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IDEA y la dignidad humana como frontera de la democracia

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Vivimos un tiempo de desafíos. También de oportunidades. Presenciamos un deslinde histórico, un quiebre epocal que a todos nos envuelve. Ocurre una transición radical, tal como la calificase Benedicto XVI, el último doctor de la Iglesia.

No se trata de un desencanto con la democracia. Menos de disposición a la renuncia de sus libertades por las gentes. Observamos, sí, el crecimiento de tensiones entre las grandes potencias, que buscan dominar el destino de la globalización y gerenciar la cuarta revolución industrial.

Entretanto, desde la localidad, no pocos actores políticos y económicos insisten en separar nuestras sociedades. Las polarizan. Las fracturan. Las empujan a la migración, como desheredadas, mientras otros la frenan con saña y violencia. Banalizan la corrupción y asaltan los mercados. No compiten con lealtad, en ningún plano. Atizan los odios, aquí y allá, con generosidad.

Ayer lo vimos en Caracas, en Bogotá, en Santiago de Chile. Ahora en París, en Marsella, en Milano. Se conspira contra los valores de Occidente. Se relaja la moral democrática, eso sí y sin pudor.

Las potencias procuran la forja de otro Orden Mundial, distinto del conocido. Me refiero al que surgió tras la Segunda Gran Guerra del siglo XX y el Holocausto. Hasta se dice que este no sucedió. Y la democracia como al Estado de derecho se les sitúa como al pariente pobre, se la parcela y hasta celebra que se instalen autocracias por la vía electoral.

El orden de 1945 fijó como norma imperativa, sujetadora de los gobernantes y de las soberanías, la del respeto a la dignidad de la persona humana. Esta era y es el límite infranqueable de todo poder. Es lo que hemos estado perdiendo, dando a Dios por muerto, destruyendo todo discernimiento entre el bien y la maldad.

El bien común es la forma social de la dignidad humana, nos lo recuerda recién León XIV. Su encíclica Magnifica humanitas, sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, es de obligada lectura. Es el texto moralizador de la política.

El hartazgo frente a las dictaduras

El caso actual es que los crímenes de lesa humanidad y los Estados criminales no escandalizan a los cenáculos de la diplomacia. Se los purifica. A la Corte Penal Internacional que los ha de juzgar, o se la corrompe, o se la condena.

Se ha estado privilegiando como propósito del poder contemporáneo el control sobre grandes espacios geográficos y sobre las riquezas de nuestras naciones. Eso sí, sin los controles de la ley. Con desprecio por las gentes, que son el fundamento de toda república honorable y de liderazgos íntegros. Por ello amaga la libertad responsable. Se cosifica al individuo. Y a la razón humana se la anestesia.

Ocurre, en suma, un festín de algoritmos que tamizan a la mentira purgando toda reflexión, dislocando los sentidos. Es el verdadero quiebre epocal.

Las palabras que nos comunican han perdido sus significados. Se las desprecia y se los desprecia para afectar y borrar la memoria del colectivo. Se frena, así, el diálogo fecundo y con ello la posibilidad de pensar, entender, discernir, al cabo decidir con autonomía.

La buena noticia es que la experiencia larga de las dictaduras del siglo XXI, de izquierdas y también de derechas, en hora buena ha provocado otra corriente que se le opone. Se vuelve tsunami. Es tenaz y es paciente. Es la obra del ¡ya basta!, del hartazgo.

Mientras se han relajado y secuestrado a las instituciones formales de la democracia por las élites de nuestras repúblicas y sus mercaderes, las gentes, eso que puede llamarse y permitir la forja de la conciencia de nación y la configuración de su voluntad, redescubren como necesidad reparadora del daño experimentado a la confianza. Desean relegitimar sus proyectos de vida. Están urgidas de reducir la incertidumbre.

El común anda en búsqueda de liderazgos catalizadores, con auctoritas, modeladores como los maestros. Líderes que trasvasen al militantismo. Que condenen al electoralismo miope, el de los narcisos de la política.

