Víctor Amaya, autor en Runrun

Víctor Amaya

Exviceministro de Energía explica las razones de fondo del apagón nacional

El ingeniero Víctor Poleo, exviceministro de Energía Eléctrica, explica cómo el Gobierno chavista quiso borrar los avances de ingeniería criollos de hace 50 años, causando este desastre.
Esta entrevista fue publicada originalmente en 2016. La recuperamos como testimonio de advertencias hechas a tiempo

Desde 2008 ya se denunciaba crisis eléctrica. ¿Por qué estamos peor?
-Ya era predecible antes. El primer alerta lo dimos hacia 2005. Allí hay que hablar de militarización, desprofesionalización. Se invirtió pero no saben manejar un sistema eléctrico. Pero a mi juicio, las causas son otras.
¿Cuáles?
-Gonzalo Barrios alguna vez dijo que en Venezuela no había razones para no robar. A mí me tocó ser Director general de Energía en el año 1999-2000, era Alí Rodríguez ministro de Energía y Minas, y más tarde el primero de Energía Eléctrica. En el 2000 le llevé a él un documento sobre corrupción en Cadafe y su respuesta fue: Sí hay razones para robar. Robamos por si acaso la revolución fracasa. Pensé que era parte de su humor, bastante extraño. Con el tiempo me di cuenta que sí había detrás una intencionalidad en legitimar el robo. Al caer la renta petrolera, nos encontramos con una industria eléctrica destruida y que era la mejor en su momento de toda Suramérica porque ningún otro país en el mundo tiene un río Caroní, donde puedes sacar energía en varias presas del mismo río. Alguna vez Alí Rodríguez dijo que el Caroní había sido un error estratégico, poner todos los huevos en la misma canasta. Aquí hubo intencionalidad para destruir el Caroní. Durante la segunda mitad del siglo 20 se construyó el formidable sistema interconectado, que tiene energía limpia, barata y abundante en el Caroní y grandes líneas para llevarla a los mercados. Eso lo quisieron borrar y lo hicieron, el pobre Guri puede pasar un par de años al menos recuperando agua.
-Y Tocoma nunca se terminó.
-En efecto. Allí hubo grandes estafas. Le dieron el contrato a Odebrecht gracias a Lula, y ahora el dueño de la empresa está preso y señalándolo a de estar implicado en corrupción. Y con Argentina se negoció hacer las 10 turbinas con la empresa IMPSA, que no se dedicaba a eso. Ahora solo 2 o 3 están en el sitio, no lograron ponerlas a funcionar en 2012. Allí entramos al terreno de las estafas, cuando en 2009 y 2010 hubo emergencia eléctrica al superar la demanda la oferta eléctrica. Yo creo que Tocoma nunca terminará, es un proyecto imposible ya. Fue anunciado en 2002 para 2012, por 2.000 millones de dólares y hoy cuesta 10 mil millones.

