Estiman que posible impago de bonos Pdvsa incidió en precios
La compra que hiciera Goldman Sachs por 2.800 millones de dólares en bonos PDVSA, con vencimiento en 2022, en poder del Banco Central ha generado “bastante controversia”, señala Torino Capital. Advierte que “el valor de mercado de estos bonos, como lo destacan algunos expertos, era muy superior, lo que sugiere que el Central pudo haber obtenido mejor precio en un proceso más transparente”. No obstante resalta que “la expectativa de los inversionistas, convalidada más tarde, de que un gobierno futuro refute la transacción y decida no honrar estos bonos” pudo incidir en la fijación del precio. En efecto, puntualiza la banca de inversión, “el riesgo de que un futuro gobierno repudie la transacción explicaría por qué los inversores estarían dispuestos a pagar mucho menos por este bono que por instrumentos comparables”. En el análisis de Torino Capital se recuerda que el tema de la “legalidad de nuevas emisiones de deuda se puso en el tapete durante las conversaciones sobre el canje de los bonos PDVSA P17 y P17N por P20, en septiembre pasado. Si bien la Asamblea Nacional (AN) no cuestionó la legalidad de la transacción, el diputado Freddy Guevara (Voluntad Popular) señaló que un nuevo gobierno no reconocería la transacción; en enero, el presidente de la Comisión de Finanzas, José Guerra, dijo que la emisión del bono V36 era ilegal”. Sin embargo, refiere la consultora, “no fue sino hasta abril de 2017 que Julio Borges, presidente de la AN, envió más de una docena de cartas a instituciones financieras internacionales para alertarlas sobre los riesgos a su reputación al tratar de ayudar al gobierno de Nicolás Maduro”. Torino precisa que “el bono PDVSA 6% 2022 no cuenta hasta la fecha, y hasta donde sepamos, con un precio de mercado, ya que no se ha registrado ninguna transacción en las terminales de Bloomberg”; esta compañía “lo que informó al momento de la transacción fue un precio modelo BVAL”. Añade que “la comparación entre el precio de Goldman y el modelo de Bloomberg da una indicación de las diferencias entre las dos transacciones en cuanto a la probabilidad de impago para este bono. De acuerdo a nuestros cálculos, dice la firma, “Goldman percibió que la probabilidad de impago para este nuevo bono es casi el doble de otros bonos comparables (40% vs 21%). Si consideramos que lo más probable es que la oposición incumpla en el pago de este bono, entonces esto concuerda con el hecho de que Goldman estime que haya una alta probabilidad de cambio de gobierno” (El Informador)
Pdvsa y China procesarán 400 mil barriles de crudo diariamente
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC) firmaron un acuerdo para el procesamiento de 400 mil barriles por día de crudo venezolano en la refinería Nanhai, ubicada en la ciudad de Jieyang, China. Así lo informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Precisó que la refinería procesará crudo extraído de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”. Se estima que la refinería Nanhai comenzará a funcionar en diciembre de 2020. Menéndez, preside la delegación venezolana que da seguimiento a los proyectos petroleros, desarrollo minero, industrial, agrícola y petroquímico, entre otros. Informó el funcionario que han revisado el desarrollo de 700 proyectos que cuentan con el financiamiento del Banco de Desarrollo de China. Indicó que en la Embajada de Venezuela en ese país, se realizaron reuniones para evaluar los proyectos conjuntos en materia minera, que impulsarán las cadenas de hierro, acero y aluminio. El también vicepresidente de Planificación y Desarrollo y director externo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), informó además que se firmaron con la nación asiática 3 acuerdos estratégicos más, que consisten en la constitución de la empresa mixta Petrochina/Pdvsa Guandong Petrochemical Company Limited; el convenio de los estatutos de constitución de dicha empresa; un contrato de suministro de crudo; y otro acuerdo que fija las bases normativas para la venta de productos de refinería. (El Universal)
La ruta del golpe contra Venezuela comienza en ExxonMobil
