Vozpópuli, autor en Runrun

El Gobierno sabía desde 2012 que la matriz de Banco Madrid lavaba miles de millones de los chavistas

RamírezyMaduro

 

El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Una grabación policial desveló que Diego Salazar Carreño, primo del ministro de Petróleo, blanqueaba miles de millones en BPA

El Gobierno español sabía desde 2012 que la matriz andorrana (BPA) de Banco Madrid lavaba dinero chavista. Unas grabaciones policiales afloraron que Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez Carreño, entonces ministro del Petróleo y luego vicepresidente chavista y hoy embajador ante la ONU, se planteó “sobornar” a las autoridades andorranas para desbloquear sus cuentas, a través de las cuales había movido miles de millones en la Banca Privada de Andorra. Banco de Madrid ya era filial del BPA. Estos hechos fueron conocidos por las autoridades españolas, al igual que la presencia de mafiosos rusos o chinos.

El estado español no creyó conveniente entonces aplicar las drásticas medidas tomadas ahora, la intervención del Banco de Madrid, adoptada tras emitirse un informe del servicio antiblanqueo español que señalaba meras «deficiencias» de control interno sobre algunos de sus clientes (incluidos rusos y venezolanos) y un informe del Tesoro estadounidense que sólo resumía un hecho conocido desde hacía años por los servicios de información españoles y norteamericanos: la presencia en los circuitos andorranos de dinero sospechoso venezolano, ruso y chino,

El 5 de  diciembre de 2012, según una grabación en poder de este diario, un letrado de Salazar cuenta telefónicamente a su asesor financiero que por la mañana había llegado a  BPA una orden de bloqueo judicial de las cuentas de Salazar y de otras personas, y que los  “elementos fundados para tomar esa decisión eran motivados por  el parentesco de Diego con su primo y los cientos de millones de dólares que se habían movido en las cuentas”.

Bloqueo de cuentas chavistas en Andorra

Después el abogado detalló que había otras cuentas bloqueadas, que si bien no afectaban a Diego, si estaban vinculadas con personas con las cuales había mantenido alguna relación económica, etc, mencionándose en el auto judicial que «en algún  momento estuvieron  investigadas  en  Estados Unidos… pero nosotros tenemos un despacho desde el que tenemos acceso a las bases de datos de Interpol, del FBI, etc, y nos han dado un perfil limpio de todas las personas, es decir que si en algún momento se las  investigó,  hoy no hay nada».

El letrado continuó explicando cómo  enfocaría la  defensa para poder justificar  el origen del dinero bloqueado:»ahora bien … y aqui viene la  pequeña trampa…  que el hecho de que estás personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema  de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar de … y no para ocultar el origen del dinero».

El letrado mostraba la aversión de los dirigentes boliviarianos  a pagar impuestos: «sencillamente es un tema fiscal…que estos señores no quieren pagar impuestos, por lo cual utilizan todo este tema».

Tras dejar sentado que la medida de bloqueo era excesiva y que habían contratado al mejor abogado penalista de Andorra, preparando este último toda  la  documentación para presentar a la  jueza, el letrado apuntó que era “conveniente actuar con rapidez para que el bloqueo no afectase sobre China y otros países, siendo interesante zanjarlo para antes de final de año”. La cantidad de dinero venezolano movido desde el BPA era altísima, según ponía de relieve la conversación: “Hay miles de millones de dólares que se han movido … por lo tanto estamos hablando  de mucho dinero». La cantidad dineraria de las cuentas bloqueadas  ascendía entonces a  doscientos millones de dólares.

La jueza sospechaba del primo del dirigente chavista, amén de sus vínculos, por su tren de vida: gastos en hoteles, cenas de lujo, relojes y propiedades, etcétera.

