Desde hace unos cuantos años los venezolanos asumimos que nuestra seguridad personal es un asunto del azar. El “uno no sabe si volverá a su casa cada vez que sale” se ha vuelto un lugar común en las conversaciones cotidianas. Pues bien, ahora ese encomendarse al hado se ha extendido también a la salud. Tenemos que contar con la suerte, no solo de que no se nos atraviese un hampón homicida, sino también con la de no enfermarnos.

En este país no es exagerado preocuparse con creces ante una tos o un dolor de cabeza, ya que pueden ser los primeros síntomas de un padecimiento que no es fatal porque no se haya descubierto su cura, sino porque no hay medicamentos para tratarlo. Según la Federación Farmacéutica Venezolana, la escasez de estos productos ya pasó la estremecedora proporción de 80%. La producción nacional está azotada por la deuda en divisas que mantiene el Estado con los proveedores internacionales de materia prima. Ese es un factor ya viejo, al que la lógica chavista reaccionó con la soberbia de despreciar las necesidades del sector privado e importar medicamentos masivamente. Desde luego, eso solo duró lo mismo que la permanencia de los precios del petróleo por los cielos. El resto de la historia ya lo conocen.

A tal problema la Asamblea Nacional respondió con una declaración de crisis humanitaria de salud y la petición de ayuda internacional, que se traduce en el envío gratuito de medicamentos e insumos médicos. Sin embargo, la última palabra para aceptar ese despacho le corresponde al presidente Nicolás Maduro. Luego de guardar un largo silencio al respecto, el jefe de Estado dijo que “la derecha era irresponsable” al hablar de una crisis humanitaria. El embajador de Venezuela ante la OEA le hace eco y dice que apenas hay “un problema de acceso a los medicamentos propiciado por la guerra económica”. Héctor Rodríguez aseguró hace unas semanas que no era necesario pedir ayuda, porque “Venezuela tiene cómo producir sus propias medicinas” y llenar el vacío “de inmediato”. 

O sea que los que esperan urgentemente por insulina o antirretrovirales tienen que aguantarse mientras el motor de la salud arranca, algo que ni siquiera está garantizado.

Desde las filas rojas se acusa a la oposición de no creer en la producción nacional. Como si Diosdado Cabello apenas el año pasado no hubiera despreciado las quejas de los laboratorios venezolanos sobre la falta de divisas, a favor de la importación desde Brasil que él mismo gestionó. Como si Maduro esta semana no hubiera anunciado la firma de acuerdos con Cuba por casi un millar y medio de dólares para, entre otras cosas, traer medicamentos hechos en la isla.

Por eso a nadie le extrañe que, según todas las últimas encuestas (incluyendo la última de Hinterlaces), más de la mitad de los venezolanos pida el fin adelantado del gobierno actual. De todas las armas esgrimidas por la MUD para lograr esto, el oficialismo ha sugerido que solo aceptará un referéndum revocatorio. Pero el tiempo pasa y el CNE no da respuesta a la solicitud de las planillas para comenzar a recoger firmas a favor de la consulta, el primero de una larga serie de pasos. Si Maduro es revocado el año que viene, no se podrá llamar a elecciones de inmediato, sino que el vicepresidente completará el mandato hasta 2019.

El Parlamento se propone aprobar una ley que ponga fin o al menos reduzca las trabas, pero el chavismo ya ha comenzado a amenazar con dejarla sin efecto, al igual que ha hecho con todas las iniciativas del hemiciclo desde que hay una nueva mayoría ahí.

Mientras, el desespero de la población crece, y con razón. Sin embargo, existe un problema que bien vale la pena discutir. Hay personas que piensan que los políticos todo lo pueden con su voluntad sola. Pero eso es un tirano. Los funcionarios del Estado, se supone, tienen competencias claramente delimitadas por algo que se llama Constitución.  En el caso de nuestra Carta Magna, hay una separación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Los diputados o parlamentarios redactan las leyes, y el Gobierno vela porque se cumplan. ¿Cómo lo hace? Pues con el monopolio de la fuerza legítima. Los ciudadanos siguen las reglas porque saben que no hacerlo acarrea una sanción, física o económica. Si no hay al menos el intento por garantizar que la ley se respete, para la gente ella no es más que papel higiénico.