Es 18 de abril. El clima político está signado por la densidad que impone el tono altamente confrontativo y pre-bélico de la oposición venezolana un día antes de una actividad (“Plantón”) convocada en varios estados del país, donde nuevamente proyectaban hechos de violencia, destrozos y choques con las fuerzas de orden público. El presidente Nicolás Maduro toma la palabra a horas de la noche desde Miraflores. Junto al jefe del CEO-FANB y Ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, el vicepresidente Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, anuncia la activación del Plan Zamora para garantizar el orden y seguridad interna de Venezuela. La decisión fue motivada por un comunicado del Departamento de Estado de EEUU, publicado esa misma noche. En el texto apoya abiertamente la violencia generada por grupos de choque afiliados a la agenda opositora durante “El Plantón”, intimidando a actores claves de la institucionalidad militar y judicial venezolana de permitir estos hechos para evitar ser objeto de sanciones a futuro. Entre otros elementos importantes el texto acusó -sin ninguna prueba- al aparato de seguridad, específicamente al Cicpc y al Sebin, de hacer uso de la tortura y a los cuerpos de seguridad del Estado de avalar la incursión de “los colectivos” en “la represión” de los manifestantes. “El Plantón” del antichavismo el 19 de abril dejó cuatro personas asesinadas en distintos estados del país, entre ellos un sargento de la GNB en San Antonio de Los Altos. El actual Secretario de Estado de Estados Unidos -mandamás de la política exterior- es Rex Tillerson, ex gerente general de ExxonMobil. Tillerson ocupó el máximo puesto directivo de la empresa cuando el ex presidente Hugo Chávez tomó la decisión de nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco donde ExxonMobil tenía importantes proyectos. Bajo el mando de Tillerson la empresa estadounidense decidió no renegociar sus proyectos petroleros como el de Cerro Negro en Monagas con la estatal Pdvsa, a partir de las nuevas directrices de la nacionalización. ExxonMobil demandó a Pdvsa ante el Ciadi -Tribunal del Banco Mundial encargado de resolver diferencias relativas a inversiones-, buscando obtener una indemnización de 20 mil millones de dólares inicialmente en el año 2007. Luego de casi una década de choques legales, revisiones y apelaciones a distintos fallos, el 10 de marzo de 2017 el Ciadi decidió que la demanda de ExxonMobil contenía visos de irregularidad y liberó a Pdvsa de pagar las indemnizaciones solicitadas. ExxonMobil sufrió quizás la mayor derrota legal de su historia con este fallo a favor de Pdvsa. ExxonMobil -así como cualquier otra empresa de estatura global con origen en Estados Unidos- contrata políticos para que ejerzan influencia a lo interno de la estructura de gobierno de Estados Unidos en función de sus intereses. El llamado cabildeo (o lobby) es totalmente legal en este país y las empresas que buscan modificar o aprobar leyes para su beneficio (exención de impuestos, eliminación de regulaciones, subvenciones del gobierno federal, etc.) pagan grandes sumas de dinero a políticos (en su gran mayoría republicanos en el caso de ExxonMobil) y firmas de lobby. Según Open Secrets, nada más en el ciclo 2016, ExxonMobil invirtió recursos financieros en más de una veintena de políticos con estos fines. Entre ellos se encuentran Donald Trump (actual presidente de los Estados Unidos, quien designó a Rex Tillerson como Secretario de Estado) con 25 mil 461 dólares, Marco Rubio con 17 mil 701 dólares y Ed Royce con 7 mil 500 dólares. Marco Rubio (Senador por el estado de Florida) y Ed Royce (representante por California) no sólo han hecho de las sanciones contra Venezuela un punto clave dentro de su agenda legislativa, también se han reunido -en varias oportunidades- con dirigentes de la oposición venezolana (Luis Florido, Lilian Tintori, Freddy Guevara, entre otros) para darles apoyo político y aval diplomático a la agenda de derrocamiento que dirigen en el terreno. Según el mismo portal Open Secrets, durante 2016 ExxonMobil fue una de las empresas que pagó (la página