Hasta 160 bolívares costará un paquete de 12 rollos de papel sanitario
El Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Precios Justos, acordó este viernes un aumento del precio del papel higiénico que dependerá de la cantidad de hojas de la presentación. Las variaciones van desde 30% para el papel de 193 hojas hasta 237% para el papel de 500 hojas.
Hasta ahora el precio regulado del papel higiénico no hacía distinción sobre la calidad del producto y un paquete de cuatro rollos tenía un precio de 15,9 bolívares. Con el ajuste, que rige a partir de este viernes, la misma presentación pasó a costar 20,69 bolívares en su oferta más económica hasta 53,60 bolívares para la presentación de 500 hojas.
El paquete de 12 rollos de 193 hojas pasó de 46,04 bolívares a 62,07 bolívares y 160,80 bolívares en el caso de 500 hojas.
La Sundee estableció precios diferenciados para el papel de: 193 hojas, 200 hojas, 215 hojas, 250 hojas, 260 hojas, 280 hojas, 290 hojas, 300 hojas, 360 hojas, 400 hojas y 500 hojas.
Aunque la anterior regulación incluía el paquete de 48 rollos, en el nuevo listado de la Superintendencia quedó eliminado. (La Patilla)
Gobierno anuncia nuevo sistema de distribución de alimentos
Elías Jaua, Vicepresidente para el área socialista territorial, informó que ya no harán ventas supervisadas de los productos que han sido comisados «nos dimos cuenta que esto interrumpe la cadena de comercialización y lo que queremos es restituirla», dijo.
Las instancias del poder popular y del partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) serán lo que se vigilarán que «barrio arriba los habitantes consigan los productos, estamos
creando una nuevo mecanismo de distribución de alimentos», señaló el funcionario en una transmisión para VTV desde Parque Caiza, Miranda, donde se encontraron productos básicos almacenados en un taller…
Este jueves se realizó la primera entrega directa a bodegueros de 33 toneladas de alimentos, entre las que destaca 30 mil kilos de azúcar
Aseguran que este volumen de alimentos que beneficiarán 2640 familias.
Finalmente Jaua, informó que hasta la fecha habían sido deportados 65 extranjeros que «atentaron contra el abastecimiento. (El Mundo)
En 70% bajó construcción de viviendas por falta de insumos
Representantes de la industria de la construcción coincidieron en que hay que sincerar los costos para aumentar la producción, en una entrevista ofrecida a Unión Radio.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señaló que » la improvisación y la falta de planificación ha incidido en que la Misión Vivienda no haya dado los resultados prometidos por el Gobierno. Estamos comenzando febrero, para cumplir la meta se necesitarían 33 mil viviendas y sólo han entregado 1.800 viviendas”.
Por su parte el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, resaltó el esfuerzo gubernamental para construir viviendas para la clase media.
Hernández manifestó que la estructura de costos debe ser sincerada. “Nosotros como fabricantes, constructores y comercializadores tenemos que poner sobre la mesa un objetivo real”.
El representante de la Cámara Bolivariana destacó que han aportado 83 mil viviendas con una “estructura de costo honesta”. (El Mundo)
Nuevo sistema cambiario está listo para funcionar
La plataforma tecnológica sobre la cual funcionará el esquema cambiario está lista y probada.
Los operadores lograron un acuerdo con el Gobierno para garantizar la operatividad del sistema, protegiendo la liquidez, mediante la definición del riesgo por corresponsalía, que era el principal temor para de retrasos operativos.
Se acordó utlizar la misma plataforma empleada en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas Sicad II, que tiene una comprobada operatividad y garantiza la auditoría en caliente. Es decir, en tiempo real.
Los oferentes de divisas: personas naturales, jurídicas, operadores autorizados, bancos, casas de bolsa, BCV, Pdvsa, ofrecerán sus divisas al mercado, y los demandantes: personas naturales, jurídicas, sector privado, concurrirán al mercado mediante la cotización de sus requerimientos y, de la puja correspondiente, surgirá el precio de las operaciones, el cual será libre y fluctuante.
También se acordó que las compensaciones y liquidaciones de títulos y de efectivo, se hará a través de la Caja Venezolana de Valores.