Días más tarde, se intercepta una llamada desde un miembro de la trama chavista desde Venezuela. Habla del bloqueo de cuentas con un asesor financiero de Diego que suele asistir a cenáculos importantes en España. El venezolano hizo ver que en su tierra ya sufrieron un hecho similar. Y le expuso un caso del que fue participe, relacionado con una actuación policial vinculada al movimiento de grandes sumas de dinero, las cuales fueron objeto de investigación por parte de la  policía. Y  Diego Salazar tuvo que “sobornar en una  ocasión a la policía para que cerrara el caso, y que cuando se cerró, la policía volvió a los  pocos meses  a intentar imputarles para que Diego les  pagara de nuevo, pero como Diego tenía influencias de alto rango dentro de la policía, lo solucionó cerrándose el caso”.

En este caso, el interlocutor venezolano le indicó que “Diego quería hacer lo  mismo, o sea, sobornar a las autoridades andorranas, para que zanjasen el actual bloqueo judicial sometido sobre las cuentas que posee Diego en Andorra”. Ambos interlocutores coincidieron que en Europa era más difícil proceder con ese tipo  de actuaciones delictivas. El asesor que se ocupaba en Andorra de tales asuntos de Diego señalaba que la jueza temía que un hombre de paja retirase cuarenta millones de dólares y que para que no desapareciera el dinero procedieron al bloqueo. La mayoría de las operaciones de lavado venezolano en Andorra  arrancaron en 2007.

Pero este asesor bancario apuntó las  grandes dificultades que comportaba el hecho de detallar todos los movimientos para justificar el buen proceder de sus clientes, ya que ha habido movimientos de miles de millones de dólares y más de nueve mil páginas de documentos que soportan esas operativas. Y le detalló que «lo único que ocurrió es que Diego hizo, hace dos años, una transferencia a Francia de noventa y nueve mil dólares a una persona, ignorando  si se justificó  o no, y  a raiz de esa transferencia las  autoridades francesas  indagaron  sobre la  misma, solicitando a sus . homónimos de Andorra, que diesen explicaciones de esa transacción,  pero que la decisión del bloqueo era  de  las  autoridades de Andorra, no  de  las  francesas, extrañándole que de una operativa de más de mil millones de dólares, se hubiesen fijado en una tranferencia a Francia a una persona física de noventa y nueve mil dólares».

Y tres años más tarde de conocer tal blanqueo  a destajo del oro chavista por la matriz del Banco Madrid, el Gobierno español se muestra sorprendido cuando el departamento del Tesoro norteamericano denuncia «la actividad de un segundo gerente de alto nivel en el BPA en Andorra que aceptó comisiones exorbitantes para procesar transacciones relacionadas con venezolanos de terceros lavadores de dinero. Esta actividad consistió en el desarrollo de empresas ficticias y productos financieros complejos para desviar fondos de la petrolera pública de VenezuelaPetróleos de Venezuela (PDVSA). BPA procesa aproximadamente dos mil millones de dólares en transacciones relacionadas con este esquema de lavado de dinero».

El informe decía lo mismo que la grabación interceptada tres años antes y conocida por las autoridades españolas. El Gobierno español esperó a abril de 2014 para inspeccionar las relaciones del Banco de Madrid con venezolanos, mafiosos varios y con BPA. Emitió sus conclusiones un año más tarde, en paralelo con EEUU, el pasado 9 de marzo. Al día siguiente, EEUU anunciaba que había descubierto que en el BPA se lavaba dinero desde hacía años. Ambos gobiernos parecían parafrasear al comisario asiduo del tugurio de l filme Casablanca que regentaba Bogart: «Qué escándalo, aquí se lava dinero».

Detención de un subordinado del hermano de Chávez por lavar dinero

Estados Unidos conocía también de antaño la conexión de blanqueo  Andorra/Venezuela. En 2010 fue detenido en Andorra  Norman Danilo Puerta Valera,  exjefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales venezolano. Su jubilación como comisario general llegó el 1 de enero de 2009, pero la cuenta en dólares por la que lo detuvieron en el Principado de Andorra, por lavado de dinero, es de cuando aún era comisario activo del Cicpc y era uno de los hombres de confianza del ex director del Cicpc, Marcos Chávez, hermano del fallecido presidente. 

