A.C. Control Ciudadano, autor en Runrun

Control Ciudadano

Control Ciudadano: Militares y pranes controlan el oro

LA «FIEBRE DEL ORO». Así la describen los habitantes del sur del país. Una vez que atraviesas ambos puentes, el Angostura o el Orinokia y llegas al estado Bolívar, oyes hablar del preciado mineral y las «oportunidades» que hay, si logras establecer alguna relación comercial que te permita acceder a él, inclusive para los más arriesgados, que te permita ir hasta las minas a trabajar.

Luego que sales de Puerto Ordaz, pasas San Félix y emprendes rumbo a Upata, el paisaje va cambiando. Ya en El Palmar empiezas a palpar la denominada «cayapa» contra el oro. Todos quieren oro, pero sólo unos pocos lo manejan y comercializan con anuencia del Estado y sus instituciones.

¿Cómo empieza esta cadena del oro en el sur del estado Bolívar, desde El Palmar «hacia abajo», como dicen a quienes van en dirección a Guasipati, El Callao, Tumeremo, el kilometro 88, El Dorado o Las Cristinas (oro y diamantes)?

Comienza con el minero, a quien el Gobierno le colocó el remoquete de «artesanal», esa persona venezolana o extranjera, va hasta las minas, muchas de ellas en la selva a cuatro horas o más, lejos de la población, a sacar el mineral. En esos campamentos debe cumplir con ciertas normascomo por ejemplo cero comunicación con las poblaciones más cercanas (aunque no hay señal de telefonía), de ningún tipo.

Después de obtener el oro, luego de estar en la mina una o dos semanas, el minero debe entregar a la «base», al «pran» o al «sindicato», como seles conoce a los apoderados del yacimiento, el 30% del oro que «sacan».

En estos sitios donde no existe la banca electrónica, ni la ley, el dinero en efectivo puede llegar a costar hasta 100% de su valor nominal. Cabe destacar que, Los pranes son los que fijan el precio de venta del gramo de oro.

Estos líderes negativos que controlan la actividad en las minas, a su vez son custodiados por pequeños contingentes del Ejército venezolano en las afueras de las minas, aseguran los habitantes de estos parajes. Además son quienes controlan la venta de combustible en las pocas estaciones de servicio que hay en la vía. Según el diputado Américo de Grazia, son quienes suministran las armas (armas largas, granadas) a estos sindicatos o grupos delictivos.

Los pranes y los efectivos de las FAN, según información del parlamentario, comparten las ganancias por la comercialización del oro. Así mismo, «ejercen funciones de «limpieza» cuando los mineros o los pranes incumplen con la entrega del oro».

Según InsightCrime.org Los generales que comandan las guarniciones en la región sur, son los que se quedan con la mayor porción de oro y la comparten con funcionarios del alto gobierno y entrega una pequeña cuota del mineral al Estado. «Ordenan y autorizan matanzas de mineros y pranes estos no entregan el oro exigido», aseguran en el portal especializado en información sobre crimen organizado.

Esta cadena terminaría según Insight Crime, cuando estos efectivos castrenses de alto rango sacan ilegalmente el oro de Venezuela hacia Aruba, Curazao, Bonaire, Dubai y China. Usan vuelos particulares, vuelos comerciales y aviones de las FAN.

Concejal Vale: Uso de convoy como transporte público denigra al ciudadano y a la FANB

EL CONCEJAL DE MARACAIBO, Eduardo Vale, rechazó la medida tomada por la Alcaldía de Maracaibo de utilizar 15 convoys de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para disponerlos como transporte público, tras la ausencia de los “porpuesto”.

“Vemos con preocupación el uso de este tipo de vehículos, así como otorgar la permisología a camiones o chirrincheras. Estos vehículos no están aptos para trasladar a ciudadanos”, afirmó.

Aseguró que esta acción está alejada de solucionar la crisis del transporte en la ciudad. “Los convoy son un tipo de vehículo muy alto. Hay que subir dos metros para embarcarse lo que dificulta el acceso de adultos mayores, mujeres embarazadas y niños. Esta medida es un paño de agua tibia que no resolverá la crisis del transporte público”, dijo.