Existe un acuerdo, en principio, en el sentido de que las operaciones superiores a los 1.000 dólares se realicen a través de la Bolsa Pública Bicentenaria, mientras que las de monto menor se hagan través de las casas de cambio. (El Universal)
Fiscalizan la empresa de café «San Domingo»
El superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, realizó la fiscalización de la empresa «Italtorrefacción Café San Domingo», en la zona industrial de La Yaguara, en Caracas, en donde informó la incautación de 180 toneladas de café.
Méndez explicó que el café estaba siendo empaquetado como café gourmet, con un valor de 125 bolívares el medio kilo – cuando en realidad el café empaquetado era del tipo regulado – a 46 bolívares el kilo – por la empresa, lo que constituye un delito tipificado en la Ley Orgánica de Precios Justos.
«180 toneladas de café que estaban siendo procesadas así: 720 mil paquetes de medio kilo, lo que consideró equivalente a 7 millones de tasas de café. El café que está dentro del empaque de medio kilo es el mismo que el regulado de 23 bolívares. Están engañando a la gente con que es café gourmet», dijo.
«Resulta que se compra a los productores, se trae acá, que debe empacarse regulado, pero se empaca como café gourmet, 125 bolívares el medio kilo, y el café que está dentro de este empaque es este que está acá», dijo.
El Superintendente no informó las medidas a acatarse por la empresa fiscalizada, pero será reportado a la Fiscalía de la República el incidente. (El Universal)
Decomisan 3.000 cauchos en galpón de Santa Mónica
Los dueños de la empresa Cauchos Apolo 15, ubicados en Los Chaguaramos, Caracas, fueron puestos a la orden del Ministerio Público (MP) por presunto acaparamiento de 3.000 cauchos.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó que los propietarios de la mencionada cauchera deberán pagar una multa de 25 mil unidades tributarias.
La medida fue tomada tras una inspección realizada por el superintendente nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, y la ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, a la cauchera.(El Mundo)
Preparan demarcación del Precio de Venta Justo
La Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde) informó que mantiene reuniones con todos los sectores para iniciar el marcaje del Precio de Venta Justo (PV-Justo), así lo informó Notitarde
Marlene Monsalve
A través de nota de prensa, se pudo conocer que este jueves representantes de empresas productoras y comercializadoras de alimentos, calzado, textil, medicamentos, electrodomésticos, productos del hogar e higiene personal sostuvieron una reunión con el superintendente Andrés Eloy Méndez, a fin de dialogar y escuchar la situación de este sector y estudiar la estructura de costos para la fijación del precio de venta justo en sus productos.
Señalan que durante el encuentro la cordialidad, el respeto entre las partes y el diálogo fueron fundamentales; además indican que existe un interés por parte del empresariado por realizar la estructuración del PV-Justo.
Méndez aseguró que se han escuchado sus aportes para la construcción del PV-Justo con márgenes de ganancias razonables, eliminando a los intermediarios innecesarios que afectan al salario de los venezolanos. Hemos visto la responsabilidad de estos representantes y la corresponsabilidad de normalización de los precios justos, que les compete tanto al Gobierno Nacional como a los empresarios, se ha trabajado en armonía y tranquilidad. (La Patilla)
Polar: La arepa cuesta menos de Bs. 1
A Alimentos Polar las cuentas no le cuadran. Manuel Larrazábal, director comercial de la empresa, aseguró que una arepa cuesta menos de Bs. 1 en la actualidad.
Polar llega a esta conclusión al presentar el siguiente análisis comparativo de precios, partiendo del nuevo valor del kilo de harina precocida, a Bs. 19.
1 ) Una arepa de queso amarillo = Bs. 60, lo que equivale a 3 paquetes de harina, con los que se preparan 60 arepas.
2) Un café grande = Bs. 40, lo que equivale a 2 paquetes de harina, con los que se puede preparar 40 arepas.
3) Un cachito de jamón = Bs. 70, lo que equivale a más de 3 paquetes de harina, de los que salen un poco más de 60 arepas.