Usaba una  cuenta bancaria que desde 2007 manejaba un millón de dólares, que llegaron en traspasos a través de una sociedad «off shore» en Panamá. El banco dio la alerta a las autoridades por la movilización de altas sumas en dólares, con rápida entrada y salida. La Unidad de Prevención del Blanqueo, ahora Unidad de Inteligencia Financiera, comenzó a seguir los movimientos, pero no conectaron con la policía venezolana porque en anteriores ocasiones, al solicitar información de un bien en particular ligado a funcionarios del Estado venezolano, se filtraron datos de la investigación, dificultando así la captura de los responsables. Entre 2004 y 2007 fue director de la División contra Drogas del Cicpc.

Y tal detención era fruto de una vasta indagatoria de  Estados Unidos y Europa en paraísos fiscales y sistemas financieros internacionales, para establecer el alcance de las redes de lavado de dinero vinculadas a funcionarios del gobierno venezolano. Coincidía con otras indagatorias de fiscales federales de Nueva York y Miami y con una investigación del FBI en Panamá, en torno a firmas que ofrecen servicios bancarios y financieros a funcionarios y oficiales venezolanos incluidos en la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Entre ellas, se encuentra una firma de banca privada que opera en ciudad de Panamá, y que está vinculada a un banco de Miami cuyos clientes son únicamente venezolanos, y que está en la mira de las autoridades reguladoras norteamericanas. Fue de hecho, la inclusión de Puerta en la lista PEP del sistema financiero andorrano, lo que hizo sonar las alarmas que condujeron a su detención. Puerta había recibido varias transferencias de más de 1 millón de dólares desde una cuenta offshore en Panamá, y no pudo explicar satisfactoriamente el origen del dinero.

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La fundación de Iglesias seguía cobrando de Venezuela un mes antes de nacer Podemos

PabloIglesias2

 

En diciembre de 2013, un mes antes de la creación de Podemos, el Gobierno de Venezuela seguía pagando a CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), la fundación que dirigía el hoy secretario general de dicho partido, Pablo Iglesias. El régimen bolivariano abonó medio millón de euros (496.353 euros) en ese ejercicio. Con este nuevo ingreso dicha entidad, que se reclama sin ánimo de lucro, superaba los 4,2 millones facturados a los Gobiernos de Chávez y Maduro a lo largo de una década.

El 27 de enero de este año Iglesias cesaba como patrono de CEPS, lo hacía diez días después de que presentase oficialmente su nuevo partido, Podemos. Iglesias nunca comunicó al Europarlamento su adscripción a dicha fundación, pese a que el reglamento obliga a informar de los cargos desempeñados en las ONG o cualquier entidad con identidad jurídica. Su rival directo, el eurodiputado popular Miguel Arias-Cañete, sí declaró su pertenencia a la fundación FAES.

Esta fundación del líder de Podemos, que reclama mayor fiscalidad en España para sanear las arcas públicas, pagó cero euros de impuestos año tras año. Y ello pese a sus abultados ingresos (6,3 millones de euros en total desde 2002). Al amparo de la legislación de fundaciones y de que alegara que no tenía beneficios, CEPS nunca abonó el impuesto de sociedades pese a desarrollar una actividad, la consultoría política, que en España ejercen no pocas empresas mercantiles, que sí tributan por ello.

El desglose de las cifras de esta última remesa en 2013 de dinero venezolano para las arcas de CEPS, media docena de cuyos dirigentes o colaboradores lideran ahora Podemos (Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Luis Alegre, Alberto Montero, Juan Carlos Monedero…), se reparte así:

290.260 euros proceden del Convenio de Colaboración con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de Presidencia de la República de Venezuela. Su vigencia arrancaba el 1 de enero de 2013, previamente a la muerte de Hugo Chávez, que se produciría dos meses después. Este contrato finalizaba el 31 de diciembre de 2013. Era un clásico dentro de la facturación de CEPS. Se repetía año a año. Su objetivo declarado era el siguiente: «prestación de apoyo técnico en las áreas administrativas, jurídicas y económicas para lo cual se enviaron a los especialistas en las materias referidas». Tras tan rimbombante declaración, como prueban los informes desvelados por este diario, los asesores de CEPS se limitaron en muchas ocasiones a ejercer un comisariado político en favor de Chávez, al que orientaban con técnicas de guerra sucia para desacreditar a sus opositores.