No por azar, recién, 800.000 franceses acogieron en los Campos Elíseos a un referente moral, al obispo de Roma. 80.000 jóvenes se congregaron en el Estadio de Francia para recibirle. Seguidamente, un mal plagio del célebre mayo de 1968 destruyó, sembró el terror.

Creyó arrasar con 10.000 iconoclastas los iconos de la cultura gala y a su serena ejemplaridad histórica.

En Buenos Aires, alcanzó a congregar este peregrino de la moral a casi dos millones y medio de andantes, sobre su avenida Libertador.

Hay un empeño consistente en las generaciones que se levantan, agotadas por el círculo inevitable de las redes cuando se les vuelven tóxicas e inútiles, para sacar de su letargo a la razón. Es lo evidente, para quien vea y oiga.

Otean, como Diógenes, lámpara en mano, visiones que puedan ser compartidas. Que sean ajenas a la mentira como régimen y fisiología del poder.

La recuperación de la confianza

En medio de la indiferencia del Estado y sus repúblicas, la nación y las naciones, en efecto, andan en procura de una centralidad ética. Insisto en esto. Estados Unidos comienza a entenderlo y se lo hace ver a sus dos corrientes dominantes, republicanos y demócratas, por igual.

Se trata de restablecer la confianza a partir de la transparencia de nuestros liderazgos, como fuente de legitimidad social. Como soporte y límite de la acción política. Es la confianza, lo repito con Rosanvallon, la base invisible de todo Estado democrático y de derecho aspirante a su visibilidad.

¿Habrá que regular el deslave de las redes para proteger los valores fundantes del humanismo? ¿Cabrá evitar la censura por las grandes plataformas? Este es un debate que se encuentra abierto. No ha concluido.

La cuestión es muy compleja. Plantea lo que podría entenderse, erróneamente, de aporía. ¿Cómo evitar que la defensa de la libertad termine debilitando a la propia democracia que la sostiene y asegura? Es la pregunta crucial.

Todavía más. ¿Cómo acompasar la importancia del bienestar sin sacrificar las garantías democráticas de la dignidad humana y de los derechos que le son inherentes?

El XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, iniciativa democrática de España y las Americas cuyo acto central nos reunió durante los días 9 y 10 de noviembre en el Wolfson Campus del Miami-Dade College y que se inició con un diálogo intergeneracional entre los exjefes de Estado presentes, una vicepresidenta, un exsecretario de la OEA y un canciller en ejercicio, por una parte, y líderes emergentes provenientes de Iberoamérica, por la otra. Juntos desbrozaron, con afirmada honestidad intelectual, sin filtros, las cuestiones anteriores.

Los jóvenes tuvieron la primera palabra. Luego escucharon, con apertura, interés y curiosidad, la voz reposada de la experiencia, de la que ha dejado atrás sin resistencia el protagonismo al término de sus mandatos. Se trata de hombres y mujeres que fueron electos por sus pueblos y al final de sus mandatos recogieron las carpetas de sus escribanías para regresar a sus casas, seguros de haber cumplido con sus deberes.

Comprender, en efecto, al ecosistema que nos arropa y busca sobreponer realidades de poder desembozadas por sobre los principios ordenadores de la libertad, es indispensable para darle término al morbo de las dictaduras que sobreviven y son vergüenza para el hemisferio: Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Y no nos olvidemos de Haití. No sensibilizan a la comunidad internacional su crisis terminal como Estado, su catástrofe humanitaria, el colapso de toda autoridad política mientras que su población vive bajo el clima de terror.

De allí que, como metáfora del ejercicio de este diálogo realizado con el acompañamiento del Miami Dade College y de su Institute for Freedom of The Americas, y acaso como su icono, los 35 exjefes de Estado que forman al Grupo IDEA hicieron entrega del Premio Sebastián Piñera a la Libertad, en su edición de 2026, a María Corina Machado, premio nobel de la paz.

Su Manifiesto de libertad es aleccionador. Comprueba su testimonio de vida. El pueblo es el único soberano, en una república libre, dice ella.

De allí que, reclamando elecciones inmediatas y prontas en Venezuela, para 2027, previene sobre lo vertebral a la luz de las cuestiones antes abordadas. Es el límite infranqueable que todo poder o gobernante, inclusive en las circunstancias más dilemáticas, no puede traspasar.