Empresas Polar asegura que el rezago en el aumento de la harina precocida de maíz genera pérdidas de más de Bs. 683 millones al año. (El Mundo)
Polar discutirá en Miraflores alza del precio de la harina de maíz
El director comercial Alimentos Polar, Manuel Felipe Larrazábal, anunció que fueron convocados a Miraflores este viernes para hablar sobre el incremento del precio de la harina de maíz precocida, el cual según criterio de la empresa – que maneja el 49%, del mercado- es insuficiente.
La empresa argumenta que el aumento otorgado por el Gobierno de Bs. 19 el kilo no da para cubrir costos.
El alto Ejecutivo sostiene que la empresa está produciendo al máximo de su capacidad y que el ajuste del precio anunciado lo hace producir a pérdida.
«El gobierno está consciente de la situación y esperamos que tome las decisiones que resuelvan esta distorsión ya que en este momento, con la producción de harina de maíz precocida no se cumple la Ley de precios justos que determina que toda empresa debe tener una ganancia máxima de 30% y este no es el caso», señaló.
Con respecto déficit en el mercado del producto indicó que la forma de resolverlo es que se aumente la oferta por parte de las empresas en manos del Estado «y de la competencia» en función de cubrir las necesidades de la demanda local.
La reunión en Miraflores será con Carlos Osorio, vicepresidente de Seguridad y Soberania Alimentaria, la cual debe darse en el transcurso del día, según explicó Larrazábal en una entrevista concedida al circuito radial Éxitos. (El Mundo)
Gobierno ordenó detención de más de 20 empresarios
En lo que va de 2015 el gobierno ha anunciado la detención de más de 20 empresarios y gerentes de distribuidoras, comercializadoras de alimentos y bienes, más una red de farmacias, acusándolos de librar una “guerra económica” por presuntamente incurrir en los delitos de especulación, asociación para delinquir, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento, agavillamiento e incumplimiento establecidos en el artículo 60 de la Ley de Costos y Precios Justos, referido a boicot.
Son tres los empresarios detenidos de la Distribuidora Distenca, dos de Farmatodo, uno de Unicasa, cinco de la Corporación Cárnica, uno de Día Día, uno de la Distribuidora Alimentos CDF, tres de Distrilago y cuatro de Zuli Milk. A esta lista se le suman los dueños de Representaciones Herrera, que se desconocen quiénes y cuántos son.
Ayer la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a tres personas por el supuesto acaparamiento de cauchos y repuestos para carros en La Villa del Rosario. Iría Romero, Dibaye Rodríguez y Marcos Arroyo, quienes eran la propietaria, administradora y enlace de compras, respectivamente, de la Distribuidora Distenca, fueron acusados de acaparar la mercancía, para presuntamente venderla a sobreprecio. Se les acusa de asociación para delinquir y acaparamiento.
El miércoles 4 de febrero la Fiscalía solicitó la privativa de libertad de Pedro Angarita y de Agustín Álvarez, presidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones de Farmatodo, respectivamente. Fueron imputados por presunto boicot y desestabilización económica y permanecen recluidos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, según un comunicado del Ministerio Público.
El fin de semana el presidente Nicolás Maduro había anunciado la detención de los directivos: “Pido a la Fiscalía acelerar todos los cargos para que vayan presos, bien presos. ¡Que les pongan los ganchos por conspiradores!”.
A la cadena Farmatodo que comercializa medicamentos, artículos de cuidado personal y alimentos en 147 tiendas, la Superintendencia de Precios Justos le abrió un acto administrativo.
Ese mismo día, el gerente de Unicasa-Plaza Mayor, Omar Ortuño, fue detenido por inactividad de 10 cajas de pago y la venta controlada de productos de primera necesidad a las afueras del establecimiento. Unicasa fue multada con 2,5 millones de bolívares.
El 3 de febrero el Ministerio Público privó de libertad a cuatro gerentes y a una accionista de la empresa Corporación Cárnica 2005 C.A, por supuestamente incurrir en los delitos de especulación, boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos, acaparamiento y agavillamiento. Fueron imputados la accionista y tesorera, Tania Salinas Rebolledo; los gerentes de logística y distribución, administración, compras y mercadeo, Yolman Valderrama, Delia Rivas Colina, Anllerlin López y Ernesto Arenas.