-Si el Gobierno desestimó el Caroní, ¿cuál fue su alternativa?
-Tenemos el temoeléctrico interconectado, con Planta Centro, Tacoa-Arrecife, la Ramón Laguna… Al estar interconectado había economías de escala, que significa menos costo económico en servir la electricidad. Guri suple 60%, es decir 6 horas de las 10 que esté prendido un bombillo aquí en Caracas. El sistema cubano se quedó anclado en los años 50, donde cada pueblito tiene una plantica sin interconexión, y a cada una hay que llevarle su fuel oil, altamente ineficiente.
Con distribución geográfica y no por cargas.
-Exacto. El Guri solo no puede honrar la demanda, y menos sin Tocoma. Entonces, en esa borrachera rentista del petróleo se trajo la ingeniería cubana, con Ramiro Valdés, con planticas distribuidas por la geografía nacional. Pero a una plata de Guasdualito le tengo que llevar el gasoil desde El Palito, por ejemplo. Aquí se dictó la emergencia eléctrica con un fondo de un millón de dólares, con Alí Rodríguez como Ministro de Electricidad, y se aplica esta forma de ingeniería de fabricar electricidad en plantas. Además, se creó Corpoelec a pesar de las advertencias de que eso no funcionaría, metiendo en un mismo saco todas las empresas sin un estudio económico y haciéndola una empresa financieramente inviable, como lo admitió el propio Jesse Chacón después. Y ya desde 2005 se venía militarizando el sector.
Hace pocos días Jesse Chacón dijo que la desinversión eléctrica viene de atrás. Que en los 80 y 90 la hubo porque se buscaba privatizar el sector.
-Tiene parcialmente razón, pero su conclusión es errada. Sí es verdad que la industria eléctrica estatal entonces estaba en el Fondo de Inversiones de Venezuela que tenía una suerte de pensamiento liberal y frente a una Cadafe cada vez más ineficiente se pensó en venderla. Por eso no se invirtió. Chacón tiene razón pero eso de hace 20 años no es argumento para la situación de hoy.
-Chacón dice que entre 1985 y 2000 solo ingresaron al sistema 500 MW en la planta José María España.
-Falso. No tiene idea de la historia.
-También dijo que en 1998 la generación termoeléctrica era de 4.400 MW. En su informe de gestión 2013 se aseguró que aho hay 16.500 MW.
-De los cuales no sirven ni 5 mil MW. Los 17 mil que él alega tienen sirven tanto como los que había a finales de los 90, de lo contrario no habría crisis eléctrica.
-¿Por qué denostar del sistema interconectado? ¿Solamente por el cuban way of life?
-Yo he escuchado a Héctor Navarro, a Giordani y a Alí Rodríguez rechazando el Caroní porque suponía riesgos. Ahora pudieran decir “se los dije”, aunque es una cruel manera de probar lo que antes no tenía validez desde el punto de vista de ingeniería. Llenaron el país con 60 proyectos de plantas con renta petrolera, de los cuales hay 5 o 6 muy emblemáticos de las estafas. Aquí hubo intencionalidad: la crisis eléctrica fue una coartada para capturar renta petrolera.
-¿Cuál es el estatus real del sistema? En 2013 el informe de gestión de Jesse Chacón habla de un total de 30 mil MW, entre termoeléctricos e hidroeléctricos, con 22 mil disponibles. Pero Corpoelec en 2015 dijo que la capacidad total es de 28 mil MW, con 20 mil operativos.
-Tenemos 15.500 hidroeléctricos y el resto térmicos. Usualmente en el Caroní está disponible un 80% (12.400 MW) porque hay máquinas en reemplazo y mantenimiento. La demanda hasta diciembre de 2015 era de 18 mil MW, aunque ahora se ha ido a 15 mil, dicho por el mismo ministro Motta, porque cerraron toda la industria de Guayana, y otros sectores. Necesitamos una oferta termoeléctrica de 6 mil, y no están. Hay crisis eléctrica porque falta termo. Si la capacidad instalada es más del doble, ¿dónde están esos 6 mil MW? Si eso existiera no habría carencia eléctrica.
-Suponiendo que tengamos esos 12.400 del Caroní.
– Sí están pero la potencia disminuye porque baja la altura del embalse.
-Y mientras menos altura, más agua se necesita para generar la misma cantidad de electricidad.
-Formidable. Te has graduado. El Caroní está exhausto, y eso indica que no saben manejar un sistema hidro-termo, porque agotaron al Caroní, y eso que se les alertó desde hace más de un año.
-¿Cómo debió haberse manejado ese sistema dual?
-El sistema interconectado es cuánto turbino en el río y cuánto quemo en las plantas. El despachador tiene modelos matemáticos para ver tres años adelante las conductas del Caroní, donde hay 60 años de registro histórico, una data considerable para predecir el futuro, y con la tecnología de predicción mucho más. Los que están en ese despacho o no tienen idea, o no están usando los modelos o lo están haciendo mal intencionalmente.
-¿Cómo está la termoeléctrica?
– Planta Centro son 2.000 MW en cinco turbinas. En 1999 trabajaban, en promedio, 2,5 turbinas. Teníamos 1.000 MW. Hoy no hay nada. Desde diciembre Planta Centro no genera ni un megavatio. He escuchado que acaban de poner a funcionar una turbina a medias. Tacoa es la otra grande, y allí la capacidad instalada es 1.200 MW pero tampoco está funcionando.