La dignidad humana es el principio rector y ningún régimen ni tiranía puede arrebatar los derechos naturales del individuo. No caben, al respecto, las transacciones, como en 1945. Insiste en ello el papa Prevost. “El valor de la persona no depende de lo que realiza o produce; existen derechos que corresponden a todos por el mero hecho de ser personas. Ningún poder humano puede legítimamente negarlos o limitarlos arbitrariamente”, son sus palabras.

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Excarcelan al preso político Daniel Enrique Echenagucia

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El Gobierno interino de Delcy Rodríguez —avalado por Estados Unidos—, a través de un comunicado del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, informó este 14 de noviembre la excarcelación del preso político Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla (47 años), ciudadano ítalovenezolano detenido arbitrariamente en la cárcel Rodeo I por 834 días.

La excarcelación de Echenagucia ocurre dos meses después de las denuncias de la ONG Foro Penal: el ciudadano ítalovenezolano no tuvo audiencias desde que obtuvo su boleta de excarcelación el 19 de enero de 2026.

Los órganos de justicia venezolano no acataron las medidas cautelares otorgadas a Echenagucia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La institución internacional consideró que el empresario tenía graves riesgos y vulneraciones a su integridad y sus derechos fundamentales.

La familia de Echenagucia ha denunciado que él había perdido más de 30 kilos, vivía en celdas con alto hacinamiento y humedad y ha sufrido de desapariciones forzadas de corta duración y otros tratos crueles e inhumanos.

De acuerdo con los últimos datos de Foro Penal, actualizados par el 9 de noviembre y tomando en cuenta la excarcelación de Echenagucia, en Venezuela siguen 320 presos políticos. Al menos 171 aún no tienen una condena, como le pasó a Echenagucia. De ese grupo, al menos 30 presos políticos tienen una doble nacionalidad.

Transparencia Venezuela denuncia el atentado contra el periodista Rolando Rodríguez en Panamá

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A las 02:30 de la madrugada de este 14 de noviembre, hora local de Ciudad de Panamá, una persona no identificada lanzó un explosivo que incendió dos autos y parte de la casa del periodista Rolando Rodríguez, quien ha investigado en los últimos meses los casos de corrupción del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con los empresarios panameños Carretero Napolitano y con el Gobierno cubano.

El acto delictivo no dejó víctimas mortales, destacó el diario local La Prensa, donde trabaja Rodríguez como subdirector. La esposa del periodista se encontraba durmiendo en la casa junto a sus mascotas y logró salir ilesa. Rodríguez no estaba en Ciudad de Panamá en el momento del ataque. 

De acuerdo con reportes de bomberos y por Rodríguez, las llamaradas superaban los dos metros de alturas.

La ONG Transparencia Venezuela denunció el hecho como un atentado. Rodríguez ha trabajado con la ONG, con el medio Armando.info y con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) para el especial periodístico «Negocios de familia».

La investigación reveló cómo el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano ayudó al gobierno cubano y al Nicolás Maduro crear redes de corrupción para abastecer a Cuba de productos importados desde Turquía y China a sobreprecio al consumidor final.

Los equipos de periodistas también precisaron que Carretero Napolitano ya malversaba fondos a través de la familia de Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, y con Petróleos de Venezuela desde el 2013.

«Rodríguez estaba trabajando esta semana en una nueva entrega de esa investigación, esta vez sobre los negocios en Panamá de Roberto Carretero Napolitano, hermano de Ramón Carretero Napolitano. Después de hacer el llamado por el derecho a réplica, el diario La Prensa recibió este viernes una carta firmada por la abogada del empresario para aclarar que dicha publicación afectaría la honra de su cliente», destacó Transparencia Venezuela en sus redes sociales este 14 de noviembre.

Primer atentado contra la prensa en Panamá

«Tengo que pensar también en el país, si bien esto ha sido un atentado contra mi familia y mi vida, tengo que decir que esto cambia las reglas del juego de Panamá, porque todos ahora estamos expuestos», alertó Rodríguez en la tarde del 14 de noviembre en una conferencia de prensa, después del atentado.