El lunes 2 de febrero Maduro pidió la detención de los directivos de la cadena de Practimercados Día Día. La madrugada del martes 3 fue ocupado temporalmente por el gobierno el almacén ubicado en La Yaguara, en Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, encabezó el operativo. Aseguró que encontraron más de 2.500 toneladas de alimentos acaparados.
Coraje y rigor. El 23 de enero se privó de libertad a Mauro Baffuno, coordinador de producción de la Distribuidora Alimentos CDF, por delitos económicos, es decir, no procesar café regulado, señaló el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
El 27 de enero el gerente de Transporte de Distrilago C.A., Víctor Medina; el jefe de Planta, Silvio Calderón; y el trabajador Jean Carlos Arellano fueron privados de su libertad por su probable vinculación con el acaparamiento de 6 toneladas de leche en polvo.
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó el 12 de enero que fue emitida la orden de captura de los hermanos Herrena, dueños de la distribuidora de productos de consumo masivo Representaciones Herrera. La empresa fue intervenida temporalmente y desde entonces pasó al Ministerio de Alimentación.
El viernes 9 de enero el viceministro de Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, anunció que Zuli Milk sería intervenida por el gobierno por supuestas irregularidades en la creación del producto, su distribución y su precio. Más tarde, informaron que pasaban a Fiscalía los cuatro dueños de la empresa y que podrían pasar 10 años en cárcel.
El Dato
El Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, Cesar Ferrer, decomisó 33 toneladas de alimentos de la cesta básica, que se estaban vendiendo de manera ilegal a través de la modalidad de bachaqueo en el municipio Sucre, estado Miranda. Los productos serán distribuidos a través del Sistema Integral de Control de Alimentación a 35 bodegueros de 5 comunidades de la zona. (El Nacional)
Delitos imputados a directivos de Farmatodo acarrean pena de 12 años de cárcel y decomiso
Boicot y desestabilización de la economía fueron los delitos imputados por el Ministerio Público al presidente ejecutivo y al vicepresidente de operaciones de la cadena Farmatodo, Pedro Luis Angarita y Agustín Álvarez, que ahora se ven amenazados con pena de prisión de hasta 12 años y confiscación de bienes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley de Precios Justos, publica Correo del Caroní.
El instrumento jurídico que el sector empresarial ha pedido anular por considerarlo inconstitucional específica, en el artículo 55, que quienes conjunta o separadamente, “desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios regulados por la Sundde, serán sancionados por vía judicial con prisión de diez (10) a doce (12) años”.
A la par, añade el artículo, serán sancionados con multa de mil a 50 mil unidades tributarias (Bs. 127 mil a Bs. 6.350.000) y ocupación temporal hasta por 180 días.
En el artículo 56 se involucra el delito de desestabilización de la economía, una nueva infracción integrada en la reforma de la Ley publicada en enero de 2014 en la Gaceta Oficial N° 40.340.
La Ley señala que cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, “procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la Nación, las penas contempladas se aplicarán en su límite máximo, igualmente, se procederá a la confiscación de los bienes, conforme a lo previsto en la Constitución”.
La imputación en la audiencia de presentación de los directivos de Farmatodo incluye ambos delitos y, por ende, el límite máximo de la pena, es decir, 12 años de prisión además de la confiscación de los bienes.
Daño a la confianza
El segundo vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, aseguró a Correo del Caroní que es sumamente “grave y lamentable” que el Gobierno “en lugar de solventar las causas de los problemas que originan el desabastecimiento, en vez de crear confianza para atraer inversiones y crear empleo, en medio de una de las más grandes crisis petroleras en la historia, ataque y persiga a empresas privadas de larga trayectoria tradicional, entre esas Farmatodo que invirtió en un modelo de negocio de primer mundo y montó sus tiendas a lo largo y ancho del país y ahora de forma sumarial se persigue a las empresas que han confiado en el país”.
