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44 días buscando a Yurbis: la emergencia que el Gobierno dejó de contar

La primera vez que Oriana Uzcátegui bajó a La Guaira después del terremoto todavía no sabía cuánto iba a durar la búsqueda.

Era 25 de junio. Había pasado apenas un día desde que dos movimientos sísmicos estremecieron al país y hundieron parte de Residencias Club Bahía Mar., en Caraballeda. Allí estaba su prima Yurbis Durán, de 50 años, junto a su esposo, Pedro Ancheta, y sus hijas Natalia y Fiorella.

44 días después, Oriana sigue haciendo el mismo recorrido.

Caracas-La Guaira. La Guaira-Bahía Mar. Una y otra vez.

“Desde el día 25 de junio bajamos todos los días a buscar a mi prima”, cuenta.

A comienzos de julio encontraron a Pedro, Natalia y Fiorella. Yurbis no estaba entre ellos.

El terremoto terminó. La búsqueda de Oriana, no.

El viaje aún sin destino

El 25 de junio comenzó una rutina que Oriana no había elegido.

Cada día baja desde Caracas hasta La Guaira. Su destino sigue siendo Residencias Club Bahía Mar, donde vivía Yurbis junto a su esposo y sus hijas.

El edificio se hundió durante el doble terremoto. La familia estaba en un apartamento del primer piso. En los primeros días, según cuenta Oriana, la falta de maquinaria dificultó las labores para excavar entre los restos. Luego comenzaron a aparecer los cuerpos, entre ellos, los de Pedro, Natalia y Fiorella. Yurbis seguía sin aparecer.

Para Oriana, la emergencia no entró en otra fase. Siguió siendo la misma.

“Desde el día 25 de junio bajamos todos los días a buscar a mi prima”, contó.

En una frase cabe la dimensión de esos 44 días: no hay teoría sobre la recuperación, no hay calendario institucional ni cambio de nombre para la emergencia. Hay un trayecto que se repite porque todavía falta una persona.

Fuente: Cortesía

La búsqueda que desapareció del balance

El 3 de agosto, después de diez días sin publicar reportes, el Gobierno reapareció con un boletín denominado “Etapa de Reconstrucción”.

La cifra de fallecidos pasó de 5546 a 6125: 579 más que en el último reporte difundido el 24 de julio. Pero el nuevo balance no informó cuántas personas permanecen desaparecidas.

El dato tampoco fue sustituido por una explicación sobre las familias que continúan buscando. Simplemente no aparece.

La reconstrucción, en cambio, sí tiene números.

El Gobierno informó que ha evaluado 43 679 viviendas. De ellas, 41 624 presentan algún nivel de afectación: 25 325 son habitables, 9866 tienen uso restringido y 6433 están en alto riesgo.

También informó la entrega de 287 viviendas. Sobre los escombros, el balance registra 346 755 toneladas recogidas: apenas 16,51 % del total estimado.

Otros datos que aparecían en el reporte anterior también desaparecieron: 16 740 heridos, 17 907 damnificados, 107 campamentos transitorios con 23 811 personas refugiadas, familias atendidas, agua y alimentos distribuidos y voluntarios movilizados.

“La Guaira necesita ayuda”

La búsqueda de Oriana ocurre en una comunidad que tampoco siente que la emergencia haya quedado atrás.

“La ayuda ha bajado demasiado. Todo está desolado. No hemos recibido ayuda ni del Gobierno. La Guaira necesita ayuda”, fue el reclamo transmitido desde la zona.

La frase llega cuando la respuesta empieza a cambiar. Durante los primeros días, la urgencia estaba en rescatar personas, atender heridos, llevar agua y alimentos y habilitar espacios para quienes habían perdido sus viviendas.

Ahora aparecen otras necesidades: rehabilitar inmuebles, recuperar empleos, mantener tratamientos médicos y acompañar a quienes atraviesan duelos.

La emergencia dejó de ser solamente una montaña de concreto. También se convirtió en una casa que ya no se puede habitar, un trabajo que desapareció, un tratamiento que se interrumpió, una familia que perdió a alguien. O una persona que todavía no ha logrado ubicar a su ser querido.