Vale cuestionó que los autobuses Yutong “hayan quedado en el olvido por falta de mantenimiento y repuesto. ¿Dónde están los buses que utilizan para mover a las personas cuando hay marchas y concentraciones oficialistas?, ¿por qué no emplean esos autobuses para trasladar a los ciudadanos sino que el Alcalde apoya el uso de chirrincheras y camiones para la movilidad de las personas”.

El también dirigente de Voluntad Popular declaró que Maracaibo se merece un transporte de calidad y en óptimas condiciones, por lo que recordó el sistema de transporte implementado por Fernando Chumaceiro y continuado en otras gestiones.

“La revolución acabó con Maracaibo; nuestra ciudad necesita que le den calidad de vida, no generar más caos porque estos camiones convoy no son la solución. La utilización de camiones de la FANB como transporte público es denigrar a los ciudadanos y a los mismos oficiales. El mal llamado socialismo del siglo XXI con medidas como esta nos hunde más en la miseria”.

Vale exigió a la Alcaldía establecer programas que resuelvan el problema de forma prolongada. “Esto es una alternativa inhumana que solo generará más caos”.

Fuente: Informe 21

Más de 500 militares han controlado la alimentación en el país desde la creación de la GMAS

Más de 500 militares han sido responsables del control de alimentos y artículos de primera necesidad en Venezuela, desde la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Un estudio de la Organización Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional así lo revela, después de analizar 20 resoluciones, dictadas por el ministro de la defensa, General en Jefe (Ejército) Vladimir Padrino López.

La respuesta del gobierno nacional al desabastecimiento, ha tenido un sesgo militar desde el año 2016, cuando el presidente de Nicolás Maduro Moros, creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano[1], a objeto de “potenciar de manera oportuna y segura para toda la población, el sistema productivo nacional y la disponibilidad de los rubros asociados a los motores agroalimentario, de producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar”, de acuerdo al decreto de creación.

Sin embargo, considera Control Ciudadano: “que la proliferación de designaciones por rubro a casi 2 años desde su creación; con un promedio de 24 nombramientos mensuales en estos 21 meses desde el 25 de julio de 2016, no ha brindado solución a la situación de desabastecimiento en Venezuela, la cual se profundiza cada día más, como una realidad incontestable y cotidiana, que arropa a los ciudadanos de manera dramática, incluso a la propia Fuerza Armada Nacional, en su obligación de brindar seguridad alimentaria a sus efectivos”.

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional después de evaluar todos los decretos y resoluciones que involucran la gestión de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, ha podido determinar que más de 500 militares han sido designados y continúan dirigiendo y monopolizando el sector de abastecimiento de productos de primera necesidad, sin que hasta la fecha puedan exhibirse logros en los propósitos establecidos desde su creación.

En efecto:

  • No existe en Venezuela producción eficiente ni sostenible de ningún rubro agroalimentario, de fármacos, ni de productos de higiene personal y aseo para el hogar.
  • El manejo de la importación de estos productos por parte de la Gran Misión Abastecimiento Soberano no es transparente para el país. Tampoco la gestión de divisas preferenciales otorgadas para el cumplimiento de los objetivos.
  • La distribución de alimentos, fármacos, productos de higiene personal y aseo para el hogar entre los venezolanos, no se realiza tomando en cuenta los principios constitucionales del derecho de igualdad ante la ley, derecho a la no discriminación, derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, derecho de participación en los asuntos públicos, derecho a recibir cuentas públicas transparentes y periódicas, derecho a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, derecho a la protección de los ancianos, derecho a la salud y derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, consagrados en los artículos 21, 58, 62,66,78, 80, 83 y 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Con una mega estructura burocrática de carácter militar”, sostiene Rocio San Miguel, Presidente de Control Ciudadano, “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe rendir cuentas al país por el fracaso de la Gran Misión Abastecimiento Soberano. Es inconcebible que exista un militar responsable para cada rubro de insumo en el país, desde el general encargado del abastecimiento de toallas sanitarias, pasando por una almirante encargada de la mayonesa, un general responsable del abastecimiento de mortadela, hasta otros del champú o de la carne de conejo. Más de 500 militares por cada rubro. Esto pasa de lo ridículo a lo dramático, pues están muriendo venezolanos de hambre”.