Sostuvo que la detención de los directivos de la cadena de farmacias afecta de manera importante la confianza en la inversión en Venezuela y pone en grave riesgo las pocas probabilidades de éxito de un sistema cambiario que podría establecerse en Venezuela en las próximas semanas, tras los anuncios de modificación realizados hace dos semanas por el presidente Nicolás Maduro.
“Nuestro llamado es a la rectificación y al diálogo y a que se vean las cosas con prudencia y nos sentemos a analizar los graves problemas que tiene el país que son de tal magnitud que ninguna de las partes por si solas lo puede solucionar. El Gobierno tendría que hacer un llamado nacional de concordia en vez de irse por la vía de los ataques y la violencia”, destacó.
Larrazábal apuntó que aunque algunos sectores se han reunido en las últimas semanas con el ejecutivo para discutir problemas puntuales, es necesario analizar cuáles son los correctivos “que tenemos que hacerle a un modelo económico que evidentemente es fracasado, de forma comprobada destruye la libre iniciativa y la creación de valor y al final el consumidor es el más afectado”.
Abogó porque el MP y el ejecutivo rectifiquen, pues los delitos imputados a los directivos son graves.
“Quisiéramos ver esas fiscalizaciones en los canales del Estado. Quisiéramos ver qué pasa en Friosa que fue tomada y está prácticamente desaparecida, quisiéramos ver esas mismas inspecciones en Sidor que producía 4,3 millones de toneladas de acero, y el año pasado no llegó al millón 40 y eso afecta todos los canales. Quisiéramos ver esas inspecciones en las empresas de Sivensa -Sidetur, Orinoco Iron y Venprecar- que también fueron expropiadas, el Gobierno tiene control en buena parte del área y está buscando culpabilizar a los que tienen éxito y han sido exitosos en sus cadenas de producción”, enfatizó.
Sector farmacéutico expectante
La Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven) se mantiene expectante ante los anuncios y la detención de los directivos de la cadena más importante del país en materia de distribución de medicinas. El presidente del gremio, Freddy Ceballos, apuntó -por vía telefónica- que están en expectativas y fijarán posición la próxima semana.
Farmatodo cuenta con 167 tiendas en todo el país y es la empresa con mayor distribución de medicamentos.
La confiscación, según la Constitución Nacional
La confiscación de bienes solo procede en los casos que específica el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Carta Magna señala en el mencionado artículo que “no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución”.
“Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.
En ningún caso, se elude a delitos de boicot ni desestabilización de la economía. (La Patilla)
Estiman necesario ubicar combustible en Bs. 2.60 por litro
En entrevista a Unión Radio, detalló que en el marco del Congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y luego de un análisis se planteó que el precio de la gasolina debe estar ubicado en Bs. 2.60 por litro. Para Rangel, con este incremento la industria no tendría las pérdidas que actualmente reporta por el subsidio.
Aseguró que el sector del transporte acompaña este planteamiento. “Hemos dicho que no habrá ninguna situación diferente si incrementamos la gasolina a lo que es justo y disminuimos el subsidio que el Estado le tiene a ese producto que no llega a la mayoría del pueblo”. (Union Radio)
El Nuevo Herald: Gobierno de Venezuela otorgó $125 millones a empresas de maletín
El mayor general Giuseppe Ángelo Yoffreda Yorio, izquierda, señalado como presunto responsable de actos de corrupción, con el gobernante Nicolás Maduro en una fotografía de archivo. Prensa Miraflores
El mayor general Giuseppe Ángelo Yoffreda Yorio, izquierda, señalado como presunto responsable de actos de corrupción, con el gobernante Nicolás Maduro en una fotografía de archivo de Prensa Miraflores
El régimen de Nicolás Maduro otorgó el año pasado cerca de $125 millones a un tipo de cambio preferencial de 6.30 a tres empresas de maletín, de acuerdo con una investigación realizada por agentes de seguridad del país sudamericano, publica El Nuevo Herald.
Antonio Maria Delgado
Los informes policiales obtenidos por el Nuevo Herald –que fueron engavetados porque concluyen que altos funcionarios gubernamentales están involucrados en actos de corrupción– también determinan que las tres empresas fueron favorecidas en la obtención de los contratos en un proceso que no cumplió con los procedimientos regulares de licitación.