Oriana cuenta que no es la única. En la zona hay otras familias que continúan buscando a los que aman entre los escombros. Una madre busca a su hija. Otra mujer también busca a la suya. Son siete, según el testimonio recibido, quienes permanecen vinculados a estas búsquedas.

Cuando la gente responde antes que las instituciones

La encuesta Verdad Venezuela, elaborada por Meganálisis entre el 18 y el 28 de julio, muestra hasta qué punto la respuesta institucional quedó bajo sospecha.

El 80,2 % de los encuestados dijo sentir indignación después de los terremotos. El 73,8 % manifestó impotencia y el 70,5 %, tristeza.

La evaluación del Gobierno fue todavía más severa: 91,6 % calificó como mala o muy mala la respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez y 95,9 % consideró que las autoridades pudieron haber hecho más.

La información oficial tampoco consiguió recuperar confianza.

El 93 % consideró insuficiente o inexistente la información entregada por las autoridades y 94,1 % dijo no confiar en los datos proporcionados por el Gobierno.

Hay un dato que funciona casi como respuesta a todo lo anterior: el 90,3 % de los encuestados consideró la solidaridad ciudadana como el aspecto más admirable de la emergencia. El 88,4 % destacó la generosidad de la población.

La ayuda que sí llegó

Hasta el 1 de agosto, Cáritas Venezuela había recibido 22 391 toneladas de ayuda humanitaria. De ellas, 19 141 toneladas, 85 % del total, ya habían sido distribuidas.

La organización reportó 2 .144 kits entregados: 15 370 de alimentación y 10 774 de higiene y uso personal. La cobertura alcanzó a más de 26 000 familias, con un impacto estimado de 130 720 personas.

También fueron distribuidas 102 326 unidades de medicamentos e insumos médicos.

La operación movilizó a 7860 voluntarios directamente en las zonas de emergencia y contó con el respaldo de una red de alrededor de 10.000 voluntarios en todo el país.

Cáritas también advirtió en su quinto boletín que la emergencia entró en una etapa “menos visible, pero igual de dolorosa”. La organización pidió mantener el flujo de alimentos y agua y avanzar hacia la rehabilitación de viviendas, el restablecimiento de empleos, la atención de la salud física y emocional y la recuperación de los medios de vida.

Dos años de respuesta para una emergencia que no cabe en 44 días

La Cruz Roja Venezolana ya trabaja con un horizonte de 24 meses.

Su director general, Simón Pestano, explicó en una conversación con Runrun.es que la institución contempla cuatro fases: asistencia humanitaria, estabilización y recuperación temprana, recuperación prolongada y fortalecimiento de la preparación comunitaria.

“Estamos observando mucho duelo”, dijo Pestano. La organización ha brindado acceso a agua segura a más de 12 500 personas y apoyo psicosocial a más de 2300. El hospital de campaña instalado después del terremoto permanecerá operativo seis meses más y la institución trabaja en la construcción de un centro logístico humanitario en La Guaira.

La recuperación, entonces, ya tiene un calendario. Pero no todos los afectados tienen el mismo reloj. Para una organización, 24 meses es un plan. Para una familia que busca a un desaparecido, 44 días pueden sentirse como una sola jornada que nunca termina.

Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es, lo resumió durante la conversación en la que Pestano explicó la estrategia de la Cruz Roja:

“La recuperación va más allá de los escombros. Será lenta por su magnitud, pero será progresiva”.

Una Venezuela “feliz” que todavía necesita ayuda

Aún a pesar de esta Venezuela que todavía cuenta sus muertos, sus viviendas dañadas y sus necesidades, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país era “muy feliz de nuevo”, pese a reconocer que había sufrido un terremoto “muy malo”.

Entre enero y julio de 2026, la imagen positiva de Trump entre los venezolanos cayó 70,6 %. Además, 77,5 % de los consultados manifestó decepción ante el respaldo de su administración a figuras vinculadas con la cúpula chavista.

La Venezuela feliz que describió Trump no parece ser la que aparece en los datos de Meganálisis. Tampoco es la que se encuentra en La Guaira. Allí hay viviendas en riesgo, familias que necesitan reconstruir sus medios de vida, personas que cuestionan la respuesta del Gobierno, organizaciones humanitarias que piden que la ayuda no se detenga.

Y, principalmente, están las personas como Oriana Uzcátegui, que no pueden pasar la página hasta no encontrar a sus familiares, y que siguen intentándolo sin ayuda estatal.