En ocasiones tales expertos de esta fundación con vocación progresista solicitaban sin sonrojo infiltrar topos policiales y médicos entre los opositores en huelga de hambre para obtener datos que pudieran servir para reputarlos de locos. Otras veces tales asesores de la fundación de Iglesias pedían silenciar el caso del dirigente político rival Leopoldo López, primero inhabilitado por Chávez y después encarcelado por Maduro.

Y, entre medias, entregaban informes a Chávez tachando a la AVT(Asociación de Victimas de los Terrorismo) de ser una organización pseudofascista y títere del PP que instrumentalizaba políticamente el dolor. Según fuentes diplomáticas, la cercanía de tales asesores de CEPS con Chávez era tal que llegaron a tener despacho propio en el edificio presidencial.

 186.093 euros emanan del Convenio con Grupo de Investigación Social Siglo XXI. «Este convenio tenía el propósito de colaborar en la puesta en marcha de una unidad de investigaciones sociológicas y en la emisión de diferentes encuestas cuantitativas y cualitativas». Lo llamativo es que este contrato se firmaba todos los años con igual estribillo:colaborar en la puesta en marcha. Y al año siguiente volvía a ser necesario tal contrato para intentarlo. Sus sondeos siempre fueron favorables al chavismo y su director, Jesse Chacón, no disimula su parcialidad: “Lo que tenemos en Venezuela es un terreno fértil, que no apareció solo, que fue cultivado, son 12 años de siembra y de mejoras en la calidad de vida en diversos aspectos para avanzar en la lucha por la hegemonía en términos de sistemas y modelo de vida”.

La cuenta de twitter de tal grupo de sondeos se dedica a seguir y a retuitear a Maduro, a Errejón y a la vicepresidencia venezolana mientras critican la situación de los presos de Guantánamo. Es la única encuestadora mundial que no sólo mide la opinión global, también regala continuamente la suya particular. Errejón, líder de Podemos y secretario que suele firmar las cuentas de CEPS, ha sido director de la línea de investigación “Identidades Políticas” en la Fundación GIS XXI.

20.000 euros provienen del Convenio con el Banco Central de Venezuela. El objeto no permite obtener mucho detalle sobre esta aportación de los asesores de CEPS: «Este convenio pretende la colaboración en el análisis de la coyuntura económica nacional e internacional y en el diseño y ejecución de políticas nacionales y de integración regional». Tal prosopopeya se repite año a año. Más tangible es que siempre viene acompañada de una suma de dinero.

Las cuentas de CEPS dejan constancia de que sus patronos, todos los dirigentes hoy de Podemos, no cobran por tal concepto. Pero las cuentas no permiten esclarecer si algunos de ellos han facturado en calidad de especialistas contratados y cuánto han cobrado por ello.

Iglesias no ha contribuido precisamente a aclararlo: «Hay muchos consultores españoles que trabajan en Venezuela para partidos de la oposición y pueden cobrar 6.000, 7.000, 8.000 euros al mes el algún caso. Ningún consultor de CEPS ha cobrado cantidades parecidas. Yo estuve trabajando durante un mes y cobré las dietas, ni siquiera un salario. Nada que ver con lo que reciben las fundaciones del PP, del PSOE…».

Por otro lado, Iglesias tampoco ha registrado en su declaración de actividades del Europarlamento su pertenencia a tal patronato en los últimos tres años a pesar de que el reglamento es claro: «De conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra a), del Código de Conducta, declaro la(s) siguiente(s) ocupación(es) durante los tres años anteriores a mi entrada en funciones en el Parlamento, y mi pertenencia durante ese tiempo a consejos directivos u otros órganos de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica».