-¿Existió el blindaje eléctrico de Caracas?
-Fue un bluff.
-¿Pero cómo se ha mantenido a Caracas sin los apagones que se viven fuera de ella?
Porque toman ventaja del sistema interconectado. Toda la energía que llega a Caracas viene del Caroní, que vive del Caroní sacrificando a Bolívar, Carabobo, Zulia, el centro…
-¿Caracas prende porque otras ciudades se apagan, les roba luz?
-Eso es un buen titular. Pero Caracas no se la roba. La clase política toma la energía del Caroní y se la da toda a Caracas.
-¿Es cierto que el 60% del consumo es residencial como dice el Ministerio de Energía Eléctrica? El ingeniero Miguel Lara, exdirector de la Oficina de Planificación del Sistemas Interconectados (OPSIS), ha dicho que en 1998 el consumo industrial más el petrolero y Guayana sumaban el 60% del consumo, y el residencial alcanzaba solo 24%.
-Últimamente sí. Entre 2008 y 2013 -que es hasta cuando hubo cifras oficiales- la demanda residencial aumentó de menos de 30% al 40% del mercado y más. Que la residencial crezca es por el crecimiento vegetativo que no puedes afectar: cada año entran medio millón de venezolanitos nuevos prendiendo luz. La demanda industrial pesada (Guayana) se vino prácticamente a cero, y la industrial mediana, manufactura y comercio cayó. Así cambió violentamente la estructura del mercado, que ahora es fundamentalmente residencial, como en Cuba. Es luz para vivir y no para trabajar.
El gobierno dice que ese consumo está impulsado por equipos de refrigeración hasta en 30%. Pero eso se promovió con Mi casa bien equipada?
-¿Y no saben que ese equipamiento chino en su mayoría tiene un 15% de ineficiencia? Esos equipos consumen más, según un estudio de 2012 que se hizo para el PNUD. Aquí experimentaron también con los bombillos ahorradores que se alertó serían tóxicos y 10 años después el propio Jesse dijo que había que retirarlos por eso mismo. Ese fue un negociado cubano, donde cada bombillo cuesta $0,35 en promedio pero aquí lo vendieron a $1,50.
-Usted ha dicho que el racionamiento es “irreversible”. ¿La normalidad es imposible?
-La oferta no cubre la demanda desde 2007. Es irreversible porque un sistema eléctrico no se improvisa ni se resuelve con planticas. Que el Caroní se recupere puede tardar al menos 2 años. El número mágico es que se necesitan 6.000 MW términos y no los tienen aunque la capacidad instalada ellos mismos aseguran que es hasta el doble de eso. Y si la demanda bajó a 15.000, como dice Motta, es peor porque no hay ni 3 mil MW disponibles.
-Se dice que Guri se apaga al llegar a 240 metros, y estamos 4,89 por arriba. Caso extremo: Guri se apaga. ¿Qué pasa?
-Hasta Caracas estaría comprometida. Las plantas de Derwick tienen ni el tamaño ni la conexión para suplirlo. Necesitas Planta Centro y Tacoa. La Gran Caracas consume, grosso modo, 2.000MW. Las planticas que instalaron en Guarenas, La Raiza, Charallave y Picure apenas llegan a 1.100 a full capacidad, pero no están interconectadas. Ese es el supuesto blindaje de Caracas.
-Venezuela le vendía electricidad a Colombia y a Brasil. ¿Esas líneas pueden servir para que nos vendan ellos?
-La de Brasil no porque ellos no tienen suficiente para eso. A Colombia le estuvimos comprando electricidad pero como dejamos de pagarles, el negocio se acabó.
-¿Cuál es el rumor más loco que ha escuchado en medio de esta crisis eléctrica?
-Lo de llenar el Guri con camiones cisternas. No sé si es humor venezolano o rumor de verdad. El otro es hacer un puente entre la Casa 1 y la 2 de Guri para ponerlas “directo”. Eso es un disparate.