En Bahía Mar todavía falta una. Se llama Yurbis. Y Oriana sigue bajando a diario a La Guaira con la esperanza de, por lo menos, encontrar su cuerpo.

Fuente: Cortesía

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Denuncian que deportación y abandono estatal condenaron a muerte a migrantes del vuelo 164

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A más de un mes del doblete sísmico del pasado 24 de junio, las consecuencias de la contingencia no solo se reflejan en el impacto en las infraestructuras y las familias en el país, sino también en la continuidad de patrones institucionales de represión y de control social. 

Durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de agosto, diversos representantes de organizaciones no gubernamentales expusieron y explicaron la situación en el país y el panorama posterior a los terremotos en Venezuela. Dentro de las realidades abordadas, estuvo lo que Amnistía Internacional denunció como “institucionalización de la política de retorno”, así como la falta de información oficial sobre los fallecidos tras ser deportados desde Estados Unidos en el vuelo 164 el mismo día de la tragedia.

En la jornada en vivo, las organizaciones enfatizaron que “los métodos ‘legales’ e institucionales que persiguen y restringen aún se mantiene intactos en el país, pese al cambio de mando del 3 de enero a una presidencia interina tutelada por Estados Unidos.

Barreras políticas

La directora de Amnistía Internacional Venezuela, Nastassja Rojas abordó el impacto de la movilidad y las barreras impuestas a la población venezolana en el exterior, destacando las contradicciones entre el discurso oficial y las exigencias para poder regresar al país.

Rojas denunció que el Estado venezolano impone trabas económicas a sus propios ciudadanos en el extranjero para que viajen a Venezuela, como un elevado costo de los pasaportes -que supera los 300 dólares– y la exigencia de un salvoconducto para poder retornar.

“Se cobra el retorno, se condiciona un derecho inderogable a una tarifa, dejando a miles sin poder volver”, afirmó la directora.

Rojas mencionó además que el manejo de la repatriación se ha convertido en una estrategia oficial que carece de garantías básicas de transparencia e inventarios públicos. 

“El Estado presenta la ‘Gran Misión Vuelta a la Patria’ como protección, cuando es una operación sin protocolos, sin censos ni listados oficiales. El vuelo 164 lo expone”, enfatizó Rojas. 

El destino del vuelo 164

La falta de protocolo en los procesos de deportación y repatriación quedó expuesta con el caso del vuelo 164, un avión proveniente de Estados Unidos que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con 146 personas a bordo (120 hombres, 19 mujeres y 7 menores) el propio 24 de junio, fecha en la que ocurrieron los dos devastadores sismos.

Tras su llegada, los deportados fueron trasladados y retenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Hotel El Santuario en La Llanada (estado La Guaira), un espacio bajo el control estatal que no funcionaba como hotel. 

Según las denuncias presentadas y documentadas por familiares, y expuestas en trabajos como el que recientemente publicó The Washington Post, a los migrantes se les confiscaron sus teléfonos, se les exigieron contraseñas de los mismos y se les mantuvo bajo estricta vigilancia con acceso a una sola llamada, sin tener aclarada la razón legal de dicha retención, porque no tenían antecedentes penales.

Horas después del ingreso de los deportados al hotel, el edificio se derrumbó por completo a causa del doblete sísmico y de acuerdo con el reportaje estadounidense, solo tres personas sobrevivieron al colapso.

“146 personas deportadas fueron recibidas bajo esa misión por su propio coordinador y llevadas a un recinto del que, según sus familias, no podían salir. Horas después, los terremotos hicieron colapsar el edificio. La deportación, sumada al abandono estatal, se convirtió en una condena de muerte”, lamentó la directora de amnistía venezuela.

A más de mes de lo ocurrido, ni las autoridades de Estados Unidos ni el gobierno venezolano han difundido una lista oficial sobre quiénes viajaban en ese vuelo. Los familiares han tenido que recorrer morgues y centros para poder identificar a las víctimas mediante pertenencias o tatuajes. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.


Clippve: No habrá una verdadera transición en Venezuela mientras existan presos políticos

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Este viernes, 7 de agosto, familiares de presos políticos exigieron frente a la sede de la Cancillería en Caracas que permita el ingreso de mecanismos internacionales de derechos humanos a Venezuela.

