Desde el Gobierno intentan cambiar la narrativa en torno a las muertes a manos de policías y militares. De un plumazo, desaparecieron los casos de resistencia a la autoridad
El 14 de enero, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, informó a través de sus redes sociales sobre los hechos que desencadenaron la muerte de Giovanny Antonio Milla Godoy.
Este hombre, apodado Giovanny Caracas, fue caracterizado por el jefe policial como un “peligroso criminal” del estado Trujillo. En específico, era buscado por el homicidio de Juan Francisco Gutiérrez Hernández, un comerciante de 36 años de edad, conocido en Valera como Juan Chalero. El 25 de octubre de 2021, informó el Diario de Los Andes, un grupo armado entró a la venta de repuestos para motocicletas que él regentaba en la avenida Bolívar y lo acribilló sin llevarse ni un tornillo. De allí que, para Rico, este fue el resultado de un sicariato, un asesinato por encargo.
Este caso quizá quedaría sepultado junto con otros cientos que suceden en todo el país, en los que individuos responsabilizados por ciertos delitos mueren en supuestos enfrentamientos con efectivos de cuerpos uniformados, civiles o militares.
Pero, en lo referido a Giovanny Caracas, hubo un detalle llamativo. De acuerdo con el jefe de la policía de investigación del país, el incidente ocurrió en el contexto de lo que denominan una “intervención legal”.
No era la primera vez que el funcionario acudía a esta expresión. El 12 de enero, hizo lo mismo al reportar sobre un supuesto intercambio de fuego entre agentes de la institución y Mario Antonio Navas García, Cuchito, en el sector La Pica de Palo Negro, estado Aragua. Al abundar en detalles sobre este suceso, afirmó que fueron colectados un vehículo y una pistola “en el lugar de la resistencia”.
Ese mismo día, 12 de enero, las unidades encargadas de recopilar y sistematizar las estadísticas en las policías de alcance nacional recibieron una escueta orden, según la cual a partir de ese momento todos los casos que anteriormente eran catalogados como “resistencia a la autoridad” serían conocidos como “intervención legal”.
Los principales eran desde luego los homicidios, las lesiones personales, los secuestros, las violaciones sexuales, los robos y los hurtos de todo tipo, y la “resistencia a la autoridad”, que es una de las acciones ilícitas contra la cosa pública. El Código Penal la describe como el uso de “violencia o amenaza para hacer oposición a algún funcionario público en el cumplimiento de sus deberes oficiales”.
Bajo el paraguas de la “resistencia a la autoridad” tradicionalmente han colocado los homicidios perpetrados por funcionarios de cuerpos policiales o militares. En algunos de estos casos, ciertamente, el agente o militar puede ser eximido de culpa al comprobarse, mediante investigación del Ministerio Público, que actuó en legítima defensa, ya sea propia o de terceros. Pero la gran mayoría de los expedientes oculta el resultado de actos alevosos, perpetrados con ventajismo. Este ha sido uno de los puntos que mayor interés ha suscitado en cuerpos internacionales de defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, entre 2018 y 2021 fueron reportadas 18024 muertes por “resistencia a la autoridad”. Se debe aclarar que no todos los expedientes sobre este delito finalizan con el deceso del supuesto investigado. A fin de cuentas, se trata de personas que se oponen a los dictados de algún funcionario. En el estado Vargas, por ejemplo, imputan este delito a los gestores de todo tipo que reviran cuando son detectados por la Guardia Nacional en el interior del aeropuerto.
Pero estas son excepciones. El 95,6 % de los casos de “resistencia a la autoridad” instruidos en 2020 incluyó la muerte de alguna persona a manos de efectivos policiales o militares. En 2021, nueve de cada diez expedientes (90 %) catalogados como “resistencia a la autoridad” finalizaron con al menos un cadáver en la morgue.
No solo ha sucedido aquí. También en lugares tan diversos como México y Filipinas, donde los cuerpos de seguridad se hicieron tristemente famosos por su accionar en la “guerra contra las drogas”.
Pero en el caso venezolano, esta revisión desde afuera comenzó a propósito de conflicto político, puesto que también los fallecimientos de opositores y personas críticas o incómodas al Gobierno ocasionalmente han sido ocultados bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”. El primer informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU afirmó que el Gobierno de Maduro sigue un “claro patrón” en este sentido, al tratar de colocar las ejecuciones extrajudiciales como casos en los que las personas ofrecieron alguna oposición a las fuerzas policiales o militares.
Este documento fue emitido en septiembre de 2020, y ocasionó enorme revuelo. Más allá de las fronteras, sirvió como una especie de antesala para las decisiones que luego fueron emitidas por la fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Y fronteras adentro, el régimen se ha visto obligado a implantar un conjunto de cambios, en una clara estrategia de control de daños.
“Ellos (en el Gobierno) están muy asustados con el tema de la Corte Penal Internacional. En algunos casos, han hecho maquillajes. Pero en otros los cambios han sido reales”, afirmó el abogado y activista de derechos humanos Marino Alvarado.
Junto con el Centro Gumilla, Alvarado hizo una evaluación de la información pública sobre muertes por resistencia a la autoridad. Concluyó que a partir de la divulgación del informe ya referido (septiembre de 2020) los totales han ido en franco descenso.
Otro hecho concreto en esta materia ha sido el desmantelamiento casi total de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), señalada como la unidad que más acudía a las tácticas de “mano dura”. Esta había sido una recomendación de la alta comisionada de DD. HH. de la ONU, Michele Bachelet. Sin embargo, aclaró que la FAES todavía tiene algunos reductos en Caracas y Lara.
