Debido a su situación de vulnerabilidad y desprotección en otros países, centenares de venezolanos y venezolanas en situación de migración forzada están retornando a Venezuela en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Las autoridades locales deben garantizar que los protocolos de atención a su llegada cumplan con principios médicos y técnicos, pero también respetuosos de la dignidad humana. Las agencias de Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a frontera y garantizar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades. No se debe obstaculizar el trabajo de los actores humanitarios nacionales, y defensores de derechos humanos, que puedan brindar apoyo en las garantías a los derechos humanos de quienes regresan al país en difíciles circunstancias físicas y emocionales.
Forzados a migrar, obligados a regresar
Debido a la ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja Venezuela es el centro de una de las peores crisis migratorias de la región en los últimos años. En octubre de 2019 la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), estimó que para finales del 2020 la cantidad de venezolanos en situación de migración forzada podía superar los 6 millones de personas. Esta crisis ha representado múltiples desafíos para los países de acogida, quienes no han establecido todas las medidas necesarias de protección, lo cual ha quedado en evidencia en situaciones críticas como en la actual pandemia de Covid-19.
El gobierno colombiano ha emitido 33 decretos para hacer frente a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los migrantes venezolanos, quienes constituyen el 92 %de la población migrante en el hermano país, 1.800.000 de personas según cifras oficiales, quedaron por fuera de todos, lo cual los colocó en una mayor situación de vulnerabilidad a la que ya poseían como personas necesitadas de refugio.
Según el diario La Opinión de Cúcuta “Pese a que el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de Covid-19 entre la población migrante en Colombia, no hay un marco legal lo suficientemente amplio que abarque a todos los ciudadanos. Solo se han ejecutado medidas temporales como transferencias monetarias a 150 mil familias y 150 mil mercados a personas en condición de vulnerabilidad en Bogotá.” Diferentes políticos y especialistas del tema migración en el hermano país han estado solicitando aprobación de medidas que incluyan a los venezolanos como población vulnerable. Por ejemplo, el senador Antonio Sanguino propuso al presidente Iván Duque para que expida un decreto ley relacionado con el asunto migratorio en el marco del coronavirus, basado en una regularización migratoria, un sistema de registro de información y de asistencia a los migrantes bajo una figura institucional. También planteó, siguiendo el ejemplo de España, apresurar la homologación de títulos y permisos de trabajo para incorporar a los médicos migrantes al Sistema Nacional de Salud y así afrontar la enfermedad.
Sin trabajo y sin hogar
Los primeros días de abril se denunció el desalojo de familias de venezolanos de pensiones conocidas como “pagadiario” en Bogotá, pues las personas pagan por día de pernocta. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en una polémica declaración pidió recursos al gobierno central para sufragar el costo de los alquileres en familias en condición vulnerable bajo la pandemia, incluyendo a los venezolanos: “Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir, es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional. Un peso aunque sea, uno. Porque todas estas cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso, a 450.000 personas de Venezuela”. El presidente Iván Duque expresó posteriormente: “Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando decir: Es que ese no es mi problema. Es una responsabilidad de todos. Aquí nadie puede lavarse las manos, nadie, frente a un tema tan sensible”, dijo en un comunicado de la Presidencia de Colombia, sin referirse de manera directa a López.
La situación se repitió en el departamento de Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Según recogió el diario argentino Clarín: “el grueso de los retornados comenzó en el Departamento de Magdalena en Colombia donde fueron desalojados de sus viviendas porque no podían seguir pagando el alquiler (…) Este miércoles varios propietarios de pensiones realizaron un desalojo masivo entre las calles 22 – 24 y carreras 17 – 18, a personas que vivían allí con el sistema de renta ‘paga diario’.
La comunidad venezolana residía en este barrio de la localidad Los Mártires, en varias de las edificaciones que están ubicadas en la zona de tolerancia. “El motivo del desalojo de los venezolanos se habría hecho porque llevaban varios días sin pagar arriendo y pese a que la alcaldía de esta localidad ordenó que según el Decreto 903 en el Artículo 6, no se puede desalojar a nadie del lugar donde vive, esta comunidad estaba en la calle sin un lugar a donde ir, sin alimento, ni medios económicos para mantenerse; ya que no han podido trabajar por las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno nacional”, agregó la nota del periódico argentino.
Los venezolanos se ven impedidos de ejercer sus ocupaciones informales y están siendo desalojados de sus viviendas al no poder seguir pagando los alquileres. El 7 de abril la gobernación del Norte de Santander reveló que desde el 14 de marzo habrían pasado 30 mil personas a Venezuela. Desde el 18 de marzo las organizaciones humanitarias que brindaban apoyo en la frontera del lado colombiano, comida y medicinas, a los venezolanos suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, como medida para prevenir la propagación del Covid-19.
*Vea el informe completo en Perdido en Itaca