San Miguel agrega: “Los militares no tienen competencias legales ni la preparación para ejercer la tutela del abastecimiento de los alimentos y artículos de primera necesidad de los venezolanos. La gran misión abastecimiento soberano debe reformularse, ya que los militares han demostrado un rotundo fracaso a casi dos años de gestión. Si esto se pensó en términos de dar respuesta a una “guerra” como ha venido señalando el presidente de la República, han fracasado en la conducción de la misma y deben ser removidos de sus cargos y rendir cuentas al país”.

De la evaluación efectuada por Control Ciudadano queda en evidencia lo siguiente:

El Comando Abastecimiento Soberano, está conformado por 7 militares:

  1. G/J (Ejercito) Vladimir Padrino López, ministro de la defensa y jefe del comando.
  2. Almirante Remigio Ceballos Ichaso, comandante estratégico operacional (CEOFANB).
  3. M/G (Ejército) José Adelino Ornelas Ferreira Orenella Ferreira, segundo comandante y jefe del estado mayor conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).
  4. Coronel (GNB) Jorge Eliecer Márquez Monsalve, ministro del despacho de la presidencia;
  5. Coronel (RA) Wilmar Castro Soteldo, ministro para la agricultura productiva y tierras, quien también es responsable del vértice de Atención de la Producción Eficiente y Sostenible.
  6. Almirante Orlando Maneiro Gaspar, ministro de pesca y acuicultura.
  7. M/G (Ejército) Luis Alberto Medina Ramírez, ministro para la Alimentación

 

 

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En 2018 crecerá el presupuesto de la FANB para control de orden interno

DESPUÉS DE ANALIZAR LA Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa del 2018, la ONG Control Ciudadano, concluyó que en 2018 crecerá el gasto para el control de orden interno.

Con 286 unidades administradoras de recursos en la estructura de ejecución financiera de gastos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hará frente a hipotéticas manifestaciones este año.

“Con estas incorporaciones se dota de mayor capacidad de gestión financiera a unidades que han estado empeñadas en el control de manifestaciones y protestas en Venezuela y vinculadas al empleo cada vez más creciente de la jurisdicción militar”, dijo Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano.

“Entre las nuevas unidades administradoras desconcentradas que pasan a manejar recursos en 2018, resaltan la Dirección de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana, y siete nuevas unidades administradoras de la Defensa Pública Militar (la coordinación regional primera administrativa y las coordinaciones regionales capital, central, occidental, de los andes, oriental e insular, de los llanos y de Guayana)», detalla un informe.

Por su parte, el ejército también aumenta su estructura financiera al incorporar como unidad administradora de recursos, la 99 Brigada de Fuerza Especiales (99 BRIFES) con capacidad de ejecución de gastos. Haciendo lo propio, la Guardia Nacional Bolivariana, al incorporar, el Cuerpo de Ingenieros “Generalísimo Francisco de Miranda”, ambas unidades destinadas operacionalmente a las hipótesis de conflicto interno.

En la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa del 2018, destaca la eliminación de 24 Divisiones de Milicia Bolivariana, las cuales para el año 2017 estaban previstas por Estados y la Región Capital como unidades administradoras desconcentradas que manejaban recursos financieros de la FANB.

«Esto puede obedecer al propósito deliberado de ocultar el financiamiento transparente de la Milicia Nacional Bolivariana tan cuestionada en su funcionamiento desde su creación al margen de la Constitución”, agregó San Miguel.

El ejecutivo Nacional con la  Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa del 2018 no ha realizado ajustes para una hipótesis de conflicto externo como frecuentemente advierte el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por el contrario los pocos ajustes realizados, claramente están orientados a fortalecer unidades con funciones en control de orden interno y justicia militar.

 

Control Ciudadano: Es necesario plantear una “visión” para la FANB, ante la eventualidad de una transición

LA ASOCIACIÓN CIVIL Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, considera indispensable mantener el debate de los temas fundamentales de la Nación. La crisis no es sólo política, económica y social. También hay una grave crisis militar que impacta de manera determinante todos los sectores del país, por el alcance del entramado militar en el control del poder en Venezuela.

Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional señaló que “no solo deben denunciarse los graves aspectos vinculados al quehacer de esta institución, como la violación de derechos humanos o la corrupción. También debe empezar a discutirse una visión para la Fuerza Armada Nacional ante la eventualidad de una transición política y militar en Venezuela”.