Hasta aquí los cambios reales. La implantación de otro nombre a los casos de “resistencia a la autoridad” entra según este experto en el área de lo cosmético.
“Esto parece un interés para generar una predisposición. De entrada, le dan “legalidad” a una intervención que pudo ser irregular. Quieren darle visos legales a muertes que pueden ser arbitrarias. Y si eso es así, ¿para qué las van a investigar? Ya de por sí los casos que se conocían como resistencia a la autoridad no eran investigados”, afirmó.
El régimen de Maduro ha dado varios pasos con el propósito de tomar las riendas de la narrativa en torno a los temas de seguridad, aprovechando la aparente quietud implantada a punta de cuarentenas. La imposición de esta nueva forma de designar el accionar letal de los cuerpos de seguridad vino precedida de otras medidas. De repente, las estructuras armadas no estatales comenzaron a ser conocidas como TANCOL, un acrónimo por “terroristas armados, narcotraficantes de Colombia” que acuñó el gobernante a partir del 30 de septiembre, cuando intervino en el aniversario del Comando Estratégico Operacional de la FANB. No es de extrañar entonces que, en los próximos días, algún funcionario obsecuente intente ganar puntos al divulgar los resultados de una “intervención legal contra una peligrosa TANCOL”.
Breves
√ Las autoridades venezolanas están decididas a no perseguir el comercio ilegal de oro. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, durante 2021 fueron iniciadas en el país casi 260 investigaciones sobre el tráfico ilícito de metales preciosos o considerados “estratégicos”. Pero ninguna de ellas tuvo que ver con las redes criminales que se nutren del oro extraído del arco minero del Orinoco.
Cuando se va al detalle de estos casos, encontramos que generalmente se trata de pequeños rateros o personas sin oficio, encontradas in fraganti cuando presuntamente sustraían cables de cobre, tubos abandonados en algún terreno de Petróleos de Venezuela, o que transportaban chatarra sin la venia de los policías y militares de turno. Nada de oro. Un informe publicado en septiembre de 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó que en Venezuela se producen anualmente unas 75 toneladas del metal aurífero. De ellas, solo la mitad estaría entrando a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. El resto representa lo que describieron en ese estudio como “flujo disperso”, que por definición es ilegal, y nutre las finanzas de “personas políticamente expuestas” (PEPs), estructuras armadas no estatales como las megabandas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos terroristas.
Esta ausencia de control tiene consecuencias. De acuerdo con el último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, tres de los cinco municipios con las tasas más elevadas de muertes no naturales están en las zonas mineras de Bolívar. El Callao es el más notable, con 511 por cada 100.000 habitantes. El tráfico de metales preciosos, junto con el de drogas ilícitas, alimenta los conflictos armados. Sucedió en Sierra Leona con los diamantes, en Colombia con las esmeraldas, y ahora lo vemos aquí. Nadie aprende por la experiencia ajena.
√ El sábado 15 de enero, la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Apure (Zodi 31) informó sobre la llegada de refuerzos a las tropas acantonadas en la 92 Brigada Caribes del Ejército, con sede en Guasdualito. La decisión fue tomada ante el evidente brote de violencia que abarca tanto al departamento de Arauca como al estado llanero venezolano, y que suma ya más de cuarenta fallecidos. De ellos, por lo menos diez en territorio nacional. Apure se ha transformado en un territorio en disputa por grupos armados, como sucede en Bolívar y el sur de Monagas. Frente a lo cual la FAN pareciera ser un actor disminuido, con poco qué decir o hacer. En este caso, los protagonistas son el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC lideradas por Gentil Duarte (FARC-EP), la misma facción que en marzo de 2020 mantuvo rehenes a ocho militares venezolanos. Esta violencia se hizo notoria desde diciembre, cuando el ministro de la Defensa colombiano Diego Molano confirmó las muertes en Apure de quienes para el momento eran segundo y tercero al mando de la otra gran disidencia de las FARC, conocida como Nueva Marquetalia.
Se trata de Hernán Darío Vásquez y Henry Castellanos, respectivamente conocidos como Paisa y Romaña. Por el primero el gobierno colombiano ofreció 3000 millones de pesos en recompensa, unos 800.000 dólares al cambio actual, mientras que por Romaña el Departamento de Estado de EEUU puso sobre la mesa 2,5 millones de dólares. A pesar de lo declarado por el funcionario neogranadino, en Venezuela no existen registros ni confirmaciones oficiales sobre lo ocurrido con estos sujetos. Una situación similar a la planteada con Seuxis Paucías Hernández, alias Jesús Santrich, supuestamente ultimado en Zulia en mayo de 2021.
√ Al momento de cerrar esta columna, nos envían un parte elaborado por la Zodi 45 (Carabobo), el 18 de enero. Según esta minuta, la policía municipal de Los Guayos reportó que la estación de servicio ubicada en la carretera que une a esa población con Guacara fue tomada desde horas de la mañana por miembros de un colectivo autodenominado “Movimiento social y revolucionario para la defensa chavista”. Estos individuos asumieron las funciones que anteriormente eran ejercidas por militares. A las 9 a. m., continúa el parte, se presentó en el lugar un mayor del Ejército, quien admitió que había solicitado la colaboración a este grupo, a quienes catalogó de “cooperantes”. Ante esta admisión de lo sucedido, los agentes municipales se retiraron del lugar. La información sobre lo sucedido en esa gasolinera fue remitida a Crímenes sin Castigo en atención a lo afirmado en la entrega anterior, sobre las tendencias que veríamos este año en materia de seguridad ciudadana. Una de ellas, relativa a la mayor presencia de los colectivos armados en labores de vigilante, anteriormente ejercidas por uniformados.
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