Ahora bien, ¿tiene la Asamblea Nacional una fuerza para hacer cumplir las leyes que redacta? No, porque esa es la función del Ejecutivo. No hay una “policía legislativa” ni un “ejército parlamentario”. Hay cuerpos de policía y Fuerzas Armadas, que dependen del Gobierno.

Entonces, ¿qué pasa cuando el Ejecutivo desconoce a la AN? La respuesta es que ella no tiene cómo transformar su palabra en acción. Naturalmente, debe haber una reacción por parte de los agraviados, sobre todo porque representan a la mayoría que los puso donde están. Pero entonces se corre el riesgo ya planteado: la creencia de que los dirigentes son los únicos responsables de hacer del país lo que los ciudadanos quieren que sea. Desde luego, son los principales a cargo. Pero una cosa es “principal” y otra es “único”. En realidad, la responsabilidad es compartida por todos los ciudadanos. El curso de los asuntos públicos es eso: cosa de todos.

Si los venezolanos votaron un cambio, expresado en leyes nuevas o una salida constitucional del gobierno, ¿pueden esperar que 112 o 109 diputados, ellos solos, obliguen a otro poder que tiene el monopolio de la fuerza bruta a acatar ese cambio? Disculpen el fastidio socrático, pero la mayéutica de pregunta tras pregunta me parece la mejor forma de echar luz al punto en cuestión.

Como dijo esta semana Colette Capriles, el cambio pasa por una presión política. En un escenario ideal, tal presión se expresa suficientemente en el voto. Pero la jerarquía chavista ha dado señales de que el sufragio no le basta para escuchar los reclamos del soberano. Se necesita algo más.

Hace alrededor de cinco meses, a pocos días de las elecciones del 6 de diciembre, en esta columna se argumentó que el voto podía combatir el autoritarismo. Para eso me valí del ejemplo de Chile a finales de los años 80, cuando los ciudadanos de ese país consiguieron mediante un plebiscito poner fin a la dictadura de Pinochet. Este caso vuelve a ser conveniente ahora.

Aquel voto no vino solo. Los chilenos comprendieron que los pilares que sostenían al régimen estaban debilitados y que había una oportunidad para sacudirlo. Así que se manifestaron. En las calles salieron en masa para promocionar el fin del despotismo. ¿Lo hicieron sin miedo? Claro que no. Temor había y bastante. Sabían que estaban combatiendo un gobierno para el que los Derechos Humanos eran despreciables, y que había torturado, asesinado o desaparecido a miles de sus compatriotas. Los agentes oficiales espiaban y hostigaban a líderes opositores. Hubo represión de las manifestaciones contra Pinochet. Pero la movilización en las calles no se detuvo, y esa demostración de fuerza contribuyó a que el “No” a la dictadura triunfara.

Ahora la mayoría de los venezolanos preferiría que los actuales usuarios de Miraflores no sigan ahí hasta 2019. La celebración de un revocatorio es su derecho, como lo dice la Constitución. Insisto en que no se debe despreciar el voto, al menos no cuando la acción ciudadana se limita a él. Los chilenos presionaron por su sufragio. Si en Venezuela se quisiera hacer lo mismo, esa presión pacífica estaría a su vez legitimada por el voto del 6 de diciembre.

Por supuesto, a los periodistas no nos corresponde organizar ni liderar movilizaciones. Esa sí que es responsabilidad de los políticos. Solo digo que si esos llamados no tienen convocatoria, sean para fustigar al Gobierno o para defenderlo, no tienen sentido. El voto y el activismo ciudadano son los ingredientes para una receta de cambio que funcione. Quien no entienda esto y lamente el cuadro de salud descrito más arriba, que no se queje la próxima vez que sufra una de esas migrañas preocupantes.

@AAAD25