Hermetismo sobre los pagos

El hermetismo es total sobre tales sueldos, pagos por servicios profesionales e impuestos de tal fundación. Los dirigentes de Podemos, ayer de CEPS, remiten a los responsables de esta fundación, que dan una magra información: «Respecto a la contabilidad de 2014 y las actividades desarrolladas este año, dado que se trata de un año en curso, no podemos facilitar la información que se nos solicita. En cuanto a su interés específico sobre las actividades de la fundación en Venezuela, le informamos que CEPS no tiene en la actualidad convenio alguno con el Ejecutivo de Venezuela. Por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones fiscales, la Fundación CEPS se encuentra al corriente de dichas obligaciones y ha rendido puntual cuenta de todas las actividades desarrolladas».

El silencio de los líderes de Podemos y de la fundación que durante años han dirigido dejan en el tintero respuestas que los ciudadanos sí han pedido respecto a fundaciones como Nóos o las vinculadas a PP o PSOE: ¿cómo se adjudicaron los convenios?, ¿por concurso o a dedo?, ¿cuál fue el contenido de los informes o trabajos realizados?, ¿cuál era la relación entre el coste real del servicio prestado y el precio pagado?, ¿cómo se repartieron los ingresos de CEPS, que han llegado a sumar un millón de euros anuales, en casi su totalidad procedente del Gobierno venezolano? ¿Qué impuestos se han pagado por ello desde la fundación? Son elementos relevantes de cualquier fundación, máxime cuando la ha dirigido el cuadro de honor de un partido con aspiraciones de gobierno.

Donaciones sin datos identificadores

Iglesias siempre ha refutado toda idea de que Venezuela haya financiado a Podemos vía CEPS o a través de cualquier otro mecanismo.Y, ciertamente, a fecha de hoy, no hay ninguna prueba de ello. Pero lo que sí ha hallado el Tribunal de Cuentas en sus donaciones de la campaña electoral de las europeas, tan pegadas al abandono de Iglesias de CEPS y al fin del convenio con el Gobierno de Venezuela, es que su sistema de donaciones por internet estaba plagado de carencias en materia de identificación de sus autores.

Dicho organismo sentenciaba que el sistema que usa Podemos, el crowfunding, «no está expresamente contemplado en la legislación actual sobre financiación de partidos políticos», y destacaba «las dificultades en la identificación de su procedencia que se han manifestado en la práctica». De hecho, la mitad de las donaciones particulares recibidas, vía única de financiación de Podemos por su voluntad de rehuir préstamos bancarios, carecía de alguno de los elementos legales exigibles para identificarlas. Podemos asegura que ya ha corregido tales anomalías contables.

Las coincidencias políticas de Podemos con los clientes de CEPS, no obstante, son evidentes. Ecuador ha sido uno de los principales subvencionadores de la fundación de Iglesias año tras año. Sólo en 2013 le aportaron 274.430 euros por mor de un convenio con la presidencia de Ecuador, otro con el ministerio de Asuntos Exteriores y otro con la secretaría de Planificación. En su primera gira internacional tras las europeas, Iglesias y Errejón se desplazaron a Ecuador, donde mantuvieron una entrevista con el presidente Rafael Correa, así como a Bolivia, donde los recibió su homólogo Evo Morales, asiduo cliente también de CEPS.

Hay un dato que revela la importancia de tales amigos americanos: de los 775.043 euros que ingresó CEPS en 2013 todo procedía de Venezuela y Ecuador salvo…4.258 euros que les dio la Universidad de Valencia. Y esta desproporción se ha repetido año tras año.

