacionales de protección de DDHH por lo que pasó. Hay miedo, temor, y mucha gente ha preferido pretender olvidar aquella circunstancia”, recalcó Uzcátegui. 

Pero también, según destaca el defensor de derechos humanos, el propio liderazgo de partidos opositores intentó pasar la página con respecto a estos hechos. “Y este olvido o amnesia inducida lo que intentaba era no reconocer su propia responsabilidad en lo ocurrido como líderes de aquel movimiento, y además no solo no reconocer su responsabilidad, sino también evitar decir en qué falló la estrategia y por qué camino o por cuál otra nueva estrategia iba a ser sustituida o cambiada. Esa valoración política, que la hubiese hecho cualquier liderazgo responsable en otra parte del mundo, eso en Venezuela no ha ocurrido”, opinó.

Además de lo anterior, el gobierno capitalizó el estado de ánimo de esa derrota colectiva adelantando las elecciones presidenciales de 2018; se instaló en 2019 un gobierno interino que no logró el cambio político que prometió y el poder nuevamente se aprovechó de ese rosario de derrotas para desmoralizar. Luego, la pandemia emergió en el panorama para mantener a la población en confinamiento y se sumó a los factores que contribuyeron con la “amnesia colectiva” sobre la herida abierta de las protestas. 

A juicio del experto, la proyección de una película como “Simón” hace que esa discusión pendiente tenga lugar siete años después y en los términos en los que debía haber ocurrido a finales de 2017: “Con toda la rabia, frustración, con todas las interpretaciones posibles y con el estrés postraumático que la situación generó. Fue algo que nos obligaron a olvidar, y cuando apenas se presenta una oportunidad para el recuerdo, nos genera todas unas situaciones como si lo hubiésemos acabado de vivir, porque no hemos procesado como campo democrático todo aquello que ocurrió, porque no hemos hablado. Se ha convertido en un tabú político no solo para el gobierno, sino también para la oposición”.

El ADN crítico del cine venezolano

Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine y distribuidor y productor independiente, enfatiza que el cine venezolano, en el transcurso de su historia, ha sido “crítico y disidente”.

“Si revisas las obras cinematográficas de los 70 financiadas por el gobierno, cuestionaban la sociedad, al país, y hacían juicios sobre cómo se llevaban las prácticas democráticas. Es decir que en el ADN constitutivo del cine nacional siempre ha habido un pensamiento crítico y reflexivo. Y pienso que eso no debería cambiar, al contrario, ese sentimiento debería mantenerse y esa forma de narrar y de contar historias no debería perder su esencia o mirada crítica”, opinó. 

Sobre “Simón”, precisa que muestra una visión de los hechos ocurridos en las protestas populares que se registraron en todo el país en 2014 y 2017 y que la elite gobernante llamó “guarimbas”. 

“La represión se concentró fuertemente en los sectores populares y asfixió que se desarrollara cualquier expresión de inconformidad (….) pero en otros sectores de la ciudad hubo movilizaciones que fueron reprimidas. Que hubo excesos y situaciones que se salieron de control, eso sin duda, porque las tensiones eran sumamente altas. Pero hubo alta represión, mucha gente en las calles, y Simón recrea esos parajes, eso ocurrió en el país”, describió.

Rescató que las protestas, más allá de algunos excesos, fueron la expresión de un pueblo “lleno de mucho pesar, inconformidad y descontento por la realidad que le ha tocado vivir”. Se refirió también a la cifra de más de 8.000.000 millones de migrantes -dato que indica, es tomado de las investigaciones del Observatorio Venezolano de la Diáspora, a cargo del sociólogo Tomás Páez– que han abandonado el país  y que también son el símbolo del “desgaste” por la situación. 

“Películas como Simón deberían generar una reflexión crítica de lo que ha estado ocurriendo en el país. Ha sido la película más vista a nivel nacional en las salas de cine y ahora al llegar a Netflix va a multiplicar sus visualizaciones. Esta reflexión de cómo en el país se han aplicado tratos crueles e indignos contra los ciudadanos es una situación que está latente. Recientemente, en el penoso caso del militar venezolano que fue encontrado muerto en Chile, aparentemente hay una publicación donde él escribió situaciones bastante cuestionables acerca de las prácticas inhumanas que se han llevado a cabo en los centros de detención del país y esa expresión la vemos en la película Simón”, mencionó Rotundo.