Andreina Baduel, activista y miembro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), alertó que el patrón de violaciones contra presos políticos que ha sido denunciado ante las instituciones del Estado, sigue sin respuesta: “Estamos aquí exigiendo que por primera vez la Cancillería fije posición sobre requerimientos y recomendaciones de los organismos internacionales”.

Los familiares solicitaron el ingreso de una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Cruz Roja Internacional a los centros de detención y la autorización para que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pueda constatar directamente la situación de derechos humanos en el país.

En declaraciones a la prensa, Baduel señaló que, en un nuevo momento político, la administración interina debería demostrar con hechos que existe voluntad real de permitir el ingreso de estos organismos.

Reinando Cortez, quien fue excarcelado en 2023 y actualmente sigue bajo medidas cautelares, denunció que hasta el momento sigue con medidas cautelares. “Hace un tormento nuestra existencia” pues se nos vulnera el derecho al trabajo, movilidad e incluso identidad, al no poder tramitar cédulas o pasaportes. “Estamos presos en las calles”, dijo en declaraciones al medio TalCual.

En vigilia permanente

El Clippve precisó que han transcurrido 210 días desde que las familias decidieron instalarse frente a El Rodeo I, para exigir la libertad de todos los presos políticos.

Familiares de los detenidos en El Fuerte Guaicaipuro, Las Crisálidas, el INOF, Ramo Verde y Yare mantienen intacta su fe y su exigencia: no habrá descanso mientras persista la injusticia.

“Cualquier diálogo o negociación sobre el futuro del país debe priorizar, como punto de partida ético y humano, la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos”, expresó el comité.

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Venezuela formalizó su retiro del Estatuto de Roma: la denuncia será efectiva en un año

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La página web de las Naciones Unidas informó que Venezuela formalizó su retiro del Estatuto de Roma tal como lo había anunciado el pasado 24 de julio.

El comunicado entregado a la Secretaría General de la ONU señala que, a pesar del retiro, Venezuela reafirma su compromiso histórico con la lucha contra la impunidad de crímenes graves, un principio que, según señala, está arraigado en su Constitución de 1999.

Venezuela sostiene en el comunicado que la Corte Penal Internacional se ha desviado de sus “nobles objetivos” y se ha convertido en un instrumento al servicio de intereses ajenos a la justicia y a la soberanía de los países, particularmente del sur.

El gobierno venezolano aseguró que la Corte ha perdido su legitimidad y que el retiro es una respuesta necesaria ante lo que consideran un doble rasero y una violación de los principios de autodeterminación.

De acuerdo con el artículo 127 del tratado, la decisión se hará efectiva un año después, por lo que Venezuela seguirá siendo Estado Parte hasta julio de 2025.

La Corte Penal Internacional concluyó en su momento que existían motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad al menos desde abril desde 2017 y que existía una situación de total inactividad de parte de los órganos de justicia para realizar investigaciones y enjuiciamientos de los máximos responsables de dichos hechos.

Retiro viola la Constitución

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Anciepol) advirtió que la denuncia del Estado venezolano contra el Estatuto de Roma y su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) es violatoria de la Constitución y el derecho internacional.

En un comunicado, los académicos recordaron que el Estatuto de Roma significó un “paso fundamental en la evolución de la sociedad internacional y el derecho internacional frente a los crímenes más graves de trascendencia internacional que ofendan la conciencia de la humanidad, y que no deben quedar sin investigación y castigo”.

De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, al ser un tratado “relativo a derechos humanos”, el Estatuto de Roma tiene “jerarquía constitucional”. En consecuencia, señaló Anciepol, dicho artículo dispone que las normas del Estatuto “prevalecen en el orden interno y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

“No se detiene la investigación”

El abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, aclaró que el retiro de Venezuela del Estatuto de Roma no implica la salida inmediata de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) ni afecta la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el caso Venezuela I.

Daniels precisó que la denuncia del Estatuto de Roma solo surte efecto un año después; sin embargo, “Venezuela sigue obligada a cumplir todas las disposiciones del Estatuto, incluida la cooperación con las investigaciones en curso“.

