La quema de material electoral y las protestas marcaron las elecciones intermedias en diversos puntos del suroeste de México aunque en el resto de país las votaciones transcurrieron con relativa normalidad el domingo pese al llamamiento al boicot convocado por diversos grupos sociales,  el temor a otros actos violentos y el descontento generalizado de la población que se podría traducir en una alta abstención.

El gobierno federal realizó un gran despliegue del ejército, la marina y la policía federal sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y realizó patrullajes tanto aéreos como terrestres en las zonas más conflictivas pero el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que los incidentes fueron «aislados», resaltó AP.

En Chiapas, Oaxaca, Guerrero hubo quema de boletas, urnas de votación y diferente material electoral, y se registraron protestas de quienes llamaban al boicot y hubo enfrentamientos esporádicos que concluyeron con la detención de 88 personas en Oaxaca y 11 en Chiapas, informaron sus respectivas fiscalías.

El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, apuntó como el incidente más `»complicado» ocurrió en el municipio de Tixtla, en el sureño estado de Guerrero, donde estudiantes, maestros y padres de los 43 alumnos de magisterio desaparecidos en septiembre en ese estado — cuya escuela está en este municipio —  se acercaron a las mesas de votación  e intentaron convencer a los funcionarios para que les entregaran las boletas, que después quemaron como forma de protesta.

«Nosotros queremos que primero aparezcan los jóvenes y después que haya elecciones», dijo Martina de la Cruz, madre de uno de los desaparecidos.

Poco después se registró un enfrentamiento con palos y piedras entre los manifestantes que llamaban al boicot, muchos con la cara cubierta con pasamontañas, y alrededor de un millar de personas que dijeron se oponían al boicot y deseaban defender su derecho al voto.

«Tixtla ya está cansada de esta gente», dijo una enfermera que no quiso revelar su nombre.

En los actos de boicot más violentos participaron también miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sindicato de maestros que se opone a la reforma educativa del gobierno y presente sobre todo en los estados del suroeste.

En Oaxaca, miembros de este grupo, todos con la cara cubierta o con máscaras de Anonimus,  vaciaron un camión con papelería electoral, boletas, urnas  y mesas de votaciones en pleno zócalo y lo prendieron fuego a todo al grito de «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!», en alusión a los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

«Es una violación a nuestros derechos porque un grupo no puede decidir por todos, se creen los dueños de todos los espacios», se quejaba Luz María Velázquez, de 54 años.

Mientras, en las afueras de esta ciudad colonial, esperaban unos 50 vehículos militares pesados listos para intervenir ante cualquier incidencia y un helicóptero de la marina sobrevolaba la zona.

Hechos similares se repitieron en varios puntos de Oaxaca y Chiapas mientras en el resto del país predominaba la calma.

En el norteño estado de Nuevo León los ciudadanos divulgaron fotos por redes sociales de diversos colegios electorales que amanecieron sellados con cadenas y candados, lo que retrasó su apertura, y los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento de Regeneración Nacional, Morena,  denunciaron que hombres armados intimidaban a la gente para que no votara en tres municipios cercanos a la frontera con Texas.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en un primer balance de la jornada aseguró que las elecciones se celebran «con normalidad» en «todos los estados de la república», que los mexicanos podían ir a votar con «seguridad» y que los incidentes eran mínimos ya que se pudieron instalar el 99,95% de las mesas de votación.

Más de 83 millones de electores elegirán a los 500 miembros de la Cámara de Diputados, los gobiernos en nueve de 31 estados, además de cientos de alcaldes y legisladores locales en unas votaciones que se consideran una especie de referéndum sobre la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, en el poder desde diciembre de 2012.

Las elecciones intermedias suelen atraer poca atención, pero en esta ocasión ha sido distinto por los llamados previos a boicotear y diversos hechos de violencia previos.

Prácticamente todas las encuestas han señalado que el partido en el poder mantendría la mayoría de asientos en el congreso y obtendría varios triunfos estatales, a pesar del descontento que algunos han manifestado tanto con las autoridades como por la persistente acción del crimen organizado, que `entró’ en la campaña electoral con el asesinato de una docena de candidatos u operadores políticos.

Además, los problemas en los partidos políticos han provocado la escisión de partidos y el surgimiento de algunos nuevos,  sobre todo de la izquierda, y que en estas elecciones participen por primera vez candidatos independientes.

Juan Altamirano, taxista de 52 que vive en Ciudad de México, aseguró el domingo que iría a votar, aunque todavía no tenía el partido, porque quería «un cambio total en cuestión económica, en trabajo, en seguridad».

Josue Mendoza, y diseñador gráfico de 40 años, emitió un voto protesta ante la corrupción y la ineficacia de sus gobernantes, dijo.  «Lo que más me molesta es que nos creen estúpidos. El PRD — que gobierna en Ciudad de México —  ya se contaminó y ahora parece aún peor que los otros. No hay ninguna opción real», explicó.

La misma falta de entusiasmo la compartía la comerciante Alicia Zuñiga, de 62 años. «No tengo confianza en nadie», aseguró aunque ella apoyaría al derechista Partido de Acción Nacional.

«Estas pueden ser las elecciones de mayores conflictos postelectorales de la historia de México», auguró Luis Carlos Ugalde, expresidente del instituto electoral y actual analista político.

Muerte de exalcalde
José Alfredo Jiménez, exalcalde de Santa María Chimalapa, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, fue asesinado hoy, informó la fiscalía estatal.

«La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, fiscalía) de Oaxaca, investiga el homicidio José Alfredo Jiménez, registrado la tarde de este domingo en el municipio de Santa María Chimalapa», señaló la dependencia en un boletín.

La víctima, que fue presidente municipal hace unos seis años, falleció por disparos de arma de fuego frente al Palacio Municipal de la localidad, dijo el organismo.

Según señalaron varios medios locales, Jiménez se encontraba cerca de una mesa de votación cuando recibió los disparos.

La autoridad instauró un operativo para tratar de dar con los responsables, detalló la fiscalía, quien ya certificó el levantamiento del cadáver.

Santa María Chimalapa es una población localizada en el Istmo de Tehuantepec (sur del estado) y es cabecera del municipio del mismo nombre.