La fundación de líderes de Podemos guió guerra sucia de Chávez contra opositores

PabloIglesias

 

La fundación CEPS, dirigida por Iglesias y varios líderes hoy de Podemos, guió en 2011 la guerra sucia propagandística de Hugo Chávez contra los opositores venezolanos. Aconsejó al Ejecutivo bolivariano infiltrar policías y médicos entre los opositores venezolanos para erosionar su credibilidad e intentar reputarles de locos.  

 

En septiembre de 2011 la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), vivero político y económico de los dirigentes de Podemos, aconsejó al Gobierno de Hugo Chávez infiltrar topos policiales y médicos entre la veintena de opositores venezolanos en huelga de hambre con el fin de obtener datos para desacreditarlos («erosión de la verosimilitud del hecho») y, de paso, tacharlos de locos («identificar posibles incapacidades mentales del huelguista»). Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha sido miembro del patronato de la fundación CEPS desde 2008 a 2014. Esta entidad que se autodefine ‘sin ánimo de lucro’ ha tenido desde 2003 al Gobierno venezolano como su principal y casi único cliente, lo que le reportó más de 3,7 millones de euros.

Pero lo más llamativo no es que la fundación embrión de Podemos (entre sus dirigentes también figuran Íñigo Errejón, su polémico empleador, Alberto Montero, y tenía como asiduo colaborador a Juan Carlos Monedero) asesorara al Gobierno de Hugo Chávez como una mera consultoría política privada, pero pagando muchos menos impuestos que una sociedad mercantil de las que prestan similares servicios a los partidos en España, sino el calado de los consejos que le dio.

Vozpópuli ha tenido acceso a los informes de asesoría que le valieron tan generosos pagos, hasta un millón anual. Y la sorpresa es que una parte significativa de ellos sirvieron para guiar los pasos del Gobierno de Chávez para neutralizar a la oposición venezolana, en ocasiones con técnicas de guerra sucia dignas de la peor dictadura. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2011 los asesores de CEPS del régimen bolivariano emiten un informe táctico tituladoInsumos ante las tácticas desestabilizadoras de la oposición.

El informe de la fundación que ya dirigían los futuros líderes de Podemos aclaraba cuál era la revuelta que intentaba acallar su cliente, el Gobierno venezolano: «Analizamos dos de las posibles técnicas desestabilizadoras opositoras, vinculadas ambas con el intento de apropiación de la bandera de la defensa de los derechos humanos: concretamente la huelga de hambre y la instrumentalización de asociaciones relacionadas con la violencia, así como trataremos posibles respuestas institucionales». ¿Y cuál fue el consejo dado por esta fundación que declaraba como su fin «el fomento de la democracia participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos»?

Véase literamente el escalonamiento de sus consejos a Chávez:

«El 7 de septiembre pasado, el observatorio venezolano de conflictividad social informaba del repunte a 18 de las huelgas de hambre que por unos u otros motivos tienen lugar en el país. Frente a otros métodos de lucha social que requieren la movilización de un grupo importante de afectados, este método social se caracteriza por su alta visibilidad y factibilidad para grupos pequeños e incluso individuales de demandantes. No obstante lo dicho, el alto número de iniciativas de este tipo en el país diluyen el peso de las mismas, por lo que sus participantes se ven obligados a radicalizar sus acciones (como fue el caso de los estudiantes que cosieron parcialmente sus bocas)».

Pero el peligro mediático de tal revuelta opositora era evidente para el equipo español de CEPS al servicio de Chávez. «La huelga de hambre cobra especial repercusión mediática cuando el o la huelguista ve deteriorado su físico e incluso llega a morir debido a los fallos multiorgánicos producto de la inanición. Este fue el caso de la criminalización al estado venezolano con motivo del fallecimiento de Franklin Brito hace ahora un año. Y es que en el caso venezolano este tipo de eventos se vincula indefectiblemente por la mediocracia opositora nacional e internacional a una supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Efectivamente, una búsqueda por referencia cruzada de los términos «derechos humanos» y «huelga de hambre» en Venezuela entre las noticias del primer semestre de 2011 arroja 533 eventos que generaron a su vez en torno a las 100 inserciones en prensa cada uno, es decir, más de 50.000 impactos mediáticos, con la repercusión que esto conlleva a la imagen pública, especialmente internacional, del Proceso [bolivariano]».

