AL CIERRE DE OCTUBRE DE 2018 LOS SAQUEOS e intentos de saqueos disminuyeron al mínimo, una tendencia a la baja desde los abultados números a comienzos de año.  En enero la realidad era otra. Había hambre y pocos escrúpulos. Tan solo el 11 de enero el diputado Carlos Paparoni denunció que un grupo de personas ingresó a la Hacienda Miraflores en Palmarito, estado Mérida, y mató al menos 300 reses. “La crisis del hambre está golpeando muy duro”, lamentó el parlamentario entonces.

Ese mes de enero hubo un total de 160 saqueos, según el registro de El Termómetro de la Calle, un monitor de conflictividad social realizado en alianza entre El Pitazo, TalCual y Runrunes con instrumentos desarrollados junto a ORC Consultores. Se trata del 72% de todos los saqueos ocurridos durante 2018 (222), hasta el mes de octubre. Además, hubo 40 intentos de saqueo de los 55 registrados durante todo los primeros 10 meses de 2018, también 72%.

Los eventos comenzaron a partir del 18 de diciembre cuando el pernil prometido por el gobierno nacional no llegó. Es más, las cajas de CLAP no aparecían por la comarca. En Bolívar, al cierre de 2017, hubo cuatro días de protesta continua por falta de comida, incluyendo saqueos el mismo 25 de diciembre. También en Nueva Esparta unas 300 personas cargaron con tres toneladas de embutidos en Porlamar. Con la llegada de 2018 la conflictividad no disminuyó.

«En enero pegó mucho el desabastecimiento, la falta de efectivo, la falta de productos, todos factores que influyeron en que se vieran esos hechos delictivos», recuerda Vito Venceslao, primer vicepresidente de Consecomercio. «La preocupación del país hizo que la gente se volcara a la calle a ver cómo conseguían los productos que no llegaba por la distribución del gobierno», suma el también abogado al insistir en que «el gobierno ha acaparado todo el sistema de distribución y comercialización de productos básicos como harina, mantequilla, azúcar, aceite, pollo, carne; y viendo que no llegaba la gente se lanzaba a la calle.

Aunque los comerciantes no descartan que haya habido eventos incitado por bandas organizadas, insisten en que «quien tiene la culpa es el gobierno nacional, que controla, dicta normas, saca leyes, controla la economía y los precios» causando distorsiones. Entonces, Consecomercio estimaba que el desabastecimiento de alimentos alcanzaba el 80% a escala nacional

Ya en febrero de 2018 el dato bajó hasta 12 saqueos y cinco intentos en todo el país, una disminución de 92% con respecto al mes anterior. En marzo hubo un repunte hasta 23 y luego se estabilizó a la baja llegando a cero en mayo y en octubre.

En Consecomercio apuntan que la caída en ese tipo de delitos está influida por la migración. Venceslao opina que el éxodo masivo está conformado mayormente por «los estratos más necesitados, los que más sufren la debacle económica, gente de escasos recursos que vende lo que tiene para irse y ver cómo resuelve afuera».

Pero también sostiene que el gobierno nacional ha tratado de solventar la escasez en las cadenas de distribución habituales con entrega de las cajas CLAP. «Llevan productos a las zonas más necesitadas, aunque sea desatendiendo otras». Ello, a pesar de que «la distribución de esas cajas y bolsas CLAP no es eficiente para solventar la problemática del consumo de alimentos y productos de primera necesidad, pues no llega como se promete». Pero algo es algo.

Según datos de la Oficina para la Alimentación de Naciones Unidas (FAO), en 2017 había en Venezuela 3,7 millones de personas subalimentadas. Aún no se cuenta con datos sobre 2018, pero un reporte de Cáritas Venezuela, divulgado el 14 de septiembre, registra que entre abril y junio de este año, la proporción de niños desnutridos pasó de 78% a 65%. Alrededor de las elecciones presidenciales de mayo, entre bonos y cajas CLAP, el indicador de desnutrición aguda bajó: abril (14,1%), mayo (11,7%) y junio (10,5%), para repuntar en julio hasta 13,5%. Para el estudio, Cáritas evalúo un total de 1.446 niños menores de cinco años en siete estados del país.

En paralelo, el desabastecimiento de alimentos en Venezuela promedió 67% en los primeros seis meses de 2018, según datos oficiales de Ministerio de Alimentación a los que tuvo acceso el portal Banca y Negocios, con productos como la leche en polvo desaparecida en 97% al mes de junio de 2018 o el pollo y 82% de escasez en el mismo mes. El dato no incluye las despensas distribuidas a través de los CLAP ni ha sido confirmado por las autoridades, siendo que desde 2013 se suspendió la difusión del índice de abastecimiento nacional.

