Una creciente marea de asesinatos en Bolívar, por Bram Ebus - Runrun

Una creciente marea de asesinatos en Bolívar, por Bram Ebus

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¿Qué ha pasado?

Una avalancha de asesinatos masivos está despertando preocupación internacional mientras la crisis política y económica del país continúa alimentado el éxodo migrante. El 14 de octubre, al menos siete mineros fueron asesinados en enfrentamientos entre facciones armadas no estatales cerca de Tumeremo, estado Bolívar, hacia la frontera con Guyana. Tres semanas después, el 4 de noviembre, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia emboscaron a una tropa de la Guardia Nacional venezolana, matando a tres e hiriendo a diez personas, en inmediaciones de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, cerca de la frontera con Colombia. Estos ataques se dieron en retaliación al arresto del comandante Luis Felipe Ortega Bernal, conocido como Garganta, por parte de la Guardia Nacional. Los dos incidentes se suman al creciente número de muertes violentas a lo largo del vasto “arco minero” venezolano, un área de 122 000 km. cuadrados en la cuenca sur del Río Orinoco.

Aunque los asesinatos en los estados Bolívar y Amazonas ocurrieron a cientos de kilómetros de distancia, muchos venezolanos los perciben como conectados, dado que ocurrieron en un área expuesta a intensas actividades de minería, legal e ilegal. Las muertes plantean grandes interrogantes sobre los efectos de la desintegración socioeconómica general de Venezuela en el sur escasamente poblado pero rico en minerales. También resaltan la creciente presencia de la guerrilla del ELN en estas regiones en un momento en que sus diálogos de paz con el gobierno colombiano se encuentran en un impase. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, poco después de asumir su cargo en agosto puso un alto a las ya vacilantes negociaciones con ésta guerrilla, que se estima cuenta con casi 2 000 combatientes en Colombia.

¿Qué está en juego en el sur de Venezuela?

Venezuela está situada en uno de los mayores (aunque aún no está certificado) depósitos de oro del mundo. También hay reservas prometedoras de coltán y diamantes, entre otros minerales escasos. Como se mostrará en un próximo informe de Crisis Group, la debacle económica del país ha llevado a varios actores armados, estatales y no estatales, a saquear sus recursos naturales, incitados por la desesperación de los venezolanos empobrecidos que ven pocas opciones además de dirigirse al sur y unirse al saqueo.

En 2016 el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto dirigido a crear un marco legal para la minería en el estado Bolívar (la ley venezolana prohíbe la minería en el estado Amazonas) con el fin de establecer una industria extractiva moderna y sustentable. En realidad, ninguna compañía experimentada opera en Bolívar o en otros lugares del arco minero. Las compañías y empresas estatales que operan en Bolívar consiguen la mayoría de sus minerales de minas controladas por bandas locales o combatientes del ELN. Miembros disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se oponen al acuerdo de paz que ese movimiento firmó en 2016 con el gobierno colombiano, están involucradas en operaciones de minería ilegal en Amazonas.

¿Por qué esto importa?

Venezuela está al borde de una de las contracciones económicas más agudas del mundo, marcada por la hiperinflación y escasez de bienes básicos. Sus ciudadanos están saliendo del país de forma masiva – unos tres millones desde 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones. La emigración a Colombia, junto con diferencias ideológicas y el giro autoritario del gobierno de Maduro, han generado tensiones entre Bogotá y Caracas. La actividad de grupos armados en el sur de Venezuela, en especial el cruce irregular de pasos fronterizos, probablemente alimente estas tensiones.

Muchas fuentes dicen que la guerrilla del ELN se ha tomado un número importante de minas controladas por sindicatos criminales venezolanos en 2018. Los enfrentamientos por el control de éstas han dejado un camino de muerte a lo largo del arco minero. Muchos asesinatos – incluso masacres – no son reportadas porque muchas ocurren en lugares remotos, generalmente habitadas por comunidades indígenas, con conexiones de transporte y telefónicas esporádicas o inexistentes. Esta gente teme hablar con extraños, aun cuando sus parientes desaparecen.

¿Cuál es el rol del gobierno venezolano en esta violencia?

