115 personas permanecen detenidas a pesar de tener boletas de excarcelación
El 2 de octubre de 2017 murió en las instalaciones del Hospital Central de San Cristóbal Jean Manuel Di Paola, un recluso, quien antes de fallecer en las salas de trauma shock indicó a los médicos que había sido obligado a comerse unos cigarillos, fósforos y jabón que le incautaron durante una requisa realizada en los calabozos de Politáchira.
Di Paola fue uno de los 65 privados de la libertad que perdieron la vida el año 2017 mientras permanecían presos en los centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana,organismos policiales estatales y municipales del país, así como en los calabozos militares. La, cifra representa un incremento de 325% en los decesos en comparación con el año anterior, cuando se reportó la muerte de 17 presos en las celdas ubicadas en estos recintos.
La información forma parte del informe correspondiente a 2017 de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL), que estudia la situación penitenciaria nacional con miras a humanizar los recintos carcelarios en el país.
Al discriminar sobre las causas de las muertes, los investigadores detectaron que 27 de los decesos fueron ocasionados por armas de fuego, cinco por armas blancas, tres por golpes y 12 fueron provocados por “otras causas” entre las que se encuentran asfixias, intoxicaciones y envenenamientos, en este último aparte se encuentra el caso de Di Paola.
Carlos Nieto, coordinador de la ONG, agrega que 17 de las muertes de reclusos estuvieron relacionadas con la crisis socioeconómica por la que atraviesa el país. “Ocho murieron de tuberculosis, enfermedad vinculada directamente con la pobreza, y nueve fallecieron de hambre”.
Luisa Torrealba, coordinadora de la investigación, acotó que la cifra representa un estimado de las muertes que se produjeron. “Se basa en el reporte de 198 centros de detención de los más de 500 que hay en el país, lo que sumado a la opacidad informativa que impera en los centros policiales permite establecer que hay un subregistro de muertes ocurridas en estos centros”.
La madre de la crisis penitenciaria
A juicio de Nieto Palma, la crisis de los centros de detención policiales se ha agravado con los años debido al incumplimiento de las ofertas de incrementar el número de cárceles realizadas por el Ministerio de Servicio Penitenciario (Minserp). Por eso calificó a la ministra Iris Varela como “la madre del caos que se vive”.
“Antes, los presos permanecían 72 horas en calabozos policiales. Vencido ese plazo, se iniciaba el juicio y eran trasladados a internados judiciales o liberados. Al ser condenados, cumplían sus penas en las cárceles. Pero con la llamada modernización del sistema penitenciario, el ministerio cerró varios retenes y asumió la asignación de cupos en las prisiones que quedaban, con lo que creó un embudo en el sistema judicial. Con más presos y menos cupos en las cárceles, era cuestión de tiempo para que se hacinaran los centros policiales”.
Hacinados y sin servicios
Torrealba aseguró que la capacidad de los 198 centros inspeccionados por UVL es para una población de 5.910 reclusos, pero a finales de diciembre de 2017 había 14.525 privados de libertad en estos espacios, es decir, 8.615 presos más, lo que representa una sobrepoblación de 245,6%.
Del total de privados de libertad, 987 son mujeres, 182 son menores de edad, 106 son extranjeros, 18 forman parte de la población LGBTI y 186 padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cáncer, VIH-Sida entre otras.
En relación a la situación judicial de los presos, se conoció que 115 personas permanecen detenidos a pesar de tener boletas de excarcelación. Al menos 3.919 se encuentran procesados y esperan por el cupo del Minserp para ser trasladados a los centros de reclusión definitivos.
Las condiciones en que se encuentran los centros detención preventiva hacen aun más complicada la vida de los presos que se encuentran allí.
Los investigadores detectaron que 98,48% de los centros no cuentan con servicio médico; en 64,14% no hay agua potable, 62,12% no tiene servicios como baños para la población detenida; en 96,46% no hay comedor; 92,93% no tiene áreas recreativas y 86,87% no hay un espacio para visitas.
Además en relación a las condiciones para la atención de mujeres y niños detenidos se observó que 61,62% de los centros policiales no cuentan con áreas separadas para la población femenina; ninguno posee espacios destinados a mujeres con hijos menores de edad o lactantes; 99,49% no tiene zonas para la población menor de edad; ninguno tiene áreas especiales para población LGBTI.