La Corte Penal Internacional, que funciona desde 2002, es una institución que juzga crímenes de lesa humanidad y de guerra. La misma está facultada para perseguir a ciudadanos de países ajenos al tribunal cuando delinquen en el territorio de un Estado miembro. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Piden levantar medidas contra jueza Afiuni para que pueda atenderse en Estados Unidos

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A través de un comunicado, familiares y representantes legales de la jueza María Lourdes Afiuni solicitaron a las autoridades que la despojen de las medidas cautelares en su contra para que pueda viajar a Estados Unidos y atender su salud.

Nelson Afiuni, hermano de la jueza, informó que luego de presentar  un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión, esta fue trasladada a  un centro de salud donde detectaron la presencia de tres lesiones tumorales localizadas en distintas partes de su cuerpo.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que actúen con humanidad, justicia y responsabilidad institucional. El respeto al derecho a la salud de la jueza Afiuni requiere eliminar las restricciones que le impiden acceder plenamente a la atención médica que necesita y reunirse con su única hija en este momento de especial vulnerabilidad”, expresó Afiuni en la misiva difundida a través de redes sociales

El hermano de la jueza expuso que la única hija de Afiuni vive en Estados Unidos, país donde esta podría someterse a un tratamiento médico apropiado al lado de sus seres queridos. 

Por medio de la carta, Afiuni dijo que la situación de salud de su hermana no puede mirarse de manera aislada.

“Forma parte de las consecuencias acumuladas de un prolongado proceso de persecución, de su injusta privación de libertad, de las condiciones de reclusión que soportó y de la falta de atención médica oportuna durante las etapas críticas de dicho periodo”, se lee en la misiva.

La jueza Afiuni fue detenida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en diciembre de 2009 luego que ordenase la liberación del empresario Eligio Cedeño y que el entonces presidente Hugo Chávez dijera en una alocución que debía ser aprehendida. 

La magistrada estuvo presa en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques entre 2009 y 2011, y de acuerdo a varias denuncias fue víctima de torturas, condiciones inhumanas de detención y violencia sexual.

A partir de 2011 se le otorgó una medida de casa por cárcel y pese a cumplir la pena de cinco años algunas de restricciones de libertad aún siguen vigentes,  como la prohibición de salida del país. 

El pasado 15 de junio, Nelson Afiuni denunció que la jueza Angelimar Carmona ordenó un nuevo examen psicológico para mantener  a su hermana bajo medidas cautelares durante un año más.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

La Conversa | Venezolanos depositan confianza en EEUU para eventuales elecciones

De acuerdo a un estudio de la empresa ORC Consultores, más del 21% de los venezolanos considera que unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela dependen de la administración de los Estados Unidos y su mandatario, Donald Trump.

Así lo expresó su director, Oswaldo Ramírez Colina, en la edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga correspondiente a este martes 4 de agosto.

En el espacio semanal, donde estuvieron César Batiz, director de El Pitazo; Luis Blanco, director de Runrunes y Víctor Amaya, director de Tal Cual, Ramírez apuntó que además del porcentaje de venezolanos que delega la realización de comicios en el gobierno de Trump, un cuarto del país desconoce cuando pueda producirse una nueva concurrencia a las urnas electorales.

“Cuando sumas, lo que dicen en su mayoría las encuestas es que la expectativa de elecciones va hacia 2027 y poco más de 14% cree que podrían llevarse a cabo este año”, dijo el investigador.

Amaya informó que precisamente este martes 4 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a pedir paciencia a los venezolanos y declaró que la organización de elecciones podría tardar meses.  

Ramírez aseveró que se deben aterrizar las expectativas en torno al deseo de unos comicios presidenciales en el corto y mediano plazo

“Mucha gente va a decir que los presos políticos no pueden esperar, igual que la falta de electricidad, los salarios bajos, la crisis hospitalaria y la atención por el doble terremoto”, dijo el consultor.

El experto consideró que históricamente las transiciones hacia la democracia no son procesos inmediatos. “Lo importante de las declaraciones de Rubio es que no se refiere a años”, apuntó.  

El director de ORC Consultores dijo que hace cuatro meses la figura de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, podía albergar una esperanza electoral con una estrategia adecuada y la hiper fragmentación del voto opositor, sin embargo después de los terremotos en Venezuela, que de acuerdo a cifras oficiales causaron más de 6 mil muertes, la realidad es otra.