El caso al que hace referencia es el del exteniente Ronald Ojeda, quien estaba como asilado político en Chile, fue secuestrado dentro de su propia residencia por personas no identificadas y días después apareció muerto y sepultado.

Javier Ojeda, hermano del exteniente, reveló que el exmilitar asesinado en Chile dejó un escrito de 185 páginas en las que contaba sobre las torturas que sufrió cuando la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo. Javier explicó que Ronald, tras salir de Venezuela huyendo de la prisión, comenzó a escribir sus vivencias y dejar registro de ello.

Chavismo busca contrarrestar el impacto

La ONG Cazadores de Fake News reveló que, tras estrenarse la película “Simón”, el oficialismo comenzó a promover la narrativa de que el asesinato de Oscar Figuera es un “crimen de odio”, para contrarrestar el impacto del filme “e invisibilizar las muertes a manos del Estado venezolano en el marco de las protestas gubernamentales de 2017”.

https://twitter.com/williamserafino/status/1764773328135368753

https://twitter.com/crperezalfaro/status/1764612835101819247

Figuera fue un joven de 22 años que murió el 4 de junio de 2017, 15 días después de ser apuñalado y quemado vivo en Altamira, Caracas, por terceros mientras se desarrollaba una protesta antigubernamental en la misma zona el 20 de mayo de 2017.

En su momento, el oficialismo promovió la versión de que Figuera fue atacado por miembros de la oposición por el hecho de “ser chavista”, y calificó el delito como un crimen de odio toda vez que ofreció un balance de 29 personas que fueron quemadas vivas, supuestamente por discriminación racial, política y socioeconómica, recordó Cazadores de Fake News.

Sin embargo, los informes del Ministerio Público sobre las víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones entre abril y junio de 2017 contradicen esta versión gubernamental.

https://twitter.com/cazamosfakenews/status/1764770245179269614

¿Cómo procesar el “efecto” Simón?

 Rafael Uzcátegui, defensor de los derechos humanos y codirector del laboratorio de Paz, cree que apostar nuevamente al olvido y al silencio sobre el dolor colectivo que ha dejado en el país la represión y las protestas no puede ser una opción.

“Obligarnos a olvidar lo que pasó no hará que eso mágicamente desaparezca: ni las protestas, ni los términos en los que ocurrieron, ni las consecuencias políticas, económicas, sociales y prácticas que de ellas se derivaron”, argumenta.

Mientras que Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, considera que todos los venezolanos “debemos asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo en nuestro país”.

“Falta un punto de acuerdo donde podamos tratar de buscar un espacio para la coexistencia. Las expresiones de intolerancia y de desbordada emocionalidad que se ven en las redes sociales deben tratar de canalizarse, para evitar que sea la confrontación violenta la que trate de resolver nuestros problemas (…) Tenemos que intentar dialogar y negociar para propiciar que tanto la élite gobernante transite hacia la democracia como que los factores que hacen vida en la oposición también la ejerzan, porque el autoritarismo está presente en ambos lados”, concluyó.

Andrea González y Yakary Prado

Migrantes desprotegidos en el Darién: Panamá «ordenó» la suspensión de Médicos Sin Fronteras

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La ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este 7 de marzo que el gobierno de Panamá no concedió su permiso para que presten sus actividades humanitarias en las ciudades de San Vicente y Lajas Blancas, cercanas a la Selva del Darién, una de las fronteras más transitadas y «peligrosas» que migrantes de todo el mundo cruza para llegar hasta Norteamérica.

«Desde el lunes 4 de marzo, la organización médico-humanitaria se vio obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién por disposición de las autoridades panameñas, que alegan que actualmente MSF no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud. La organización ha intentado en vano obtener dicha renovación desde octubre de 2023», dice la ONG en su comunicado de prensa.

MSF era una de las organizaciones que registraba el ascenso de casos de violencia sexual en el Darién a través de su atención médica y psicológica a las víctimas. 