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Las enfermeras llevaron la batuta, por ejemplo en el Pérez Carreño

 

Durante 2018 se registraron 5.892 protestas en todo el territorio, según El Termómetro de la Calle. La conflictividad laboral fue protagonista, y hasta los aumentos salariales impactaron en el devenir de las manifestaciones de calle. El gremio de la salud encendió una mecha difícil de apagar, en un país donde los servicios públicos deficientes y los reclamos de pensionados y jubilados marcaron también la temperatura social

 

Texto: Víctor Amaya

Infografías: Elsy Torres

Fotografías: Alexandra Blanco, Rayner Peña, Francisco Touceiro

 

NICOLÁS MADURO HA DICHO QUE GRACIAS A LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, Venezuela estuvo “en paz” durante todo 2018. Pero en realidad fue un año turbulento, en el que los venezolanos no dejaron de protestar. Según los registros de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores, hubo 5.892 protestas en todo el territorio nacional.  

A diferencia de 2017, el motivo de los reclamos no fue tanto lo político sino lo relativo a la calidad de vida. En un país con hiperinflación, los ritmos de la economía fueron determinantes en la conflictividad. Comenzando con enero, cuando se registraron 438 protestas y al mes siguiente el dato se redujo a 288. Eran momentos de aumento salarial con el ya desaparecido bolívar fuerte, decretado el 15 de febrero, y una inflación en el primer mes de 84,2% seguida al mes siguiente por 80%, según la Asamblea Nacional.

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Las protestas en Venezuela durante 2018 estuvieron marcadas por lo económico, con el 34% de las manifestaciones registradas durante el año motivadas por razones laborales. Allí se cuentan reclamos por bajos ingresos, por contrataciones colectivas, por entrega de pensiones y jubilaciones, entre otros.

La cantidad de protestas se mantuvo al alza hasta abril. El día 15 de se mes, Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento salarial, y las protestas bajaron en mayo un 47% en mayo con respecto a abril. Pero el alivio al bolsillo duró poco, y las manifestaciones tomaron una nueva senda al alza desde junio, a pesar de un nuevo ajuste salarial.

Entonces llegó el mes de mayor cantidad de reclamos de todo 2018, julio. El 18,8% de todos los reclamos registrados durante el año ocurrieron durante esas cuatro semanas. Un pico que estuvo impulsado por el gremio de la salud. Médicos y trabajadores de los hospitales tomaron las calles para reclamar sus condiciones laborales, bajos salarios, incumplimiento de tabuladores y decisiones inconsultas con respecto a las remuneraciones debidas.

Una pradera que se incendió a partir del 25 de junio cuando las enfermeras del país convocaron a un paro nacional de actividades. Ocurrió, por primera vez en el año, que las protestas por salarios superaron en cantidad a las impulsadas por falta de insumos médicos. A ello se le sumaron los reclamos de los pacientes, quienes también protestaron por las dotaciones precarias de los centros de salud, la falta de medicinas o la disminuida calidad de los servicios hospitalarios.

En septiembre volvió a bajar la cantidad de protestas. El país estaba en proceso de entender las consecuencias de la reconversión monetaria al bolívar soberano, y la escalada del salario mínimo a 1.800 bolívares dio un alivio muy temporal al bolsillo. Pero duró poco. Ya en octubre, hubo 509 protestas, casi 30% más que el mes anterior.

En el sector laboral ya no era solo que el dinero no alcanzaba, sino que las escalas salariales se vieron afectadas. Además, en septiembre fue el mes que se registraron más protestas de pensionados y jubilados del país en todo el año, con 43 protestas que se manifestaron por los efectos del cambio de moneda y, especialmente, de la falta de efectivo para pagar los compromisos.

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No solo de pan se vive

El país no solo protestó por derechos laborales sino por cómo se vive en el día a día. En casi 14% de los casos, los reclamos tuvieron que ver con falta de gas doméstico.

En todo el territorio se vieron manifestaciones por esta causa, principalmente con cierre de vías como método para llamar la atención de las autoridades. En distintos estados se reportaron fallas en la distribución del combustible, debido a fallas en los camiones cisterna o la falta de bombonas para recargar. Donde no hay conexiones de gas directo el drama fue mayor. haciendo de estas protestas un fenómeno protagonizado por sectores populares y comunidades rurales.

El registro de El Termómetro de la Calle apunta que las fallas en el servicio eléctrico fue el tercer motivo de protesta durante 2018, seguido del agua. En ambos casos se produjeron en poblaciones donde los días sin servicio se contaban por decenas, principalmente.