Desde octubre de 2017, un nuevo gobernador en el estado Bolívar supuestamente se ha aliado con los sindicatos criminales, mientras que su predecesor presuntamente tenía relaciones con diferentes grupos criminales (ninguno ha respondido a estas acusaciones). Mientras tanto en Caracas, se cree que dos facciones del gobierno compiten por el control de las reservas minerales. Una facción, que incluye a miembros de la Guardia Nacional, aparentemente trabaja de la mano con sindicatos criminales para su enriquecimiento personal. La otra, compuesta por partes del aparato militar, parece decidida en manejar las minas en alianza con el ELN e invertir las ganancias en la sobrevivencia del gobierno chavista.

Los objetivos de esta última parecieran incluir el uso de guerrilleros experimentados como línea de defensa estratégica cerca de la frontera colombiana en el caso de una intervención militar extranjera en Venezuela, una opción esgrimida por prominentes figuras de EE.UU. y América Latina en meses recientes. Oficialmente, el Ministerio de Defensa venezolano niega que guerrilleros del ELN estén presentes en el país, culpando a paramilitares de derecha colombianos por los asesinatos del 4 de noviembre en Amazonas. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano envió un comunicado el 5 de noviembre en donde condenaba los asesinatos y reconocía a Luis Ortega, quien fue arrestado junto con 8 personas por la Guardia Nacional venezolana y está detenido en una cárcel militar cerca de Caracas, como comandante del ELN.

¿Cómo han reaccionado otros países a los asesinatos?

Los países limítrofes han mostrado la mayor alarma. Guyana y Colombia han reforzado las tropas posicionadas en sus respectivas fronteras con Venezuela, de acuerdo a fuentes en las fuerzas armadas de ambos países, en gran parte por preocupación por la expansión de la violencia relacionada con la minería.

Como parte de sus sanciones al gobierno de Venezuela, los EE.UU. anunciaron por medio de una orden ejecutiva el 1 de noviembre que apuntaría a las exportaciones de oro, las cuales cree están siendo usadas para enriquecer a la elite política y económica de Venezuela al costo de aumentar la violencia y las violaciones a los derechos humanos en el sur del país. El 24 de octubre, Marshall Billingslea, subsecretario de financiación del terrorismo en el Departamento del Tesoro, acusó a Maduro de “saquear” el suministro de oro de su país, mencionando la exportación de 21 toneladas del metal precioso a Turquía como un ejemplo. Añadió que “este oro está siendo removido del país sin ninguna de las salvaguardias habituales que garantizarían que los fondos se contabilicen y se cataloguen adecuadamente como pertenecientes al pueblo venezolano”. La orden ejecutiva prohíbe el comercio con aquellos que “operan en el sector del oro de la economía venezolana”. Sin embargo, esta medida podría tener efectos secundarios perniciosos, al forzar el envío de grandes cantidades de oro por rutas de contrabando, aumentando así las ganancias para el crimen organizado y los actores armados no estatales.

Alternativamente, bajo la legislación existente en los EE.UU. y próxima de la UE, Washington y Bruselas podrían clasificar el oro y coltán venezolano como minerales de conflicto. Estas leyes instan a las compañías a lo largo de la cadena productiva a obtener minerales de proveedores libres de conflicto, una cláusula que impediría a Venezuela vender su oro y coltán en el exterior a menos que los exportadores revisen sus prácticas. El hecho de que el comercio de minerales venezolanos se asocie con masacres, lavado de dinero, violencia sexual y grupos incluidos en las listas de terroristas de EE.UU. y la UE justificaría la aplicación de estas leyes, pero es difícil saber si estas medidas aumentarían o no las redes de contrabando.

¿Cuáles son los posibles escenarios en los próximos meses?

Un aumento de la violencia en el sur de Venezuela sigue siendo bastante posible, a menos hasta que uno de los grupos consolide el poder en la región. La competencia entre facciones dentro del Estado podría fácilmente tener un efecto multiplicador sobre los ataques. Los continuos enfrentamientos entre fuerzas estatales venezolanas, sindicatos criminales venezolanos y grupos armados colombianos probablemente también genere un desplazamiento de locales al otro lado de la frontera con Colombia. La gente en el sur de Venezuela necesita asistencia humanitaria urgente, particularmente atención en salud, mientras las operaciones mineras arrasan la tierra que normalmente les permite subsistir.

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