Alertaron que durante el 2024 la organización atendía en promedio 5.000 personas cada mes. Solo entre enero y febrero, MSF atendió 333 víctimas de violencia sexual, un aumento del 49,26 % comparado con todo el año 2023 (que registraron 676 casos).

«Aunque en 2022 intentamos obtener permiso para trabajar en los puntos de llegada del lado panameño de la frontera, a nuestros equipos solo se les permitió ayudar a las personas en los centros de recepción de personas migrantes de San Vicente y Lajas Blancas, donde las autoridades trasladaron a los migrantes que cruzaron el Tapón del Darién», dijo MSF.

Los venezolanos son la mayoría en el Darién

El Gobierno panameño informó el 26 de febrero que, desde el inicio del año hasta esa fecha, más de 68.400 personas habían cruzado el Darién para irse a Norteamérica, una cifra que supera en 49,58 % la cifra de migrantes que cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá en el mismo periodo del 2023. 

Y advierten que el número de personas aumente hasta un 20 % durante todo el año. 

La Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), informó a Radio Fe y Alegría el 4 de marzo que cerca de trescientos mil venezolanos cruzaron el Darién en 2023, el 1 % de la población venezolana según el censo gubernamental desde 2011. 

Según WOLA, cada hora en el Darién llegan 37 venezolanos. 

MSF denunció que la suspensión de sus actividades pondría en mayor grado de vulnerabilidad a todas las personas que pasan por la selva neogranadina y panameña. 

Sin embargo, las autoridades centroamericanas han endurecido el discurso hacia el tránsito de migrantes por la selva e insisten en que este es un «negocio» del crimen organizado, afirmando incluso que las bandas se lucraron el año pasado con 820 millones de dólares al imponer tasas por cruzar el Darién. 

Espacio Público: los apagones diarios en Venezuela también afectan el acceso a la información

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De acuerdo con la ONG Espacio Público, el servicio eléctrico nacional no ha mejorado en los últimos cinco años, privando del derecho a la libertad de expresión en 23 estados de Venezuela que sufren apagones «diariamente». 

«Solo en el 2023, registramos al menos 37 fallas o apagones masivos que afectaron el servicios e internet en todo el país. Los principales victimarios fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Corpoelec). Con menos frecuencia, operadoras privadas como Digitel y Movistar también sufrieron fallas que afectaron el servicio», se lee en un informe de prensa publicado este 7 de marzo.

A cinco años del «apagón nacional» del año 2019, cuando Venezuela estuvo sin servicio eléctrico hasta por 12 días consecutivos, la ONG denunció que los estados más afectados por la deficiencia continuada del servicio público están en el occidente venezolano: Zulia, Mérida, Barinas, Lara, Táchira, Apure, Carabobo y Falcón.

«La situación del sistema eléctrico nacional no ha cambiado sustancialmente durante los últimos años. Actualmente, se registran a diario fallas eléctricas en todos los estados del país, situación que limita el derecho de la ciudadanía a mantenerse informado oportunamente, así como también a comunicarse de manera oportuna», agregó. 

Entre apagones, protestas y datos móviles 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indicó que en el país hubo más de 1456 manifestaciones sociales pacíficas en el país para exigirle al Estado una mejoría en los servicios públicos entre el 2019 y el 2023. De ese grupo, más de 204 casos era específicamente por las fallas eléctricas. 

Espacio Público, en 2019, realizó una encuesta para describir cómo los venezolanos se informaban durante los apagones.

«Según los resultados, los venezolanos se informaron principalmente mediante datos móviles (46 %), luego por conversaciones (presenciales) con vecinos, familiares o amigos (25 %) y por la radio (22 %). Principalmente, se informaron a través de WhatsApp, a partir de mensajes que le enviaban sus conocidos y mediante la información que se difundió por cuentas confiables en la red social Twitter», destacó la ONG.

La tendencia de los canales informativos sigue vigente en la actualidad, sobre todo porque el Estado, a través de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ha cerrado más de 20 emisoras de radio a nivel nacional en los últimos 5 años. 