no especifica el monto) por el cabildeo de la ley S.3117 (Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de la Ley de Asignaciones de 2017), la cual establece los fondos y objetivos políticos de las operaciones del Departamento de Estado en países claves para Estados Unidos. El dinero filtrado a agencias como la NED o la Usaid parten de ese instrumento legal. El 3 de mayo de 2017, bajo el mando del presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan (otro político financiado por ExxonMobil en 2016 con 14 mil 025 dólares), la ley fue sancionada. El patrocinante de esta ley, encargado de presionar por su ejecución acorde a las directrices de sus financistas, fue el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, según la página oficial del Congreso de Estados Unidos. En el informe del Senado sobre la ley, se destaca la importancia de que el Departamento de Estado de EEUU financie grupos opositores venezolanos (bajo la cobertura de ONGs de la sociedad civil) con 5 millones 500 mil dólares y otros fondos adicionales para llevar a cabo reformas políticas y económicas en el país latinoamericano. A su vez plantea la importancia que “las organizaciones regionales desempeñan en el fomento de las reformas en Venezuela, en particular la Organización de los Estados Americanos”, además de aumentar los apoyos de la Iniciativa de Seguridad Energética en el Caribe para incidir negativamente en las alianzas políticas y petroleras de Venezuela con el Caribe. El Secretario de Estado Rex Tillerson, en consonancia con el documento, comentó el 20 de abril: “Estamos observando de cerca lo que ocurre en ese país y trabajando con otros, especialmente a través de la OEA, para comunicarles nuestras preocupaciones”, seguramente refiriéndose a Luis Almagro como enlace y operador clave de la estrategia de presión gringa desde la OEA. Particularmente el bloque caribeño ha impedido que los aliados de EEUU desde dicha organización consoliden definitivamente el aislamiento internacional de Venezuela. Pero el ataque contra Venezuela por el Caribe pone de manifiesto una clave geopolítica: Petrocaribe es una instancia que Estados Unidos necesita derribar con urgencia no sólo para quebrar las alianzas internacionales de Venezuela, sino para transformar al Caribe en un poderoso puerto de importación de gas licuado estadounidense (ExxonMobil es una de las principales empresas exportadoras), que conlleve a la dominación energética y geopolítica del continente. El golpe contra Venezuela es una maniobra para asegurar al continente como zona de influencia exclusiva ante la penetración de capitales e inversiones rusas y chinas. Destaca que Graham durante la visita oficial de Juan Manuel Santos a la Casa Blanca a mediados de mayo, ofreció públicamente armamento de guerra a Colombia tanto para disuadir a Venezuela como para preparar al país vecino ante un eventual “emergencia humanitaria” o conflicto armado. Como fue comentado en este portal anteriormente, las reservas de petróleo de ExxonMobil han sufrido grandes reducciones producto de las sanciones contra Rusia y el envejecimiento de pozos estratégicos en Medio Oriente, realidad que afecta su capitalización bursátil y su dominio sobre el mercado petrolero. Esta urgencia lleva a ExxonMobil a buscar bajo mecanismos extralegales conquistar las ingentes reservas de petróleo y gas ubicadas en el Esequibo utilizando al gobierno guyanés, zona reclamada por Venezuela como parte de su soberanía territorial ante la ONU. Pero sin lugar a dudas la incesante búsqueda por explotar esos petróleo y gas expresa el objetivo superior de recolonizar la Faja Petrolífera del Orinoco, bajo el formato de apertura petrolera que dominó en Venezuela durante la última etapa del siglo XX. Conquistar y asegurar como fuente de abastecimiento pleno las más grandes reservas de petróleo del mundo, en un contexto de agresiva competencia entre empresas petroleras y sus intereses geopolíticos, se vuelve una necesidad cada vez más urgente de satisfacer para ExxonMobil. Y para cristalizar ese objetivo es necesario un cambio de gobierno. Un importante grupo de expertos (también conocido