El diario local La Prensa calificó el «atentado terrorista» contra la prensa como el primero en el país.

«Se ha cruzado una línea bastante gruesa», agregó Rodríguez. Alertó que la sociedad civil ahora puede aplicar la autocensura como mecanismo de defensa. «Esto, queramos o no, producirá un efecto dominó», dijo.

La Fiscalía panameña afirmó que ya investiga los hechos. El Gobierno panameño también rechazó «categóricamente cualquier acto que atente contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, principios fundamentales de toda sociedad democrática».

Roberto Carretero ya tiene una sentencia por malversación de fondos desde 2021 por el sistema de justicia panameño. En 2025, la familia había demandado a Armando.info y a periodistas de La Prensa por calumnias e injurias y exigieron una compensación de un millón de dólares.

Jorge Molina, presidente del diario La Prensa, destacó en la rueda de prensa que el medio local ha recibido ocho querellas que la Fiscalía ha archivado por falta de pruebas por parte del demandante. Una de esas últimas querellas, en octubre de 2026, ocurrió por la familia Carretero.

«El que esté incómodo con la Prensa, que acuda al Ministerio Público», agregó Molina.

Mientras el Ministerio Público panameño investiga los videos y otros elementos forenses, la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) y otras asociaciones gremiales han condenado el atentado contra la familia de Rodríguez.

Empresas venezolanas perdieron hasta 324 horas laborales por cortes de luz en el tercer trimestre de 2026

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De las 520 horas que las empresas venezolanas tienen para trabajar en un trimestre, los cortes de luz les quitan 231 (44,42 %) en promedio. Así lo reveló la Encuesta de Coyuntura del tercer trimestre de 2026 de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). Las más de 1400 instituciones encuestadas registraron 67 cortes de electricidad entre julio y septiembre, lo que equivale a 5 apagones a la semana.

De acuerdo con Tito López, presidente de Conindustria, los cortes del servicio eléctrico generaron un costo operativo adicional de al menos 34 230 dólares mensuales por empresa. Según la institución, este costo adicional es uno de los factores que ha hecho a los productos nacionales 48 % más caros para el consumidor que un producto importado.

Las fallas eléctricas se posicionaron como la restricción más preocupante para la producción nacional. El trimestre pasado el servicio eléctrico intermitente se había posicionado en el segundo lugar.

El otro componente que las empresas en Venezuela ven como una limitante son los excesivos tributarios: en el segundo trimestre de 2026 ocupaba el primer lugar y en el tercer trimestre ocupó el segundo.

López precisó que la región más afectada fue los Andes venezolanos, con 324 horas sin luz en el trimestre. Mientras tanto, el estado Zulia acumuló 311 horas sin servicios y la región centro occidental del país tuvo 306 horas sin corriente.

Los datos, según el instituto gremial, representó un 18 % de aumento respecto al trimestre pasado.

Mucha palabra, poca acción

Mahomed Hussein, primer vicepresidente de Conindustria, enfatizó que las empresas no ven una mejoría a corto o mediano plazo pese a la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, aprobada el pasado 10 de noviembre por la Asamblea Nacional del 2025.

«Este trimestre se comportó peor que el trimestre pasado. Ninguna de estas inversiones, que son necesarias y suponiendo que tenemos el dinero para hacerlo, serán de la noche a la mañana. Hay equipos que se deben construir y los tiempos de fabricación son largos. […] Creo que el tema eléctrico no es una cuestión de solucionar en meses», dijo en una rueda de prensa el pasado 12 de noviembre.

El contexto venezolano —con las inflaciones más altas de América Latina, cortes de servicios básicos, uno de los tributos fiscales más altos de la región, leyes restrictivas y una emergencia humanitaria por un desastre socioambiental al inicio del tercer trimestre— ha hecho que la capacidad utilizada promedio del gremio sea de 51,8 % para el tercer trimestre del año. Este dato lo sigue posicionando por debajo del promedio de países como Brasil, Colombia, Argentina y Perú.