Los motivos políticos estuvieron en un distante quinto lugar, con 430 veces en el año, para completar el 72% de las razones para manifestar en 2018. Fuera de ese porcentaje, se incluyen las manifestaciones por salud, transporte y entrega de comida vía los CLAP.

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Curiosamente, la inseguridad fue el motivo de protesta menos ocurrente, con apenas 80 repeticiones en todo el año, a pesar de que el país siguió teniendo una alta criminalidad. En 2018 se registraron 23.047 muertes violentas en todo el territorio, según el Observatorio Venezolano de Violencia, con una tasa de homicidios de 81,4 por cada cien mil habitantes.

En contraste, desde el Poder Ejecutivo afirman que la tasa correspondiente a 2018 apenas es de 30 por cada 100 mil, en palabras de Pablo Fernández, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Policía. De ser cierto el dato, no solo se trataría de una caída más que abrupta de los indicadores (50% menos en tan solo dos años), sino que milagrosamente derrumbaría la noción defendida por el chavismo de “a menos pobreza menor delincuencia”, pues según la Encuesta de Condiciones de Vida 2018 la pobreza por ingresos ya alcanza a 92% de los hogares venezolanos.

Los gatillos

De todas las protestas registradas durante 2018, los cuerpos de seguridad del Estado estuvieron presentes en 423 oportunidades. De esa cifra hubo represión registrada 352 veces. Se trata del 6% apenas de las protestas registradas durante el año en las cuales hubo actuación gubernamental, directa o indirecta.

La Guardia Nacional protagonizó el 46% de esas intervenciones, y accionaron los gatillos en el 80% de las ocasiones en las que se presentó. En segundo lugar, la Policía Nacional Bolivariana hizo lo propio, seguida de las policías regionales. En 35 ocasiones la represión ocurrió a manos de grupos parapoliciales, que también jugaron un rol en conjunto con uniformados tres veces durante el año.

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Termómetro de la Calle: Escasez en anaqueles empuja el hambre pero diminuye los saqueos

De los 222 saqueos ocurridos en los primeros 10 meses del año, la mitad se concentró en Bolívar y Guárico. El 72% de los eventos ocurrieron en el mes de enero, y desde entonces hubo una tendencia a la baja, mientras los índices de hambre se acentúan y los de desabastecimiento se mantienen altos. Los comercios más afectados fueron los de venta y distribución de alimentos y productos básicos, y muchos no volvieron a abrir sus puertas

 

Autor: Víctor Amaya y Daniel Acosta 

Infografías: Juan Carlos Hernández

 

AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2018 LOS SAQUEOS e intentos de saqueos disminuyeron al mínimo, una tendencia a la baja desde los abultados números a comienzos de año.  En enero la realidad era otra. Había hambre y pocos escrúpulos. Tan solo el 11 de enero el diputado Carlos Paparoni denunció que un grupo de personas ingresó a la Hacienda Miraflores en Palmarito, estado Mérida, y mató al menos 300 reses. “La crisis del hambre está golpeando muy duro”, lamentó el parlamentario entonces.

Ese mes de enero hubo un total de 160 saqueos, según el registro de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. Se trata del 72% de todos los saqueos ocurridos durante 2018 (222), hasta el mes de octubre. Además, hubo 40 intentos de saqueo de los 55 registrados durante todo los primeros 10 meses de 2018, también 72%.

Los eventos comenzaron a partir del 18 de diciembre cuando el pernil prometido por el gobierno nacional no llegó. Es más, las cajas de CLAP no aparecían por la comarca. En Bolívar, al cierre de 2017, hubo cuatro días de protesta continua por falta de comida, incluyendo saqueos el mismo 25 de diciembre. También en Nueva Esparta unas 300 personas cargaron con tres toneladas de embutidos en Porlamar. Con la llegada de 2018 la conflictividad no disminuyó.

“En enero pegó mucho el desabastecimiento, la falta de efectivo, la falta de productos, todos factores que influyeron en que se vieran esos hechos delictivos”, recuerda Vito Venceslao, primer vicepresidente de Consecomercio. “La preocupación del país hizo que la gente se volcara a la calle a ver cómo conseguían los productos que no llegaba por la distribución del gobierno”, suma el también abogado al insistir en que “el gobierno ha acaparado todo el sistema de distribución y comercialización de productos básicos como harina, mantequilla, azúcar, aceite, pollo, carne; y viendo que no llegaba la gente se lanzaba a la calle.