como tanque de pensamiento), llamado Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, sus siglas en inglés), elaboró el pasado mes de marzo un conjunto de recomendaciones al gobierno de EEUU en el marco de este propósito. En resumidas cuentas, las opciones viables para lograr un cambio de gobierno en Venezuela (que desde principios del siglo XX moldea la política exterior de Estados Unidos) consisten en aumentar las sanciones contra dirigentes claves del chavismo, presionar diplomáticamente desde la OEA utilizando a países fronterizos como Colombia y Brasil, y exigirle a China y Rusia que retiren su apoyo al Gobierno venezolano para agudizar el aislamiento. La Administración Trump ha cumplido la gran mayoría de estas propuestas presentadas por CFR como rutas políticas para apoyar la agenda de golpe de Estado en Venezuela. Las sanciones contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, las presiones del Departamento de Estado desde la OEA y las últimas sanciones contra el TSJ son muestra de ese compromiso, o al menos, de que efectivamente CFR tiene influencia en ciertas decisiones de la Casa Blanca. CFR es financiado también por ExxonMobil. El domingo 4 de junio la agencia internacional Reuters filtró comentarios de supuestos altos funcionarios de la Casa Blanca, con respecto a sanciones que se estarían evaluando contra el sector petrolero nacional. Según Reuters se han encargado a colaboradores del presidente Donald Trump presentar recomendaciones para sancionar al sector petrolero venezolano “si fuese necesario”. Dado que el 95% de los ingresos en divisas de Venezuela provienen de Pdvsa, recursos vitales para el pago de deuda externa e importaciones de alimentos y medicinas, un posible embargo petrolero o en su defecto sanciones que impidan la exportación petrolera hacia Estados Unidos y la inversión de empresas extranjeras (amenazadas con suspensión de licencias para operar en EEUU), sería un fuerte golpe al plan de recuperación económica del Gobierno venezolano y a la población en general al paralizar una importante fuente de ingresos. Una medida que traería alto costos políticos para EEUU (que se esfuerza por convencer a la opinión pública que busca el bienestar de la población venezolana) y una reversión de sus efectos en la práctica en el mediano plazo, ya que muy probablemente las ventas de petróleo a China o la India, que hoy representan el 60% de los destinos de exportación de Pdvsa, aumentarían considerablemente. No es por mera casualidad que estas amenazas se filtren cuando la capacidad de movilización de la oposición venezolana muestra signos de desgaste, mostrándose imposibilitada ante el país y la comunidad internacional de transformar la violencia callejera en victorias políticas. Si este ciclo de recesión política aumenta, ExxonMobil se verá presionado a tomar medidas por cuenta propia. Al fin y al cabo son los dueños del circo y han invertido recursos que no piensan desperdiciar. Según un reporte del medio The Daily Best a principios de abril, altos directivos de ExxonMobil y Shell se reunían en Washington a la espera de que Nicolás Maduro saliera del poder para volcarse en lo inmediato a proyectos de privatización de las reservas petroleras más grandes del mundo. Posiblemente la filtración de Reuters guarda relación con estas reuniones y con las decisiones que allí se habrían tomado. La agenda de golpe de Estado contra Venezuela no fue decidida por la oposición venezolana sino por la empresa petrolera más grande del planeta; el marco de acción de un Freddy Guevara o Julio Borges está limitado a su condición de subordinados. Si la intervención por delegación fracasa, la intervención directa (a escala económica y financiera) utilizando posiciones de poder y espacios de influencia en el gobierno de EEUU, se ven menos lejanas. La empresa que verdaderamente ejecuta el grueso de las maniobras (ExxonMobil) cuenta con el Secretario de Estado de EEUU, un portafolio de representantes y senadores de extrema derecha -donde también está incluido Donald Trump- con capacidad de influencia en el Congreso y firmas de cabildeo institucional para hacer de sus intereses políticos y económicos una política exterior estadounidense contra Venezuela. En Venezuela no sólo se disputa el poder político, sino la organización de una nueva geografía política, financiera y energética a escala continental y planetaria, enmarcada en una elevada pugnacidad política. La caída de Venezuela, para ExxonMobil, es fundamental para que ese disputado centro de gravedad geopolítico se distancie de Rusia y China, tomando el control en la región con mayor cantidad de recursos naturales y energéticos del planeta. (Piensa Chile)