Y, naturalmente, para la fundación de los hoy dirigentes de Podemos la prensa internacional era injusta con Chávez por entender que no violaba más los derechos humanos que la democracia española. «Evidentemente existe un vulgarísimo doble rasero entre los latifundios mediáticos nacionales e internacionales, ya que basta sustitituir Venezuela por España en la búsqueda y aparecen unas escasas 76 apariciones para el primer semestre, siendo éstas, además, mayoritariamente referencias a acusaciones de instituciones españolas por las violaciones de derechos humanos en Cuba».

Las recetas de CEPS para huelguistas de hambre

A la hora de plantear recetas a Chávez contra los opositores venezolanos en huelga de hambre, CEPS pierde todo pudor y plantea medidas nunca implantadas en la España democrática. Véase su literalidad:

«Frente a nuevas huelgas de hambre de sectores opositores se apuntan algunas posibles respuestas a evaluar:

Erosión de la verosimilitud de la medida de hecho: en la mayoría de los casos, la medida de hecho no es tal, simplemente una impostura. Sería conveniente seguir desvelando esta situación siempre que sea posible, desplazando e infiltrando entre los huelguistas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Erosión de las reivindicaciones de los huelguistas: por injustas, mediante la difusión por vocerías interpuestas (organizaciones sociales, medios de comunicación) de las contradicciones en los reclamos; por faltas de fundamento, detallando y desglosando en el seguimiento del debido proceso por parte de las instituciones venezolanas en los casos cuestionados; por ilegítimas, evidenciando el irrespeto a las normas morales y jurídicas por parte de los protestantes o sus defendidos, como en el caso de los políticos presos; por imposibles, sosteniendo la bandera de la independencia de poderes, la fortaleza de la institucionalidad y la iniquidad de la apelación a instancias superiores cuando en Venezuela se respeta el estado de derecho y sus procesos señalando al tiempo a los demandantes los mecanismos formales existentes para vehicular sus protestas».

Pero aunque CEPS pregona que Venezuela es un Estado de Derecho que no merece tales huelguistas brinda a Chávez unas fórmulas nada democráticas para aplastarlos: «Podría ser especialmente útil enviar servicios médicos que demuestren la disposición del Gobierno a evitar la degeneración de la salud de los huelguistas y que expliquen a estos las gravísimas consecuencias físicas de una huelga de hambre, así como la posibilidad de éstos de minimizar sus riesgos a la salud en el caso de que permitan la ingesta de fluidos. Los médicos establecerían además un canal de comunicación y confianza muy útil para la negociación con el huelguista, para lo cuál debe mantener desde el principio su imagen de asesor médico independiente evitando tratar de convencer de forma directa de deponer su actitud».

Infiltrar estos médicos entre los opositores en lucha tendría otra utilidad aún más perversa para el Gobierno de Chávez: «identificando en las primerísimas etapas del conflicto posibles incapacidades mentales del huelguista en caso de que las hubiera y pudieran ser causales de la radicalización de la misma. Para ello será preciso contar con un objetivo historial médico del sujeto, así como información de proximidad de sus parientes, vecinos, respecto a su comportamiento pasado». Incluso el secreto médico sería un arma contra los huelguistas, ya que serviría para «reducir la visibilidad de la huelga; en este caso, el argumento central es la información médica que el Estado está obligado a dar al huelguista».

Este diario ha reclamado, sin éxito, por teléfono e email la valoración de Iglesias, Errejón y Monedero para que opinen si juzgan acordes a la Declaración Universal de Derechos Humanos tales prácticas y si las aplicarían en España, caso de llegar al Gobierno, para neutralizar conflictos similares. Vozpópuli posee documentos y testimonios que avalan el contenido y origen de tales informes.

 

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