Los posibles candidatos podrán inscribirse hasta el 4 de septiembre
El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió dar una segunda prorroga, hasta el próximo 4 septiembre, para el proceso de inscripción de candidatos para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
En principio, según el cronograma electoral, las postulaciones de candidatos empezó el 10 de agosto y debía culminar el 19 de agosto, sin embargo ese día decidieron extender la fecha hasta este miércoles, 26 de agosto.
En ese momento explicaron que tomaron la decisión luego de que distintas organizaciones políticas lo solicitaran. Miembros de la mesa de diálogo enviaron una comunicación al CNE el lunes, 17 de agosto, solicitando la prórroga debido a la pandemia del COVID-19.
Según señalaron en la carta, eso les ha impedido reunirse con distintos sectores del país, optando por las vías digitales, que han ralentizado el proceso de escogencia de los candidatos.
Habilitando e interviniendo partidos
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió mediante una sentencia de la Sala Constitucional, habilitar a los partidos Bandera Roja y Compromiso País (Compa) para participar en las elecciones parlamentarias.
En la sentencia 124 el TSJ habilitó a Pedro Celestino Veliz como presidente de Bandera Roja y lo autoriza para postular candidato. La sentencia 125 designa a Olga Morey en la misma condición, para que actúe en nombre de Compa.
Minutos después de la confirmación de la extensión de la fecha de postulaciones, el TSJ emitió la sentencia 126 donde habilita al partido MIN Unidad, en nombre de Alfredo Alexander Boscán, para la inscripción de candidatos en las próximas elecciones.
En 2015 este partido fue intervenido por el TSJ y nombró una junta ad hoc conformada por Luz María Álvarez, Presidenta; Ramón Eduardo Odreman, Coordinador de la Dirección Nacional de Política Estrategia y del accionante como Coordinador de la Dirección Nacional de Planificación.
Esta decisión vino después de la solicitud hecha por Alix Ramón Medina, militante del partido, por “la presunta violación de los derechos a la defensa, al debido proceso, de petición, a la asociación con fines políticos y a ser candidatos a cargos de elección popular”.