El gobierno de Nicolás Maduro «no ha implementado políticas públicas para el restablecimiento o mejora del sistema nacional eléctrico, por lo que el mal estado de la infraestructura continúa afectando el servicio de manera recurrente. También existe una falta de información sobre la gestión», aseguró Espacio Público. 

Dos sitios web de noticias han sido bloqueados en lo que va de marzo 2024

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Este 5 de marzo el Estado venezolano bloqueó al portal de noticias web Elpoliticonews.com de los servidores de internet a nivel nacional. Al día siguiente, bloquearon el dominio web del portal de noticias nacional Impactovenezuela.com. La ONG VE sin Filtro alertó este 7 de marzo que en menos de una semana dos sitios web han sido bloqueados del país desde los servidores de Cantv, Movistar, Digitel, NetUno e Inter.

«Este medio (elpolítico.com), con contenido nacional e internacional, ha seguido la cobertura del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile», denunció la ONG sobre la posible causa del cierre del espacio cívico y virtual en el país.

Roland Ojeda, expreso político con una medida de protección internacional en Chile, murió el primero de marzo mientras estaba secuestrado. La Fiscalía chilena ha relevado poca información oficial sobre el caso, para no comprometer la investigación en curso.

«VE sin Filtro ha documentado el bloqueo de 48 medios y 78 dominios de noticias en Venezuela», alertó la ONG.

Además, ambos portales web de noticias republicaron el contenido de la agencia de noticias alemana Deutsche Welle (DW) el pasado 5 de marzo, que citaba una investigación de la organización InSight Crime en la que se denunciaba que el gobierno de Nicolás Maduro está conformado por «una red compuesta principalmente por militares, que trafican cocaína, oro y extorsionan».

DW salió de los servicios de televisión venezolana por suscripción luego de que el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, lo acusara de «propagar el odio». Este sería el tercer acto de censura estatal en lo que va de mes. 

https://twitter.com/vesinfiltro/status/1765111517286973622

¿Cómo saltar el bloqueo?

Las restricciones que tiene el Estado a los dos sitios web es a través de dos mecanismos: el bloqueo del DNS (Sistema de nombres de dominio) en todas las operadoras móviles venezolanas y del HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, lo que conocemos como «enlace» o «link») solo en el caso de Cantv. Este mismo protocolo de bloqueo ocurre con otros portales de noticias venezolanos como El Pitazo, Efecto Cocuyo y Runrun.es.  En el caso de nuestro sitio web, desde 2017,sufre un bloqueo de acceso desde los proveedores de Internet Cantv e Inter.

Para acceder a la información de estos portales web, la ONG recomienda utilizar una herramienta digital conocida como VPN (Red privada virtual). 

En lo que va 2024, el Estado venezolano ha cerrado más de siete emisoras de radio a nivel nacional, además de la agencia alemana en la televisión y los dos portales digitales. 

DDHH Olvidados | El apoyo hacia la mujer venezolana va en reversa

Venezuela conmemora el Día Internacional de la Mujer este 2024 con más vulneraciones a los derechos humanos que el año pasado. A diferencia del resto del mundo, donde los derechos son progresivos, solo en los primeros tres meses del año cada poder que conforma el Estado venezolano atentó contra los derechos de las mujeres. 

En enero, la Asamblea Nacional oficialista mantuvo una discusión para aprobar la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» (Ley Anti ONG) para restringir las acciones y el financiamiento de la sociedad civil al menos que estén bajo la ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro. 

Ese mismo mes, el Poder Judicial confirmó la inhabilitación a María Corina Machado sin ninguna sentencia firme, lo que le sirve al Poder Electoral para negarle el derecho a participación en las elecciones presidenciales de este año. 

En febrero, el Ministerio Público detuvo arbitrariamente a la activista Rocío San Miguel y elevó la cifra de presas políticas a 19, según los datos de Foro Penal. 

Y el Poder Ejecutivo de Maduro lleva más de cinco años sin hacer público cuánto invierte en su infraestructura para mejorar la calidad de vida de las mujeres y la justicia ni ajusta los salarios y las prestaciones sociales (que no incluye a los bonos). 