Ramírez manifestó que el desempeño del gobierno luego del doblete sísmico le está pasando factura. “Hoy en día no cuentan con el favor de la gente, luce complejo que en una elección de carácter ejecutivo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) pueda tener una posibilidad de triunfo”.   

El experto también expresó que el resultado de unos virtuales comicios presidenciales va a depender de la constitución de un Consejo Nacional Electoral (CNE) con características de transparencia, del contrincante por parte de la oposición y de la hipotética habilitación de partidos judicializados   

“Creo que el tablero cambió y habrá que ir paso a paso, hay que ver cómo se reinsertan también otros partidos políticos que si bien quieren seguir viviendo y han sido históricos, han perdido fuerza”, sentenció el director de ORC.

Batiz agregó que además de la inacción luego de los terremotos del pasado 24 de junio, la gestión interina de Rodríguez sufrió previamente un revés cuando el pasado 30 de abril no aumentó el salario mínimo de los trabajadores y solo hizo un ajuste de los bonos.

Ramírez sentenció que el otrora seguidor del fallecido presidente Hugo Chávez actualmente se siente huérfano y no sabe si “el legado” del Comandante sigue vigente o simplemente sus herederos en el poder se apegan al pragmatismo para sobrevivir. 

Para el investigador, María Corina Machado sigue siendo la figura determinante en la oposición, no obstante considera que carece de un cheque en blanco de liderazgo.

El analista consideró perentorio que la ganadora del premio Nobel de la Paz retorne a Venezuela.

“Formar un movimiento que tenga bases sólidas para que la gente compre sus ideas, porque si bien hoy existe solidaridad, confianza y agrado, la realidad es que eso no es infinito. Se puede terminar simplemente por inacción política o porque la gente considera que el actor debe ser sustituido por otra persona que esté ofreciendo algo mejor”, dijo Ramírez.

Gobierno corre la arruga en diálogo 

Sobre el nuevo proceso de diálogo anunciado por gobierno y oposición, ahora con la supervisión directa de la administración estadounidense, Ramírez se mostró prudente y no escéptico como algunos venezolanos, que ya han sido testigos de una decena de mesas de negociaciones entre ambas partes, hasta ahora infructuosas. 

“Hay que esperar la primera reunión para ver qué comunicado sale a la luz pública, o si efectivamente los voceros deciden dar la cara a la prensa de forma directa”, aseveró el consultor. 

Ramírez asomó que nuevamente la estrategia del chavismo será extender el tiempo de las negociaciones. “Porque saben que a medida que vaya corriendo el reloj, eso afecta a la oposición y al pueblo venezolano debido a que el gobierno americano pasa a tener otras prioridades, como las elecciones de medio término en noviembre de este año. Habrá que ver si Venezuela sigue siendo un tema importante en la agenda de republicanos y demócratas”. 

El investigador señaló que aunque son las instituciones con mayor credibilidad en la actualidad en Venezuela, no necesariamente empresas privadas, iglesia católica y organizaciones civiles deben estar en el diálogo, pero sí suscribir un nuevo pacto social. 

El director de ORC Consultores sostuvo que probablemente para el gobierno estadounidense el centro de la discusión sea cómo brindar estabilidad al empresario para que invierta en Venezuela dentro del marco de la doctrina de tres fases prevista por el Departamento de Estado.

“Esa mejoría económica no sucede de la noche a la mañana. La reconstrucción del país pasa por todos los ciudadanos y no necesariamente por un dictamen de un grupo político”, indicó el experto. 

Ramírez no se atrevió a predecir un posible estallido social debido a la precariedad por la que atraviesa el país, crisis de servicios públicos, inflación constante, atropello a los derechos ciudadanos e inacción luego de la tragedia del 24 de junio.

“Lo que sí hemos visto es un incremento importante de protestas durante las últimas semanas particularmente por el servicio de electricidad. Hay que dar respuestas no solo desde lo narrativo, tienen que haber acciones tangibles para que la gente interprete ese tema de la paciencia que pide Rubio”.

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Exigen que el diálogo logre acuerdos que conduzcan a condiciones de vida y trabajo dignas

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El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLS) solicitó que el diálogo que comenzó esta semana en Venezuela entre representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez y miembros de la oposición conduzca a la restitución de condiciones de vida y trabajo dignas y el cumplimiento del marco jurídico en torno a garantías laborales. 