Aunque los comerciantes no descartan que haya habido eventos incitado por bandas organizadas, insisten en que “quien tiene la culpa es el gobierno nacional, que controla, dicta normas, saca leyes, controla la economía y los precios” causando distorsiones. Entonces, Consecomercio estimaba que el desabastecimiento de alimentos alcanzaba el 80% a escala nacional

Ya en febrero de 2018 el dato bajó hasta 12 saqueos y cinco intentos en todo el país, una disminución de 92% con respecto al mes anterior. En marzo hubo un repunte hasta 23 y luego se estabilizó a la baja llegando a cero en mayo y en octubre.

 

 

 

En Consecomercio apuntan que la caída en ese tipo de delitos está influida por la migración. Venceslao opina que el éxodo masivo está conformado mayormente por “los estratos más necesitados, los que más sufren la debacle económica, gente de escasos recursos que vende lo que tiene para irse y ver cómo resuelve afuera”.

Pero también sostiene que el gobierno nacional ha tratado de solventar la escasez en las cadenas de distribución habituales con entrega de las cajas CLAP. “Llevan productos a las zonas más necesitadas, aunque sea desatendiendo otras”. Ello, a pesar de que “la distribución de esas cajas y bolsas CLAP no es eficiente para solventar la problemática del consumo de alimentos y productos de primera necesidad, pues no llega como se promete”. Pero algo es algo.

Según datos de la Oficina para la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), en 2017 había en Venezuela 3,7 millones de personas subalimentadas. Aún no se cuenta con datos sobre 2018, pero un reporte de Cáritas Venezuela, divulgado el 14 de septiembre, registra que entre abril y junio de este año, la proporción de niños desnutridos pasó de 78% a 65%. Alrededor de las elecciones presidenciales de mayo, entre bonos y cajas CLAP, el indicador de desnutrición aguda bajó: abril (14,1%), mayo (11,7%) y junio (10,5%), para repuntar en julio hasta 13,5%. Para el estudio, Cáritas evalúo un total de 1.446 niños menores de cinco años en siete estados del país.

En paralelo, el desabastecimiento de alimentos en Venezuela promedió 67% en los primeros seis meses de 2018, según datos oficiales de Ministerio de Alimentación a los que tuvo acceso el portal Banca y Negocios, con productos como la leche en polvo desaparecida en 97% al mes de junio de 2018 o el pollo y 82% de escasez en el mismo mes. El dato no incluye las despensas distribuidas a través de los CLAP ni ha sido confirmado por las autoridades, siendo que desde 2013 se suspendió la difusión del índice de abastecimiento nacional.

El objetivo de los saqueos ha sido negocios de venta de alimentos. Los registros de El Termómetro de la Calle indican que el 56% de los eventos ha ocurrido en comercios y tiendas, seguido de camiones que transportan alimentos (8%), supermercados y panaderías (6,3%, en cada caso), además de galpones o centros de acopio (4%). Los supermercados y mercados mayoristas han protagonizado los intentos de saqueo durante el año, hasta octubre de 2018, con 21% y 18% respectivamente.

“Más que todo tiene que ver con comida. Ocurre más en abastos, supermercados, mercados municipales en las regiones, panaderías, charcuterías…”, enumera el vicepresidente de Consecomercio. Durante el año se registraron cuatro casos de saqueos a fincas o granjas, misma cantidad que en abastos, carnicerías y licorerías.

Los focos de conflicto han estado en Bolívar (53) y Guárico (54), que juntos acumulan el 49% del total nacional. Les siguen Zulia y Trujillo, donde los casos suman el 23%. Mérida y Sucre continúan la tabla con siete saqueos en cada caso hasta llegar a Miranda que registro tres eventos. El estado Bolívar también encabeza la lista de intentos, junto a Anzoátegui, con siete casos cada uno.