En reversa

«Este año, en Venezuela retrocedimos en el apoyo hacia la mujer y hacia las instituciones que velan por sus derechos, y eso que históricamente había sido bajo», reflexionó Adicea Castillo, economista especializada en el liderazgo de la mujer y miembro de la directiva del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM UCV). 

Las Naciones Unidas establecieron como temática en 2024 el financiamiento para acelerar la igualdad y mejorar la prevención. Pero, para Castillo, las restricciones económicas para investigar, documentar y proteger los derechos humanos de las mujeres venezolanas son cada vez más grandes.

«Estamos retrasados en todos estos frentes, y quienes están llamadas a promover estos cambios, estas inversiones, son las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, que se ven especialmente afectadas por el cierre del espacio cívico en Venezuela», agregó Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia de la ONG Cepaz. 

Entre documentar y recibir amenazas

La ONU establece que se necesitan como mínimo, 360.000 millones de dólares de inversión a nivel mundial cada año para cubrir el déficit del financiamiento y apoyo a las respuestas de las crisis sensibles al género.

En Venezuela esta cifra está envuelta en incertidumbre: desde 2020 la asamblea constituyente promulgó la «Ley Antibloqueo», que le da potestad al Poder Ejecutivo de no publicar ningún dato económico de la nación, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lleva esta práctica desde su imposición en el año 2014. 

«La mayoría de las ONG dedicadas a la violencia basada en género contra la mujer resuelven su problemática financiera de manera absolutamente personal», afirmó Ofelia Álvarez, directora de la Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (Fundamujer) y miembro directivo del CEM UCV. «Yo trabajo con puros voluntarios y colaboradores. Aunque muchas veces hay donaciones, sentimos esa Ley Anti ONG como una amenaza permanente que no se termina de dar como para amedrentar». 

Álvarez reiteró que la sociedad civil venezolana es la única que ha llevado las cifras de este problema social en los últimos 10 años, «que se van haciendo cada vez más críticas». 

Menos trabajo, menor ingreso y expuestas a la violencia

El Banco Interamericano de Desarrollo informó que solo 37 % de las mujeres venezolanas tienen un empleo formal y ganan 21,79 % menos que los hombres, siendo el país con la menor participación laboral femenina en América Latina y el Caribe.

Walk Free, una ONG internacional, cataloga a Venezuela como el el país con mayor presencia de esclavitud moderna en la región para el 2023, con 270.000 víctimas, y la ONU complementa esa cifra diciendo que 11 % de esa población son niñas y adolescentes y el otro 87 % son mujeres. 

La asociación civil Utopix advirtió que los casos de femicidio aumentó 53,8 % entre enero de 2023 y enero de 2024, si solo se toma los casos reportados por la prensa. La ONG Prepara Familia advirtió que el 99 % de los pacientes con enfermedades crónicas son cuidados diariamente y a todas horas por mujeres, especialmente sus madres, frente a la escasez del personal de salud en el país. 

Además, la sociedad civil documentó que una de cada cuatro mujeres no tiene productos y un servicio de agua constante para mantener su higiene menstrual, aumentando el riesgo de enfermedades y su derecho a la salud. También solo una de cada 4 mujeres puede hacerse un chequeo médico para detectar el cáncer de mama o de cuello uterino, según Funcamama. Y la ONU reiteró que 95 por cada 1000 mujeres embarazadas en el país tienen entre 15 y 19 años, una cifra que va en aumento frente a la escasez del 80 % de los anticonceptivos. 

Aun así, con la propuesta de la Ley Anti ONG, el Estado no permite que la sociedad civil se inscriba legalmente: más del 55 % de las ONG encuestadas por Prodehum no puede registrarse debidamente en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), lo que dificulta el acceso al financiamiento para mitigar todas las mujeres que entran en esos datos sobre el país. 

«Hablamos de un problema social que no está tomado en cuenta, por lo menos no en el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de la Mujer. Son problemas que quieren ver. Uno podría decir que no hay interés en esas instituciones gubernamentales. Sin inversión no hay posibilidad de prevención», lamentó Álvarez, agregando que diariamente su fundación atiende a tres víctimas de la violencia basada en el género contra la mujer. 