“La clase trabajadora venezolana demanda la restitución plena de los derechos laborales y la libertad sindical como parte fundamental de los temas y acuerdos de la mesa de diálogo nacional”, expuso el comunicado del OVLS

La coalición sindical celebró la reanudación de las conversaciones y calificó al diálogo como la única vía para solventar los inconvenientes y diseñar políticas y propuestas laborales. 

“Cualquier proceso de diálogo que aspire a ser legítimo también debe incluir la recuperación de las condiciones de vida en Venezuela: Como salarios dignos, servicios básicos de calidad, libertad sindical, restitución de derechos laborales, alimentación, salud”, escribió en su cuenta de X la ONG, Provea.

El OVLS recordó que en enero de 2017, varias organizaciones sindicales introdujeron en la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Diálogo Social. Aseguraron que la propuesta había empezado a ser analizada y exhortaron a que se retomen las acciones en este sentido.

Entre las propuestas del OVLS destacaron la implementación de leyes de aumento general de sueldos y salarios, las cuales mejoran y dinamizan el nivel de vida y poder adquisitivo de los trabajadores.

La organización pidió la incorporación a la mesa de diálogo de temas que deriven en la mejora de los sueldos y salarios de los venezolanos, así como de las condiciones laborales, entre ellos:

Salarización del ingreso de los venezolanos para que los bonos otorgados por el gobierno pasen a formar parte de los pasivos laborales. 

-Establecimiento de una escala de sueldos y salarios acorde con lo que dicta la Constitución Nacional.

Libertad plena para los sindicalistas que tienen medidas cautelares.

Cese de la persecución, hostigamiento, intimidación y violencia contra los líderes sindicales y quienes abogan por los derechos laborales.

-Cese de la injerencia del Estado en las organizaciones de los trabajadores. 

Institucionalización del diálogo y consulta a organizaciones sindicales en pro de mantener un estándar de calidad en cuanto sueldos, salarios y derechos laborales.

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El Mañanero del 7 de agosto: Se instala la mesa de diálogo posando a la cámara sin sonrisas

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 7 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

No fue el castillo de Desembarco del Rey, sino una carpa instalada en la Base Aérea de La Carlota el lugar en el que las dos facciones antagónicas de la política venezolana instalaron este jueves, 6 de agosto, la mesa de un nuevo intento de diálogo promovido por Estados Unidos.

Sin discursos, el evento existió únicamente para una foto sin sonrisas. La mesa de diálogo se instaló con la sobriedad calculada de un drama televisivo, donde las delegaciones —que parecen emular a los verdes y a los negros de La Casa del Dragón— posaron en absoluto silencio antes de cualquier debate.

Recién salido del horno: otras noticias

El espejismo del cambio después del #3Ene: Verdad, justicia y garantías siguen en rojo

SNTP: Libertad de expresión debe ser el eje central del nuevo diálogo político

Meganálisis: Imagen positiva de Trump entre los venezolanos cayó 70,6 % entre enero y julio de 2026

En los venezolanos predomina la indignación por manejo de la crisis postsismo, según Meganálisis

Cáritas Venezuela insta a seguir ayudando: “Emergencia entró en una fase menos visible”

Falleció José Breijo: el preso político al que el policía que lo arrestó le invadió la vivienda

Dólar/Euro BCV

La cita

“Estamos trabajando firmemente por la libertad y la democracia para los venezolanos”, Dinorah FIguera, presidenta de la AN 2015 tras la instalación del nuevo intento de diálogo político.

Lo que rompe en redes

Tras más de 40 días de búsqueda, este jueves, 6 de agosto, familiares de Cristina Margarita Ramos (71), conocida como “la señora de las uñas bonitas”, informaron que fue hallado su cadáver. La información fue dada a conocer por su hija Crisnel Mata a través de un video en redes sociales.

Azuquita pa’l café

El gatito siamés llamado Félix que fue rescatado el pasado 31 de julio en Catia la Mar, muestra una gran mejoría tras recibir atención veterinaria en el centro ubicado en el McDonald’s de Caraballeda, donde lo atendió el personal médico veterinario. Su propietaria acude a visitarlo todos los días.

La ñapa (recomendamos…)