Conindustria recalcó que los municipios deben recalcular sus tributos en base a la Ley de Armonización Tributaria y el Estado debe mitigar la inflación y los cortes del servicio eléctrico para mejorar las capacidades industriales del país. Tanto Hussein como López advirtieron que el año 2027 sería clave para las políticas económicas que el Gobierno pueda implementar para respetar los derechos humanos en el país.

Sin agua ni atención médica mantienen a militares en huelga de hambre en Ramo Verde

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Los familiares de los 36 militares que cumplen cuatro días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de una intervención de funcionarios antimotines en el centro de reclusión.

Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Luis Bandres, denunció en un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos la noche del 13 de noviembre que desde la torre del penal se escucharon cacerolazos y gritos de «libertad». Según información que recibió, esos hechos habrían motivado el traslado de un equipo antimotín de la Guardia Nacional hacia las instalaciones.

Hernández responsabilizó directamente al general Luis Ojeda, director de Ramo Verde, por cualquier afectación a la integridad física y la salud de su esposo y de los demás militares que mantienen la protesta.

«Hago responsable directamente al general Luis Ojeda por toda la situación en la que se pueda ver mi esposo, de su integridad física y salud», expresó.

La mujer aseguró que los huelguistas permanecen aislados a la intemperie, en la cancha deportiva del centro penitenciario, sin acceso a baños, artículos de aseo personal, agua potable ni asistencia médica. De acuerdo con su denuncia, los detenidos se han visto obligados a hidratarse con agua de lluvia o estancada.

Temor por antecedente de violencia en Ramo Verde

Hernández recordó que en diciembre de 2020 ocurrió una requisa violenta en Ramo Verde, ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que dejó varios internos heridos de bala. Ese antecedente, dijo, alimenta la preocupación de los familiares ante la posibilidad de que se produzca una nueva intervención dentro del penal.

La esposa de Bandres también pidió la intervención de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación, para que exija garantías para la vida y la salud de los huelguistas.

Además, dirigió un llamado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien pidió emitir una alerta para que se respeten los derechos humanos de los militares detenidos.

«Hago un llamado directo a Marco Rubio, que está a cargo del tutelaje de nuestro país, para que emita una alerta para que respeten los derechos humanos de nuestros familiares. Nuestra preocupación parte del antecedente del año 2020, cuando hubo una requisa violenta que dejó varios heridos de bala», declaró.

El CLIPPVE denuncia vulneraciones a los derechos de los huelguistas

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró que la huelga de hambre es una forma legítima de protesta y denunció que a los militares se les estaría negando el acceso a hidratación y a condiciones básicas de atención.

La organización recordó que el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona privada de libertad debe recibir un trato humano y respetuoso de su dignidad. También citó el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los familiares mantienen la exigencia de que se respete la integridad de los 36 militares y se atiendan sus necesidades básicas mientras continúan la huelga de hambre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Informe del Miranda Center: diplomacia de Petro blanqueó la legitimidad de Maduro

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Las decisiones diplomáticas del gobierno de Gustavo Petro tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024 contribuyeron a reducir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y facilitaron su permanencia en el poder. 

Así lo sostiene un nuevo informe del Miranda Center for Democracy, titulado “Laundering Maduro’s Legitimacy” (Blanqueando la legitimidad de Maduro), que analiza la postura de Colombia desde el restablecimiento de relaciones bilaterales en 2022 hasta la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.

La tesis central del documento es que, aunque Bogotá se abstuvo de reconocer formalmente la victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 51,2 % de los votos (sin publicar las actas), adoptó una serie de medidas que  “bajaron el costo internacional del fraude”.

Los tres puntos de quiebre diplomático

El informe identifica un patrón de decisiones que en momentos críticos donde Colombia tenía margen de maniobra terminaron favoreciendo al régimen venezolano:

–El silencio inicial: Petro guardó silencio durante aproximadamente 55 horas después del anuncio del CNE, un contraste marcado con líderes regionales como el chileno Gabriel Boric, quien exigió de inmediato la publicación de los datos de mesa.

–La abstención decisiva en la OEA: El 31 de julio de 2024, Colombia se abstuvo en una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exigía la divulgación de resultados desglosados por centro de votación. La iniciativa obtuvo 17 de los 18 votos necesarios; un solo voto favorable de un país abstencionista, como Colombia, la habría aprobado.