“En esa entidad influye mucho lo alejado de las zonas y la poca producción que hay de alimentos. En Bolívar hay problemas de gobernabilidad, de vialidad, no hay cómo producir pero tampoco llegan los productos, no hay acceso a bienes o servicios”, retrata Vito Venceslao. “En Guárico también pasa eso, con un alto índice de delincuencia. Por allá las gandolas tienen que viajar escoltadas y cuando van vacías de regreso ruedan con las puertas abiertas para que sepan que no llevan nada”, agrega.

 

 

El primer vicepresidente de Consecomercio admite que el gobierno nacional “ha tomado algunos correctivos”, pero no son suficientes. La actuación del Estado, de hecho, ha quedado registrada en el 43,2% de los intentos de saqueos ocurridos durante los primeros 10 meses del año, 24 veces.

En ese sentido, la Guardia Nacional es la que ha tenido más trabajo, con 11 intervenciones, lo que representa 45,8% del total, seguida de las operaciones conjuntas (GN junto a Policía Nacional Bolivariana o cuerpos estadales) ocurridas en 5 oportunidades y cuatro veces que las policías regionales fueron las que respondieron. En tres oportunidades hubo presencia de los órganos de seguridad, pero los reportes de prensa no especifican cual. Destaca que en una oportunidad, participó un cuerpo parapolicial. Fue en el estado Zulia el 5 de enero durante un saqueo a un galpón de Pdval en Los Puertos de Altagracia.

En el caso de los saqueos el porcentaje es un poco más alto: 59,9% de los saqueos han resultado en el accionar de las fuerzas de seguridad. Siguiendo la tendencia, la Guardia Nacional respondió en el 81% de los casos (108 veces), seguida por las policías regionales (15) y los grupos parapoliciales (5). La Policía Nacional Bolivariana apenas entró en acción una vez.

“Aquí estamos a la suerte y a la buena de Dios. Contra este tipo de hechos vandálicos, es imposible que podamos nosotros defendernos o protegernos. La turba de gente que viene en contra del comercio de turno es imposible de controlar, la violación a las puertas, santamarías y ventanas es inevitable. El comerciante trata de tener más seguridad, blindando el local, contratando personal privado, pero eso ahora se hace muy costoso. Y contar con las policías es casi nulo porque pocos efectivos policiales”, explica Vito Venceslao.

Añade que la hiperinflación ha hecho que no se pueda contar con pólizas de seguro que se activen cuando ocurran los eventos. “Hay quienes hacen de tripas corazón, busca créditos y lo pueden hacer, pero en general es inviable comprarlas para saqueos”. No es lo único que es impagable. Dice el representante gremial que la crisis de servicios públicos ahonda los problemas. “Cuando hay apagones se contribuye a que haya problemas, sin contar que muchos equipos se dañan y repararlos es imposible o muy costoso”.

Y cuando un saqueo ocurre, no hay quien indemnice. Ni siquiera cuando el gobierno lo promete. “No cumple. No solo a lo largo de este año. Recordemos que en 2016 en Bolívar hubo saqueos (cuando se anunció la desmonetización del billete de 100 bolívares) y nadie fue indemnizado, ni tampoco se otorgaron los créditos prometidos. El gobierno debería estar consciente de resarcir daños e indemnizar para que se abran las puertas y continúe operando, porque la realidad es que cuando un comercio es saqueado, el local cierra o quiebra”.

El diputado Luis Lippa, miembro de una comisión especial de la Asamblea Nacional para abordar el desabastecimiento de alimentos, dijo el 14 de noviembre que este año se va producir 70% menos comida que en 2017. Mientras, Fedecámaras advirtió en agosto que imponer precios “acordados” incidiría en la ausencia de comida pues no se cubrían ni siquiera los costos de producción. Tres meses después de aquellos anuncios, la hiperinflación demostró inviables los montos fijados por el Ejecutivo.

Víctor Amaya Nov 01, 2018 | Actualizado hace 12 meses
Las luces que procuró la pluma de Teodoro

QUISQUILLOSO, COMO LO ES LA GENTE INTELIGENTE, Teodoro Petkoff dirigió TalCual con un objetivo claro: procurar una sociedad pensante, crítica, capaz de tomar las mejores decisiones. Por eso lo suyo no fue un periodismo “de librito”, tampoco de manuales, ni de camisas de fuerza.

