EL GOBIERNO DE PERÚ DEPORTÓ a los magistrados oficialistas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales.

De acuerdo con una nota de Primer Informe, esta decisión se tomó tras la participación de Perú en el respaldo de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia (TIAR) para Venezuela.

Según la nota, Alfonzo y Delgado fueron retenidos en su llegada a la ciudad de Lima, se les negó la entrada al país y fueron deportados.

Las autoridades de Perú alegaron antes de deportarlos que se trataba de una serie de “restricciones de tipo migratorio, ordenadas por el gobierno peruano”.

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Vale destacar que Indira Alfonzo y Arcadio Delgado Rosales son parte de los magistrados que están sancionados por Canadá y Estados Unidos.

Cancillería venezolana reacciona

En un comunicado difundido en la web de la Cancillería, el gobierno venezolano rechazó la deportación de ambos magistrados calificando la acción como un «atropello».

A continuación el comunicado:

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su rechazo ante la retención y prohibición de ingreso a territorio peruano de dos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de las autoridades migratorias de ese país, el 01 de octubre de 2019.

Al respecto, es preciso informar que los Magistrados arribaron a la ciudad de Lima, para representar a la República Bolivariana de Venezuela, en la 2da Reunión Preparatoria de la “XX Cumbre Judicial Iberoamericana”, a desarrollarse del 02 al 04 de octubre en la República del Perú. Sin embargo, a la llegada de los funcionarios, se les denegó el ingreso y posteriormente se les obligó a que retornaran a Venezuela.

La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, el atropello causado a funcionarios venezolanos, negándole el ingreso a territorio peruano, bajo los argumentos de “Restricciones migratorias ordenadas por el gobierno del Perú”, en flagrante violación de sus obligaciones como país anfitrión, así como también de los convenios internacionales celebrados y ratificados por ambas naciones.

La decisión unilateral del gobierno peruano al denegarle el ingreso a funcionarios venezolanos, no solo representan un atropello a los Magistrados, sino que además atenta con los valores del multilateralismo y la cooperación internacional, basamentos de la Carta de las Naciones Unidas.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, insta a las autoridades peruanas a evitar que hechos como éste se repitan, y apegarse al Derecho Internacional como norma que rige las relaciones de dos Estados soberanos.

*Con información de Primer Informe