“De acuerdo con la información obtenida, se puede apreciar que se está en presencia de una organización bien conformada de empresas de maletín, cuyo modus operandi es bastante conocido, y dado que dichas empresas se encuentran suspendidas del Sistema RNC, se podría tratar de una nueva estafa a la Nación, lo que acarrearía implicaciones negativas en la economía venezolana dado su alto nivel de inestabilidad”, señala uno de los informes presentados.
Las investigaciones concluyen que los precios cotizados por los artículos –que incluyen jabón, champú, afeitadoras, desodorantes y papel higiénico– mostraban un sobreprecio superior al 30 por ciento.
Otro de los documentos obtenidos sugiere la existencia de vínculos entre las empresas de maletín y el presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corporvex), Giusseppe Yofreda, quien es señalado como el verdadero cerebro de la operación.
El informe también recomienda la investigación de Yofreda y de otros altos directivos de Corpovex, entidad estatal que maneja la administración de los dólares preferenciales.
“Muy respetuosamente se recomienda que […] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano MG [Mayor General] Giuseppe Yoffreda Yorio, presidente de CORPOVEX S.A, [que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Alejandro Fleming Cabrera, presidente de CENCOEX, [y que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Jorge Amilcar González Vásquez, Director Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, S.A., CORPOVEX”, declara el documento.
En el caso de González Vásquez, el informe resalta que el funcionario posee antecedentes judiciales después de haber sido denunciado por haberse constituido como contra-garante de una empresa extranjera que no cumplió los contratos adquiridos.
El informe también recomienda la suspensión de los recursos asignados.
La asignación de divisas preferenciales es uno de los principales instrumentos de corrupción en Venezuela. Algunos ex funcionarios del chavismo han denunciado que el país ha perdido más de $20,000 millones en la otorgación de divisas a empresas de maletín.
La asignación de divisas a tipo de cambio preferencial cuenta con un gran potencial de ganancias ya que los dólares otorgados a un tipo de cambio de 6.30 bolívares, luego pueden ser colocados en el mercado negro, donde la divisa estadounidense es cotizada por encima de los 188 bolívares.
La investigación realizada analiza una orden presidencial emitida en julio del 2014 que aprueba la asignación de $124.46 millones para la adquisición de productos de higiene personal, a una tasa de cambio de 6.30 bolívares por dólar.
El punto de cuenta firmado por Maduro autoriza a Corpovex a adquirir los productos de las empresas Inversiones Villaber 2007 y C.A., Representaciones Felther CA.
“Dichas empresas poseen un aspecto en común, tienen los mismos socios”, señala el informe.
“Cabe destacar que la ubicación principal de dichas empresas no deja de ser sospechosa, dado que la empresa REPRESENTACIONES FELTHER C.A, está ubicada en un apartamento en Caricuao, […], mientras que la empresa INVERSIONES VILLABER 2007 C.A, tiene su sede principal en un apartamento en la Urb. Altamira […] ello corrobora aún más la tesis de que estaríamos al frente de una sociedad de ‘EMPRESAS DE MALETIN’”, destacó.
La orden de compra emitida por Maduro tenía carácter de emergencia, lo cual permitió la autorización de las transacciones sin que las compañías fuesen sometidas al proceso normal de licitación.
Aún así, la investigación realizada reveló que personas vinculadas al presidente de Corpovex introdujeron a través de “empresas tapas” ofertas artificiales más altas para favorecer la posición de las ganadoras, resalta el informe.
La tercera empresa ganadora, Sunflower Extra LLC, es una compañía estadounidense registrada en el 2013 en el estado de Delaware y no tiene historial de ser un proveedor confiable, señala el informe.
Sunflower Extra, que obtuvo el mayor contrato de la licitación por un monto de $62.39 millones, registró como su ubicación física una dirección en Delaware que es compartida por decenas de otras corporaciones.
Según datos oficiales del estado de Delaware, la empresa pagó en el 2014 solo $300 en impuestos, ligeramente por encima de los $250 que pagó en el 2013. (La Patilla)