El objetivo de los saqueos ha sido negocios de venta de alimentos. Los registros de El Termómetro de la Calle indican que el 56% de los eventos ha ocurrido en comercios y tiendas, seguido de camiones que transportan alimentos (8%), supermercados y panaderías (6,3%, en cada caso), además de galpones o centros de acopio (4%). Los supermercados y mercados mayoristas han protagonizado los intentos de saqueo durante el año, hasta octubre de 2018, con 21% y 18% respectivamente.

«Más que todo tiene que ver con comida. Ocurre más en abastos, supermercados, mercados municipales en las regiones, panaderías, charcuterías…», enumera el vicepresidente de Consecomercio. Durante el año se registraron cuatro casos de saqueos a fincas o granjas, misma cantidad que en abastos, carnicerías y licorerías.

Los focos de conflicto han estado en Bolívar (53) y Guárico (54), que juntos acumulan el 49% del total nacional. Les siguen Zulia y Trujillo, donde los casos suman el 23%. Mérida y Sucre continúan la tabla con siete saqueos en cada caso hasta llegar a Miranda que registro tres eventos. El estado Bolívar también encabeza la lista de intentos, junto a Anzoátegui, con siete casos cada uno.

«En esa entidad influye mucho lo alejado de las zonas y la poca producción que hay de alimentos. En Bolívar hay problemas de gobernabilidad, de vialidad, no hay cómo producir pero tampoco llegan los productos, no hay acceso a bienes o servicios», retrata Vito Venceslao. «En Guárico también pasa eso, con un alto índice de delincuencia. Por allá las gandolas tienen que viajar escoltadas y cuando van vacías de regreso ruedan con las puertas abiertas para que sepan que no llevan nada», agrega.

El primer vicepresidente de Consecomercio admite que el gobierno nacional «ha tomado algunos correctivos», pero no son suficientes. La actuación del Estado, de hecho, ha quedado registrada en el 43,2% de los intentos de saqueos ocurridos durante los primeros 10 meses del año, 24 veces.

En ese sentido, la Guardia Nacional es la que ha tenido más trabajo, con 11 intervenciones, lo que representa 45,8% del total, seguida de las operaciones conjuntas (GN junto a Policía Nacional Bolivariana o cuerpos estadales) ocurridas en 5 oportunidades y cuatro veces que las policías regionales fueron las que respondieron. En tres oportunidades hubo presencia de los órganos de seguridad, pero los reportes de prensa no especifican cual. Destaca que en una oportunidad, participó un cuerpo parapolicial. Fue en el estado Zulia el 5 de enero durante un saqueo a un galpón de Pdval en Los Puertos de Altagracia.

En el caso de los saqueos el porcentaje es un poco más alto: 59,9% de los saqueos han resultado en el accionar de las fuerzas de seguridad. Siguiendo la tendencia, la Guardia Nacional respondió en el 81% de los casos (108 veces), seguida por las policías regionales (15) y los grupos parapoliciales (5). La Policía Nacional Bolivariana apenas entró en acción una vez.

«Aquí estamos a la suerte y a la buena de Dios. Contra este tipo de hechos vandálicos, es imposible que podamos nosotros defendernos o protegernos. La turba de gente que viene en contra del comercio de turno es imposible de controlar, la violación a las puertas, santamarías y ventanas es inevitable. El comerciante trata de tener más seguridad, blindando el local, contratando personal privado, pero eso ahora se hace muy costoso. Y contar con las policías es casi nulo porque pocos efectivos policiales», explica Vito Venceslao.

Añade que la hiperinflación ha hecho que no se pueda contar con pólizas de seguro que se activen cuando ocurran los eventos. «Hay quienes hacen de tripas corazón, busca créditos y lo pueden hacer, pero en general es inviable comprarlas para saqueos». No es lo único que es impagable. Dice el representante gremial que la crisis de servicios públicos ahonda los problemas. «Cuando hay apagones se contribuye a que haya problemas, sin contar que muchos equipos se dañan y repararlos es imposible o muy costoso».

Y cuando un saqueo ocurre, no hay quien indemnice. Ni siquiera cuando el gobierno lo promete. «No cumple. No solo a lo largo de este año. Recordemos que en 2016 en Bolívar hubo saqueos (cuando se anunció la desmonetización del billete de 100 bolívares) y nadie fue indemnizado, ni tampoco se otorgaron los créditos prometidos. El gobierno debería estar consciente de resarcir daños e indemnizar para que se abran las puertas y continúe operando, porque la realidad es que cuando un comercio es saqueado, el local cierra o quiebra».

El diputado Luis Lippa, miembro de una comisión especial de la Asamblea Nacional para abordar el desabastecimiento de alimentos, dijo el 14 de noviembre que este año se va producir 70% menos comida que en 2017. Mientras, Fedecámaras advirtió en agosto que imponer precios «acordados» incidiría en la ausencia de comida pues no se cubrían ni siquiera los costos de producción. Tres meses después de aquellos anuncios, la hiperinflación demostró inviables los montos fijados por el Ejecutivo.