DURANTE EL DIÁLOGO INTERACTIVO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS de Naciones Unidas, acto ocurrido este viernes 5 de julio en Ginebra, Suiza, Feliciano Reyna habló en representación de más de 200 organizaciones no gubernamentales venezolanas para denunciar las graves violaciones y abusos de derechos humanos que sufren los habitante del país debido a la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa la nación, y solicitar ante la instancia internacional una serie de acciones dirigidas a articular esfuerzos que eviten mayor sufrimiento a los más vulnerables. 

«Millones de venezolanos claman ¡Auxilio! Es preciso detener ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y corregirlas a fondo porque la emergencia va a empeorar. El gobierno del señor Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano a la vista de la comunidad internacional. No permitamos que Venezuela sea otra crisis prolongada, que sume millones de víctimas más a las que ya nos interpelan como comunidad de derechos humanos desde distintas regiones del mundo», dijo Reyna en un discurso en el que expuso la situación venezolana.

En la sesión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ante el organismo el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 

El defensor de derechos humanos subrayó que durante una década, el gobierno chavista se resistió a rendir cuentas a los organismos de Naciones Unidas, no cumplió con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, ni autorizó las visitas de organizaciones internacionales que pidieron ir a terreno para corroborar la emergencia que sufre el país.

Reyna recalcó que el gobierno ignoró más de 1.000 recomendaciones emitidas por organizaciones de derechos humanos para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos, entre ellas una feroz represión feroz contra la disidencia.

«A partir de 2015, este incumplimiento desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja, cuya existencia aún niega el gobierno del Sr. Nicolás Maduro y sobre la que también guardó silencio la mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno», explicó.

Reyna también denunció el desmantelamiento del Estado de Derecho, «los exacerbados índices de violencia social y el control de extensas zonas urbanas y rurales por parte de grupos irregulares, así como en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales para castigar, desplazar o callar a quienes ejercen sus derechos».

Reclamó que en Venezuela no existan instituciones independientes que frenen los abusos del poder ejecutivo, a excepción de la Asamblea Nacional, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. «Ello ha configurado un sistema de justicia que permite la impunidad tanto de delitos comunes como de violaciones a los derechos humanos y que persigue y encarcela a la disidencia», apuntó.

En medio de este panorama, el representante venezolano pidió al Consejo la designación de «una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su sentido más amplio, que establezca las responsabilidades e impida la impunidad».

Igualmente, exigió que se exhortara a los Estados que reciben migrantes venezolanos a unificar esfuerzos que les ofrezcan protección internacional evitar medidas que los sometan a mayores privaciones de sus derechos y riesgos a su integridad personal.

Insistió en que se acelere una solución política a la crisis venezolana por medio de esfuerzos articulados, tanto nacionales como internacionales, en los que se incluyan acciones «del Secretario General de Naciones Unidas junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a fin de restituir los derechos a la participación política y electoral de los venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país».

También pidió que se instara a Maduro a que implemente los acuerdos establecidos con la Oficina de la Alta Comisionada, entre ellos, que se abra una oficina permanente de la institución en Venezuela y se garantice el trabajo sin amenazas e injerencias de los defensores de de derechos humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y otros activistas de derechos humanos.

Además, urgió a que se llame a Maduro para que reconozca la emergencia, se abra el espacio humanitario y se implemente una respuesta acorde con la severidad y la escala de la situación, con acceso libre a todas las poblaciones afectadas.

Alertó que se debe exigir al gobernante a dejar sin efecto la asamblea nacional constituyente, respetar el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional, restablecer el Estado de Derecho y un sistema de justicia independiente e imparcial, y poner fin a las prácticas de tortura, represión y desapariciones forzadas. Igualmente, que dé cumplimiento a todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección y dar celeridad a las visitas ya solicitadas por organismos que permitan.