Refinería de Puerto La Cruz opera al 16 % mientras Pdvsa envía crudo ligero a Cuba
La refinería de Puerto la Cruz en Venezuela está funcionando al 16 % de su capacidad de 187.000 barriles por día principalmente por la falta de petróleo ligero, mientras la estatal Pdvsa envía parte de su crudo Mesa 30 a Cuba y Curazao, según reportes comerciales de la firma y trabajadores. Tras una pausa de ocho meses, la petrolera Pdvsa reanudó en marzo la exportación de crudo Mesa 30 a Cuba con entre 850.000 barriles y 1,4 millones de barriles por mes, según los documentos. Mesa 30, una de las variedades más ligeras de Venezuela, es usado por Pdvsa y sus socios para diluir el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco y también para alimentar varias refinerías locales. Pero con la caída de su producción de petróleo, la compañía está luchando para suplir a su red doméstica y a sus clientes extranjeros, según fuentes e informes internos. «El desvío de crudo es una de las causas de la situación de la refinería, pero también los problemas siguen por falta de mantenimiento», dijo José Bodas, un líder sindical de Puerto la Cruz quien ya había advertido del bajo procesamiento de la refinería el mes pasado. Trabajadores no pudieron reiniciar en mayo el craqueador catalítico de Puerto La Cruz debido a la falta de repuestos, añadió Bodas. Solo una de las tres unidades de destilación de crudo de Puerto La Cruz está trabajando después de que la refinería reanudó parcialmente esta planta la semana pasada, dijo a Reuters un trabajador de la instalación. La red de refinación de Venezuela ha estado funcionando en mínimos históricos este trimestre, causando escasez intermitente de gasolina en el país miembro de la OPEP y en Cuba. Solo la menor refinería de Pdvsa El Palito de 146.000 bpd de capacidad, ha aumentado su producción desde abril. La refinería Isla en Curazao, que es usada por Pdvsa como instalación auxiliar, también enfrenta problemas desde que una de sus cuatro destiladoras sufrió un incendio en mayo. Se planea que una de sus unidades de craqueo térmico se use para destilar crudo, mientras otra destiladora comenzará a procesar crudo pesado, dijo la refinería en un comunicado. Isla, que principalmente produce fuel oil para exportar a las firmas chinas que le han otorgado préstamos a Venezuela, tiene dos cargamentos de crudo estadounidense vendidos por la británica BP en espera desde el mes pasado por no tener unidades para procesarlo. Pdvsa está considerando refinar el crudo DSW estadounidense en su refinería de Amuay. (NTN 24)
Estudian activación de cinco Estaciones de Servicio Alternativas en Táchira
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, informó este miércoles que se evalúa la activación de cinco Estaciones de Servicios Alternativas (ESA) en la entidad. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario regional dijo que se presentó la propuesta al vicepresidente de Refinería de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), Guillermo Blanco. Vielma Mora precisó que las estaciones estarían ubicadas en los municipios Junín, García de Hevia, Fernández Feo, Samuel Darío Maldonado. En otro tuit, el gobernador también informó que se reunió con el presidente de Pdvsa Gas, Cesar Triana, para «solventar la situación del gas en el estado Táchira». Las Estaciones de Servicio Alternativas (ESA) entraron en funcionamiento en agosto del 2016, como «un nuevo modelo de expendios de combustibles», para surtir a los usuarios de la frontera , como parte de un plan piloto implementado por Pdvsa. En aquel momento, se informó que se adecuarían cuatro (04) expendios del Táchira como parte de este nuevo modelo de gestión: Estación de Servicio Carbe en la Av. Marginal del Torbes, Estación de Servicio Táriba en esquina calle 5 con carrera 3 Táriba, Estación de Servicio Servicentro Los Llanos en La Concordia y la Estación de Servicio Crislago en el Barrio El Carmen (El Mundo)