A pesar de haber contado con el mayor presupuesto de su historia para la renovación de sistemas de armas y la posibilidad de profesionalizarla, para colocarla al servicio de la defensa de la integridad territorial, la Revolución Bolivariana decidió involucrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la gestión de todos los rubros de la administración pública nacional. Refundar la institución militar requiere de una “visión” que debe comenzar a discutirse y ser audible para una generación de relevo de la FANB que aún no es partícipe de su destrucción.

San Miguel recuerda que Venezuela adelantó 5 reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en menos de 10 años. “La última, la más perversa, borró definitivamente toda posibilidad de control democrático sobre la institución, al instaurar las bases de una doctrina de seguridad nacional para el funcionamiento de una Fuerza Armada partidizada y desprofesionalizada”.

“Una visión para la Fuerza Armada Nacional debe plantearse la restructuración de la FANB, el tamaño de su pie de fuerza y la concepción de un concepto estratégico de la Nación, entre otros aspectos, que permitan delimitar las líneas programáticas de gestión para llevar a cabo una transición”, explicó.

Con la presentación de esta infografía titulada “Venezuela una visión para su Fuerza Armada Nacional”, la organización Control Ciudadano, apenas enuncia seis aspectos capitales que no pueden abandonarse en su discusión, por ser indispensables para cualquier ruta de transición en Venezuela, esperando estimular de esta manera un debate necesario para el país.

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Control Ciudadano: Asalto al parlamento es la continuación de la comisión de crímenes de lesa humanidad

LA ONG CONTROL CIUDADANO condenó los graves hechos ocurridos el día de hoy 5 de julio, contra el parlamento de Venezuela, auspiciados por el gobierno del presidente, Nicolás Maduro.

Las agresiones graves contra diputados, cometidas por «colectivos oficialistas armados» son la continuación de la comisión de crímenes de lesa humanidad que viene auspiciando el gobierno de Maduro.

Más de 300 personas, entre diputados, personal del parlamento y periodistas que cubrían el acto con motivo de conmemorarse el Día de la Independencia, fueron secuestradas por colectivos en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El discurso permanente, sistemático y generalizado del presidente Maduro, sus ministros y altos mandos políticos y militares que identifican a la oposición venezolana, como lacayos del imperio y traidores a la patria, ha venido alentado la configuración de ataques atroces contra parlamentarios y la sede de la Asamblea Nacional por parte de «colectivos armados», en el que resultaron heridos al menos cinco diputados , entre ellos Armando Armas, Américo de Grazia, Nora Bracho, Luis Carlos Padilla y Leonardo Regnault.

El modus operandi como se desplazan los colectivos afectos al gobierno, sin que sean repelidos o apresados por los cuerpos de seguridad del Estado, demuestra claramente la complicidad del gobierno nacional y de la propia Fuerza Armada Nacional en favor de estos actos. Y en el caso concreto de este 5 de julio, el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana de la Asamblea Nacional, a cargo del coronel Bladimir Lugo, destinado precisamente a brindar custodia a esta sede, omitió deliberadamente sus deberes de protección como ya ha venido ocurriendo en el último año.

Los ataques contra el parlamento desde el 2015, siempre son cometidos por colectivos armados, ejecutados con intencionalidad y por motivos políticos, dentro de pautas significativas de ideación, planeación y organización.

Control Ciudadano ante el incremento de actos violentos en el país, hace un llamado a las Naciones Unidas para que adopte medidas preventivas que eviten en Venezuela una guerra civil, en el marco de la convocatoria que ha realizado Maduro, para instalar en 25 días, una Asamblea Nacional Constituyente que demolerá las bases constitucionales de la República y acelerará la comisión de delitos de lesa humanidad contra personas identificadas como opositores, críticos y disidentes.

La Asamblea Nacional Constituyente en la que participarán solamente oficialistas, y estará dotada de poderes supraconstitucionales, será un mecanismo abyecto que impulsará el odio y la comisión de crímenes atroces contra gran parte de la población, tal como ya ha sido anunciado por voceros del oficialismo.

