Una de las inquietudes que agobia a los ciudadanos de los países vecinos de Colombia tiene que ver con las consecuencias para ellos de un eventual éxito de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC y el retorno de los terroristas a la vida civil. La pertinencia de esta angustia es total, porque la activación de la normalidad para un contingente tan importante de criminales –que podrían pasar de 12.000 en número–, cuya ocupación más reciente no les proporciona armas para fraguarse un porvenir adecuado en la vida ciudadana, podría colocar a muchos en la necesidad de refugiarse en el crimen o en el narcotráfico.
Si Colombia, para ventura propia, transitara, al fin, la entrega de las armas de los insurgentes, estaría obligada a blindarse por distintas vías para proteger a los suyos de una distorsión social como la planteada, una que se ha producido ya en el terreno del paramilitarismo y en otros ejercicios de pacificación en Colombia y el mundo.
La vulnerabilidad de Venezuela en este caso es superlativa. En primer lugar, porque la atención del gobierno colombiano, para que la paz sea realmente un avance plausible y estable, deberá volcarse a evitar el retorno de los desmovilizados a sus tropelías de antaño, dentro del territorio propio.
En segundo lugar, porque un trasvase hacia Venezuela, siguiendo el criterio que siempre ha prevalecido en Bogotá de que sus responsabilidades llegan hasta la frontera, lejos de inquietar a los gobernantes pudiera presentar, si no una salida adecuada, al menos no un problema ni inmediato ni grave que atender. Venezuela está tan obligada a proporcionar a su población orden, como Colombia.
La porosidad de nuestra frontera está allí para hacernos la tarea más dura, y nuestra debilidad institucional en el manejo de los crímenes, del secuestro, de la droga y del delito en general no se constituye precisamente en una pared de hormigón difícil de atravesar para los antisociales. Veamos, si no, hasta dónde han llegado los niveles de violencia y de impunidad en Venezuela en los últimos 15 años.
Hay que atenerse a que algunos frentes guerrilleros que se nutren de los jugosos proventos de la droga habrán de considerar mucho más relevante el negocio del narcotráfico que el de la paz. No hay que ignorar que quienes pactan el silencio de las armas por el lado guerrillero no recibieron un mandato de sus bases y actuaron por la libre en La Habana. Eso deja muchos frentes huérfanos de autoridad y en absoluto obligados a respetar acuerdos de paz en los que no tuvieron voceros designados.
¿Dónde mejor refugiarse, pues, que en un territorio con poca vigilancia e inexistente imperio de la ley, como el nuestro?
Todos somos del criterio de que un acuerdo de paz que traiga la tranquilidad que merece la nación hermana es lo mejor que le puede pasar a Colombia. Pero puede no ser lo mejor que le ocurra a Venezuela si la consecuencia es el aumento de la criminalidad y del narcotráfico de este lado del Arauca.
¿Es ello una razón para oponerse? Sin duda que no.
¿Es ello una razón para que aquellos veedores y garantes del proceso de La Habana que portan pasaporte venezolano se inquieten y pongan sobre la mesa las perniciosas consecuencias para nosotros como receptores de tal perverso trasvase?
La respuesta la tiene el gobierno.