Ecopetrol reinicia producción en campo petrolero La Cira Infantas
La petrolera estatal colombiana, Ecopetrol anunció que reinició actividades en el campo petrolero La Cira Infantas, permitiendo alcanzar la producción de 35 mil barriles diarios obtenidos antes del cierre del campo debido a una serie de protestas. La empresa continúa en negociaciones con los trabajadores que iniciaron las protestas luego de que el gobierno colombiano cambiara las prácticas de contratación en las zonas petroleras. Ecopetrol sufrió el cierre de uno de los campos más activos, lo que se tradujo en una caída del 4.7% en su producción diaria, la cual fue de 712 mil barriles diarios hasta abril de este año. (La Comunidad Petrolera)
La India busca reducir las importaciones de hidrocarburos
La India se encuentra a sólo 18 por ciento de su demanda a través de fuentes locales de petróleo, razón por la que el Gobierno ha introducido varias iniciativas nuevas, y ha cambiado las políticas existentes, a fin de aumentar la producción nacional y, por ende reducción de las importaciones de hidrocarburos. El escenario económico actual presenta la India con la oportunidad no sólo para obtener su proceso de toma de decisiones de política racionalizarse para la exploración, sino también para acumular reservas ya que este país es el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, importa alrededor del 82 por ciento de sus necesidades de petróleo crudo. Según la mayoría de los informes y estimaciones, a los que hace referencia OilPrice.com es probable que profundizar la dependencia de la India en la importación de hidrocarburos, como las ya vastas clases medias crecen en número, y la demanda de los consumidores aumenta. Con el fin de contrarrestar esta dependencia, el Gobierno de la India ha estado tratando no sólo para que el entorno operativo más favorable para la inversión en petróleo, pero también ha dedicado esfuerzos hacia la facilidad de hacer negocios, de acuerdo con el lema de “gobierno mínimo del primer ministro Narendra Modi , gobernabilidad máximo”. Para avanzar en el objetivo fijado por Narendra Modi de reducir la dependencia del petróleo de la nación en un 10 por ciento para el año 2022, varias nuevas iniciativas políticas han sido anunciados. El comienzo fue hecho por el ministro de Petróleo, el Sr. Dharmendra Pradhan, el 2 de septiembre 2015, cuando se anunció la política de campos marginales (MFP), que fue acompañada por la subasta de 67 campos marginales en la Ronda de Licencias Descubierto pequeños campos (DSF). El MFP implicaba dos cambios significativos; la primera fue la adopción de un modelo de reparto de ingresos, y la segunda la concesión de una licencia única (uniforme) al adjudicatario, que permite al operador explorar y producir por medios convencionales y no convencionales. Estas dos facetas de la política también han formado la base de las políticas de exploración posteriores. Las empresas de éxito en la Ronda de DSF se les concedió una licencia de 20 años para un campo, y serán capaces de vender el gas al precio vigente en el mercado en lugar del precio administrado. El paso a la subasta campos marginales fue positiva, y será seguido por DSF II en septiembre de 2017 sin embargo, sólo fue testigo de la participación de las pequeñas empresas de la India nacionales, buscando diversificar sus carteras. El gobierno está esperando una respuesta significativa (especialmente de las IOC) a su política de licencias exploración de hidrocarburos (AYUDA) bajo el modelo de reparto de ingresos. La política anterior Nueva Exploración de licencias (NELP), introducida en 1998, se había mostrado cada vez más evidentes deficiencias – los más importantes es la incapacidad para atender a los hidrocarburos no convencionales e insuficiencias en el PSC. (Energía 16)