 

Control Ciudadano: No existe un mecanismo de alerta temprana para la protección aérea de Caracas

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Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional considera inexplicable, después de las enormes inversiones realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en sistemas de armas y equipamiento militar, en los últimos doce (12) años que no exista un mecanismo de alerta temprana para la protección aérea de Caracas.

El día de ayer, un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), al mando del piloto Oscar Pérez, despegó de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas y realizó maniobras de ataque con granadas sonoras, contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un hecho que condenamos desde nuestra organización.

Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano, considera que desde el momento en que el helicóptero se sale del plan de vuelo y realiza una actividad irregular en términos aeronáuticos, sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al norte de la ciudad capital, debió ser reportado por el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana adscrito a la custodia y protección del máximo tribunal de la República.

A partir de ese instante, unidades terrestres y aéreas de apoyo de los componentes de las Fuerza Armada Nacional estaban en el deber de haber reaccionado, con la capacidad de dar seguimiento al sobrevuelo de la aeronave hasta su descenso o hasta un lugar donde podría incluso haber sido derribada, de acuerdo lo establecido en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo y su Reglamento.

La aeronave cruzó la ciudad hasta el suroeste, sin ser interceptada por la aviación de la FANB, y sin la posibilidad de hacerle seguimiento por radar debido a que en la ciudad de Caracas no existen.

La vulnerabilidad del espacio aéreo de la ciudad de Caracas, capital de la República, es un  hecho que preocupa y que debe explicar al país, el nuevo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el Almirante Remigio Ceballos Ichaso, para informar los correctivos correspondientes a partir de este incidente, que no sólo debe generar acciones policiales de búsqueda y detención de los responsables, sino la adopción de medidas preventivas de seguridad aérea para la capital.

 

Según Control Ciudadano, la FANB está violando la Convención de Ginebra

DESPUÉS DE ANALIZAR LOS PATRONES que revela la aplicación del denominado Plan Zamora, implementado por el gobierno de Nicolás Maduro a través de la FANB, la ONG Control Ciudadano advierte que se está violando el artículo 3 común a los convenios de Ginebra.

Tal artículo prohíbe en cualquier tiempo y lugar:

A) Atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.

B) La toma de rehenes

C) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.

D) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano, considera que la aplicación del Plan Zamora, exento de todo mecanismo de control democrático hasta el presente, «constituye un marco propicio para la comisión de crímenes atroces y violaciones graves a los Derechos Humanos».

Preocupa a Control Ciudadano en especial:
– El aumento significativo de «circunstancias propicias alegadas por el gobierno», para reprimir masivamente a la población.
– El historial de violencia e impunidad, en medio del cual el gobierno ha consolidado un discurso político de identidades excluyentes entre “ellos y nosotros”, que está permitiendo abiertamente identificar a quienes protestan o son opositores como enemigos del Estado.
– La configuración territorial de espacios donde la población identificada como opositora no puede expresar sus derechos civiles y políticos, por medio de manifestaciones y protestas, pues son reprimidos brutalmente.
– La permisividad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con los “saqueos” y actuación de colectivos armados contra personas y bienes civiles.
– La utilización de mecanismos de “represalias” por parte de cuerpos de seguridad del Estado y la GNB para atacar indiscriminadamente viviendas y comercios, afectando incluso centros educativos y sanitaros, sin tomar precauciones en el uso de la fuerza.
– El empleo del discurso de odio.
– El alto porcentaje de armas y municiones ilegales en manos de la población civil.

Control Ciudadano considera estos patrones muy peligrosos, especialmente en un país donde: Es inexistente la subordinación del poder militar al poder civil. La FANB y los cuerpos de seguridad del Estado operan permanentemente bajo un estado de excepción declarado por el Presidente de la República, desde hace más de dieciocho meses. Y se ha comenzado a utilizar tribunales militares para juzgar a la población civil.

Finalmente, Control Ciudadano hace un llamado a la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, para que exija a los cuerpos de seguridad del Estado y a la GNB, el cumplimiento del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra.

Forman parte de la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, según la Ley:

– El Presidente de la Asamblea Nacional.
– El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
– El Defensor del Pueblo.
– La Fiscal General de la República.
– La Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
– El Ministro del Poder Popular para la Defensa.
– El Ministro del Poder Popular para la Educación.
– El Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria.
– El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
– La Ministra del Poder Popular para la Salud.
– El Procurador General de la República.

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