–Suavización del lenguaje: Comunicados posteriores emitidos en conjunto con Brasil y México diluyeron las exigencias iniciales, pasando de demandar datos de mesa a utilizar términos más ambiguos como “mediación” y “verificación”.

Ideología, petróleo y “Paz Total”

El Miranda Center atribuye esta postura a la convergencia de tres intereses estratégicos del gobierno de Petro: afinidad ideológica con el proyecto político del chavismo; expectativas energéticas, incluyendo la posibilidad de concretar joint ventures entre la estatal Ecopetrol y PDVSA y la política de “Paz Total”.

El informe aclara que no existe evidencia de un plan deliberado y coordinado para proteger a Maduro, sino más bien un “patrón de decisiones” y una disposición que benefició al régimen.

Ante la filtración de los hallazgos, el gobierno de Petro rechazó de plano las acusaciones. Funcionarios de la Casa de Nariño recordaron que en ningún momento su administración reconoció los resultados de las elecciones venezolanas de 2024, defendiendo su gestión como un equilibrio necesario para evitar un colapso humanitario y mantener abiertos los canales de diálogo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Interponen acción de nulidad contra la Lopre para restituir el derecho al voto de la diáspora venezolana

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El abogado y profesor universitario Eduardo Meier interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción popular de nulidad por inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). 

El recurso tiene como objetivo restablecer el derecho al sufragio universal e igualitario para los venezolanos residentes en el exterior, un grupo estimado entre cuatro y seis millones de personas que ha sido sistemáticamente excluido del proceso electoral desde 2009.

La demanda se centra en el artículo 124 de la Lopre, el cual establece como requisito para votar en el exterior la carga de probar la “residencia permanente” en otro país. 

“No solo estoy pidiendo la nulidad de este artículo, sino acciones positivas a la Cancillería y a los consulados, necesitamos acciones concretas”, dijo el profesional del derecho.  

A juicio de Meier, quien es profesor del doctorado en Ciencias mención Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), esta exigencia es una traba legal que no se ajusta a los mandatos de la Constitución.

“Vengo a tratar de darle voz a la diáspora venezolana que, desde el año 2009, ha sido excluida”, declaró el jurista tras la interposición del recurso, calificando la restricción como un cálculo político-partidista diseñado para impedir el ejercicio de este derecho fundamental.

Más allá de solicitar la nulidad de la norma, el recurso interpuesto incluye elementos sustantivos para una reforma. Meier propuso la creación inmediata de una “circunscripción electoral digital” para la diáspora.

“Y que se establezca la posibilidad de establecer un voto por correo. Hay sitios donde existe un solo consultado y personas que viven a tres, cuatro y hasta diez horas de ese lugar”, agregó. 

El abogado cuestionó la selectividad del Estado en la modernización de sus trámites,

“Si estos métodos se usan para otorgar poderes a través del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) ¿Por qué no podemos utilizarlos para votar?”. 

La iniciativa busca aprovechar las herramientas tecnológicas ya existentes para garantizar que la crisis migratoria no se traduzca en una crisis de representación política.

El jurista lamentó que un tema “trascendental” para el país no esté presente de manera oficial en la agenda de la mesa de diálogo que actualmente sostienen el Gobierno de Delcy Rodríguez y miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Meier fue enfático al señalar que no espera una respuesta favorable por parte de los magistrados actuales, a quienes acusó de haber dejado sin derechos a los migrantes criollos durante más de una década.

El abogado hizo un llamado a los futuros aspirantes a togados en el proceso de renovación que adelanta la Asamblea Nacional.

“Instó a quienes aspiran a ser electos a ponerse a la altura de este compromiso constitucional”.

Meier dijo que no es primera vez que se introduce un recurso para derogar el artículo.

“Ya en 2011 hubo un denegación de justicia por parte de la Sala Constitucional del TSJ. Han boicoteado y obstaculizado cualquier tipo de defensa del voto en el exterior. Lo único necesario para votar es tener cédula de identidad, vigente o vencida, y ser mayor de edad”, añadió. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país