En 2010 el gobierno empeoró la escasez de insumos para los agroproductores y ganaderos con el decreto de adquisición forzosa de la empresa Agroisleña. Productores agropecuarios aseguraron que cuando la compañía privada se encargaba de la importación y comercialización de insumos, maquinarias y repuestos se garantizaba la disponibilidad oportuna, diversa, asequible y de calidad.

Antes de que el presidente Hugo Chávez anunciara la expropiación en su programa Aló, presidente número 364, con el argumento de que «ahora pasa a ser propiedad del poder popular» porque iban a acelerar la revolución agraria, la empresa suministraba 70% de los insumos a los productores agrícolas y daba financiamiento directo a más de 18.000 agricultores.

La estatización de Agroisleña significó la destrucción de un sistema efectivo de distribución y comercialización de agroinsumos, que no ha podido ser sustituido por el Estado, afirmó el presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz. Se redujeron o casi desaparecieron los créditos y la asistencia técnica que ofrecían.

El vicepresidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, alertó que la oferta casi inexistente de insumos ha generado que la producción de todos los rubros agrícolas haya descendido 50% con respecto a 2015 y, apenas, satisface entre 10% y 20% del consumo nacional.

Productores de maíz, arroz, caña de azúcar, yuca y plátano del estado Portuguesa expresaron que con Agroisleña todo emprendedor tenía oportunidad de adquirir lo necesario para su siembra a crédito o de contado, por lo general conseguía los productos demandados con solo acudir a cualquiera de las agrotiendas.

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