Por eso encabezó un equipo que combinó canas con ímpetu juvenil, que se permitía dibujar más allá de las líneas. Una visión que se mantuvo a lo largo de las distintas etapas de un diario que navegó por altos y bajos, como el país.

Su última oficina, que ocupó por una década, era austera, desordenada, llena de libros y papeles, pero coronada por dos piezas clave: el artículo que le dedicó Gabriel García Márquez, y un anuncio –también enmarcado- de un viejo periódico anunciando la ópera Simón Boccanegra. Sobre el escritorio, los lentes, los cuadernos y el espacio preciso para subir los pies.

En esas páginas escribió cientos de editoriales, como faros para la penumbra. Lo hizo con cuidado, buscando el tino, estirando la liga cuando correspondía, sin llegar a romperla. Viejo zorro, no daba excusas al poder.

Así dialogó con el gobierno, donde lo leían aunque no lo admitieran frente a “Chacumbele”. Quienes en la burocracia venían de la izquierda tradicional lo seguían considerando una voz de peso. Él lo sabía, por eso mandaba “mensajes a García” en esos textos y los que firmaba como Boccanegra, comentarios breves y afilados.

Pero también era una vitrina para sacudir a la sociedad. De allí que algunas ideas fueran simples, directas, como cachetadas: “El chavismo causa la crisis”, “Apagones, hecho en socialismo”, “Una oposición que se oponga”, “Farruco, sociedad anónima”, “La farsa habilitante”, “Militarismo y democracia”, “Sin unidad no hay vida” y otros tantos.

Cascarrabias y todo, echaba mano hasta del humor. Luego de una larga comparecencia de Jorge Giordani explicando algún plan económico, la respuesta de Teodoro fue un editorial que solo repetía, durante toda su extensión, “blah, blah, blah, blah…” ad infinitum.

Y alguna vez llegó a ser lapidario: “El chavismo era Chávez”, como tituló su editorial del 16 de mayo de 2013, acompañado de una foto de la tumba del expresidente. Fue el último reclamo público de Nicolás Maduro a Teodoro.

Ese arrojo y desparpajo lo impulsó en otros, en quienes tuvimos la tarea también de escribir piezas editoriales. Recuerdo aquella vez que el diputado Modesto Ruiz acusó a TalCual de insultar a la comunidad afrodescendiente por una caricatura de Roberto Weil que reflejaba el futuro como las aguas del grifo que provee el gobierno: negro. A los dos días, Teodoro tituló su editorial “Oye mi negro: Capriles los tiene locos”, con una foto del parlamentario.

La respuesta la extendimos por tres días en la sección Por Mi Madre, recordando otros de esos “insultos” en el habla popular, todo titulado bajo la palabra “Culpables”. Allí listamos al café negro, las caraotas negras, la torta negra, las aceitunas negras, el té negro, el asado negro, el cine negro, el negrito fullero, los angelitos negros, el beso negro, la misión Negra Hipólita, el punto negro, los ojos negros… y hasta el humor negro, que ellos condenan, porque les duele.

Pero además de leerlo, a Teodoro había que escucharlo. Alguna vez los periodistas más “jojotos” de la redacción de TalCual le pidieron luces. “Queremos reunirnos contigo para evaluar lo que está pasando”. Teodoro aceptó, no sin antes decir “bien bueno, porque más bien ustedes tienen que explicarme vainas a mí”. Un diálogo, no una imposición.

Hay que decir, claro está, que como director y jefe sí hacía valer su criterio. Es lógico. Y alguien tan cascarrabias, más aún. “Yo quisiera hablar así pasito, pero no me sale”, soltó alguna vez en un raudo viaje con él al volante. Así iba dibujando confesiones, episodios de su vida política, de su anecdotario incansable, de sus aspiraciones nunca conseguidas, de sus memorias cotidianas.

Un “¿qué hubo?” solemne comenzaba todo saludo y conversación con Teodoro. Una risa furtiva, varias de sus despedidas. Este 31 de octubre se despidió, modestamente.

Teodoro se fue sin ver cumplidas dos aspiraciones: la superación del chavismo, como gobierno y como problema, y un campeonato para los Tiburones de La Guaira. El país se lo debe, y eso que yo le voy al Magallanes.

Texto publicado en TalCual