Por Acceso a la Justicia
Se cumplió un mes del presunto intento de magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hasta la fecha, según el fiscal designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, han sido detenidas cuarenta y tres personas y veinticinco de ellas han sido presentadas ante los tribunales, acusadas de estar involucradas en el hecho que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión.
Pasados treinta días del suceso, los venezolanos no tenemos certeza de lo que realmente ocurrió en la avenida Bolívar de Caracas durante un acto del jefe de Estado con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por el 81º aniversario de este cuerpo, ni de quién o quiénes son los culpables, si es que los hay, y de cuál bando político provendrían. Lo que sí está claro es que luego del suceso –que Nicolás Maduro atribuyó rápidamente a una conspiración colombovenezolana, dirigida por el exmandatario neogranadino, Juan Manuel Santos– se desató una persecución contra personas y diputados de oposición de la Asamblea Nacional (AN), que en tiempo récord (de un día para otro) y sin que mediara una investigación imparcial, los involucró en el intento de asesinato del presidente de la República.
“Hemos despejado la situación en tiempo récord, y se trata de un atentado para matarme, han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas (…) Han sido capturados parte de los autores materiales contra mi vida y se encuentran ya procesados. Ha sido capturada parte de la evidencia. Ya las investigaciones están muy avanzadas”, expresó Maduro la misma noche del incidente con los drones cargados de explosivos.
La ola represiva derivó en violaciones a la libertad personal, a la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 200 de la Constitución y al debido proceso, pues hay gente detenida, entre ellas el parlamentario Juan Requesens, víctima de una detención arbitraria –por no haber orden judicial– el 7 de agosto. Pese a la prerrogativa de la cual goza, estuvo desaparecido durante más de tres días y se denunció que fue objeto de tratos crueles. Por si fuera poco, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su enjuiciamiento sin motivar adecuadamente su detención, asimilando presuntos delitos continuados a la flagrancia, y sin decir nada sobra la violación de su derecho a ser detenido en su propia residencia y no ser trasladado a otro sitio como en cambió ocurrió. Tampoco se pronunció sobre su desaparición forzada, delito previsto en la Constitución que además contraría tratados internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el diputado permanece en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede del Helicoide.
El artículo 49 de la Carta Magna sobre el debido proceso dice en su numeral 2 que “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. Pero Maduro como juez y parte señaló supuestos culpables y exigió justicia, la misma que no puede garantizarse con un Poder Judicial parcializado a través del cual se arremete contra la disidencia política. A pocas horas del evento en la avenida Bolívar, en el que estuvo presente, el titular del TSJ, Maikel Moreno, ya hablaba de “terrorismo” sin pruebas.
El Ministerio Público, que debió estar a la cabeza de cualquier anuncio o señalamiento por ser el titular de la acción penal y el único con competencia para calificar delitos, actuó en consecuencia según los designios de Miraflores. Maduro, como supuesta víctima debió hacerse a un lado, porque su intervención entorpece el curso de una indagación seria sobre los acontecimientos, así como la determinación de responsabilidades. ¿Qué tiempo tuvo la Fiscalía para investigar antes de las palabras de Maduro la misma noche del atentado? Ninguno.
El 5 de agosto, un día después, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol informó que habían sido detenidos “seis terroristas y sicarios”, vinculados al hecho, luego de allanamientos a hoteles, donde además se encontraron pruebas, según el funcionario, que sirvieron para identificar a los autores materiales e intelectuales del intento de homicidio.
Santa palabra
Maduro volvió a hablar el 7 de agosto para presentar una cronología de los hechos que incluyó la presentación de un video que recreó la trayectoria de los drones con carga explosiva, presentación de fotos de implicados y hasta audios. En la alocución, el jefe de Estado acusó directamente a los diputados Requesens y al expresidente de la AN, Julio Borges como participantes del fallido magnicidio.
Como la palabra del poder político es ley en Venezuela, la misma noche del 7 de agosto fue detenido Requesens en su residencia en Terrazas del Club Hípico junto a su hermana, Rafaela. El procedimiento arbitrario violó el artículo 44, numeral 1 de la Carta Magna, según el cual, “La libertad personal es inviolable y en consecuencia: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”, que no es el caso del parlamentario, porque habían ya transcurrido treinta y ocho horas del suceso y su aprehensión no fue en el lugar de los hechos sino en su casa. Si fuera flagrancia, el texto fundamental también señala el procedimiento a seguir en su artículo 200: “En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ”.
Al día siguiente (8 de agosto) el TSJ ordenó el enjuiciamiento de Requesens junto al de Borges, escudándose en la supuesta flagrancia, y la fraudulenta ANC les levantó la inmunidad parlamentaria, siendo competencia de la AN. Las residencias de ambos legisladores fueron allanadas, y el día 11 Maduro difundió un video con una confesión de Requesens sobre su participación en el atentado.
Antes también se informó que otros detenidos admitieron estar involucrados (Maduro también mostró el video del sargento mayor de primera, Juan Carlos Monasterios Vanegas) y se señalaron a otros supuestos cómplices, pero es preciso advertir que la confesión obtenida a la fuerza no tiene validez, y por el proceder del Gobierno en todo este asunto, es probable que haya habido dicha coacción.
Sobre Borges, actualmente en Colombia, pesa una orden de captura por “la comisión flagrante del delito de homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra del ciudadano Nicolás Maduro Moros”, según un comunicado del TSJ. Desde que fracasó el último intento de diálogo entre Gobierno y oposición en República Dominicana a principios de este año, el extitular del Parlamento ya venía denunciando acoso por parte del presidente de la República, quien no deja de nombrarlo en la mayoría de sus apariciones públicas. Aparte de ordenar su aprehensión, el Gobierno también dijo que solicitaría su extradición, así como la de otros implicados que estén fuera del país, específicamente en la nación neogranadina y en Estados Unidos. En el caso de Borges, llama especial atención que se dijera que cometió el delito en flagrancia cuando ni siquiera estaba en Venezuela.
Acceso a la Justicia advierte que se ha convertido en un patrón seguido por el Gobierno el levantamiento de la inmunidad parlamentaria previa acusación de delitos permanentes, asimilándolos a la flagrancia, para detener a los diputados sin hacer una investigación previamente y de manera arbitraria.