Todos resultamos afectados

Ciordia advirtió que, así como los derechos humanos se relacionan estrechamente entre sí, la violación de los derechos de la mujer afecta «a todo su entorno, a toda su familia». 

«El 54 % de las familias en Venezuela son familias monomarentales, eso quiere decir que la jefatura del hogar la ejerce una mujer sola. Entonces, las fallas en los servicios públicos se convierten no sólo en un problema que tengo que solucionar yo, sino que tengo que solucionar para las personas que cuido», dijo. 

La periodista Gabriela Boada, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, advirtió que la opacidad estatal llega hasta la consulta de la Ley Anti ONG: «No está publicada en ningún portal de la Asamblea Nacional ni alguna plataforma pública. Todo lo que se conoce es a través de canales extraoficiales», como las alocuciones de ciertos dirigentes del madurismo. 

Para Boada, la discusión y posible aprobación de esa Ley pondría en riesgo incluso a las líderes comunitarias y aquellos grupos de apoyo entre las víctimas, como lo es «Madres Poderosas», una asociación de madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Caracas que velan por la justicia de sus familiares. 

«Muchas mujeres se asocian desde sus comunidades, desde sus propias experiencias, para dar contención a otras víctimas, pero de una manera informal o de una manera que no tiene una personalidad. Esto es válido por los artículos que están contenidos en la Carta Magna y de los derechos de la Organización de Naciones Unidas. Pero ahora se está violentando su derecho a defenderse. Obligarte a hacer un registro de este tipo, a pagar quién sabe cuánto, es un franco deterioro de poder trabajar, sobre todo en temas de violencia de género y la capacitación y prevención», dijo. 

Castillo afirmó que, frente a una economía marcada por las elecciones presidenciales y una inflación mayor al 130 % para este año, según los estudios de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, incluso los centros de investigación universitaria especializados en los estudios de la mujer se encuentran «prácticamente paralizados» en su producción de conocimiento y la atención y asesoramiento en regiones fuera de la capital. 

«El sector no tiene un apoyo constante. No es fácil. Venezuela no ha tenido el suficiente apoyo financiero para atacar la Emergencia Humanitaria Compleja, y eso incluye al impacto diferenciado y marcado en las mujeres. El incremento de la pobreza en el país es uno de los desastres más grandes a nivel mundial en cuestión de deterioro de la calidad de vida de una población. Pero aún así hay esperanza, siguen grupos que investigan y denuncian los derechos de la mujer en Venezuela», concluyó. 

Muere bebé que resultó herido de un disparo de un arma que limpiaba su papá en Lagunillas

Un bebé de un año de edad murió el 8 de febrero de 2024 luego de resultar herido por una bala en la cabeza, cuando su papá manipulaba un arma en un fundo del municipio Lagunillas, en el estado Zulia.

El niño Jesús Jiménez estuvo recluido cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Universitario de Maracaibo. Su mamá también resultó herida y presentó una lesión menor en el brazo.

Según una minuta policial, el papá del bebé limpiaba un arma en una finca del sector El Menito de El Danto, en Ciudad Ojeda, cuando se accionó y el proyectil hirió a su mamá, Dexy Fernández, y después alcanzó la cabeza del niño.

Sus padres lo trasladaron al Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda, pero después fue remitido a Maracaibo por la gravedad del traumatismo craneoencefálico que presentó, según médicos de la institución.

Jiménez, padre del niño, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para las investigaciones correspondientes. Se desconoce si permanece recluido en los calabozos del organismo.

Durante el año 2023, según las estadísticas de Monitor de Víctimas, se reportó la muerte de 102 personas en el Zulia, con distintos móviles y hechos ocurridos en los 21 municipios.

Bajaron homicidios

En lo que va de 2024, sólo en el mes de enero, murieron 8 personas en la región zuliana. Esto evidencia un leve descenso en referencia a las cifras del 2023 cuando se reportaron 13 muertos en el primer mes del año.

Hace justo un año, el 8 de abril de 2023, en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo falleció José Isaias Araujo, un hombre de 42 años, también por una bala perdida. Era vigilante de un supermercado. El del niño Jesús Jiménez es el segundo caso similar que documenta Monitor de Víctimas desde 2022..

@mayrethc